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REGLAMENTO 2021/241: LA UE DA LUZ VERDE AL PLAN DE RECUPERACIÓN FRENTE AL COVID-19

Publicado el 19/02/2021

 

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia prevé ayudas financieras directas para intensificar las reformas sostenibles y las inversiones públicas. Los Estados deberán presentar sus planes a más tardar el 30 de abril

 

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por la necesidad de reforzar el marco de ayuda a los Estados miembros en el actual contexto de la crisis causada por la COVID-19, así como para proporcionarles ayudas financieras directas mediante una herramienta innovadora que proporcione una ayuda financiera significativa y eficaz para intensificar las reformas sostenibles y las inversiones públicas conexas.

La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de las reformas e inversiones en la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional, que estén destinadas, entre otras cosas, a aumentar la capacidad de respuesta y la preparación ante las crisis, en particular mejorando la continuidad de las actividades y los servicios públicos, la accesibilidad y capacidad de los sistemas de salud y asistenciales, la eficacia de la administración pública y de los sistemas nacionales, incluida la reducción de la carga administrativa, y la eficacia de los sistemas judiciales, así como la prevención del fraude y la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales.

 

Los seis pilares del Plan

 

Los ámbitos de actuación del Mecanismo se estructuran en seis pilares: la transición ecológica; la transformación digital; un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación, y un mercado interior que funcione correctamente con pequeñas y medianas empresas (pymes) sólidas; la cohesión social y territorial; la salud y la resiliencia económica, social e institucional, con miras a, entre otras cosas, aumentar la capacidad de respuesta y la preparación ante las crisis; y políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud, tales como la educación y el desarrollo de capacidades.

Y atendiendo a estos pilares, el objetivo general del Mecanismo será fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión mejorando la resiliencia, la preparación frente a las crisis, la capacidad de ajuste y el potencial de crecimiento de los Estados miembros, mitigando el impacto social y económico de dicha crisis.

 

El objetivo general del Mecanismo será fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión mejorando la resiliencia, la preparación frente a las crisis, la capacidad de ajuste y el potencial de crecimiento de los Estados miembros, mitigando el impacto social y económico de dicha crisis

 

Mientras que su objetivo específico debe ser proporcionar ayuda financiera con miras a alcanzar los hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos en los planes de recuperación y resiliencia, en estrecha cooperación con los Estados miembros en cuestión.

 

Recursos y ejecución

 

Tras señalar los importes a aplicar en el marco del Mecanismo respecto a las medidas contempladas en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/2094, así como la transferencia al mismo de aquellos recursos asignados a Estados miembros procedentes de programas de gestión compartida y utilización de recursos, el Reglamento dispone que la Comisión ejecutará el Mecanismo en régimen de gestión directa de conformidad con las normas pertinentes adoptadas en virtud del artículo 322 del TFUE, en particular el Reglamento Financiero y el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, debiendo presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 de julio de 2022, un informe de revisión sobre la aplicación del Mecanismo.

Además, se señala que la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

 

Medidas de vinculación del Mecanismo a una buena gobernanza económica

 

La aplicación del Mecanismo debe efectuarse en consonancia con el principio de buena gestión financiera, incluidas la prevención y la persecución efectivas del fraude, en particular el fraude fiscal, la evasión fiscal, la corrupción y los conflictos de intereses.

En este sentido, el Reglamento contempla la posibilidad de que la Comisión presente una propuesta al Consejo para suspender la totalidad o parte de los compromisos o pagos cuando el Consejo decida, de conformidad con el art. 126, apartados 8 u 11, del TFUE, que un Estado miembro no ha tomado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo, a menos que haya determinado la existencia de una recesión económica grave en el conjunto de la Unión. De forma específica, la norma detalla aquellos supuestos en los que la Comisión podrá proponer dicha suspensión, aunque dándose prioridad a la suspensión de los compromisos, pues los pagos solo se suspenderán cuando se precise actuar de forma inmediata en caso de un incumplimiento significativo. La decisión de suspender los pagos se aplicará a las solicitudes de pago presentadas tras la fecha de la decisión de suspensión.

El ámbito de aplicación y el nivel de la suspensión de los compromisos o pagos que deba imponerse serán proporcionados, respetarán el principio de igualdad de trato entre Estados miembros y tendrán en cuenta las circunstancias económicas y sociales de cada uno de ellos.

Asimismo, la norma incluye los supuestos en los que procede levantar la referida suspensión.

 

Contribución financiera

 

A fin de garantizar una contribución financiera significativa que guarde proporción con las necesidades reales de los Estados miembros para emprender y completar las reformas e inversiones incluidas en el plan de recuperación y resiliencia, el Reglamento establece una contribución financiera máxima disponible con arreglo al Mecanismo en lo que respecta a la ayuda financiera no reembolsable. El 70% de esa contribución financiera máxima debe calcularse en función de la población, la inversa del PIB per cápita y la tasa de desempleo relativa de cada Estado miembro. El 30% de esa contribución financiera máxima debe calcularse en función de la población, la inversa del PIB per cápita y, en igual proporción, el cambio del PIB real en 2020 y el cambio acumulado del PIB real durante el período comprendido entre 2020 y 2021 sobre la base de las previsiones de otoño de 2020 de la Comisión para los datos no disponibles en el momento del cálculo, que han de actualizarse a más tardar el 30 de junio de 2022 con los resultados reales. En los Anexos se incluyen los métodos de cálculo y distribución de dicha contribución financiera máxima.

Los Estados miembros deben presentar oficialmente sus planes de recuperación y resiliencia, por regla general, a más tardar el 30 de abril, y deben poder hacerlo en un único documento integrado junto con su programa nacional de reformas. Para garantizar una ejecución rápida del Mecanismo, los Estados miembros deben poder presentar un proyecto de plan de recuperación y resiliencia a partir del 15 de octubre del año anterior debidamente motivado y justificado. Y cada Estado miembro podrá presentar una solicitud hasta llegar a su contribución financiera máxima para ejecutarlo.

Para garantizar que la ayuda financiera se concentre en los primeros años después de la crisis de la COVID-19, así como la compatibilidad con la financiación disponible para el Mecanismo, los fondos deben estar disponibles hasta el 31 de diciembre de 2023. A tal fin, debe ser posible que el 70% del importe disponible para las ayudas financieras no reembolsables esté comprometido jurídicamente a más tardar el 31 de diciembre de 2022 y el 30% entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Hasta el 31 de diciembre de 2021, si un Estado miembro formula una solicitud que se presente junto con el plan de recuperación y resiliencia, se puede pagar un importe de hasta el 13% de la contribución financiera y, cuando proceda, hasta el 13% del préstamo del Estado miembro en cuestión, en forma de prefinanciación en un plazo, en la medida de lo posible, de dos meses tras la adopción por parte de la Comisión de los compromisos jurídicos.

Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que la Comisión conceda, hasta el 31 de diciembre de 2023 y al Estado miembro que lo solicite, un préstamo para la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia, con vencimientos que reflejen la naturaleza a más largo plazo de dicho gasto. En este contexto, el Reglamento se ocupa del contenido de las solicitudes, del importe máximo a prestar y de los elementos a evaluar por la Comisión antes de celebrar un acuerdo de préstamo.

 

Planes de recuperación y resiliencia

 

Los Estados miembros deben elaborar planes de recuperación y resiliencia nacionales que establezcan el programa de reformas e inversiones. Dichos planes incluirán un conjunto de medidas coherente y exhaustivo de medidas de ejecución de las reformas y de inversión pública, que podrá incluir también programas públicos destinados a incentivar la inversión privada. Las medidas iniciadas a partir del 1 de febrero de 2020 deben ser subvencionables siempre y cuando cumplan los requisitos que establece el Reglamento.

La norma detalla los elementos a incorporar al plan de recuperación y resiliencia, el cual será evaluado por la Comisión en el plazo de dos meses a partir de su presentación oficial, a efectos de determinar el importe a asignar. En este sentido, el texto recoge los criterios que ha de aplicar la Comisión para evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia del plan.

 

Los Estados miembros deben elaborar planes de recuperación y resiliencia nacionales que establezcan el programa de reformas e inversiones. Dichos planes incluirán un conjunto de medidas coherente y exhaustivo de medidas de ejecución de las reformas y de inversión pública

 

Además, el Reglamento regula el procedimiento para llevar a cabo tanto la propuesta de la Comisión, como la aprobación por el Consejo mediante una decisión de ejecución la evaluación del plan. También incluye la regulación de la propuesta de su modificación cuando un Estado miembro ya no pueda, por circunstancias objetivas, completar en su totalidad o en parte el plan de recuperación y resiliencia, incluidos los hitos y objetivos pertinentes.

 

Disposiciones financieras

 

En esta materia el Reglamento incorpora las disposiciones referidas a la adopción de medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, a la celebración por la Comisión de un acuerdo con el Estado miembro en cuestión que constituirá un compromiso jurídico individual en el sentido del Reglamento Financiero, así como a las normas sobre pagos, suspensión y resolución de acuerdos relativos a las contribuciones financieras y a los préstamos.

 

Disposiciones institucionales

 

Por último, la norma contempla la información a transmitir por la Comisión, el diálogo entre las instituciones de la Unión, en particular el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad; los informes a realizar por los Estados miembros, en el marco del Semestre Europeo, sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia, y del seguimiento, evaluación y ejecución el Mecanismo, incluyendo la elaboración por la Comisión tanto de un cuadro de indicadores de la recuperación y la resiliencia que mostrará los avances en la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros en cada uno de los seis pilares anteriormente mencionados.

 

Entrada en vigor

 

El Reglamento (UE) 2021/241 entra en vigor el 19 de febrero de 2021, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

 

Fuente: Noticias Jurídicas

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16034-reglamento-2021-241:-la-ue-da-luz-verde-al-plan-de-recuperacion-frente-al-covid-19/

EL ICAB PONE EN ALZA EL VALOR DE LA “TRANSPARENCIA” PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Publicado el 15/02/2021

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) quiere poner en alza el valor de la “transparencia” para garantizar una adecuada protección de los consumidores y consumidoras y por ello organiza junto con otros colegios de abogados de España y con la colaboración de vLex el ‘I Congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad’.

 

 

El Congreso cuenta con la presidencia del comité científico por parte del catedrático de derecho civil de la Universidad de Valencia y ex magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, Javier Orduña Moreno -máxima autoridad en materia de transparencia- y con la codirección del secretario de la Junta de Gobierno del ICAB, Jesús Sánchez, y de la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ​​Cristina Vallejo.

Se ha estructurado en 12 mesas en las que se abordará la “interpretación extensiva” del principio de la transparencia en la contratación predispuesta, en todos y cada uno de sus principales ámbitos de aplicación: jurídico, económico, tecnológico, político y social.

El evento se desarrollará de forma telemática los días 18 y 19 de febrero y quiere poner de manifiesto cómo el principio de la “transparencia en la contratación predispuesta” puede contribuir a la protección social de los consumidores, ya que la falta de una regulación propia y específica en España, tanto a nivel público como privado, genera situaciones conflictivas que acaban en los juzgados y que son derivadas de una posible falta de claridad en contratos laborales, hipotecarios, de arrendamientos, de seguros o relacionados con la prestación de servicios de Internet, por citar algunos ejemplos.

El ‘I Congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad’ será inaugurado el jueves 18 de febrero, a las 9h, por la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; y por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, José Luis Escrivá.

Mientras que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, será el encargado de clausurar el Congreso, el viernes, 19 de febrero, a las 19:30h.

Así, por ejemplo, se definirá el valor de la transparencia en contraposición con la abusividad, se proyectará de forma práctica (IRPH, acuerdos novatorios, los contratos de servicios en diferentes sectores, la administración pública) y se establecerá su importancia como valor de reputación tanto para empresas como para instituciones.

El Congreso también quiere servir para alertar de que actualmente hay reglamentos y directivas europeas que imponen la regulación del principio de la transparencia en la contratación predispuesta como elemento nuclear para garantizar los derechos básicos de la ciudadanía en una sociedad de consumo y al mismo tiempo poner de relieve cómo este valor puede contribuir al éxito de las reformas estructurales necesarias para que la “recuperación” económica sea una realidad próxima y consolidada.

Este análisis y debate en torno al principio de la transparencia en la contratación predispuesta será posible gracias a las intervenciones de los más de ochenta ponentes que participarán en el Congreso de aforo ilimitado y totalmente gratuito.

 

Premio «Congreso de Transparencia 2021»

El viernes 19 de febrero, a las 16: 30h, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, pero en esta ocasión como presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana, ​​Mª Eugènia Gay, y el vicedecano del ICAB, Joaquim de Miquel, entregarán el Premio «Congreso de Transparencia 2021» al conseller de Interior, Miquel Sàmper, por su iniciativa de crear la primera oficina de intermediación hipotecaria cuando fue decano del Colegio de Abogados de Terrassa.

El ‘I Congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad’ es gratuito y abierto tanto para la abogacía como para la ciudadanía y quiere convertirse en un auténtico “clúster” para la implementación y el análisis práctico de la transparencia y su proyección transversal.

 

CONSULTA EL PROGRAMA

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-icab-pone-en-alza-el-valor-de-la-transparencia-para-garantizar-una-adecuada-proteccion-de-los-consumidores/

LA ABOGACÍA LANZA UN PLAN DE RECURSOS DIGITALES PARA QUE NINGÚN ABOGADO SE QUEDE ATRÁS TECNOLÓGICAMENTE

Publicado el 08/02/2021

– Los profesionales han reclamado a las instituciones ayudas en tecnología y formación para superar la crisis del Covid-19.

 

-Este Plan se estructura en dos áreas: recursos digitales y ayudas para adquirir hardware y software.

 

-Los colegiados recibirán los recursos que soliciten y la instrucción para sacarles el mejor partido.

 

El Consejo General de la Abogacía ha puesto en marcha hoy un Plan Extraordinario de Recursos Digitales para la Abogacía afectada por la pandemia del Covid-19 con el objetivo de ayudar a abogados y abogadas que hayan visto mermada su capacidad económica como consecuencia de la pandemia. El Plan, a través de diferentes recursos y formaciones, persigue que ningún profesional de la abogacía se quede atrás tecnológicamente.

 

 

ACCEDE AL PLAN

 

Este Plan se estructura en dos áreas: recursos digitales –con el objetivo de mejorar el trabajo en la gestión del tiempo y recursos del despacho, por un lado; y fomentar la difusión de servicios y captación de clientes, por otro- y ayudas para hardware y software.

El área de Recursos Digitales se divide a su vez en cinco líneas, que abordan diferentes aspectos tecnológicos y organizativos:

 

-Digitalización de despachos: los adjudicatarios obtendrán un paquete de productos para el trabajo en la nube, sincronización de dispositivos, ciberseguridad de sus equipos y otras aplicaciones de uso cotidiano.

-Presencia digital del profesional: quienes reciban este recurso obtendrán una web especialmente diseñada para la oferta de servicios jurídicos, así como una aplicación para el manejo conjunto y coordinado de las redes sociales de su despacho. Le acompañarán los conocimientos oportunos para el posicionamiento web y de la identidad digital.

-Marketing digital para la captación de clientes: los profesionales que se beneficien de esta línea adquirirán un código para la captación de clientes a través de anuncios ‘pay per click’ en Google. Los capacitadores de esta línea acompañarán a los abogados en la implementación de sus anuncios y en la evaluación de sus campañas, para poder orientarlas a la consecución de los resultados deseados, la captación de clientes.

-Gestión económica: el conocimiento de una herramienta para el cálculo de costes y para el manejo de ingresos y gastos permitirá a quienes se acojan a esta línea tener un control minucioso de sus resultados y necesidades en términos económicos.

-Gestión de despachos: la aplicación de gestión permitirá al profesional identificar los tiempos que dedica a cada tarea del despacho, el esfuerzo que consume la atención a cada cliente, el que se corresponde con la redacción de cada una de las acciones jurídicas que se llevan a cabo y, en definitiva, conocer la dedicación que requiere cada tipo de caso a cada uno de los integrantes del despacho.

Como complemento a los recursos digitales, el Consejo General de la Abogacía dispondrá también de ayudas económicas para la adquisición de ordenadores portátiles, dispositivos móviles, tabletas o escáneres.  Los dispositivos tendrán un precio bonificado. Además, se abrirá un proceso paralelo para la adquisición de determinados productos de software en función de las necesidades detectadas para la consecución de los recursos digitales.

 

BENEFICIARIOS

 

Podrán beneficiarse de estos recursos los abogados y abogadas colegiados como ejercientes antes del 14 de marzo de 2020, que no se encuentren en situación de incapacidad profesional y que hayan visto mermada su capacidad económica como consecuencia de la pandemia. Para poder solicitar las ayudas, el conjunto de ingresos no debe superar los 45.000 euros brutos en el ejercicio de 2019.

En el caso de quienes ejercen por cuenta propia, se considera que su capacidad económica ha mermado en los supuestos en que sus ingresos en el primer semestre de 2020 se hayan visto reducidos, al menos, en un 30% respecto a los ingresos del primer semestre de 2019. Entre quienes ejerzan por cuenta ajena o de forma colectiva, se considerará mermada su capacidad económica cuando sus ingresos del primer semestre de 2020 se hayan visto reducidos en, al menos, un 30% respecto a los del segundo semestre de 2019 por la adopción de medidas de regulación de empleo por parte del empleador como consecuencia del Covid-19.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 12 de marzo a través del formulario habilitado en www.abogacia.es/planderecursos. Para realizar consultas o resolver dudas relacionadas con este Plan Extraordinario de Recursos o con la presentación de solicitudes, los interesados pueden contactar a través de este correo electrónico: planrecursos@abogacia.es

 

Fuente: Abogacía Española

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-lanza-un-plan-de-recursos-digitales-para-que-ningun-abogado-se-quede-atras-tecnologicamente/

CAMPO DESTACA LA NECESIDAD DE TRABAJAR CON ABOGADOS, JUECES Y FISCALES PARA EL ÉXITO DEL NUEVO MODELO DEL PROCESO PENAL

Publicado el 27/01/2021

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado la necesidad de trabajar conjuntamente y con el mayor consenso con abogados, jueces y fiscales para que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal se convierta en una Ley robusta. “Responde a una necesidad histórica, constitucional y también europea, y es un Anteproyecto de todos. El ministerio ha puesto la primera palabra, pero la última la tenemos que poner entre todos porque, tiene que ser un modelo para todos”, ha subrayado. En este sentido, ha señalado que “estamos hablando de garantías y la Abogacía es quien capitanea fundamentalmente la lucha por las garantías, es el instrumento más cercano al ciudadano en defensa de esos derechos y garantías, de sus derechos fundamentales”. Además, ha recordado que “se está trabajando paralelamente en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que sin duda tiene un ensamblaje enorme con el Anteproyecto de LECrim”.

 

 

Campo ha participado en una mesa redonda que inaugura el ciclo Formativo “Hacia un Nuevo Proceso Penal”, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), en el que se analizará el texto del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ella han intervenido también los anteriores ministros del ramo, Rafael Catalá y Alberto Ruiz-Gallardón, moderados por la periodista de TVE Cristina Blach. Todos ellos han sido protagonistas de este nuevo proceso penal, ya que esta nueva LECrim es un producto de las contribuciones que se han realizado bajo sus respectivos mandatos ante la necesidad de dotar a la jurisdicción penal de una Ley adaptada a la sociedad del siglo XXI y con perspectiva de futuro.

 

Necesidad de modernización de la norma

 

Según Campo, es necesaria una modernización integral de este ámbito de la Justicia, sumamente relevante en la consolidación del Estado de Derecho y que “vertebra la vida de los ciudadanos”.

El ministro ha explicado que la ley que actualmente regula el proceso penal data de 1882 y ha experimentado 77 modificaciones, 54 posteriores a la aprobación de la Constitución. Por tanto, “por razones de eficiencia y modernización, la reforma del proceso penal es una cuestión de urgente necesidad”.

El ministro de Justicia ha resaltado también que el Anteproyecto potencia la función constitucional del juez, introduciendo la figura del juez de garantías y del juez de la audiencia preliminar; así como la del fiscal, dándole la instrucción. En este sentido, los participantes han destacado la coincidencia de todos los modelos en la distribución de funciones entre el fiscal investigador y el juez de garantías.

El cambio, además, se ve reforzado ahora por la necesidad impuesta por la Unión Europea de introducir la figura del Fiscal Investigador en nuestro sistema jurídico. Según Campo, esta obligación comunitaria constituye el impulso definitivo a la reforma estructural del proceso penal español.

“Sacar adelante la nueva LECrim supone un ejercicio de coherencia, tanto con nuestro texto constitucional, como con Europa”, ha exhortado el ministro de Justicia.

Por su parte, los exministros Ruiz-Gallardón y Catalá han coincidido en ensalzar el nuevo Anteproyecto de la LECrim, un texto que parte de una base muy sólida y que se ha ido enriqueciendo con las reformas que ha ido experimentando, sin importar el color político.

Según Ruiz-Gallardón, el nuevo modelo procesal penal tiene su “apoyo incondicional” y “permitirá superar una provisionalidad que ha durado más 140 años”. “Este nuevo proceso penal beneficia a todos los actores que participan en él; es un paso definitivo para que la Justicia española sea homologable a Europa y se den las máximas garantías para el justiciable”, ha dicho.

Para el exministro Catalá, la reforma tiene tres retos por delante: el consenso político entre, al menos, los dos grandes partidos, PP y PSOE; consenso profesional en el entorno de jueces, fiscales y abogados; consenso social, haciendo pedagogía para los ciudadanos confíen en la Justicia.

Ambos exministros han puesto en valor la oportunidad que ha ofrecido este foro para poder debatir una norma crucial para garantizar derechos y dar una respuesta ágil en los procesos penales.

 

Fuente: Abogacía Española

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/campo-destaca-la-necesidad-de-trabajar-con-abogados-jueces-y-fiscales-para-el-exito-del-nuevo-modelo-del-proceso-penal/

 

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS PIDE PREFERENCIA EN LA VACUNACIÓN PARA LOS ABOGADOS DE TURNO DE OFICIO

Publicado el 24/01/2021

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) ha remitido al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Marín, y al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, un escrito por el que solicita que los colegiados adscritos al servicio de Turno de Guardia y de Asistencia al Detenido de la Comunidad Autónoma Andaluza sean equiparados a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la campaña de vacunación contra el virus al estar más expuestos al contagio.

 

Diego Chacón Morales y Leandro Cabrera Mercado son el presidente y el vicepresidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, del que forman parte los decanos de los 11 colegios de Andalucía.

 

El acuerdo fue adoptados por unanimidad en sesión extraordinaria de su Comisión Permanente (conformada por los 11 decanos de los Colegios de Almería, Antequera, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Lucena, Málaga y Sevilla), la Abogacía andaluza reclama que, “una vez se inicie la administración de la vacuna a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y demás personal adscrito a los centros de detención y a los centros penitenciarios, se proceda asimismo a la vacunación de todos los letrados y letradas que realizan funciones de guardia y asistencia al detenido y a aquellos que prestan los servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria”, según recoge la comunicación enviada al Gobierno andaluz.

Para facilitar el control de vacunación, el CADECA se compromete a facilitar a las autoridades sanitarias los listados de profesionales integrantes del servicio facilitados por cada uno de los Colegios de Abogados de Andalucía.

 

Fuente: Confilegal

https://confilegal.com/20210124-el-consejo-andaluz-de-colegios-de-abogados-pide-preferencia-en-la-vacunacion-para-los-abogados-del-turno-de-oficio/

NUEVAS MEDIDAS FISCALES PRINCIPALES Y SU IMPACTO POTENCIAL EN LA ECONOMÍA EN 2021

Publicado el 14/01/2021

El comienzo del año 2021 trae consigo una batería de nuevas medidas impositivas aprobadas por el Gobierno o en vías de tramitación, reflejadas en los nuevos Presupuestos Generales del Estado, como respuesta a la situación de pandemia y la crisis económica que vivimos. Según las previsiones del Ministerio de Hacienda, solo este año se espera que la recaudación de estas medidas suponga más de 5.500 millones a las arcas públicas.

 

 

A tal efecto, desde Unión Profesional se ofrece un recopilatorio de las principales medidas fiscales que serán aplicadas, y un breve apunte de aproximación sobre cómo podría impactar en la actividad económica.

 

IMPACTO GENERAL SOBRE LAS PROFESIONES

 

En el caso de las profesiones, cualquiera que sea el modo de ejercicio, la entrada en vigor de estas medidas afectará, en mayor o menor grado según su ámbito y recursos disponibles, a la gestión interna de su actividad, e incluso al volumen de la demanda de sus servicios. Especialmente y, a priori, en el ámbito jurídico y económico por razón de la materia. Si bien, el subsector de servicios profesionales no presenta capítulos de impacto genuino significativo, sino más general, como el resto de sectores económicos.

Con todo, no sería descartable un ligero incremento de la demanda de servicios jurídicos y económicos a corto plazo ante la confusión y necesidad de gestión que pueda surgir en las empresas y los hogares ante los cambios, y un relativo ajuste posterior para todos los ámbitos de actividad del subsector en función de la adaptación de los agentes socioeconómicos al nuevo escenario fiscal y la evolución de la pandemia.

En cualquier caso, aún quedan otras muchas variables por despejar sobre el alcance de este impacto que podrían amortiguarlo o incentivar la actividad o transformación sectorial de la economía, y que tendrían ver, fundamentalmente, con la distribución y aplicación de los fondos europeos para la recuperación.

Si seguimos un orden de exposición de lo específico a lo general podemos referir lo siguiente:

 

> NUEVAS FIGURAS IMPOSITIVAS: TASA GOOGLE Y TASA TOBIN

 

El 16 de enero entrará en vigor el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la denominada Tasa Google, que se aplicará sobre las compañías cuyo volumen de facturación en un año natural supere los 750 millones de euros a nivel mundial, y además el importe de los ingresos que obtengan por la prestación de servicios digitales sujetas al impuesto esté por encima de los 3 de millones de euros en España. Así, se les gravará con el 3% los servicios de transmisión de datos de usuarios, la intermediación en línea entre usuarios que facilite la entrega de bienes o prestaciones de servicios subyacentes, y los servicios de publicidad en línea. Un impuesto que prevé recaudar 968 millones de euros en el 2021.

Aunque parezca lejano, uno de los posibles efectos se derivaría de cómo asuman estas compañías este incremento fiscal puesto que podría afectar a su ocupación directa y vinculada si se tambalea el equilibrio de costes en dichas compañías. Y tampoco sería descartable un incremento de la factura de servicios digitales de las empresas y los hogares a medio y largo plazo.

Otro de los nuevos impuestos que también entrará en vigor el 16 de enero es el Impuesto sobre Transacciones financieras, la conocida Tasa Tobin, que gravará al 0,2% la compraventa de acciones de aquellas empresas españolas que superen la capitalización bursátil de 1.000 millones. Una medida que espera recaudar 850 millones. Aunque su impacto es más impredecible, no sería descartable un cierto traslado a costes hacia los usuarios de las empresas que soporten este impuesto.

 

> FISCALIDAD VERDE: IMPUESTOS SOBRE LOS RESIDUOS Y LOS ENVASES PLÁSTICOS

 

Tampoco se ha de olvidar que el Gobierno, dentro del nuevo marco de la fiscalidad verde, perfila un Impuesto sobre Residuos para penalizar la gestión de los menos sostenibles, y un Impuesto sobre Envases de Plástico (no reutilizables). Entre ambos recaudarían 861 y 491 millones de euros, respectivamente.

Por ello, las empresas de todo el tejido nacional acusarían estos nuevos tributos y, quizás, les obligue a replantearse su política de utilización de determinados materiales en el desempeño de su actividad de fabricación de bienes o prestación de servicios.

 

> CRECE LA EXTENSIÓN DEL IMPUESTO DE MATRICULACIÓN

 

Por otro lado, aunque finalmente no se subió el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos al diésel, sí lo hará el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el conocido Impuesto de Matriculación, en virtud de la adaptación del ordenamiento español a la normativa europea de emisiones Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) que se aplica a cada vehículo según su tasa de emisiones por kilómetro recorrido. Así, crecen las horquillas de emisión y ahora se pagará el 4,75% del precio de fábrica del vehículo en aquellos que emitan entre 144 y 192 gramos de CO2 por kilómetro cuadrado. Los que emitan entre 192 y 240 gramos de CO2 por kilómetro pagarán el 9,75% y aquellos que emitan más de 240 gramos, un 14,5%.

Todo ello, podría dar lugar, como ha referido Faconauto, la patronal que integra asociaciones de concesionarios oficiales, a que el precio de los automóviles se encarezca alrededor de un 5% y que afecte, aproximadamente, al 50% de los vehículos actuales del mercado.

 

> EL IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO SUBE DEL 6% AL 8%

 

Otra de las subidas más relevantes es la que experimenta el Impuesto sobre las Primas de Seguro que pasa del 6% al 8%, la primera subida desde el año 1998 con la que se espera recaudar 507 millones de euros más entre el 2021 y el 2022.

En este sentido, la asociación empresarial del seguro, Unespa, ya señaló que esta subida podría resultar en una disminución de las protecciones que contratan las personas y las empresas. Una situación que podría tensionar más su actividad e incluso llevar a reducir coberturas en algunas o el conjunto pólizas que afecten a su desempeño económico y cotidiano. Especialmente, si su economía o volumen de actividad ha sufrido más por la crisis actual, pues se trata de un aumento cuyo carácter es regresivo y podría profundizar en el fenómeno de la precarización.

 

> AUTONÓMOS: SUBE LA COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y CESE DE ACTIVIDAD

 

En cuanto a la cuota de autónomos, en el 2021 volverá a subir el tipo de cotización por contingencias profesionales al 0,9% y el tipo de cotización por cese de actividad al 1,3%. Un alza que se añade a la que se aplicó en octubre del 2020 del 0,7% al 0,8% por contingencias profesionales, y del 0,9% al 1,1% por cese de actividad, y que debía haber entrado en vigor en enero del 2020. Si bien, debido a la pandemia se decidió retrasarlo.

Hay que recordar que estos incrementos estaban previstos en el Real Decreto Ley del 28 de diciembre de 2018 para la revalorización de las pensiones públicas, y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, con subidas entre el 2019 y el 2021. De este modo, durante este año los autónomos experimentarán un incremento de entre 3 y 12 euros al mes en función de si el autónomo cotiza por la base mínima o máxima. A ello habría que añadir el pago de la deuda pendiente derivada de los meses del 2020 en los que no se aplicó la subida establecida y que dependerá de la fórmula aplicada por el Gobierno.

En consecuencia, ello reduciría en un cierto porcentaje la liquidez con la que cuentan también los autónomos sujetos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante el año, y que se une a las posibles caídas de actividad que hayan experimentado, las inversiones realizadas para adaptar su espacio de trabajo, o la subida del volumen de deuda si han solicitado algún préstamo o crédito adicional, entre otras cuestiones.

 

ALGUNAS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

 

Otra línea de aplicación es el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, conocido en octubre, y cuya tramitación se pretende culminar en el 2021 con objeto de recaudar 828 millones de euros. Entre los cambios que introduce, destaca la aplicación de un nuevo valor de referencia que será establecido por la Dirección General del Catastro para los bienes inmuebles, cuyo cálculo será «resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las compraventas inmobiliarias efectuadas» y publicado anualmente. Esto es, el valor mínimo al que se tendrían que declarar estos bienes independientemente de su estado, precio de adquisición o valor catastral.

En otras palabras, es el valor aproximado por el cual podría venderse en el mercado. De este modo, será tomado para el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En consecuencia, este cambio podría desincentivar, por el momento, ciertas operaciones puesto que el contribuyente tendría que tributar más en muchos casos y recaerá en él la carga de la prueba para demostrar que el valor de mercado real es inferior a este valor de referencia.

Otro cambio de interés que recoge es la limitación de los pagos que se realicen en efectivo en una transacción cuando una de las partes sea profesional o empresario que se reducirá de los 2.500 euros a los 1.000 euros y que estará sujeto a sanción en caso de incumplimiento. Un cambio que modifica la Ley 7/2012 de 29 de octubre de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

En cuanto al resto de medidas contempladas de lucha contra el fraude se encuentra la reducción a 600.000 euros del importe de deudas y sanciones tributarias con Hacienda cuya superación se traducirá en la inclusión en los listados de deudores, o morosos, cuando antes era un millón de euros. También mayor control sobre las monedas virtuales y lo que impliquen otros avances tecnológicos en materia de fraude, o mayor identificación de los paraísos fiscales.

 

SUBIDAS DE IMPACTO GENERAL: EN IRPF, SOCIEDADES, PATRIMONIO, IVA Y OTROS

 

En las siguientes medidas, el carácter de su impacto es aún más general sobre los agentes socioeconómicos. Por ello, no es posible calibrar con precisión cuál sería el resultado sobre la actividad sectorial específica.

Entre las medidas más generales y conocidas se encuentra la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de dos puntos porcentuales cuando los ingresos anuales superen los 300.000 euros. Si bien, el impacto sobre los contribuyentes, alrededor del 0,7% del total, dependerá en buena medida de los distintos tipos autonómicos actuales. Mientras, las rentas del capital por venta de vivienda o acciones, las plusvalías, que se obtengan a partir de los 200.000 euros se gravarán al 26% frente al 23% anterior en la base del ahorro. Unas modificaciones que juntas reportarían 490 millones más de ingresos al Estado.

Igualmente, la reducción aplicable en la base imponible del IRPF por aportaciones y contribuciones individuales a los sistemas de previsión social, o lo que es lo mismo, los planes de pensiones privados, se limita de 8.000 a 2.000 euros. No obstante, se favorecen las contribuciones empresariales para el ahorro de los trabajadores cuyo límite se amplía de 8.000 a 10.000 euros. Con esta medida, se recaudarán 580 millones de euros más.

Otro aspecto que no ha de olvidarse en relación con el IRPF es que aquellos que hayan recibido prestaciones vinculadas a estar en situación de ERTE computarán como rentas del trabajo y, en la práctica, no tienen retención. En este sentido, cabe recordar que esta prestación es considerada proveniente de un segundo pagador, por lo que si los ingresos de este segundo o resto de pagadores no superan los 1.500 euros y la suma total de nuestros ingresos permanece por debajo de los 22.000 euros anuales no estaremos obligados a presentar declaración.

No obstante, si dicha cuantía supera los 1.500 euros, el límite para no presentar declaración se reduce a percibir menos de 14.000 euros anuales.

En el Impuesto sobre Sociedades se reduce del 100% al 95% la exención de los dividendos y las plusvalías de las participaciones de las empresas españolas en filiales en cualquier país. Sin embargo, excluye durante tres años a las empresas que facturen menos de 40 millones de euros para no desincentivar sus procesos de internacionalización. Con todo, esta exención no será aplicable cuando la participación en la empresa filial no sea de, al menos, un 5%. Con estas medidas se espera ingresar 1.520 millones de euros más.

El Impuesto sobre el Patrimonio vuelve para subir un punto porcentual, del 2,5% al 3,5%, a las fortunas de más de 10 millones de euros. Si se aplicara a todos los patrimonios superiores a 10 millones de euros, la recaudación estimada ascendería a 339 de millones de euros.

Mientras, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), experimentará un alza del 10% al 21% en las bebidas edulcoradas y azucaradas que se vendan en comercio, aunque no en hostelería. Ello daría lugar a 400 millones de euros más en la recaudación.

En cuanto a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) se pretende gravar al 15% los beneficios no distribuidos, y en relación con las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) se exigirá una participación mínima de 2.500 euros para tener beneficios fiscales.

Respecto al conjunto de estas modificaciones fiscales, el Registro de Economistas y Asesores Fsicales (REAF) perteneciente al Consejo General de Economistas también ha ido dando cuenta de ellas y sobre otras más generales y específicas, que pueden consultarse en su página web

 

Fuente: Abogacía.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nuevas-medidas-fiscales-principales-y-su-impacto-potencial-en-la-economia-en-el-2021/

INSTITUTO DE INNOVACIÓN LEGAL: GUÍA SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LEGAL TECH

Publicado el 06/01/2021

El Instituto de Innovación Legal regala, a partir del día 6 de Enero, la primera Guía Transformación Digital y LegalTech para expertos en Derecho Fiscal y Tributario para asesores fiscales y tributarios, que se puede descargar pinchando sobre el enlace anterior.

 

 

Esta guía práctica servirá de apoyo a la transformación digital de los despachos especializados en Derecho Fiscal.

La Guía introduce al fiscalista en el apasionante mundo de la transformación digital y de las tecnologías que mejor pueden ayudarle a hacer mejor su trabajo e incluso a reemplazarle en determinadas funciones, permitiéndole dedicar su tiempo a otras tareas que le resulten más interesantes y satisfactorias.

La Guía de LegalTech para abogados y asesores expertos en derecho fiscal y tributario incluye un análisis de las necesidades que tienen estos profesionales para hacer su trabajo (entre otras, búsqueda de información, formación, gestión documental y del conocimiento, realización de cálculos y simulaciones, atención al cliente, envíos de documentación, generación de evidencias certificadas, promoción de su marca e imagen en internet, etc.) y una reflexión sobre cómo la tecnología puede ayudarle a cubrirlas.

Además, incluye un listado de las principales categorías de herramientas LegalTech, que pueden ser útiles para los fiscalistas y las fichas con información básica sobre cada una de ellas.

Todas las herramientas están incluidas en www.comparador-legaltech.com, donde puede encontrarse información adicional. Finalmente, contiene una serie de entrevistas a expertos en LegalTech que han compartido sus experiencias en transformación digital y compra o desarrollo de LegalTech.

Quien desee recibir alertas de la publicación de las siguientes guías puede solicitarlo a través se esa misma página.

 

Fuente: Confilegal

https://confilegal.com/20210106-los-reyes-magos-del-instituto-de-innovacion-legal-han-dejado-para-descargar-una-guia-sobre-transformacion-digital-y-legal-tech/

LLEGA EL TREN DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN

Publicado el 04/01/2020

La crisis sanitaria que nos acompaña desde hace más de 9 meses ha puesto en la cuerda floja a nuestra economía. Ante esta situación, la Unión Europea ha reaccionado con la movilización inicial de un paquete de emergencia de 540.000 millones de euros, ampliado posteriormente, a través del programa de recuperación “Next Generation EU” hasta 750.000 millones, de los cuales 390.000 se prevé sean a través de subvenciones y 360.000 por medio de préstamos.

Se estima que a España le pudieran corresponder 140.000 millones (hasta 2026) de los que 72.000 serán ayudas no reembolsables que se irán materializando durante 2021-2023.

Está previsto que la primera inyección de 34.000 millones de euros entre a nuestro país el próximo año, de ellos 27.000 se canalizarán a través de los Presupuesto 2021, y el resto será dirigido directamente a las arcas de las comunidades autónomas. Llegarán como mínimo a finales de marzo o principios de abril, aunque es muy probable que las primeras convocatorias de ayudas no puedan cerrarse hasta el verano.

El 45 % de las empresas españolas asegura que quiere optar a los fondos del Plan Europeo de Recuperación. Así lo pone de relieve un sondeo realizado por KPMG, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Según este informe, hay un cierto desconocimiento en relación al funcionamiento de los fondos, ya que casi la mitad de las empresas encuestadas desconoce si dispone de proyectos elegibles, es decir, susceptibles de ser ayudados, porcentaje que se eleva en el caso de las pymes, mientras que entre las grandes empresas son cuatro de cada diez las que siguen teniendo dudas sobre las oportunidades disponibles.

Con la aprobación del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, en vigor desde el 1 de enero, se reduce la burocracia y los plazos, se simplifican los procesos y se cambia en gran medida relación entre las empresas y la Administración mediante una mayor colaboración público-privada.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española se estructura en torno a tres pilares que el Gobierno ha situado en el centro de la Estrategia de su Política Económica:

• La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis.

• La regulación de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades.

• El refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.

La magnitud de estos retos y el marco temporal para su desarrollo ha requerido la adopción de medidas urgentes encaminadas a articular un modelo de gobernanza para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos proyectos y programas de inversión. Este es el principal objetivo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre las novedades aprobadas, destacamos:

– La creación de una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que dirigirá el Presidente del Gobierno. Asimismo, se instituye un Comité Técnico que dará apoyo a esta Comisión, una Unidad de Seguimiento del Plan y una Conferencia Sectorial con las comunidades y ciudades autónomas, que presidirá el titular del Ministerio de Hacienda.

El Comité estará formado por “un máximo de 20 miembros” que serán elegidos por la Comisión atendiendo a criterios técnicos, en función de su experiencia en la gestión de fondos europeos “siempre que tengan la condición de empleado u órgano directivo de la Administración General del Estado”.

– La definición de la autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que recae en el centro directivo del Ministerio de Hacienda. Este organismo será “el responsable ante las instituciones europeas” de los planes de recuperación y resiliencia, actuará de coordinador entre los distintos ministerios y organismos públicos concernidos en el plan diseñado por el Gobierno, al tiempo que supervisará sus progresos y dirigirá el Comité Técnico Para ello, la norma prevé que se dote a este departamento de “los recursos personales y materiales necesarios”.

– La búsqueda de proyectos de carácter estratégico (tractores) con un potencial de arrastre para el resto de la economía, que exijan, además, la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación.

Los principales proyectos estratégicos seguramente estarán alineados con los objetivos adelantados por Europa, particularmente la orientación hacia la transición ecológica y hacia la transformación digital.

Se desconocen las condiciones a cumplir, tan solo podemos adelantar que en el modelo de proyectos tractores diseñado por el Ministerio de Industria se exige la concurrencia de cinco empresas como mínimo, de las que el 40% deben ser pymes, un volumen de la inversión de, al menos, 40 millones de euros y la implicación de más de una comunidad autónoma.

– La constitución de una “ventanilla única” online, a la que podrán dirigirse empresas y administraciones públicas para facilitar la presentación de proyectos y la resolución de dudas tanto de las distintas administraciones públicas como de las empresas privadas interesadas en participar en el plan de reconstrucción.

A día de hoy parece descartada la idea de una ‘ventanilla única’ que organice el acceso a los fondos. El Gobierno utilizará todos los resortes de la Administración convirtiendo en ventanillas abiertas para los empresarios los 8.131 ayuntamientos, las 17 comunidades autónomas y los 22 ministerios que hay en España. Se desarrollará un nuevo portal web, pero será para agrupar la información “de manera didáctica” para que los interesados se dirijan a la Administración correspondiente.

– La imposición de un límite temporal para la aprobación o rechazo de iniciativas. La resolución de solicitudes se debe realizar en el plazo máximo de cinco días hábiles con la garantía de la intervención de General de la Administración del Estado (IGAE). Al mismo tiempo los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto se reducen a la mitad por exceso, salvo el de presentación de proposiciones, que será de 15 días naturales contados.

El protocolo exige a los beneficiarios de subvenciones acreditar que se encuentran al corriente de pagos con la Seguridad Social y Hacienda.

– El establecimiento de agrupaciones y consorcios público-privado, el impulso de las sociedades de economía mixtas, bajo las que el Estado contará con mayoría de capital, y los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, “PERTE” y de su correspondiente registro estatal. Con esta nueva figura, se trata de reforzar a aquellos proyectos que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de nuestro país, corrigiendo el fallo de mercado de infrainversión cuando las iniciativas privadas no se materializan debido a los riesgos significativos y a la necesaria colaboración público-privada que conllevan.

 

¿Qué proyectos pueden recibir la ayuda?

 

Los criterios a valorar para declarar a un proyecto como PERTE serán, entre otros, los siguientes:

• Que represente una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la industria y la economía española, habida cuenta de sus efectos de arrastre positivos en el mercado interior y la sociedad.

• Que permita combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos, con el fin de remediar importantes deficiencias del mercado o sistémicas y retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera.

• Que tenga un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de I+D+i, por ejemplo, posibilitando el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos de producción.

• Que sea importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance particularmente grandes, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado.

• Que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos.

• Que, en su caso, contribuya de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en particular en lo que se refiere a los objetivos marcados a nivel europeo.

Parece que el Ejecutivo está sondeando el mercado para identificar las áreas donde existen proyectos relevantes y de volumen, con intención de agruparlos.

Recuerde que Bruselas ha sido siempre más proclive a financiar proyectos en consorcio.

 

Más novedades

 

– La recuperación de la figura de las agencias estatales como organismo público, permitiendo reintroducir en la Administración una fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, con mecanismos de control de eficacia, y promoción de una cultura de responsabilización por resultados.

– La aplicación del régimen excepcional de tramitación urgente, con la consiguiente reducción de plazos y agilización del procedimiento a todos los contratos financiados con los Fondos percibidos por España en el marco del plan de recuperación.

Se eliminan requisitos de informes y autorizaciones preceptivas, si bien para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será necesario el acuerdo del Consejo de Ministros.

– La simplificación de la tramitación de convenios administrativos eliminando las autorizaciones por el Consejo de Ministros y reduciendo plazos para la emisión de aquellos informes que resulten preceptivos. Se permite la tramitación anticipada de los expedientes de convenios que vayan a ejecutarse en el ejercicio siguiente o posteriores. El plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una duración superior a la legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a diez años, con posibilidad de una prórroga de siete años.

– El incremento de los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado, de modo que resulten aplicables a un mayor número de contratos.

– La posibilidad de anticipo por parte de Gobierno del 50% de los fondos asociados a cada uno de los proyectos a financiar antes del inicio de su ejecución. Esto es, una vez que la dirección del Plan de Recuperación apruebe su impulso.

– El pago de complementos salariales a los funcionarios que gestionen los proyectos en función del cumplimiento de objetivos y la oportunidad de contratar a personal laboral específico de ser necesario para impulsar el plan.

Revise los objetivos de su empresa y sea realista porque Europa va a mirar con lupa en qué se gasta su dinero. Es muy probable que nuestro hermano mayor exija que las memorias que acompañen las solicitudes deban ir “escoltadas” de indicadores de seguimiento y si no se justifica debidamente la inversión recibida tendrá que devolverse.

 

Fuente: Noticias Jurídicas.

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15889-llega-el-tren-de-los-fondos-europeos-para-la-recuperacion/

 

 

WOLTERS KLUWER TE OFRECE ESTA NAVIDAD DOS REGALOS MUY ESPECIALES

Publicado el 23/12/2020

Wolters Kluwer celebra la Navidad regalando dos contenidos muy especiales: su ya clásico Anuario jurídico y una colección de webinars sobre temas que han sido actualidad este año.

 

 

Como cierre de este complicado 2020, Wolters Kluwer ofrece dos regalos muy especiales:

–    Una selección de los más de 200 Webinars que ha realizado a lo largo de este año y a los que han asistido cerca de 20.000 profesionales. Un repaso de reputados expertos a algunos de los temas de actualidad que nos ha dejado este año que termina.

–    Y el «ANUARIO 2020. Crónica jurídica del año de la “nueva normalidad”». Un recorrido por la actualidad legislativa, jurisprudencial y doctrinal del 2020 con acceso al texto íntegro de todos los documentos citados.
Accede a este enlace y descarga los regalos.

 

Fuente: Noticias Jurídicas / Wolters Kluwer

https://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/15869-wolters-kluwer-te-ofrece-esta-navidad-dos-regalos-muy-especiales-/

MÁS DE 1.800 ASPIRANTES SE HAN PRESENTADO ESTE SÁBADO A LA SEGUNDA PRUEBA DEL EXAMEN DE ACCESO A LA ABOGACÍA.

Publicado el 19/12/2020

Más de 1.800 aspirantes se han presentado este sábado a las 9:00 horas a la segunda prueba de evaluación de acceso a la Abogacía correspondiente al año 2020. El examen servirá para comprobar que los aspirantes cuentan con la formación suficiente y conocen debidamente la normas deontológicas y profesionales.

La primera prueba de este examen tuvo lugar el pasado 4 de julio y se presentaron más de 6.600 aspirantes y se desarrolló en formato ‘online’. Inicialmente estaba prevista el 28 de marzo de 2020 pero tuvo que aplazarse como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El Ministerio de Justicia y la Universidad de Educación a Distancia (UNED), tras varias negociaciones en las que también participó el Consejo General de la Abogacía Española, llegaron a un acuerdo para poder usar la experiencia del centro educativo en pruebas masivas a distancia.

La prueba de aptitud es requisito previo para el ejercicio de la actividad desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

 

EXAMEN ONLINE

 

 

El examen se ha realizado de forma online debido a las restricciones por el Covid-19

 

 

Para la realización de esta segunda prueba se han admitido un total de 1.883 aspirantes, que desarrollarán el examen online de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Los aspirantes han solicitado el examen únicamente en dos idiomas: castellano y catalán, y 12 personas han solicitado adaptación por capacidades diferentes.

Según ha informado el Ministerio de Justicia, los aspirantes realizaron el pasado 2 de diciembre un simulacro de los tiempos reales del examen. Durante los dos días siguientes se facilitó la apertura de la plataforma para que los aspirantes se familiarizaran con la misma.

En la página web del Ministerio de Justicia se publicó, con previa antelación, el manual de la prueba de evaluación con los requisitos e instrucciones para el acceso a la plataforma AVEX y la realización del examen, así como la ayuda técnica.

El examen ha dado comienzo a las 09.00 horas de este sábado, 19 de diciembre, con una duración prevista de tres horas, si bien su finalización será a las 15.30 horas, debido a las ampliaciones de tiempo para las adaptaciones.

 

PREGUNTAS CON RESPUESTAS MÚLTIPLES

 

Se trata de una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples para contestar a un total de 75 preguntas, divididas en dos partes.

La primera parte de la prueba, compuesta de 50 preguntas, versa sobre materias comunes referidas a la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión. La segunda parte, con 25 preguntas, trata de materias específicas de los ámbitos civil y mercantil; penal; administrativo y contencioso-administrativo; y laboral.

El 21 de diciembre estará disponible en la plataforma de la UNED la plantilla de las preguntas con las respuestas provisionales, que también se harán públicas en la web del Ministerio de Justicia, donde posteriormente se podrá consultar, por los cauces habituales, los resultados de la prueba.

 

Fuente: Abogacía Española

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/mas-de-1-800-aspirantes-se-han-presentado-este-sabado-a-la-segunda-prueba-del-examen-de-acceso-a-la-abogacia/

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