+34 957 86 00 60 / Fax: 957 86 00 66 icalucena@icalucena.com
noticias ica lucena

                       Últimas noticias…la actualidad informativa

                                       en el mundo de la abogacía. 

VICTORIA ORTEGA DESTACA ” EL COMPROMISO Y LA PROFESIONALIDAD” DE LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO

Publicado el 14/04/2021

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, destacó “el compromiso y la profesionalidad” de los 46.000 abogados que componen el turno de oficio. En una conferencia sobre la asistencia jurídica gratuita impartida a futuros profesionales de la abogacía, Ortega recalcó “la importancia y relevancia social del servicio que prestan los abogados y abogadas que desempeñan la función de justicia gratuita” las 24 horas del día, los 365 días al año, en cualquier lugar de la geografía española.

“El coste que implica su retribución por parte de la Administración no puede ser calificado como un gasto sino en todo caso como una inversión”, afirmó Ortega ante los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos.

 

Victoria Ortega Benito. Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

 

La presidenta ha incidido en que hay áreas de la asistencia jurídica gratuita que la Abogacía entiende que merecen una “atención y un tratamiento especial por la naturaleza de su problemática, por su impacto en la sociedad y por la necesaria especialización y formación que exige”. Además, ha hecho referencia al turno de extranjería, que se ha visto afectado por la pandemia de la covid19, “siendo así, el problema migratorio hoy por hoy un desafío de orden mundial y la Abogacía no puede ni debe faltar”.

Insistió también en que “vamos a avanzar en el desarrollo de los instrumentos a nuestro alcance para la asistencia jurídica y vamos a avanzar en la tramitación de la documentación de extranjería vía telemática”, que está ya alcanzando el 60% de las solicitudes que se practican en las oficinas de extranjería.

Además, Ortega puso de manifiesto el compromiso de la abogacía con la lucha contra la violencia de género. Y explicó que está reivindicando una serie de “reformas que pasen fundamentalmente por la asistencia letrada preceptiva desde el momento anterior a la interposición de la denuncia por parte de la mujer, así como la formación especializada con perspectiva de género de todos los implicados en el sistema de protección de las víctimas”. Así como la formación en relación con la discapacidad facilitando la posibilidad de denuncia de las víctimas.

También contó que el Consejo General se ha planteado la necesidad de un servicio especializado que dé cobertura al ejercicio de sus derechos por parte de las personas con discapacidad.

“Y que siempre tengáis en cuenta que no hay mayor desigualdad que la desigualdad ante la Justicia”, con este mensaje ha concluido su intervención Ortega y les ha animado a que formen parte de este grupo de compañeros y compañeras que cada día se esfuerzan porque la defensa de los derechos sea una realidad para todos.

 

Fuente: Abogacía.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-no-hay-mayor-desigualdad-que-la-desigualdad-ante-la-justicia/

LA ASISTENCIA LETRADA POR VIDEOCONFERENCIA SE EXTENDERÁ A TODAS LAS PRISIONES

Publicado el 08/04/2021

El Consejo General de la Abogacía Española y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) han firmado un convenio que permitirá que todas las personas internas en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado puedan comunicarse con sus abogados a través de videoconferencia.

El acuerdo fue firmado por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz. Victoria Ortega destacó que con este sistema se conseguirá “ofrecer mayor fluidez a la relación entre los internos y sus abogados y abogadas y mejorar, por tanto, la relación entre los colegiados y sus clientes”. Todo ello, “sin menoscabo de que las entrevistas presenciales sigan siendo el elemento central en la relación entre los profesionales y sus defendidos”, añadió.

 

 

Ortiz señaló, por su parte, que el convenio supone “un paso más en la mejora del derecho de defensa de las personas privadas de libertad”.

El objetivo del convenio es favorecer la garantía de la defensa y protección de los derechos de las personas privadas de libertad a través de un sistema de comunicación por videoconferencia que conectará los colegios de abogados de todo el territorio nacional con las prisiones dependientes de Instituciones Penitenciarias.

El primer protocolo de estas características se puso en marcha en 2019, tras la firma de un acuerdo con el Colegio de Abogados de Málaga para la teleasistencia jurídica en las prisiones de Málaga I (Alhaurín de la Torre) y Malaga II (Archidona). Tras el éxito de aquella experiencia, en 2020 el sistema se extendió a los centros Madrid II (Alcalá-Meco) y Madrid V (Soto del Real). Con este convenio marco se quiere ir extendiendo a todos los demás centros, a medida que los diferentes Colegios de la Abogacía se vayan adhiriendo al mismo.

El Consejo General de la Abogacía se responsabiliza de la implantación progresiva de los dispositivos de videoconferencia en todos los colegios de abogados. La Administración penitenciaria, por su parte, se compromete a habilitar los espacios y los medios necesarios en las prisiones para que este tipo de entrevistas se realicen en las condiciones que marca la Ley y con las debidas garantías de confidencialidad.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-asistencia-letrada-por-videoconferencia-se-extendera-a-todas-las-prisiones/

LEY ORGÁNICA 4/2021: EL GOBIERNO LIMITA LAS COMPETENCIAS DEL CGPJ EN FUNCIONES

Publicado el 30/03/2021

En este estado, no podrá proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

 

El Boletín Oficial del Estado del 30 de marzo ha publicado la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial cuando éste se halle en funciones, por no haberse podido renovar en el plazo establecido por la Constitución.

El texto trata de hacer frente a la situación actual en la que la falta de acuerdo en las Cámaras legislativas ha impedido alcanzar la mayoría exigida para renovar la composición del máximo órgano de gobierno de los jueces, que lleva más de dos años con su mandato vencido. La norma ha merecido una dura crítica por parte de la mayoría que conforma el actual Consejo.

El artículo 122.3 de la Constitución establece que el «Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo que lo Presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años». Por otro lado, el artículo 570.2 LOPJ, prevé que «si ninguna de las dos Cámaras hubiere efectuado en el plazo legalmente previsto la designación de los Vocales que les corresponda, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo Presidente del Consejo General del Poder Judicial».

 

Limitación de nombramientos por parte del Consejo en funciones

 

La superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido su renovación sitúa al CGPJ en una situación extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser, según entiende la nueva ley, el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento. A diferencia de otros órganos constitucionales, como el Gobierno o las Cortes Generales, que cuentan con una regulación específica sobre cómo han de operar cuando se encuentran en funciones o disueltas, respectivamente, en el caso del Consejo General del Poder Judicial no existe previsión al respecto. Esta laguna jurídica es la que el nuevo texto pretende llenar «de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano».

Así, entiende la nueva ley que facultades como la de proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo en funciones. Estas limitaciones también deben establecerse en relación con el nombramiento de los Directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, el Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el Jefe de la Inspección de Tribunales.

Por otra parte, conforme al nuevo artículo 598 bis LOPJ, cuando el Consejo General del Poder Judicial se encuentre en funciones, su Presidencia tampoco podrá acordar el cese del Secretario General ni del Vicesecretario General del Consejo General del Poder Judicial.

 

Evitar «injerencias en las legítimas atribuciones del Consejo entrante»

 

Por el contrario, las facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una «injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante» son expresamente recogidas en el régimen jurídico del Consejo en funciones que se establece en el nuevo artículo 570 bis LOPJ. Separa así la nueva ley las facultades del Consejo General del Poder Judicial en funciones que resultan indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales de aquellas otras que, por el contrario, entiende que han de corresponder al Consejo entrante o renovado y no al saliente.

De este modo, conforme al nuevo artículo 570 bis LOPJ, el Consejo en funciones se limitará a la realización de las siguientes atribuciones:

1.ª Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado.

2.ª Participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados.

3.ª Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados.

4.ª Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales.

5.ª Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales.

6.ª Garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial.

7.ªEjercer la potestad reglamentaria en las siguientes materias:

a) Publicidad de las actuaciones judiciales.

b) Publicación y reutilización de las resoluciones judiciales.

c)Habilitación de días y horas, así como fijación de horas de audiencia pública.

d) Constitución de los órganos judiciales fuera de su sede.

e) Régimen de guardias de los órganos jurisdiccionales.

f) Organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional.

g) Condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las Asociaciones judiciales, sin que tal desarrollo reglamentario pueda suponer innovación o alteración alguna de la regulación legal.

8.ª Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio.

9.ª Colaborar con la Autoridad de Control en materia de protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia.

10.ª Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia.

11.ª Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en los términos previstos en la presente Ley Orgánica.

12.ª Proponer, previa justificación de la necesidad, las medidas de refuerzo que sean precisas en concretos órganos judiciales.

13.ª Emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

14.ª Recopilar y actualizar los Principios de Ética Judicial y proceder a su divulgación, así como a su promoción con otras entidades y organizaciones judiciales, nacionales o internacionales.

15.ª Elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan. El Consejo en funciones también podrá realizar aquellas otras actuaciones que sean indispensables para garantizar el funcionamiento ordinario del órgano.

 

Modificaciones legislativas

 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: se introducen un nuevo artículo 570 bis y un nuevo artículo 598 bis.

 

Entrada en vigor

 

La Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, entra en vigor el 31 de marzo de 2021, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

 

Fuente: Noticias Jurídicas

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16128-ley-organica-4-2021:-el-gobierno-limita-las-competencias-del-cgpj-en-funciones/

ASÍ SE REPARTIRÁN LOS 7.000 MILLONES DEL FONDO COVID PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Publicado el 26/03/2021

Estos fondos serán gestionados por las Comunidades Autónomas, si bien la Agencia Tributaria controlará los requisitos exigidos para obtener las prestaciones

 

 

La Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, publicada en el BOE de este jueves, tiene como objeto determinar la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos correspondientes a la Línea COVID de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas prevista en el título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

La «asistencia o auxilio» se ha distribuido de manera proporcional a la asignación del REACT EU, en base a indicadores de renta, de desempleo y de desempleo juvenil. En concreto, el reparto se basa en los siguientes tres indicadores:

a) Indicador de renta: mide el peso de cada Comunidad Autónoma en la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas, medida a través de la renta per cápita respecto a la media nacional.

b) Indicador de desempleo: considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional en 2020.

c) Indicador de desempleo juvenil (16 – 25 años): análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro juvenil registrado nacional en 2020.

Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son las Comunidades Autónomas con mayor asignación de recursos.

 

 

Fuente: Noticias Jurídicas

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16123-asi-se-repartiran-los-7-000-millones-del-fondo-covid-para-autonomos-y-empresas/

LA PRIMERA PRUEBA DE ACCESO A LA ABOGACÍA DE 2021 SERÁ EL 5 DE JUNIO

Publicado el 18/03/2021

El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades han convocado la primera prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado/a para el año 2021 que tendrá lugar el 5 de junio.  Debido a la situación de pandemia y la vigencia del estado de alarma, las pruebas de acceso a la Abogacía se realizarán nuevamente online de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de la UNED. Los aspirantes podrán acceder previamente a la plataforma para familiarizarse con la misma.

La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado en la fecha de publicación de esta convocatoria, aunque no hubiese entrado en vigor, y tendrá una duración de 3 horas. Su contenido se fijará por el Ministerio de Justicia. y su finalidad es medir los conocimientos teórico-prácticos de los participantes acerca del ejercicio de la profesión de la Abogacía, así como el conocimiento de las normas deontológicas y profesionales.

La solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica por parte de los aspirantes. El plazo de presentación de solicitudes de inscripción en la evaluación será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (la convocatoria se publicó en el BOE del 4 de marzo de 2021).

Toda la información sobre la evaluación se publica en el portal del Ministerio de Justicia en este enlace.

 

BOE. Convocatoria primer examen acceso 2021.

 

Fuente: Abogacía

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/convocada-la-primera-prueba-de-acceso-a-la-abogacia-de-2021/

EL GOBIERNO REFORMA EL REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA PARA GARANTIZAR EL PAGO MENSUAL EN EL TERRITORIO MINISTERIO

Publicado el 12/03/2021

El nuevo reglamento crea el Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita con representación de todos los operadores jurídicos.

En los próximos días se procederá a pagar lo correspondiente a los servicios prestados en noviembre, diciembre y enero en el territorio común.

 

El Consejo de Ministros aprobó el martes 9 de marzo un Real Decreto por el que se reforma el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, modificando los plazos para el abono de los servicios al Turno de Oficio y estableciendo el pago mensual en el denominado territorio Ministerio. El reglamento que estaba vigente hasta ahora establecía el pago trimestral.

 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

 

El último impulso para materializar la modificación surgió a raíz de los problemas detectados en relación con el pago de los servicios prestados en tres meses, de noviembre del 2020 a enero de 2021. Aunque a lo largo del año pasado se habían venido asumiendo los pagos mensualmente de forma provisional, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 había devuelto el funcionamiento a la situación ordinaria, cuyo reglamento establecía los pagos de forma trimestral.

El Ministerio de Justicia informó a finales del pasado mes de enero al Consejo General de la Abogacía sobre su intención, ahora materializada, de proceder a modificar el aludido reglamento, de forma que se estableciese un nuevo plazo de pago de carácter mensual. Además, el propio Ministerio ha avanzado el inminente abono de los servicios del Turno de Oficio correspondientes a los últimos meses de noviembre, diciembre y enero.

La reforma aprobada hoy establece el nuevo plazo mensual en el pago de la justicia gratuita prestada en las comunidades que todavía gestiona de forma directa el Ministerio de Justicia: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en órganos centrales de la Administración de Justicia ubicados en Madrid.

 

 

Además de una modificación del plazo, el Gobierno ha introducido en la reforma del Reglamento la creación del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita. En este nuevo órgano de coordinación estarán representados, además del propio Ministerio de Justicia y del Ministerio de Política Territorial, los consejos del Poder Judicial, la Abogacía, los Procuradores y las comunidades autónomas con competencias en la materia. El nuevo Consejo Estatal deberá reunirse al menos dos veces al año y tendrá como principal cometido establecer una evaluación y coordinación sobre el funcionamiento del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita.

Según el último Observatorio de la Justicia Gratuita, en 2019 se tramitaron en España casi dos millones de asuntos correspondientes a este servicio, marcando un récord histórico que se ha quebrado en 2020 como consecuencia de la pandemia, aunque todavía no se dispone de un balance oficial.

 

Fuente: Abogacía

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-gobierno-reforma-el-reglamento-de-asistencia-juridica-gratuita-para-garantizar-el-pago-mensual-en-el-territorio-ministerio/

 

 

CONOCE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL NUEVO ESTATUTO DE LA ABOGACIA

Publicado el 05/03/2021

El pasado 2 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Estatuto de la Abogacía, actualizando de esta forma la normativa que regula la profesión y dotándola de un marco legislativo moderno y eficaz que sustituirá al que regía desde el año 2001.

Entre los aspectos más destacados de esta norma, que entrará en vigor el 1 de julio, se regula de forma exhaustiva por primera vez el secreto profesional; se recoge la creación de protocolos colegiales para denunciar ante el CGPJ retrasos injustificados y actos de los tribunales que hayan coartado la libertad o independencia de los letrados; se establecen límites a la publicidad, reforzando los derechos de los consumidores; o, en materia de formación, se hace referencia al derecho y deber de los abogados de seguir una formación continuada.

Consulta aquí, de forma más detallada, estos aspectos:

 

La modernización de los Colegios como garantía de autonomía y transparencia

 

El secreto profesional, “signo identificador de la profesión”

 

Límites a publicidad y refuerzo de los derechos de los consumidores

 

Formación continua obligatoria durante todo el ejercicio profesional

 

Los abogados podrán reclamar ante el Poder Judicial

 

Fuente: Abogacía

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/conoce-los-aspectos-mas-importantes-del-nuevo-estatuto-de-la-abogacia/

 

LA ABOGACÍA CELEBRA EL 5 DE MARZO EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON DOS MESAS REDONDAS SOBRE IGUALDAD

Publicado el 26/02/2021

El Consejo General de la Abogacía Española como cada año conmemora el Día Internacional de la Mujer y se une a las celebraciones que tendrán lugar durante toda la semana para dar visibilidad a la problemática de las mujeres en el ejercicio de la profesión. Ya está abierto desde hoy el plazo de inscripción para poder seguirse por streaming. 

 

 

Avanzar en igualdad es uno de los objetivos de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, primera mujer que asume este cargo en los casi 75 años de historia de este organismo.

La jornada, prevista para el próximo 5 de marzo, abordará distintos aspectos, tales como la brecha salarial y la brecha profesional, el techo de cristal o la imposibilidad de ascender en ciertos sectores siendo mujer, entre otros temas.

Intervendrán Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía; Nieves Briz, socia directora Dentons y presidenta del IWF Spain; Delia Mª Rodríguez, abogada de Vestalia Asociados y Alicia Muñoz, vicesecretaria del Consejo Santander España; Luis Carlos Albo, decano del Colegio de Abogados de Oviedo; Guillermo Plaza, decano del Colegio de Abogados de Burgos o Mª Eugènia Gay, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona y el periodista Iñaki Gabilando.

 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN Y PROGRAMA

 

Tras la lectura de conclusiones, la despedida musical correrá a cargo de la cantante Maria Peláe. Para finalizar el acto conmemorativo de este Día, se hará entrega del I Premio de Igualdad de la Abogacía, que ha recaído en la abogada iraní encarcelada Nasrin Sotoudeh y en el nacional, las Agrupaciones de Mujeres Abogadas de Valladolid (AMAV) y del Colegio de la Abogacía de Alicante (AMA). El galardón tiene como finalidad dar el reconocimiento público a personas o entidades que sirven de ejemplo para hacer efectiva la igualdad en la sociedad actual.

 

Fuente: Abogacía.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-celebra-el-5-de-marzo-el-dia-internacional-de-la-mujer-con-dos-mesas-redondas-sobre-igualdad/

REGLAMENTO 2021/241: LA UE DA LUZ VERDE AL PLAN DE RECUPERACIÓN FRENTE AL COVID-19

Publicado el 19/02/2021

 

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia prevé ayudas financieras directas para intensificar las reformas sostenibles y las inversiones públicas. Los Estados deberán presentar sus planes a más tardar el 30 de abril

 

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por la necesidad de reforzar el marco de ayuda a los Estados miembros en el actual contexto de la crisis causada por la COVID-19, así como para proporcionarles ayudas financieras directas mediante una herramienta innovadora que proporcione una ayuda financiera significativa y eficaz para intensificar las reformas sostenibles y las inversiones públicas conexas.

La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de las reformas e inversiones en la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional, que estén destinadas, entre otras cosas, a aumentar la capacidad de respuesta y la preparación ante las crisis, en particular mejorando la continuidad de las actividades y los servicios públicos, la accesibilidad y capacidad de los sistemas de salud y asistenciales, la eficacia de la administración pública y de los sistemas nacionales, incluida la reducción de la carga administrativa, y la eficacia de los sistemas judiciales, así como la prevención del fraude y la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales.

 

Los seis pilares del Plan

 

Los ámbitos de actuación del Mecanismo se estructuran en seis pilares: la transición ecológica; la transformación digital; un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación, y un mercado interior que funcione correctamente con pequeñas y medianas empresas (pymes) sólidas; la cohesión social y territorial; la salud y la resiliencia económica, social e institucional, con miras a, entre otras cosas, aumentar la capacidad de respuesta y la preparación ante las crisis; y políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud, tales como la educación y el desarrollo de capacidades.

Y atendiendo a estos pilares, el objetivo general del Mecanismo será fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión mejorando la resiliencia, la preparación frente a las crisis, la capacidad de ajuste y el potencial de crecimiento de los Estados miembros, mitigando el impacto social y económico de dicha crisis.

 

El objetivo general del Mecanismo será fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión mejorando la resiliencia, la preparación frente a las crisis, la capacidad de ajuste y el potencial de crecimiento de los Estados miembros, mitigando el impacto social y económico de dicha crisis

 

Mientras que su objetivo específico debe ser proporcionar ayuda financiera con miras a alcanzar los hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos en los planes de recuperación y resiliencia, en estrecha cooperación con los Estados miembros en cuestión.

 

Recursos y ejecución

 

Tras señalar los importes a aplicar en el marco del Mecanismo respecto a las medidas contempladas en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/2094, así como la transferencia al mismo de aquellos recursos asignados a Estados miembros procedentes de programas de gestión compartida y utilización de recursos, el Reglamento dispone que la Comisión ejecutará el Mecanismo en régimen de gestión directa de conformidad con las normas pertinentes adoptadas en virtud del artículo 322 del TFUE, en particular el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, debiendo presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 de julio de 2022, un informe de revisión sobre la aplicación del Mecanismo.

Además, se señala que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

 

Medidas de vinculación del Mecanismo a una buena gobernanza económica

 

La aplicación del Mecanismo debe efectuarse en consonancia con el principio de buena gestión financiera, incluidas la prevención y la persecución efectivas del fraude, en particular el fraude fiscal, la evasión fiscal, la corrupción y los conflictos de intereses.

En este sentido, el Reglamento contempla la posibilidad de que la Comisión presente una propuesta al Consejo para suspender la totalidad o parte de los compromisos o pagos cuando el Consejo decida, de conformidad con el art. 126, apartados 8 u 11, del TFUE, que un Estado miembro no ha tomado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo, a menos que haya determinado la existencia de una recesión económica grave en el conjunto de la Unión. De forma específica, la norma detalla aquellos supuestos en los que la Comisión podrá proponer dicha suspensión, aunque dándose prioridad a la suspensión de los compromisos, pues los pagos solo se suspenderán cuando se precise actuar de forma inmediata en caso de un incumplimiento significativo. La decisión de suspender los pagos se aplicará a las solicitudes de pago presentadas tras la fecha de la decisión de suspensión.

El ámbito de aplicación y el nivel de la suspensión de los compromisos o pagos que deba imponerse serán proporcionados, respetarán el principio de igualdad de trato entre Estados miembros y tendrán en cuenta las circunstancias económicas y sociales de cada uno de ellos.

Asimismo, la norma incluye los supuestos en los que procede levantar la referida suspensión.

 

Contribución financiera

 

A fin de garantizar una contribución financiera significativa que guarde proporción con las necesidades reales de los Estados miembros para emprender y completar las reformas e inversiones incluidas en el plan de recuperación y resiliencia, el Reglamento establece una contribución financiera máxima disponible con arreglo al Mecanismo en lo que respecta a la ayuda financiera no reembolsable. El 70% de esa contribución financiera máxima debe calcularse en función de la población, la inversa del PIB per cápita y la tasa de desempleo relativa de cada Estado miembro. El 30% de esa contribución financiera máxima debe calcularse en función de la población, la inversa del PIB per cápita y, en igual proporción, el cambio del PIB real en 2020 y el cambio acumulado del PIB real durante el período comprendido entre 2020 y 2021 sobre la base de las previsiones de otoño de 2020 de la Comisión para los datos no disponibles en el momento del cálculo, que han de actualizarse a más tardar el 30 de junio de 2022 con los resultados reales. En los Anexos se incluyen los métodos de cálculo y distribución de dicha contribución financiera máxima.

Los Estados miembros deben presentar oficialmente sus planes de recuperación y resiliencia, por regla general, a más tardar el 30 de abril, y deben poder hacerlo en un único documento integrado junto con su programa nacional de reformas. Para garantizar una ejecución rápida del Mecanismo, los Estados miembros deben poder presentar un proyecto de plan de recuperación y resiliencia a partir del 15 de octubre del año anterior debidamente motivado y justificado. Y cada Estado miembro podrá presentar una solicitud hasta llegar a su contribución financiera máxima para ejecutarlo.

Para garantizar que la ayuda financiera se concentre en los primeros años después de la crisis de la COVID-19, así como la compatibilidad con la financiación disponible para el Mecanismo, los fondos deben estar disponibles hasta el 31 de diciembre de 2023. A tal fin, debe ser posible que el 70% del importe disponible para las ayudas financieras no reembolsables esté comprometido jurídicamente a más tardar el 31 de diciembre de 2022 y el 30% entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Hasta el 31 de diciembre de 2021, si un Estado miembro formula una solicitud que se presente junto con el plan de recuperación y resiliencia, se puede pagar un importe de hasta el 13% de la contribución financiera y, cuando proceda, hasta el 13% del préstamo del Estado miembro en cuestión, en forma de prefinanciación en un plazo, en la medida de lo posible, de dos meses tras la adopción por parte de la Comisión de los compromisos jurídicos.

Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que la Comisión conceda, hasta el 31 de diciembre de 2023 y al Estado miembro que lo solicite, un préstamo para la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia, con vencimientos que reflejen la naturaleza a más largo plazo de dicho gasto. En este contexto, el Reglamento se ocupa del contenido de las solicitudes, del importe máximo a prestar y de los elementos a evaluar por la Comisión antes de celebrar un acuerdo de préstamo.

 

Planes de recuperación y resiliencia

 

Los Estados miembros deben elaborar planes de recuperación y resiliencia nacionales que establezcan el programa de reformas e inversiones. Dichos planes incluirán un conjunto de medidas coherente y exhaustivo de medidas de ejecución de las reformas y de inversión pública, que podrá incluir también programas públicos destinados a incentivar la inversión privada. Las medidas iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020 deben ser subvencionables siempre y cuando cumplan los requisitos que establece el Reglamento.

La norma detalla los elementos a incorporar al plan de recuperación y resiliencia, el cual será evaluado por la Comisión en el plazo de dos meses a partir de su presentación oficial, a efectos de determinar el importe a asignar. En este sentido, el texto recoge los criterios que ha de aplicar la Comisión para evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia del plan.

 

Los Estados miembros deben elaborar planes de recuperación y resiliencia nacionales que establezcan el programa de reformas e inversiones. Dichos planes incluirán un conjunto de medidas coherente y exhaustivo de medidas de ejecución de las reformas y de inversión pública

 

Además, el Reglamento regula el procedimiento para llevar a cabo tanto la propuesta de la Comisión, como la aprobación por el Consejo mediante una decisión de ejecución la evaluación del plan. También incluye la regulación de la propuesta de su modificación cuando un Estado miembro ya no pueda, por circunstancias objetivas, completar en su totalidad o en parte el plan de recuperación y resiliencia, incluidos los hitos y objetivos pertinentes.

 

Disposiciones financieras

 

En esta materia el Reglamento incorpora las disposiciones referidas a la adopción de medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, a la celebración por la Comisión de un acuerdo con el Estado miembro en cuestión que constituirá un compromiso jurídico individual en el sentido del Reglamento Financiero, así como a las normas sobre pagos, suspensión y resolución de acuerdos relativos a las contribuciones financieras y a los préstamos.

 

Disposiciones institucionales

 

Por último, la norma contempla la información a transmitir por la Comisión, el diálogo entre las instituciones de la Unión, en particular el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad; los informes a realizar por los Estados miembros, en el marco del Semestre Europeo, sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia, y del seguimiento, evaluación y ejecución el Mecanismo, incluyendo la elaboración por la Comisión tanto de un cuadro de indicadores de la recuperación y la resiliencia que mostrará los avances en la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros en cada uno de los seis pilares anteriormente mencionados.

 

Entrada en vigor

 

El Reglamento (UE) 2021/241 entra en vigor el 19 de febrero de 2021, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

 

Fuente: Noticias Jurídicas

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16034-reglamento-2021-241:-la-ue-da-luz-verde-al-plan-de-recuperacion-frente-al-covid-19/

EL ICAB PONE EN ALZA EL VALOR DE LA “TRANSPARENCIA” PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Publicado el 15/02/2021

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) quiere poner en alza el valor de la “transparencia” para garantizar una adecuada protección de los consumidores y consumidoras y por ello organiza junto con otros colegios de abogados de España y con la colaboración de vLex el ‘I Congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad’.

 

 

El Congreso cuenta con la presidencia del comité científico por parte del catedrático de derecho civil de la Universidad de Valencia y ex magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, Javier Orduña Moreno -máxima autoridad en materia de transparencia- y con la codirección del secretario de la Junta de Gobierno del ICAB, Jesús Sánchez, y de la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ​​Cristina Vallejo.

Se ha estructurado en 12 mesas en las que se abordará la “interpretación extensiva” del principio de la transparencia en la contratación predispuesta, en todos y cada uno de sus principales ámbitos de aplicación: jurídico, económico, tecnológico, político y social.

El evento se desarrollará de forma telemática los días 18 y 19 de febrero y quiere poner de manifiesto cómo el principio de la “transparencia en la contratación predispuesta” puede contribuir a la protección social de los consumidores, ya que la falta de una regulación propia y específica en España, tanto a nivel público como privado, genera situaciones conflictivas que acaban en los juzgados y que son derivadas de una posible falta de claridad en contratos laborales, hipotecarios, de arrendamientos, de seguros o relacionados con la prestación de servicios de Internet, por citar algunos ejemplos.

El ‘I Congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad’ será inaugurado el jueves 18 de febrero, a las 9h, por la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; y por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, José Luis Escrivá.

Mientras que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, será el encargado de clausurar el Congreso, el viernes, 19 de febrero, a las 19:30h.

Así, por ejemplo, se definirá el valor de la transparencia en contraposición con la abusividad, se proyectará de forma práctica (IRPH, acuerdos novatorios, los contratos de servicios en diferentes sectores, la administración pública) y se establecerá su importancia como valor de reputación tanto para empresas como para instituciones.

El Congreso también quiere servir para alertar de que actualmente hay reglamentos y directivas europeas que imponen la regulación del principio de la transparencia en la contratación predispuesta como elemento nuclear para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía en una sociedad de consumo y al mismo tiempo poner de relieve cómo este valor puede contribuir al éxito de las reformas estructurales necesarias para que la “recuperación” económica sea una realidad próxima y consolidada.

Este análisis y debate en torno al principio de la transparencia en la contratación predispuesta será posible gracias a las intervenciones de los más de ochenta ponentes que participarán en el Congreso de aforo ilimitado y totalmente gratuito.

 

Premio «Congreso de Transparencia 2021»

El viernes 19 de febrero, a las 16: 30h, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, pero en esta ocasión como presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, ​​Mª Eugènia Gay, y el vicedecano del ICAB, Joaquim de Miquel, entregarán el Premio «Congreso de Transparencia 2021» al conseller de Interior, Miquel Sàmper, por su iniciativa de crear la primera oficina de intermediación hipotecaria cuando fue decano del Colegio de Abogados de Terrassa.

El ‘I Congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad’ es gratuito y abierto tanto para la abogacía como para la ciudadanía y quiere convertirse en un auténtico “clúster” para la implementación y el análisis práctico de la transparencia y su proyección transversal.

 

CONSULTA EL PROGRAMA

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-icab-pone-en-alza-el-valor-de-la-transparencia-para-garantizar-una-adecuada-proteccion-de-los-consumidores/

noticias ilustre colegio de abogados de lucena

Para estar al día desde nuestra web

Enlaces a las editoriales más importantes y habituales de la prensa nacional. La prensa diaria por temáticas.

noticias ica ilustre colegio de abogados de lucena prensa y noticias ica lucena noticas del ilustre colegio de abogados de lucena
prensa ilustre colegio de abogados de lucena

 

noticias ica lucena noticias ica lucena