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HABILIDADES TECNOLÓGICAS PARA LA ABOGACÍA: LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS

Publicado el 03/06/2021

Herramientas para mejorar nuestro trabajo diario en el despacho hay muchas. Y esto puede ser un problema, porque a veces entre tanta oferta es difícil elegir. Por eso, para aprovechar todas las ventajas de estas soluciones es fundamental analizar qué necesita el despacho y qué herramientas son las que nos van a servir para esa finalidad. Ésta es una de las principales conclusiones de la conferencia del ciclo ‘Jornadas de habilidades para la abogacía’, celebrada el 3 de junio y centrada en las habilidades tecnológicas para abogados inexpertos.

 

 

La formación continua siempre ha sido fundamental para la Abogacía. Este aspecto aparece reforzado con su inclusión en el nuevo Estatuto General de la Abogacía. Así lo ha destacado la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, en la inauguración de estas jornadas, subrayando que “la formación continua aparece como absolutamente imprescindible para la búsqueda de la excelencia. Y la búsqueda de la excelencia es imprescindible en el marco competitivo en el que estamos”.

Estas jornadas, ha destacado Ortega, forman parte de la agenda de las prioridades formativas del Consejo, con cursos sobre materias como la mejor gestión del tiempo, la construcción de la marca personal y conocer las herramientas que tenemos para ello. En definitiva, para “ofrecer formación en habilidades y competencias que permitan la adaptación a los nuevos escenarios”.

Por su parte Antonio Navarro, coordinador del Grupo de Trabajo de Habilidades de la Abogacía del Consejo ha destacado los rápidos cambios de la profesión en los últimos años: “ha cambiado más en los últimos diez-quince años que en los 50-100 anteriores”. Ahora llevamos prácticamente todo el despacho en la mano, con el ordenador y el móvil, ha explicado, y se ha mostrado “convencido de que en los próximos 5 años la profesión cambiará más deprisa, y frente a ello no podemos resistirnos”. De ahí la importancia de este ciclo, para acercar estos cambios a los profesionales de la abogacía y ofrecerles herramientas para afrontarlos.

La formación continuada no solo debe ser jurídica, sino también en cuanto a habilidades tecnológicas de los abogados, como ha señalado Miguel Hermosa, vicedecano del Colegio de Abogados de Palencia. Y es que cada vez más casos de los que reciben los profesionales tienen implicaciones tecnológicas. El ponente ha centrado su intervención en varias herramientas digitales que ofrecen las administraciones públicas para facilitar el día a día de los abogados. Por ejemplo el apoderamiento apud acta online, la sede electrónica del Ministerio de Justicia, el portal de los Registradores, la Red SARA o, en materia internacional, el Prontuario de auxilio judicial internacional o el portal European Justice. Igualmente, ha insistido en la importancia del trabajo en la nube y de compartir documentos.

Por su parte Alberto Salas, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Granada, se ha mostrado convencido de las bondades de la tecnología “si sabemos aplicarla”, ya que con “el uso de las tecnologías vamos a conseguir mejorar la productividad, la eficiencia y la eficacia”. Pero el problema, ha subrayado, es que a veces no se cuenta con la formación o las herramientas adecuadas. Otros problemas son no entender la digitalización como algo interconectado, obviar el cambio cultural, esperar fórmulas mágicas y resultados inmediatos o no analizar si las herramientas son las adecuadas para nuestro despacho. Tras esto, ha realizado un “mapa conceptual” de diversas aplicaciones y soluciones para mejorar la gestión integral del despacho, desde software de gestión propiamente dicho, hasta las nubes privadas o diversas soluciones para firma online o certificar contenidos.

En este ciclo, que tendrá sus próximas conferencias los próximos días 10 y 17 de junio, se han inscrito más de 1.300 personas a través de la plataforma www.formacionabogacia.es

 

Fuente: Abogacía.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/habilidades-tecnologicas-para-la-abogacia-la-importancia-de-contar-con-las-herramientas-adecuadas/

LA FUNDACIÓN MUTUALIDAD ABOGACÍA CONVOCA LA IX EDICIÓN DE SUS PREMIOS, DOTADOS CON 5.000, 3.000 Y 2.000 EUROS RESPECTIVAMENTE

Publicado el 30/05/2021

 

SON LOS PREMIOS a la Excelencia Cátedra Fundación Mutualidad Abogacía, DIRIGIDOS A LICENCIADOS Y GRADUADOS EN DERECHO

 

La Fundación Mutualidad Abogacía ha convocado la IX edición de los “Premios a la Excelencia Cátedra Fundación Mutualidad Abogacía”, para reconocer el esfuerzo y la dedicación de los licenciados y graduados en derecho que, en su preparación específica para el ejercicio de la profesión de abogado, demuestren un remarcable rendimiento académico.

La Fundación premiará, en esta octava edición, los 3 mejores trabajos con una dotación económica de 5.000 euros, 3.000 euros y 2.000 euros respectivamente. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 15 de agosto próximo y se prodrán presentar a través del formulario de inscripción. Las bases legales son estas.

A todos los premiados, además, se les abonarán las cuotas colegiales de los dos primeros años de ejercicio y se les facilitará dos años de cuotas gratuitas del Plan Universal de la Mutualidad Abogacía.

Para poder participar en los premios es necesario ser licenciado y/o graduado en Derecho y haber cursado o estar cursando el Máster o Curso de Acceso a la Abogacía.

Cada candidato deberá presentar un trabajo individual e inédito, relacionado con los aspectos prácticos del ejercicio profesional de la abogacía.

Blanca Narváez, directora de Fundación Mutualidad Abogacía, ha hecho un llamamiento a la participación, declarando que, “Tras ocho ediciones, los Premios a la Excelencia Cátedra Fundación Mutualidad Abogacía han logrado posicionarse como un referente en el ámbito legal. No solo por la dotación económica, sino por el reconocido prestigio que otorga ser galardonado. Animo a todo aquel y aquella que cumpla con los requisitos a participar en esta novena edición”.

El jurado, constituido por diferentes miembros de la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía y otras personalidades relevantes del sector jurídico, valorará de forma positiva aquellos trabajos que engloben un enfoque original y novedoso de la práctica del ejercicio profesional, que plasme la evolución del tema y que destaque la influencia de otras disciplinas en el mismo (tecnología, psicología, internet, nuevas formas de investigación bibliográfica y empírica del mismo, etc.).

La Fundación Mutualidad Abogacía editará un libro recopilatorio de todos los trabajos premiados, que se publicará en su página web, así como en otro medios y canales de la entidad para difundir y reconocer la labor de los candidatos seleccionados.

 

Fuente: Carlos Berbell. Confilegal.com

https://confilegal.com/20210530-la-fundacion-mutualidad-abogacia-convoca-la-ix-edicion-de-sus-premios-dotados-con-5-000-3-000-y-2-000-euros-respectivamente/

LEY 7/2021: ¿QUÉ NOVEDADES TRAE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA?

Publicado el 21/05/2021

 

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, tiene por objeto a facilitar la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo circular que garantice el uso racional de los recursos, así como la adaptación al cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades

 

Mañana entra en vigor la nueva Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (B.O.E. de 21 de mayo de 2021) que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París de 2015,

Consulte la Norma Aquí

Desarrollo sostenible y uso racional de los recursos

 

Los objetivos declarados de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, son asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015 y facilitar la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo circular que garantice el uso racional y solidario de los recursos, así como promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.

 

Reducción de emisiones, uso de energías renovables y eficiencia energética

 

El texto recoge los objetivos mínimos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética de la economía española para los años 2030 y 2050: las emisiones del conjunto de la economía española en el año 2030 deberán reducirse en al menos un 23% respecto al año 1990 y se deberá alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050.

Además, en el año 2030 deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42%, un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y Estrategia de Descarbonización a 2050

 

La ley recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050 de la Economía Española. El primero debe recoger los objetivos sectoriales y las políticas y medidas para alcanzarlos de los sectores que participan en régimen de comercio de derechos de emisión, las grandes industrias y el sector eléctrico y los sectores difusos (agrario, forestal, transporte, residencial, institucional, comercial y de gases fluorados).

 

Fuentes de energía renovables y eficiencia energética

 

La ley establece que el aprovechamiento del dominio público hidráulico no fluyente para la generación de energía eléctrica en las nuevas concesiones que se otorguen tendrá como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías renovables no gestionables en el sistema eléctrico, promoviendo en particular las centrales hidroeléctricas reversibles.

El texto trata de combatir asimismo el elevado endeudamiento de actividades reguladas como el transporte, la distribución de gas natural y electricidad. Así, introduce este principio de prudencia financiera en las metodologías de retribución de estas actividades reguladas que el organismo competente para su aprobación desarrollará.

Se modifica la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, para establecer que en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables, un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

También se modifica la disposición adicional novena de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, relativa a la comunicación sobre toma de participaciones de grupos de sociedades designados como gestor de la red de transporte de electricidad y gas natural, por su posible impacto en la seguridad de suministro de los sistemas gasista y eléctrico.

Con la finalidad de conseguir edificios más eficientes, se fomenta el uso de materiales con la menor huella de carbono posible, mejoras en la accesibilidad de los edificios, e incentivos para la introducción de energías renovables en la rehabilitación de viviendas, facilitando instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propietarios —o comunidades de propiedad horizontal, como las denomina la nueva ley— y sistemas de calefacción y refrigeración de cero emisiones.

 

Transición energética y combustibles

 

Dispone el texto que no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. De esta medida quedan excluidas las solicitudes de concesión de explotación asociadas a un permiso de investigación vigente que se encuentren en tramitación antes de la entrada en vigor de esta ley, que se regirán por la normativa aplicable al tiempo de otorgarse el permiso de investigación, a excepción de la posibilidad de prórroga, que se excluye expresamente.

Debido a sus prejuicios y a su coste tampoco se otorgarán nuevos permisos de exploración, de investigación o concesiones de explotación de minerales radiactivos, ni se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas.

Por otro lado, se establece que la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

Se introducen asimismo disposiciones que fomentan los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles alternativos. También se prevé la reducción de emisiones específicas en el sector del transporte aéreo, marítimo y transporte pesado por carretera a través de la integración de energías renovables y del establecimiento de objetivos de suministro de biocarburantes y otros combustibles renovables de origen no biológico.

 

Movilidad sin emisiones y transporte

 

En materia de movilidad sin emisiones, se establece que se adoptarán medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán planes de movilidad urbana sostenible coherentes con los planes de calidad del aire. Las Comunidades Autónomas insulares, más vulnerables al cambio climático, podrán instar al Estado a establecer medidas de promoción de movilidad limpia, mediante restricciones de la circulación de turismos y furgonetas.

Para garantizar la existencia de infraestructura de recarga eléctrica suficiente, la ley introduce obligaciones de instalación de infraestructuras de recarga eléctrica en las estaciones de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y gasóleo superen los 5 millones de litros, alcanzado el 10% de la red. Esta infraestructura de recarga deberá tener una potencia igual o superior a 150 kW o a 50 kW dependiendo del volumen de ventas. En el caso de concesiones en redes estatales de carreteras, las obligaciones señaladas serán satisfechas por los concesionarios.

Asimismo se prevé que el Código Técnico de la Edificación establezca obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes. Estas medidas se acompañarán con ayudas públicas.

También recoge el texto la necesidad de adoptar medidas para la reducción de las emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles en el transporte marítimo y en los puertos, de forma que los puertos de competencia del Estado en el año 2050 sean de cero emisiones directas.

 

Adaptación al cambio climático

 

La ley establece que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) es el instrumento de planificación para promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático. Se establecerán en el marco del PNACC objetivos estratégicos y la definición de un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático, así como la elaboración de informes de riesgo.

La ley contempla la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión de políticas sectoriales, como la hidrológica, la de costa, la territorial y urbanística, la de desarrollo urbano, la de edificación e infraestructuras del transporte, la de seguridad y dieta alimentarias, así como la de salud pública.

El texto también prevé medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la elaboración de directrices básicas para la adaptación al cambio climático de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas. Asimismo establece que el Gobierno incorpore medidas para reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.

Se recoge la necesidad de incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono terrestres y marinos, especialmente los del sector agrario y forestal.

 

Transición a una economía descarbonizada

 

Se afirma en el texto que la transición a una economía descarbonizada requiere también de medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables, entre ellas, las zonas rurales, y que esa transición hacia un modelo productivo más ecológico debe ser motor de creación de empleo de calidad.

La ley crea la Estrategia de Transición Justa, como instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacía una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero, y regula los Convenios de Transición Justa como instrumentos para para materializar las actuaciones.

Se regula asimismo el cese de la producción de carbón nacional. Así, el texto dispone que el otorgamiento de autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrogas o cesiones de los recursos de carbón de las unidades de producción inscritas en el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el marco de la Decisión 2010/787/UE, quedará supeditado a la devolución de las ayudas concedidas al amparo de dicha norma y correspondientes a todo el período cubierto por el plan de cierre, lo que será aplicable a las solicitudes de autorizaciones de explotación, permisos o concesiones reguladas por la legislación minera, así como a prórrogas o cesiones en tramitación en el momento de entrada en vigor de la nueva ley.

 

Movilización de recursos, contratación pública y finanzas verdes

 

La ley dispone, con las excepciones establecidas en la misma, que al menos un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, equivalente al acordado en el marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, deberán tener impacto positivo en la lucha contra el cambio climático y que el Gobierno revisará al alza, antes del año 2025, este porcentaje. También define el uso de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

En materia de contratación pública, prevé la inclusión en los pliegos de contratación de criterios de adjudicación vinculados con la lucha contra el cambio climático y de prescripciones técnicas particulares que establezcan la necesaria reducción de emisiones y de la huella de carbono.

También establece un marco para facilitar las inversiones sostenibles. Se recogen las obligaciones de información del sector financiero y las empresas. Se introduce la obligación de presentar un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición de su actividad. A partir del año 2023, las entidades de crédito deben publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión.

Se incluye también la obligación de que el operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) remitan un informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su estrategia y su planificación financiera.

Afirma el texto que con todo ello se da respuesta al interés creciente del sector financiero por las finanzas verdes.

 

Educación, investigación e innovación

 

La Ley aborda dos cuestiones que considera de importancia para la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático y la promoción de la transición energética, como son la educación y la capacitación para el desarrollo sostenible y el cuidado del clima, y lo referente a la investigación, desarrollo e innovación.

En este sentido, el Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la sostenibiIidad en el currículo básico de las enseñanzas del sistema educativo de manera transversal; promoverá que las universidades revisen el tratamiento del cambio climático en sus planes de estudios y mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, así como el catálogo de ofertas formativas en el ámbito de la Formación Profesional que capaciten en perfiles profesionales propios de la sostenibilidad medioambiental y del cambio climático y la transición energética.

 

Gobernanza y participación pública

 

El texto regula la gobernanza del cambio climático y transición energética en España. Así, crea el Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. A tal fin, elaborará anualmente un informe que será remitido y sometido a debate en el Congreso de los Diputados, con la participación del Gobierno.

Las Comunidades Autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de los planes de energía y clima a partir del 31 de diciembre de 2021. Los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático y la transición energética hacia una economía baja en carbono se llevarán a cabo bajo fórmulas abiertas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos interesados y del público.

También se contempla un artículo relativo a las políticas, medidas, inventarios y proyecciones de gases de efecto invernadero, de forma que se refuerce la coordinación a la hora de responder a las obligaciones de información asumidas en la normativa nacional, comunitaria e internacional.

 

Fiscalidad verde

 

Dispone el texto que en el plazo de seis meses desde su aprobación como ley, el Gobierno constituirá un grupo de expertos para evaluar una reforma fiscal que valorará también la fiscalidad verde. En todo caso, las modificaciones que se introduzcan en este ámbito irán acompasadas con la situación económica.

 

Transposición de derecho comunitario

 

La Ley transpone la Directiva 2018/844, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Esta transposición se realiza a través del artículo 15 de la ley, que dispone que antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, deberán cumplir la exigencia relativa a las dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos establecida en el Código Técnico de la Edificación.

 

Modificaciones legislativas y desarrollo normativo

 

En relación con el nivel de endeudamiento y retribución de las actividades reguladas en los sectores eléctrico y de gas natural se modifican las siguientes normas:

—Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos: se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 62

—Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico: se añade un nuevo apartado 8.bis en el artículo 14 y se modifica el artículo 20.9

—Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia: se modifica el apartado 1 del artículo 60

También se modifican:

—La disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética

—El apartado 2 de la disposición adicional novena de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en relación con la comunicación sobre toma de participaciones de grupos de sociedades designados como gestor de la red de transporte de electricidad y gas natural

—La letra c) del artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre

—Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: se introduce una nueva letra h) en el artículo 26.3

—Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear: se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 38 bis

El texto prevé asimismo el desarrollo de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en relación con el incentivo de las externalidades positivas de los montes ordenados, así como la presentación a las Cortes por parte del Gobierno de un proyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte.

El Gobierno propondrá también la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar y flexibilizar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las comunidades de propiedad horizontal en un plazo máximo de un año y, en ese mismo plazo, presentará una propuesta de reforma del marco normativo en materia de energía.

 

Entrada en vigor

 

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, entra en vigor el 22 de mayo de 2021, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, para los contratos de concesión en ejecución a la entrada en vigor del texto, el apartado 11 del artículo 15 —relativo a la instalación de puntos de recarga eléctrica en el caso de concesiones en redes estatales de carreteras— no entrará en vigor hasta el momento en que lo haga la disposición reglamentaria que determine las obligaciones en materia de instalación de puntos de recarga eléctrica a efectos de garantizar unas condiciones suficientes de suministro al tráfico de vehículos eléctricos que circulen por las citadas vías.

 

 

Fuente: Noticias Jurídicas

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16300–ley-7-2021:-iquest;que-novedades-trae-la-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica/

LA PRESIDENTA DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA RECLAMA REFORMAR LA LEY DE JUSTICIA GRATUITA

Publicado el 10/05/2021

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha reclamado hoy una reforma integral de la Ley de Justicia Gratuita, de 1996. En una entrevista en el programa Ventaja Legal de Capital Radio, Ortega ha expresado su satisfacción por el nuevo Reglamento de Justicia Gratuita, que recoge el abono mensual de las subvenciones.

No obstante, la presidenta la de la Abogacía Española apuntó que el nuevo reglamento “está bien, pero nosotros pensamos que es necesario una reforma más integral de la Ley de Justicia Gratuita, que fue magnífica cuando se aprobó en 1996, como es magnífico nuestro sistema, que estamos exportando a otros países, como Jordania, pero lógicamente es una ley se ha ido quedando anticuada y no recoge determinadas circunstancias”.

La presidenta también se ha referido a la reciente aprobación del nuevo Estatuto General de la Abogacía, que el Consejo General de la Abogacía aprobó hace ocho años. “Llama la atención cómo regula circunstancias actuales”, ha dicho. Y ha destacado la importancia de esta nueva norma para la profesión, “pero también para la ciudadanía”. “Regula el secreto profesional, que es la base de esta profesión. Es una obligación para el profesional y un derecho para el cliente”, ha afirmado.

El estatuto también regula, ha comentado, el funcionamiento telemático y la necesidad de la conciliación en la profesión: “Queremos que exista una regulación cierta y que no quedemos a merced de la benevolencia de un tribunal”.

Sobre la Ley de Derecho de Defensa, Ortega ha dicho que “llevamos reclamándola mucho tiempo; A ver si la tenemos lista verano, nos hace mucha ilusión”.

La presidenta ha terminado su entrevista con Arcadio García Montoro expresando su reconocimiento a los 45.000 abogados y abogadas que “han prestado asistencia jurídica gratuita durante toda la pandemia, ha sido una labor esencial”.

Escucha el Podcast

 

Fuente: Abogacía.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-presidenta-de-la-abogacia-espanola-reclama-reformar-la-ley-de-justicia-gratuita/

EL SUPREMO TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA SOBRE MEDIDAS RESTRICTIVAS DE DERECHOS ADOPTADAS POR LA PANDEMIA

Publicado el 06/05/2021

Coincidiendo con el fin de la prórroga del estado de alarma, se modifica el recurso de casación contra los autos dictados por la AN y los TSJ sobre autorización o ratificación de medidas sanitarias urgentes

 

El Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, aprobó el pasado martes el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, sobre medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional. Estas medidas deberán aplicarse tras la finalización, el 9 de mayo de 2021, de la vigencia del estado de alarma declarado en su día por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para contener la propagación del Covid-19.

 

Consulte la Norma

 

Durante este periodo, las autoridades delegadas, es decir, los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, han adoptado numerosas medidas cuya vigencia decaerá con la expiración de la prórroga del estado de alarma. La mayoría de estas medidas pueden seguir articulándose, sin embargo, en caso de necesidad, al amparo de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, sujetas al control jurisdiccional ordinario.

En relación con ello, la nueva norma contiene una regulación del régimen de autorización o ratificación judicial de las medidas que hayan de adoptarse cuando impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales o cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.

 

Medidas restrictivas de derechos fundamentales para combatir la pandemia

 

Recuerda el Real Decreto-ley que, si bien las autoridades sanitarias disponen de competencias para adoptar medidas excepcionales para contener la pandemia, cuando se trate de medidas restrictivas de derechos fundamentales estas han de ser objeto de autorización o ratificación judicial, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Esta norma fue modificada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, con objeto de atribuir a las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria por las autoridades sanitarias, de ámbito estatal o distinto al estatal, respectivamente, que impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.

En el ejercicio de esa competencia, las Salas de los distintos Tribunales Superiores de Justicia han seguido en ocasiones una diferente interpretación del marco sanitario estatal aplicable, con posturas divergentes sobre si el mismo podía servir como título habilitante de las restricciones.

 

Recurso de casación ante el Tribunal Supremo

 

La nueva norma modifica, pues, la regulación del recurso de casación contenida en la LJCA 29/1998, para permitir que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo entre a conocer sobre los autos adoptados por las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional en esta materia y fije además doctrina legal sobre el alcance de la legislación sanitaria en relación con las limitaciones de derechos fundamentales, en un plazo muy breve.

Para asegurar la celeridad de la decisión se establece que, en estos casos, en el recurso de casación no se exija recurso de reposición previo, no opere el instituto de la declaración de caducidad y el procedimiento se tramite de forma sumaria y preferente, incorporando la admisión del recurso a su enjuiciamiento, sin diferenciar entre una y otra fase.

Así, el Real Decreto-ley modifica el artículo 87 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para permitir el recurso de casación contra los autos dictados en aplicación del artículo 10.8 y del artículo 11.1.i) de la norma y para exceptuar tales supuestos de la necesidad de interponer previamente el recurso de reposición, y se añade un nuevo artículo 87 ter, relativo al recurso de casación contra autos dictados en aplicación de los artículos 10.8 y 11.1.i) LJCA.

Conforme al nuevo artículo 87 ter LJCA, cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario y cuando la demora en la resolución pueda causar perjuicios irreversibles, las partes podrán solicitar en el escrito de interposición que se habiliten los días inhábiles para la tramitación y resolución del recurso de casación. Transcurrido el plazo de alegaciones, la Sección competente para la tramitación y decisión fijará doctrina y resolverá sobre las cuestiones planteadas en el plazo de cinco días.

 

Entrada en vigor

 

El Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, entrará en vigor el 9 de mayo de 2021, coincidiendo con la expiración de la prórroga del estado de alarma.

 

Fuente: Noticias Jurídicas

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16246-el-supremo-tendra-la-ultima-palabra-sobre-medidas-restrictivas-de-derechos-adoptadas-por-la-pandemia/

LAS LINEAS MAESTRAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Publicado el 30/04/2021

El Consejo de Ministros enviará el documento esta semana a Bruselas para su evaluación tras haber sido presentado por el presidente del Gobierno en el Congreso

 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que enviará esta semana a Bruselas para su evaluación tras haber sido presentado por el presidente del Gobierno, el pasado 14 de abril en el Congreso de los Diputados.

En la Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría por la que aprueba este “macro proyecto” el Gobierno afirma que, como instrumento fundamental para el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU, el plan supone el impulso más importante de la reciente historia económica de España; se centra en la primera fase de ejecución y detalla las inversiones y reformas en el período 2021-2023, movilizando casi 70.000 millones de euros de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con el fin de estimular la recuperación y lograr el máximo impacto contracíclico. A partir de 2022 se irán movilizando los créditos asignados a España para financiar, en particular, inversiones y reformas de magnitud variable, así como para completar el conjunto de programas de inversión más allá de 2023.

 

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Objetivos

 

El despliegue del Plan de Recuperación permitirá impulsar:

• la productividad, llevando el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2% a medio y largo plazo;

• la creación de más de 800.000 puestos de trabajo de calidad;

• la reducción de la precariedad, la alta temporalidad, el desempleo estructural y juvenil que lastran a la economía española; y

• la reducción de la desigualdad y las brechas territoriales y de género, especialmente recortando la brecha digital.

 

Estructura

 

Todo el proyecto está organizado en torno a las cuatro transformaciones que el Gobierno ha situado desde mediados de 2018 en el centro de la estrategia de política económica:

1. la transición ecológica,

2. la transformación digital,

3. la igualdad de género y

4. la cohesión social y territorial.

 

Políticas Palanca

 

Estos cuatro ejes se traducen en diez políticas palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo:

1.Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, y desarrollo de la agricultura

2.Infraestructuras y ecosistemas resilientes

3.Transición energética justa e inclusiva

4.Una administración para el siglo XXI

5.Modernización y digitalización del tejido industrial de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora

6.Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud

7.Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades

8.Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

9.Impulso de la industria de la cultura y el deporte

10.Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible

 

Líneas de acción

 

Las diez políticas palanca integran a su vez 30 componentes o líneas de acción, que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan. Concretamente, estos componentes o líneas de acción son:

Las diez políticas palanca integran a su vez 30 componentes o líneas de acción, que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan. Concretamente, estos componentes o líneas de acción son:

1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

2. Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.

3. Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero.

4. Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad.

5. Preservación del espacio litoral y de los recursos hídricos.

6. Movilidad sostenible, segura y conectada.

7. Despliegue e integración de energías renovables.

8. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.

9. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y de su integración sectorial.

10. Estrategia de Transición Justa.

11. Modernización de las administraciones públicas.

12. Política industrial de España 2030.

13. Impulso a la pyme.

14. Plan de modernización y competitividad del sector turístico.

15. Conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G.

16. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

17. Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación.

18. Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud.

19. Plan Nacional de Competencias Digitales (Digital skills).

20. Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional.

21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años.

22. Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.

23. Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.

24. Revalorización de la industria cultural.

25. España Hub Audiovisual de Europa (Spain AVS Hub).

26. Plan de fomento del sector del deporte.

27. Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

28. Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.

29. Mejora de la eficacia del gasto público.

30. Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

Del conjunto del plan, se destinará el 39% a la transición ecológica, 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i.

 

Inversiones

 

Además de las transferencias, ya desde el segundo año se irán movilizando los créditos previstos, para instrumentos financieros a partir de 2022 y para reforzar además la financiación del conjunto de programas de inversiones a partir de 2023. Por ejemplo, se podrán usar los préstamos para financiar el fondo COFIDES de capitalización de empresas o el fondo NEXT-TECH para escalar startups, así como las reformas que comporten inversiones de magnitud variable, como el nuevo mecanismo permanente para la estabilidad en el empleo y el apoyo a los procesos de transición.

Entre las inversiones clave, se destacan 20 que se consideran tienen un fuerte impacto tractor sobre el conjunto de la economía:

1. La Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada

2. El Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana

3. La Modernización de las Administraciones Públicas

4. El Plan de Digitalización de Pymes

5. La Hoja de Ruta del 5G

6. La Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular

7. El Plan Nacional de Competencias Digitales

8. La Modernización y Competitividad del Sector Turístico

9. El Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación

10. El Despliegue e Integración de Energías Renovables

11. La Nueva Economía de los Cuidados

12. Las Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo

13. La Preservación del Litoral y Recursos Hídricos

14. El Plan Estratégico de Formación Profesional

15. La Modernización y Digitalización del Sistema Educativo

16. La Conservación y Restauración de Ecosistemas y Biodiversidad

17. La Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable

18. Las Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes y Almacenamiento

19. La Renovación y Modernización del Sistema Sanitario

20. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial

 

Reformas

 

Junto a los planes de inversión, el Plan de Recuperación articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por las instituciones europeas, el gobierno español y los principales agentes económicos y sociales, en ámbitos clave para reforzar la estructura económica y social del país:

Junto a los planes de inversión, el Plan de Recuperación articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por las instituciones europeas, el gobierno español y los principales agentes económicos y sociales, en ámbitos clave para reforzar la estructura económica y social del país:

1. Reformas para mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, promover el emprendimiento y aumentar el tamaño y eficiencia de las empresas.

2. Reforzar el capital humano, mediante la reforma de la educación, la universidad, la formación profesional y las políticas activas de empleo.

3. Apuesta por la ciencia, modernizando y reforzando el sistema de investigación.

4. Aumentar el capital tecnológico del país, mediante una nueva política industrial, el apoyo a las pymes, impulso de los sectores con más futuro y un programa de renovación del equipamiento del Sistema Nacional de Salud.

5. Proteger y revalorizar nuestro capital natural, mediante la protección de ecosistemas, la descarbonización de la industria tradicional y del sector agroalimentario, impulsando una nueva economía verde y azul eficiente y sostenible.

6. Modernización de las infraestructuras físicas y digitales, con el fin de reforzar la sostenibilidad y resiliencia del conjunto de la economía.

7. Reforma del sistema energético, para desplegar redes y sistemas que acompañen el aumento de la generación con fuentes renovables.

8. Modernización de las políticas públicas en el ámbito laboral, sobre la base del diálogo social.

9. Mejora de la vertebración territorial y refuerzo del capital social, con el fin de proporcionar oportunidades de trabajo y desarrollo personal en todo el país, frenando la despoblación y desplegando un estado del bienestar moderno que proteja a los ciudadanos, garantice el cuidado de los mayores y dependientes, refuerce los servicios sociales y también proporcione oportunidades vitales a las nuevas generaciones.

10. Modernización de la Administración, que tiene un papel importante tractor sobre la productividad del conjunto de la economía, además de su labor redistributiva, de cohesión social y territorial.

11. Avanzar hacia un sistema fiscal para el siglo XXI, que refuerce los ingresos públicos y la progresividad, reduzca la economía sumergida y el fraude, adecúe las figuras impositivas a la realidad actual y garantice la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones a medio y largo plazo.

Respecto a las reformas, el pasado 1 de enero de 2021 entró en vigor el Real Decreto-ley 36/2020 para la ejecución del Plan de Recuperación, una reforma estructural para reducir “cuellos de botella” legales para una gestión ágil y eficaz, eficiente y rigurosa de los recursos públicos, facilitar la colaboración público-privada y la adecuada articulación de las competencias de los diferentes niveles de Administración.

A partir de ahora, el plan viajará a Bruselas para su evaluación por parte de la Comisión Europea en un plazo máximo de dos meses.

 

Fuente: Noticias Jurídicas

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16214-las-lineas-maestras-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-de-la-economia-espanola/

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA CELEBRARÁ ELECCIONES A TODA LA JUNTA DE GOBIERNO EL PRÓXIMO 20 DE MAYO

Publicado el 22/04/2021

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba, en sesión extraordinaria y urgente celebrada celebrará elecciones para la renovación total de su Junta de Gobierno el próximo 20 de mayo de 2021. Serán las primeras elecciones que celebre la Corporación donde los colegiados y colegiadas tendrán la opción de ejercer su derecho a voto de forma telemática.

Serán tres los nombres de los candidatos a sustituir al actual decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido, que no opta a la reelección tras diez años en el cargo. En este caso, han presentado candidatura María Victoria García de la Cruz, Carlos Arias y Francisco García-Calabrés, todos ellos acompañados de diversos grupos de profesionales de la abogacía de distintos ámbitos.

Cabe recordar que debido a las circunstancias sanitarias provocadas por la Covid-19 y las medidas de restricción de movilidad, la Junta de Gobierno del Colegio se vio obligada en noviembre del año pasado a desconvocar las elecciones previstas en un principio para el 22 de diciembre de 2020, al no poder garantizar ni la seguridad en que debía producirse el acto electoral, ni que los abogados residentes en la provincia pudieran ejercer su derecho al voto, y acometer con urgencia la reforma puntual de los Estatutos Colegiales para recoger la posibilidad de que el derecho a voto también se pueda ejercer por vía telemática, garantizándose su carácter secreto y la seguridad del proceso de votación.

 

 

El pasado viernes 12 de marzo, se publicaba en el BOJA la Orden de 26 de febrero de 2021, por la que se aprueba la referida modificación de los Estatutos del Colegio de Abogados de Córdoba y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, que entró en vigor el 13 de marzo.

Los Estatutos del Colegio recogen que podrán ser electores todas las personas colegiadas incorporadas con más de tres meses de antelación a la fecha de la convocatoria de las elecciones, es decir, antes del día 15 de diciembre de 2020; y como elegibles, los electores residentes del Colegio siempre que no estén incursos en ninguna de las situaciones siguiente:

  • Los colegiados que hubieran sido sancionados disciplinariamente por un Colegio de Abogados y no se encuentre rehabilitados.
  • Los que hubiesen sido condenados por sentencia firme, que lleve aparejada la inhabilitación o la suspensión para cargos públicos o el ejercicio de la Abogacía.
  • Los que sean miembros de órganos rectores de otro colegio profesional.

Los colegiados podrán emitir su voto anticipadamente, por correo o telemáticamente. Para este último supuesto, entre las distintas opciones valoradas, el Colegio de Abogados de Córdoba ha seleccionado a la empresa AllPentesting, cuyo equipo de profesionales ha desarrollado una aplicación específica que permite el voto telemático desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet, garantizándose la identidad de la persona que vota, la confidencialidad del voto emitido y la integridad de los resultados.

 

Fuente: Abogacía.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-colegio-de-abogados-de-cordoba-celebrara-elecciones-a-toda-la-junta-de-gobierno-el-proximo-20-de-mayo/

VICTORIA ORTEGA DESTACA ” EL COMPROMISO Y LA PROFESIONALIDAD” DE LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO

Publicado el 14/04/2021

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, destacó “el compromiso y la profesionalidad” de los 46.000 abogados que componen el turno de oficio. En una conferencia sobre la asistencia jurídica gratuita impartida a futuros profesionales de la abogacía, Ortega recalcó “la importancia y relevancia social del servicio que prestan los abogados y abogadas que desempeñan la función de justicia gratuita” las 24 horas del día, los 365 días al año, en cualquier lugar de la geografía española.

“El coste que implica su retribución por parte de la Administración no puede ser calificado como un gasto sino en todo caso como una inversión”, afirmó Ortega ante los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos.

 

Victoria Ortega Benito. Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

 

La presidenta ha incidido en que hay áreas de la asistencia jurídica gratuita que la Abogacía entiende que merecen una “atención y un tratamiento especial por la naturaleza de su problemática, por su impacto en la sociedad y por la necesaria especialización y formación que exige”. Además, ha hecho referencia al turno de extranjería, que se ha visto afectado por la pandemia de la covid19, “siendo así, el problema migratorio hoy por hoy un desafío de orden mundial y la Abogacía no puede ni debe faltar”.

Insistió también en que “vamos a avanzar en el desarrollo de los instrumentos a nuestro alcance para la asistencia jurídica y vamos a avanzar en la tramitación de la documentación de extranjería vía telemática”, que está ya alcanzando el 60% de las solicitudes que se practican en las oficinas de extranjería.

Además, Ortega puso de manifiesto el compromiso de la abogacía con la lucha contra la violencia de género. Y explicó que está reivindicando una serie de “reformas que pasen fundamentalmente por la asistencia letrada preceptiva desde el momento anterior a la interposición de la denuncia por parte de la mujer, así como la formación especializada con perspectiva de género de todos los implicados en el sistema de protección de las víctimas”. Así como la formación en relación con la discapacidad facilitando la posibilidad de denuncia de las víctimas.

También contó que el Consejo General se ha planteado la necesidad de un servicio especializado que dé cobertura al ejercicio de sus derechos por parte de las personas con discapacidad.

“Y que siempre tengáis en cuenta que no hay mayor desigualdad que la desigualdad ante la Justicia”, con este mensaje ha concluido su intervención Ortega y les ha animado a que formen parte de este grupo de compañeros y compañeras que cada día se esfuerzan porque la defensa de los derechos sea una realidad para todos.

 

Fuente: Abogacía.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-no-hay-mayor-desigualdad-que-la-desigualdad-ante-la-justicia/

LA ASISTENCIA LETRADA POR VIDEOCONFERENCIA SE EXTENDERÁ A TODAS LAS PRISIONES

Publicado el 08/04/2021

El Consejo General de la Abogacía Española y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) han firmado un convenio que permitirá que todas las personas internas en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado puedan comunicarse con sus abogados a través de videoconferencia.

El acuerdo fue firmado por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz. Victoria Ortega destacó que con este sistema se conseguirá “ofrecer mayor fluidez a la relación entre los internos y sus abogados y abogadas y mejorar, por tanto, la relación entre los colegiados y sus clientes”. Todo ello, “sin menoscabo de que las entrevistas presenciales sigan siendo el elemento central en la relación entre los profesionales y sus defendidos”, añadió.

 

 

Ortiz señaló, por su parte, que el convenio supone “un paso más en la mejora del derecho de defensa de las personas privadas de libertad”.

El objetivo del convenio es favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de un sistema de comunicación por videoconferencia que conectará los colegios de abogados de todo el territorio nacional con las prisiones dependientes de Instituciones Penitenciarias.

El primer protocolo de estas características se puso en marcha en 2019, tras la firma de un acuerdo con el Colegio de Abogados de Málaga para la teleasistencia jurídica en las prisiones de Málaga I (Alhaurín de la Torre) y Malaga II (Archidona). Tras el éxito de aquella experiencia, en 2020 el sistema se extendió a los centros Madrid II (Alcalá-Meco) y Madrid V (Soto del Real). Con este convenio marco se quiere ir extendiendo a todos los demás centros, a medida que los diferentes Colegios de la Abogacía se vayan adhiriendo al mismo.

El Consejo General de la Abogacía se responsabiliza de la implantación progresiva de los dispositivos de videoconferencia en todos los colegios de abogados. La Administración penitenciaria, por su parte, se compromete a habilitar los espacios y los medios necesarios en las prisiones para que este tipo de entrevistas se realicen en las condiciones que marca la Ley y con las debidas garantías de confidencialidad.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-asistencia-letrada-por-videoconferencia-se-extendera-a-todas-las-prisiones/

LEY ORGÁNICA 4/2021: EL GOBIERNO LIMITA LAS COMPETENCIAS DEL CGPJ EN FUNCIONES

Publicado el 30/03/2021

En este estado, no podrá proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

 

El Boletín Oficial del Estado del 30 de marzo ha publicado la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando éste se halle en funciones, por no haberse podido renovar en el plazo establecido por la Constitución.

El texto trata de hacer frente a la situación actual en la que la falta de acuerdo en las Cámaras legislativas ha impedido alcanzar la mayoría exigida para renovar la composición del máximo órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de dos años con su mandato vencido. La norma ha merecido una dura crítica por parte de la mayoría que conforma el actual Consejo.

El artículo 122.3 de la Constitución establece que el «Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo que lo Presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años». Por otro lado, el artículo 570.2 LOPJ, prevé que «si ninguna de las dos Cámaras hubiere efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo Presidente del Consejo General del Poder Judicial».

 

Limitación de nombramientos por parte del Consejo en funciones

 

La superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido su renovación sitúa al CGPJ en una situación extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser, según entiende la nueva ley, el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento. A diferencia de otros órganos constitucionales, como el Gobierno o las Cortes Generales, que cuentan con una regulación específica sobre cómo han de operar cuando se encuentran en funciones o disueltas, respectivamente, en el caso del Consejo General del Poder Judicial no existe previsión al respecto. Esta laguna jurídica es la que el nuevo texto pretende llenar «de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano».

Así, entiende la nueva ley que facultades como la de proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo en funciones. Estas limitaciones también deben establecerse en relación con el nombramiento de los Directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, el Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el Jefe de la Inspección de Tribunales.

Por otra parte, conforme al nuevo artículo 598 bis LOPJ, cuando el Consejo General del Poder Judicial se encuentre en funciones, su Presidencia tampoco podrá acordar el cese del Secretario General ni del Vicesecretario General del Consejo General del Poder Judicial.

 

Evitar «injerencias en las legítimas atribuciones del Consejo entrante»

 

Por el contrario, las facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una «injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante» son expresamente recogidas en el régimen jurídico del Consejo en funciones que se establece en el nuevo artículo 570 bis LOPJ. Separa así la nueva ley las facultades del Consejo General del Poder Judicial en funciones que resultan indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales de aquellas otras que, por el contrario, entiende que han de corresponder al Consejo entrante o renovado y no al saliente.

De este modo, conforme al nuevo artículo 570 bis LOPJ, el Consejo en funciones se limitará a la realización de las siguientes atribuciones:

1.ª Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.

2.ª Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados.

3.ª Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.

4.ª Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales.

5.ª Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.

6.ª Garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial.

7.ªEjercer la potestad reglamentaria en las siguientes materias:

a) Publicidad de las actuaciones judiciales.

b) Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales.

c)Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.

d) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.

e) Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales.

f) Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.

g) Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal.

8.ª Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio.

9.ª Colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia.

10.ª Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.

11.ª Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica.

12.ª Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales.

13.ª Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

14.ª Recopilar y actualizar los Principios de Ética Judicial y proceder a su divulgación, así como a su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales.

15.ª Elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan. El Consejo en funciones también podrá realizar aquellas otras actuaciones que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano.

 

Modificaciones legislativas

 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: se introducen un nuevo artículo 570 bis y un nuevo artículo 598 bis.

 

Entrada en vigor

 

La Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, entra en vigor el 31 de marzo de 2021, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

 

Fuente: Noticias Jurídicas

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16128-ley-organica-4-2021:-el-gobierno-limita-las-competencias-del-cgpj-en-funciones/

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