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LA ABOGACIA ANIMA A PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA

Publicado el 17/06/2022

El mayor interés de la abogacía es ofrecer un derecho de defensa digno, libre e independiente, sin injerencias de ningún tipo, y que ningún ciudadano se quede indefenso ante los tribunales. Esta fue la principal conclusión que expuso Lourdes Carballo, presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española, en la clausura de las I Jornadas de Derecho de Defensa.

 

De izda. a dcha.: Frederic Munné Catarina, diputado responsable de la Comisión de Arbitraje, Comisión de Honorarios y Centro ADR-ICAB (Arbitraje) del Colegio de la Abogacía de Barcelona; Manuel Eugenio Mata Pastor, decano del Colegio de Abogados de Castellón; Antón Echevarrieta Zorrilla, vocal de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española; Auxiliadora Borja Albiol, adjunta a la Presidencia para la Oficina de Representación Institucional del Consejo General de la Abogacía Española y Pascual Valiente Aparicio, presidente de la Subcomisión de Competencia y Defensa de los Consumidores del Consejo General de la Abogacía Española.

 

“El futuro no es lo que va a llegar, es lo que vamos a hacer. No esperemos a que nos lleguen las reformas legislativas, intentemos que se promulguen como nosotros las queremos”. Por ello, animó a la abogacía institucional a ser proactivos en la construcción del derecho, a la vez que pidió que el derecho de defensa tenga un carácter esférico: “en todos los ámbitos, momentos y con carácter preceptivo”.

Estas jornadas, celebradas durante dos días, han servido para sentar las bases en esta materia y señalar el camino para empezar a trabajar.

La primera ponencia del segundo día de jornada, celebrada el 17 de junio, versó sobre “Defensa de las Competencias de la Abogacía”. Sobre intrusismo profesional habló Frederic Munné, diputado responsable de la Comisión de Arbitraje, Comisión de Honorarios y Centro ADR-ICAB (Arbitraje) del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Según el artículo 403 del Código Penal, señaló, es delito “ejercer como abogado sin poseer el título académico expedido, sin título oficial y, es aún más grave, cuando se atribuye públicamente la cualificación de abogado”. Este es el caso de plataformas digitales y proveedores alternativos de servicios jurídicos. Por ello, “tenemos que exigir el uso jurídico de la denominación de abogado y que no se use en vano”, instó.

Según Auxiliadora Borja, adjunta a la Presidencia para la Oficina de Representación Institucional del Consejo General de la Abogacía, ante casos de intrusismo es muy difícil la actuación de los Colegios para resolverlo, y por ello, tanto en la Comunidad Valenciana como en la Catalana, este auxilio lo ofrece la Administración, al haber incluido las leyes de Colegios Profesionales sanciones administrativas que castigan el intrusismo, “que oscila en Valencia de 5.000 euros a 150.000 euros”.

Pascual Valiente, presidente de la Subcomisión de Competencia y Defensa de los Consumidores de la Abogacía Española, debatió sobre el control de la publicidad como medida disuasoria de prácticas de intrusismo. Explicó que “los instrumentos que tenemos para defendernos son el Código Deontológico y el Estatuto de la Abogacía”. Por tanto, apuntó dónde hay que trabajar en este ámbito: “solo se solucionará controlando la transparencia en el precio de servicios y sancionando a quienes los ofrecen sin garantizar el mínimo requisito que el derecho de defensa conlleva, que es la relación abogado- cliente”.

En la segunda ponencia se expuso la protección de la defensa en la construcción del Derecho y el papel de la abogacía en su proceso legislativo.

Juan José Flores, presidente de la Comisión de Estudios, Informes y Proyectos del Consejo General de la Abogacía Española, advirtió de la existencia “de un déficit democrático actual, en el que muchos ciudadanos no tienen una defensa adecuada,  dado que muchas veces el legislador, con la excusa de los costes, la sencillez y la desjudicialización, prescinde de la intervención letrada en determinados procedimientos”.

Auxiliadora Borja, adjunta a la Presidencia para la Oficina de Representación Institucional del Consejo General de la Abogacía Española, explicó que “hemos avanzado en suspender juicios y plazos procesales en casos de maternidad y paternidad, pero exigimos también la suspensión de procedimientos en casos de enfermedad del profesional de la abogacía”, algo que ya ha pedido a los diferentes grupos parlamentarios para que se contemple en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.

Marta Martínez i Gellida, coordinadora del Grupo de Trabajo Probono del Consejo General de la Abogacía Española, defendió el asesoramiento jurídico en métodos alternativos a la resolución de conflictos (ADR) como otra vía. “Las abogadas somos las verdaderas gestoras del conflicto, somos las más capacitadas para decidir si un asunto debe ir al juzgado o a una mediación o conciliación”.  Y apuntó  que la mediación es necesaria para modernizar la abogacía y tener una resolución del conflicto de manera rápida y efectiva.

Manuel Eugenio Mata, decano del Colegio de Abogados de Castellón, argumentó cómo se puede favorecer el acceso a la justicia utilizando herramientas fiscales. En este sentido, apuntó que la Abogacía Española quiere conseguir un mejor tratamiento en el IVA de la prestación de servicios jurídicos de abogados. Los pilares fundamentales del Estado social y democrático de Derecho son la educación, sanidad y justicia. “Mientras que los dos primeros gozan de exención en el ámbito del IVA, el tercero no”, denunció.

Augusto José Pérez-Cepeda, presidente de la de Subcomisión de Derecho Unión Europea del Consejo General de la Abogacía Española, apuntó que tenemos tres normas fundamentales que rigen nuestras vidas -la Carta de Derechos Fundamentales, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea-, pero “aún no tenemos normalizado el Derecho Europeo y la implicación de sus normas en nuestras vidas”, recordó.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-anima-a-participar-en-la-construccion-del-derecho-de-defensa/

LA ABOGACIA URGE QUE SE REGULE LA ENFERMEDAD DEL ABOGADO COMO CAUSA DE SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Publicado el 10/06/2022

El Consejo General de la Abogacía Española ha urgido hoy “la inclusión y regulación en las leyes procesales de la enfermedad o accidente del abogado o abogada como causa de suspensión de los procedimientos y sus actos procesales, a fin de evitar que sigan produciéndose situaciones en las que se deniega la solicitud de suspensión, obligando a la parte a ser defendida por quién por quién no designó libremente, o le fue designado de oficio, imponiendo además a otro profesional la asunción de una defensa que no le fue encomendada”.

En un comunicado aprobado hoy por el pleno, el Consejo señala que esto “supone una grave vulneración del derecho de defensa, además de una inaceptable desconsideración por el esfuerzo y el trabajo que conlleva la asistencia letrada”.

Este comunicado llega poco después de que a un abogado de Barcelona, que sufrió un accidente y estaba hospitalizado, le denegaran la petición de suspender su juicio fijado para el 7 de junio.  En su escrito, la letrada de la Administración de Justicia señaló que el letrado podía ser sustituido por otro.

El Consejo General de la Abogacía pidió en mayo a los diferentes grupos parlamentarios que en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal se contemple la enfermedad del profesional de la abogacía como una causa para la suspensión de vistas y procedimientos, de manera que no dependa de la discrecionalidad de los jueces.

En la enmienda introducida a instancias del Consejo se pide que se suspenda el curso del procedimiento cuando “el profesional, por enfermedad o accidente requiera hospitalización y, mientras dure esa situación y, en caso de baja médica sin hospitalización, hasta que reciba el alta, o por razones de salud pública mientras dure la situación”.

 

Descargar Comunicado

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-urge-que-se-regule-la-enfermedad-del-abogado-como-causa-de-suspension-de-procedimientos/

EL ICAM PREPARA UNA SEMANA HISTÓRICA DE CELEBRACIONES POR SU 425 ANIVERSARIO

Publicado el 01/06/2022

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) cumple 425 años y lo celebrará por todo lo alto del 13 al 17 de junio. Los letrados madrileños podrán asistir previo registro y hasta completar el aforo de las salas a los numerosos eventos programados, incluyendo unas jornadas académicas, debates sobre el futuro de la abogacía, sesiones históricas sobre el legado jurídico español, cine, teatro y una cena de verano, entre otras actividades.

 

 

Los actos conmemorativos del Colegio serán de acceso gratuito para los colegiados de Madrid. El resto de colegiados de España podrán beneficiarse de un descuento del 50 % en la inscripción virtual con el código: CGAEICAM.

El 13 de junio, SM El Rey Felipe VI presidirá el acto solemne de jura de nuevos letrados y letradas del ICAM, en el que más de 300 jóvenes abogados formalizarán su compromiso con la profesión y su lealtad al Rey.  El acto contará con la presencia del decano del ICAM, José María Alonso, de la Junta de Gobierno del ICAM, así como de distintas autoridades del ámbito político y judicial de Madrid.

Ese mismo día  se rendirá homenaje a los más de 400 letrados y letradas que cumplen 25, 50 y 60 años en el ejercicio de la profesión en un acto togado de entrega de medallas de honor y diplomas que tendrá lugar en el Teatro Real.

El 14 de junio, el decano y el alcalde José Luis Martínez Almeida colocarán una placa conmemorativa en la fachada del que fuera el Monasterio de San Felipe el Real, en la actual calle Mayor 1, donde se firmaron los primeros estatutos del ICAM. A continuación, la Casa de América acogerá una Jornada Histórica para abordar “El papel del mundo jurídico español en el desarrollo del Derecho Internacional y los Derechos Humanos”, con cuatro mesas redondas sobre la Abogacía en los procesos de transición, el Derecho de Gentes y el Derecho Privado, o las relaciones históricas entre la Universidad y la Abogacía.

La sede del ICAM en la calle Serrano 9 tomará el testigo el miércoles 15 de junio, entre las 9:30 y las 14:00h, con un Foro Justicia especial desarrollado en tres sesiones de debate para analizar el futuro de la profesión desde diferentes prismas.

La noche del miércoles, el programa se traslada al Teatro Amaya en una velada cultural que incluye el estreno de un documental sobre la historia del Colegio y una representación teatral de la Compañía “Telón de Oficio”, que mostrará el mundo de la Justicia desde una perspectiva disparatada.

 

Jornada académica

 

El plato fuerte del aniversario llegará los días 16 y 17 de junio, cuando cerca de un centenar de expertos participarán en la sede central de IE University en las Jornadas Académicas ICAM.

Los asistentes podrán disfrutar de mesas de debate sobre el impacto de marketplaces y ALSP en el mundo jurídico, última jurisprudencia en los pleitos de Responsabilidad Civil y Seguros, la responsabilidad del Estado al oír las restricciones de Derechos impuestas en la pandemia, las principales reformas legislativas en materia de Infancia, Familia y Capacidad o el derecho de defensa ante los hechos fiscales con relevancia penal.

Para terminar la semana habrá un debate con los ex ministros de Justicia Miguel Ángel Michavila, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá o Juan Carlos Campos , que debatirán sobre el papel de los profesionales de la abogacía como garantes del derecho fundamental de defensa y la asistencia letrada en el acto de clausura.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, clausurará oficialmente la semana conmemorativa.

Para finalizar, los letrados y letradas madrileñas podrán asistir gratuitamente a la tradicional cena de verano del ICAM, que tendrá lugar en los jardines del Olivar de la Hinojosa, donde también estarán el decano y los miembros de la Junta de Gobierno.

 

Más información e inscripción

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-icam-prepara-su-semana-historica-de-celebraciones-por-el-425-aniversario-del-colegio/

 

LA ABOGACIA, GARANTE DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO FRENTE A LOS DESAFIOS QUE PLANTEAN NUEVAS REALIDADES

Publicado el 28/05/2022

Los colegios y las organizaciones de la abogacía tienen que permanecer vigilantes y trabajar con fuerza en la defensa de la democracia, el estado de derecho y los principios constitucionales, frente a los desafíos que plantean nuevas realidades, como las derivadas de la implantación de las nuevas tecnologías, el cambio climático, guerras o los fenómenos migratorios.

Esa es, a juicio de Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), una de las conclusiones más significativas del XIV Congreso que su organización ha celebrado en la sede del Colegio de Abogados de Pamplona en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española.

En este Congreso “hemos tenido un reflejo fiel y cierto de lo que está ocurriendo sobre los asuntos que tratamos los abogados, como la gobernanza y estabilidad de las democracias iberoamericanas, el tema migratorio, el acceso a la justicia, abuso y violencia contra las mujeres y el menor o el arbitraje como solución al colapso judicial”, ha señalado.

El presidente de la UIBA también ha destacado el análisis de la incidencia de tecnología, no solo en el ejercicio de la profesión sino también en una ciudadanía cuya privacidad “queda expuesta y a merced de los intereses de los gobiernos y de las empresas”. También ha aludido al debate mantenido sobre consecuencias de algunas decisiones adoptadas por los gobernantes en el marco de la pandemia “que, bajo el ropaje de la seguridad, han hecho que las personas les hayamos entregado nuestras libertades”, y a los campos que se abren en torno al cambio climático o la regulación de las nuevas fuentes energéticas.

La valoración que realiza de los resultados del Congreso es muy positiva, porque ha servido para ratificar el respaldo y acompañamiento de las organizaciones colegiales a los profesionales de la abogacía, lo que redunda en beneficio de la ciudadanía “que percibe que el abogado es un ser independiente, libre, en quien puede confiar porque no está coaccionado por el poder o por un grupo de presión. Los colegios lo garantizan, y también que el abogado va a mantener el secreto profesional, a pesar de que los estados quieren imponernos que revelemos el contenido de nuestras actuaciones y denunciemos aunque solo existan mínimas sospechas”.

La UIBA, en respuesta a la invitación realizada por el anterior decano de Pamplona, Alfredo Irujo, se unirá al Observatorio de la Abogacía en Riesgo. Igualmente va a colaborar con la Corte Penal Internacional en el esclarecimiento de los crímenes de guerra y terroristas que no son investigados por los gobiernos a los que debería corresponder su esclarecimiento. “Vamos a trabajar en ese terreno de la mano con la Comisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía”, ha asegurado.

Por otra parte, Andreucci ha anunciado que en las asambleas mantenidas en el seno del congreso han decidido que la UIBA se sirva del asiento permanente de que dispone en la Organización de Estados Americanos para denunciar posibles mermas de la calidad de las democracias de los países latinoamericanos.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-garante-de-la-democracia-y-el-estado-de-derecho-frente-a-los-desafios-que-plantean-nuevas-realidades/

 

EL EXAMEN DE ACCESO A LA ABOGACÍA TENDRA LUGAR EL 23 DE JUNIO DE FORMA ONLINE

Publicado el 20/05/2022

El Ministerio de Justicia ha convocado para el próximo 23 de junio la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía del año 2022, que se celebrará de forma ‘online’ y simultánea usando una plataforma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El departamento que dirige Pilar Llop ha publicado en su página web la resolución de la directora general para el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García, por la cual se establece la relación definitiva de admitidos y excluidos a esta prueba de acceso.

Los admitidos se examinarán de manera simultánea por Internet, a través de la plataforma AVEX de la UNED. La prueba comenzará a las 9:00 (hora peninsular), centrándose en las ‘materias comunes’, una primera parte que finalizará a las 11:00. Se estima que la segunda parte de la prueba, referente a las ‘materias específicas’, comenzará a las 11:10 horas, para dar por terminada la prueba a las 12:10 horas.

Justicia ha detallado en un comunicado que la evaluación consistirá en una prueba de carácter escrito y objetivo, con contenido teórico-práctico de respuestas múltiples para contestar a un total de 75 preguntas que aparecerán de una en una, de manera aleatoria, con opciones de avance, retroceso y corrección de las respuestas durante los sucesivos tiempos del ejercicio.

El programa fijado por el Ministerio se divide en dos secciones: una primera parte compuesta de 50 preguntas sobre materias comunes referidas a la deontología profesional, la organización y el ejercicio de la profesión; y una segunda parte de 25 preguntas sobre materias específicas de los ámbitos penal, civil, mercantil, laboral, administrativo y contencioso-administrativo.

Para poder realizar el examen, los aspirantes podrán solicitar los necesarios códigos de acceso desde el día 13 de junio hasta el mismo día de la prueba en la plataforma AVEX. Además, desde el día 14 de junio se desarrollará en esa misma plataforma una demostración con “un examen mock” similar al real, al que los aspirantes podrán acceder tantas veces como quieran, hasta el 16 de junio a las 20:00 horas, para familiarizarse con la herramienta.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-examen-de-acceso-a-la-abogacia-tendra-lugar-el-23-de-junio-de-forma-online/

LA ABOGACIA PRESENTA UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Publicado el 13/05/2022

El Consejo General de la Abogacía ha presentado hoy, en las XIV Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia que se han celebrado en Santander, el Código de Buenas de Prácticas en la Administración de Justicia, que establece unas normas de orientativas en las relaciones de los distintos operadores jurídicos con los profesionales de la Abogacía. El objetivo es triple: profundizar en el respeto y dignidad de todos los profesionales; más transparencia y eficacia, que redundará en un mejor servicio a la justicia; y lograr una justicia ágil, próxima y de calidad.

 

 

El Código está dividido en cinco apartados, que recogen pautas de actuación de la magistratura, la fiscalía, los letrados de la administración de Justicia, la abogacía y actuaciones para impulsar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la abogacía ante la administración de Justicia.

Entre los aspectos que regula este Código se recogen normas sobre señalamientos, puntualidad, fomento del diálogo entre los profesionales, garantizar la presencia del ministerio fiscal en todos los procesos en los que la ley lo establece o el acceso a las actuaciones.

Especialmente relevante es el apartado dedicado a la conciliación, que incorpora las reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía en esta materia, como la declaración de un período inhábil en Navidad o las interrupciones de plazos y suspensiones en casos de enfermedad propia o de un familiar cercano.

Se trata de un texto para “profundizar en el respeto y en la dignidad de todos los implicados para asegurar unas relaciones profesionales fluidas y cordiales, requisito imprescindible para un mejor servicio de la justicia en aras de lograr la máxima transparencia y eficiencia”, explica la introducción del mismo.

Este Código “no sustituye la normativa deontológica que rige a la Abogacía, sino que complementa ésta ante los Tribunales en el ejercicio de la defensa de los intereses de la ciudadanía”. Además, estas normas no son obligatorias, sino “reglas indicativas u orientativas cuya función es establecer pautas claras de actuación sobre la mejor forma de proceder en cada una de las situaciones que se analizan”, se aclara.

“Este Código es un paso adelante”, ha señalado Encarna Orduna, presidencia de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General y decana del Colegio de la Abogacía de Reus. Se trata de texto con soluciones, que “va a redundar en beneficio del justiciable” y que también va a ser beneficioso para “el respeto y dignidad de nuestra profesión”, ha explicado.

El Código, que fue aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía en diciembre de 2021, cuenta con las aportaciones de todos los Colegios de la Abogacía y Consejos de Colegios. Ahora se presentará ante los órganos rectores de la administración de Justicia: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Fiscalía. Este Código es una propuesta abierta a la que se pueden incorporar más recomendaciones.

Para José Luis López del Moral, presidente del TSJ de Cantabria, “se trata de un texto complementario e integrador, que sirve de impulso para otros códigos”. Por su parte, Mª del Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria, ha solicitado establecer los señalamientos de forma razonable, valorando el tiempo que va a llevar cada juicio antes de hacer los señalamientos. Y María del Perpetuo Socorro García Melón, secretaria de Sala de Gobierno del TSJ de Cantabria, considera que este Código tiene garantía porque “se llevado a cabo por profesionales que tienen conocimiento directo de lo que ocurre en la justicia”.

 

Código Buenas Prácticas

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-presenta-un-codigo-de-buenas-practicas-para-mejorar-la-eficacia-de-la-administracion-de-justicia/

LA NUEVA VERSIÓN DE LEXNET COMIENZA A FUNCIONAR EL 9 DE MAYO

Publicado el 06/05/2022

La nueva versión de LexNET que incluye varias actualizaciones tecnológicas en materia de seguridad, entrará en funcionamiento el próximo lunes, 9 de mayo.

 

 

Una de las principales mejoras es que la aplicación podrá utilizarse desde los principales navegadores de internet y no solo de Internet Explorer, como hasta ahora. Además, para la realización de operaciones de firma electrónica se integrará con AutoFirm, la herramienta más extendida para esta finalidad dentro de las Administraciones Públicas, que es también interoperable en el ámbito europeo.

Igualmente, se amplia hasta 30Mb el tamaño de las notificaciones de los escritos y se introducen mejoras relacionadas con la usabilidad, como la posibilidad de adjuntar archivos de manera más ágil e intuitiva.

También permitirá operar al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con su certificado de pseudónimo y se optimizará el formato de los documentos PDF generados por la aplicación.

LexNET en cifras

 

El sistema de comunicaciones electrónicas LexNET cuenta con más de 312.000 usuarios. Gestiona a diario un volumen medio de 420.000 notificaciones, llegando a cifras superiores a 500.000 en periodos de alta demanda. En la actualidad, dispone de 264.000 buzones personales de usuarios y más de 20.400 buzones de carácter colectivo.

Desde su puesta en funcionamiento, en enero de 2015, el sistema LexNET ha intercambiado más 630 millones de actos de comunicación. Entre ellos, 537 millones de notificaciones y 93 millones de escritos, de los que 77 eran de trámite y los restantes 15 millones escritos iniciadores de procedimiento.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-nueva-version-de-lexnet-comienza-a-funcionar-el-9-de-mayo/

LAS I JORNADAS TÉCNICAS DE COLEGIOS DAN COMIENZO EN BURGOS

Publicado el 28/04/2022

Las I Jornadas técnicas de Colegios de la Abogacía han dado comienzo en Burgos, donde durante jueves y viernes se analizarán las cuestiones más relevantes para la profesión y el funcionamiento de los Colegios y Consejos de la Abogacía.

“Estas jornadas suponen un desafío, que responde a la exigencia y responsabilidad de todos, tanto por lo que representamos como por lo que hacemos. Esto nos exige una labor de reciclaje continua”, ha afirmado Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía en la inauguración, quien ha animado “al intercambio de experiencias para aprovechar el trabajo de los Colegios y Consejos con el objetivo de mejorar los servicios que prestamos a través de sus herramientas y profesionales”.

 

Victoria Ortega y Guillermo Plaza

 

A través de tres itinerarios,- Comunicación y Marketing, Servicios Jurídicos y Gerencia y Tesorería-, los técnicos de la Abogacía y los miembros de juntas pondrán en común las diferentes buenas prácticas llevadas a cabo en su trabajo diario.

“Es fundamental que nos coordinemos para aprender de lo que se viene haciendo en otros Colegios, porque se trata de una corresponsabilidad de todos y porque nuestra labor trasciende no solo a todos los colegiados sino a la sociedad en su conjunto”, ha apuntado Ortega ante los 200 participantes.

En Servicios Jurídicos, se abordará la adaptación al nuevo Estatuto General, la deontología profesional, la fidelización de los colegiados, la internacionalización de la abogacía o los objetivos de desarrollo sostenible.

En el itinerario de gerencia y tesorería se reflexionará sobre gestión de cobros, control de presupuestos, generación de recursos, responsabilidad civil o tributación de los Colegios.

Y en Comunicación y Marketing, se debatirá sobre casos de éxito en la comunicación colegial, cómo hacer una buena estrategia comunicativa, cómo usar las redes sociales para difundir las noticias del Colegio, la planificación de eventos o la crisis reputacional.

Junto a Victoria Ortega, intervino en la sesión inaugural Guillermo Plaza, decano del Colegio de Abogados de Burgos, que agradeció a todos los asistentes su presencia y animó a la puesta en común de conocimientos.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/las-i-jornadas-tecnicas-de-colegios-dan-comienzo-en-burgos/

LA ABOGACIA SOLICITA AL PARLAMENTO EUROPEO QUE ACTÚE CONTRA LAS OCUPACIONES ILEGALES DE INMUEBLES EN ESPAÑA

Publicado el 22/04/2022

La Abogacía Española participó ayer en una audiencia del comité de Peticiones del Parlamento Europeo para instar a las instituciones europeas a que actúen para frenar el fenómeno “okupa” y solucionar la desprotección de la ciudadanía evitando la vulneración de sus derechos fundamentales, en particular, del derecho de propiedad.

La decana del Colegio de la Abogacía de Mataró, María Pastor, expuso ante el Parlamento Europeo que estas actuaciones suponen una vulneración de la protección de la propiedad, derecho recogido en el título I de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en el artículo 17, apartado 1: «toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general».

 

La decana del Colegio de la Abogacía de Mataró, María Pastor, durante su exposición ante el Parlamento Europeo.

 

La decana y consejera del Consejo General de la Abogacía Española resaltó que la ocupación ilegal de inmuebles parte de una causa muy clara: la ausencia de un título válido para ocupar un inmueble de otra persona, física o jurídica, ya sea viviendas de propietarios, de arrendatarios u otras personas con título válido que quedan totalmente desprotegidas por problemas legislativos y procesales.

María Pastor explicó que la ocupación se realiza por individuos o grupos de delincuencia organizada, que actúan de forma planificada y por encargo, con una finalidad lucrativa y, aprovechándose de personas en situación de vulnerabilidad económica a las que se les ofrecen “derechos” sobre el uso de la vivienda, a cambio de dinero o la distribución y tráfico de drogas en esas viviendas, generando un gravísimo problema para las comunidades de vecinos que sufren el deterioro de convivencia que ello comporta. Los ocupantes llegan incluso a extorsionar a los propietarios para que paguen sumas importantes de dinero por la recuperación de su vivienda o que las emplean para cometer delitos muy graves como la trata de personas. Igualmente, destacó que el problema, aún cuando afecta principalmente al ejercicio del derecho de propiedad en España, también se padece por nacionales de otros Estados miembros en su condición de titulares de bienes en nuestro país.

Por ello, en nombre de la Abogacía, de varias plataformas ciudadanas y de un grupo de juristas que representan un sentir mayoritario de la ciudadanía, solicitó la investigación para constatar vulneraciones de estos Derechos Fundamentales, una visita al Estado Miembro y las Comunidades Autónomas con la finalidad de entrevistarse con cuantas personas, organizaciones civiles y profesionales necesarias, un estudio de los hechos que genere un debate Parlamentario aquí en Bruselas, emitan recomendaciones e informes con el objetivo de contribuir a la adopción de una estrategia a una posible reforma conforme al derecho comunitario que incluya medidas más eficaces, y en definitiva iniciar cuantas acciones correctoras se estimen oportunas.

Todas las eurodiputadas y los eurodiputados intervinientes, miembros de la comisión que preside Dolors Montserrat, de tres grupos políticos distintos, compartieron unánimemente la preocupación por la vulneración de este derecho, indicando que además el daño incorpora una dimensión humana (se priva del acceso al resto de bienes, incluidos aquellos con valor sentimental), una dimensión jurídica (que implica la necesidad de mejorar la legislación -especialmente las medidas cautelares-) y una dimensión política por la escasez de presupuesto dedicado a vivienda social en España (2,5% del gasto público en vivienda, muy inferior al de otros Estados miembros).

La Comisión del Parlamento aprobó realizar diversas actuaciones, incluyendo recabar información de las Administraciones públicas competentes a escala nacional y autonómica (41% de los casos afectan especialmente a Cataluña) y de organismos profesionales y organizaciones de la sociedad civil que incluiría, posteriormente, una visita específica para conocer la realidad sobre el terreno.

Más información sobre la petición:

https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2022/04-abril/la-comision-de-peticiones-vota-el-informe-final-sobre-la-visita-para-investigar-los-crimenes-de-eta-y-analiza-peticiones-sobre-do-ana-ocupacion-ilegal-de-viviendas-y-fondos-de-la-pac-en-castilla-y-leon.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PETI-CM-697786_ES.pdf

 

Fuente:

Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-solicita-al-parlamento-europeo-que-actue-contra-las-ocupaciones-ilegales-de-inmuebles-en-espana/

APROBADOS LOS PROYECTOS DE LEY DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA Y EFICIENCIA PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

Publicado el 13/04/2022

 

  • El Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa contempla tres figuras clave que impulsan la territorialidad y el acceso igualitario a la Justicia: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios.

 

  • Por su parte, el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal introduce los MASC, propiciando la cohesión social, y reforma las leyes procesales para aumentar la celeridad en la tramitación de procedimientos judiciales.

 

  • Junto a la ley de eficiencia digital, constituyen la base legislativa del plan Justicia 2030, el proyecto del Ministerio de Justicia para hacer más eficiente, ágil y sostenible la Justicia.

 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia y el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Estas normas, junto a la ley de eficiencia digital, constituyen la base legislativa del plan Justicia 2030, el proyecto del Ministerio de Justicia “para pasar de un modelo propio del siglo XIX a un modelo moderno y transformador del siglo XXI”, según ha señalado la ministra de Justicia, Pilar Llop.

La aprobación de estas normas supone un impulso crucial a los pilares del plan Justicia 2030, ha asegurado Llop. “Seguimos dando pasos firmes hacia una Justicia más eficiente, ágil y sostenible”, ha añadido.

La nueva ley de eficiencia organizativa transforma el modelo actual de la Justicia y contribuye a superar brechas de acceso a este servicio público, a la vez que refuerza la tutela judicial efectiva.

Se sustenta en tres figuras fundamentales -los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios- que impulsan la territorialidad, la digitalización y el acceso igualitario a la Justicia.

Estas nuevas figuras son un elemento de acompañamiento para la ciudadanía: “Los ciudadanos y ciudadanas ya no se sentirán solos ante situaciones que, en ocasiones, disuaden de acercarse a las instituciones, algo que es muy peligroso”, ha explicado la ministra de Justicia.

Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial con sede en la capital, de la que tomará el nombre. Se configura su organización por Secciones, variable en función del volumen de asuntos y actividad que se concentra en el partido judicial.

Con ellos, se simplifica el acceso de la ciudadanía a la Justicia, al haber solo un tribunal y no juzgados diferentes; favorece la especialización; y dota de mayor flexibilidad a la planta judicial, por lo que le permite adaptarse a las necesidades reales de cada momento.

Por otro lado, se completará el proceso de implantación de la Oficina Judicial en todo el territorio nacional. Será una ventanilla de acceso único a la Justicia para la ciudadanía.

La Oficina Judicial mejora el servicio a los usuarios y a los propios profesionales, al conseguir una mayor agilidad y responder de forma homogénea a situaciones iguales. A su vez, la transformación digital favorecerá el trabajo deslocalizado, lo que permitirá reducir la huella ecológica, además de evitar la concentración de personas en el mismo edificio.

Asimismo, con la nueva norma, los juzgados de paz se transforman en Oficinas de Justicia en los municipios, fortaleciendo la presencia de la Justicia en todo el territorio, luchando contra la despoblación en zonas rurales y acercando el servicio público de Justicia a la ciudadanía.

En las Oficinas de Justicia se podrán celebrar juicios telemáticos, diligencias judiciales o conexiones por videoconferencia con los colegios profesionales, entre otras diligencias administrativas, ahondando en la reducción de los desplazamientos y, en última instancia, reduciendo el impacto medioambiental.

En su integración con el nuevo modelo organizativo de Tribunales de Instancia y Oficina Judicial, las nuevas Oficinas de Justicia en los municipios aprovecharán los recursos humanos que actualmente trabajan en los juzgados de paz, incrementando el personal en los casos que sea necesario y poniendo todos los instrumentos que brindan las nuevas tecnologías para ofrecer nuevos servicios.

 

Eficiencia Procesal

 

Por su parte, la ley de eficiencia procesal tiene como objetivo agilizar la actividad de la Justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a un sistema de Justicia más sostenible, según ha explicado Llop. Para ello, introduce los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y reforma las leyes procesales.

Con los MASC se pretende reducir la litigiosidad, avanzando hacia la cohesión social -uno de los retos del Ministerio, alineado con los marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-, e impulsar la participación de la ciudadanía en el sistema de Justicia, devolviendo a las partes su capacidad negociadora. Los MASC ayudarán también a reducir la sobrecarga de los tribunales, impulsando un servicio público de Justicia sostenible.

La norma establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles, que exige haber intentado una solución consensuada con carácter previo a la interposición de la demanda. Las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa entre las partes, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial.

También contempla la figura de los servicios de medios adecuados de resolución de conflictos, para informar a la ciudadanía y operadores jurídicos sobre su naturaleza, contenido, efectos de su utilización y recursos existentes, así como auxiliar a los diferentes órganos judiciales respecto a la conveniencia de la derivación de un determinado caso a una actividad negociadora.

Los MASC van a permitir “garantizar mejor los derechos de la ciudadanía por vías menos costosas y que llevan menos tiempo; se trata de un cambio de la cultura del litigio hacia la cultura del acuerdo”, según ha expuesto la ministra de Justicia.

Este proyecto de ley regula también las medidas imprescindibles para la digitalización, adaptando la legislación española a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que la regulación completa se desarrolla en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia.

En relación a la modificación de las leyes procesales, la nueva norma introduce reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El objetivo es dotar de mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos judiciales.

Así, la reforma de la LEC introduce de forma generalizada el uso de las nuevas tecnologías, reforzando al mismo tiempo las garantías de su aplicación. También se establecen medidas para adaptar el proceso a las necesidades actuales de conciliación de la vida familiar y personal, como la declaración de inhábiles a efectos procesales del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive; o la interrupción de los plazos o la suspensión de los procedimientos, debiendo ser tenido en cuenta para nuevos señalamientos, por causas objetivas de fuerza mayor que afecten a los profesionales de la procura o abogacía, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral.

Con la reforma de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa se introducen mejoras técnicas en la regulación de falta de jurisdicción y de competencias, con el fin de evitar dilaciones innecesarias; se establece el deber de los funcionarios de relacionarse con la Administración de Justicia por medios telemáticos o electrónicos; se agiliza el procedimiento abreviado y se acortan los plazos de trámites intermedios.

La nueva ley de eficiencia procesal introduce “el paradigma de la adecuación, de la eficiencia y la sostenibilidad del sistema, y que la Justicia funcione como un motor de cohesión social”, ha dicho Llop. En definitiva, “contribuye a la calidad democrática y a aportar las soluciones más ajustadas y flexibles”, ha concluido.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/aprobados-los-proyectos-de-ley-de-eficiencia-organizativa-y-eficiencia-procesal-del-servicio-publico-de-justicia/

 

 

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