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                                       en el mundo de la abogacía. 

EL EXAMEN DE ACCESO A LA ABOGACÍA TENDRA LUGAR EL 23 DE JUNIO DE FORMA ONLINE

Publicado el 20/05/2022

El Ministerio de Justicia ha convocado para el próximo 23 de junio la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía del año 2022, que se celebrará de forma ‘online’ y simultánea usando una plataforma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El departamento que dirige Pilar Llop ha publicado en su página web la resolución de la directora general para el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García, por la cual se establece la relación definitiva de admitidos y excluidos a esta prueba de acceso.

Los admitidos se examinarán de manera simultánea por Internet, a través de la plataforma AVEX de la UNED. La prueba comenzará a las 9:00 (hora peninsular), centrándose en las ‘materias comunes’, una primera parte que finalizará a las 11:00. Se estima que la segunda parte de la prueba, referente a las ‘materias específicas’, comenzará a las 11:10 horas, para dar por terminada la prueba a las 12:10 horas.

Justicia ha detallado en un comunicado que la evaluación consistirá en una prueba de carácter escrito y objetivo, con contenido teórico-práctico de respuestas múltiples para contestar a un total de 75 preguntas que aparecerán de una en una, de manera aleatoria, con opciones de avance, retroceso y corrección de las respuestas durante los sucesivos tiempos del ejercicio.

El programa fijado por el Ministerio se divide en dos secciones: una primera parte compuesta de 50 preguntas sobre materias comunes referidas a la deontología profesional, la organización y el ejercicio de la profesión; y una segunda parte de 25 preguntas sobre materias específicas de los ámbitos penal, civil, mercantil, laboral, administrativo y contencioso-administrativo.

Para poder realizar el examen, los aspirantes podrán solicitar los necesarios códigos de acceso desde el día 13 de junio hasta el mismo día de la prueba en la plataforma AVEX. Además, desde el día 14 de junio se desarrollará en esa misma plataforma una demostración con “un examen mock” similar al real, al que los aspirantes podrán acceder tantas veces como quieran, hasta el 16 de junio a las 20:00 horas, para familiarizarse con la herramienta.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-examen-de-acceso-a-la-abogacia-tendra-lugar-el-23-de-junio-de-forma-online/

LA ABOGACIA PRESENTA UN CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Publicado el 13/05/2022

El Consejo General de la Abogacía ha presentado hoy, en las XIV Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia que se han celebrado en Santander, el Código de Buenas de Prácticas en la Administración de Justicia, que establece unas normas de orientativas en las relaciones de los distintos operadores jurídicos con los profesionales de la Abogacía. El objetivo es triple: profundizar en el respeto y dignidad de todos los profesionales; más transparencia y eficacia, que redundará en un mejor servicio a la justicia; y lograr una justicia ágil, próxima y de calidad.

 

 

El Código está dividido en cinco apartados, que recogen pautas de actuación de la magistratura, la fiscalía, los letrados de la administración de Justicia, la abogacía y actuaciones para impulsar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la abogacía ante la administración de Justicia.

Entre los aspectos que regula este Código se recogen normas sobre señalamientos, puntualidad, fomento del diálogo entre los profesionales, garantizar la presencia del ministerio fiscal en todos los procesos en los que la ley lo establece o el acceso a las actuaciones.

Especialmente relevante es el apartado dedicado a la conciliación, que incorpora las reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía en esta materia, como la declaración de un período inhábil en Navidad o las interrupciones de plazos y suspensiones en casos de enfermedad propia o de un familiar cercano.

Se trata de un texto para “profundizar en el respeto y en la dignidad de todos los implicados para asegurar unas relaciones profesionales fluidas y cordiales, requisito imprescindible para un mejor servicio de la justicia en aras de lograr la máxima transparencia y eficiencia”, explica la introducción del mismo.

Este Código “no sustituye la normativa deontológica que rige a la Abogacía, sino que complementa ésta ante los Tribunales en el ejercicio de la defensa de los intereses de la ciudadanía”. Además, estas normas no son obligatorias, sino “reglas indicativas u orientativas cuya función es establecer pautas claras de actuación sobre la mejor forma de proceder en cada una de las situaciones que se analizan”, se aclara.

“Este Código es un paso adelante”, ha señalado Encarna Orduna, presidencia de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General y decana del Colegio de la Abogacía de Reus. Se trata de texto con soluciones, que “va a redundar en beneficio del justiciable” y que también va a ser beneficioso para “el respeto y dignidad de nuestra profesión”, ha explicado.

El Código, que fue aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía en diciembre de 2021, cuenta con las aportaciones de todos los Colegios de la Abogacía y Consejos de Colegios. Ahora se presentará ante los órganos rectores de la administración de Justicia: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Fiscalía. Este Código es una propuesta abierta a la que se pueden incorporar más recomendaciones.

Para José Luis López del Moral, presidente del TSJ de Cantabria, “se trata de un texto complementario e integrador, que sirve de impulso para otros códigos”. Por su parte, Mª del Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria, ha solicitado establecer los señalamientos de forma razonable, valorando el tiempo que va a llevar cada juicio antes de hacer los señalamientos. Y María del Perpetuo Socorro García Melón, secretaria de Sala de Gobierno del TSJ de Cantabria, considera que este Código tiene garantía porque “se llevado a cabo por profesionales que tienen conocimiento directo de lo que ocurre en la justicia”.

 

Código Buenas Prácticas

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-presenta-un-codigo-de-buenas-practicas-para-mejorar-la-eficacia-de-la-administracion-de-justicia/

LA NUEVA VERSIÓN DE LEXNET COMIENZA A FUNCIONAR EL 9 DE MAYO

Publicado el 06/05/2022

La nueva versión de LexNET que incluye varias actualizaciones tecnológicas en materia de seguridad, entrará en funcionamiento el próximo lunes, 9 de mayo.

 

 

Una de las principales mejoras es que la aplicación podrá utilizarse desde los principales navegadores de internet y no solo de Internet Explorer, como hasta ahora. Además, para la realización de operaciones de firma electrónica se integrará con AutoFirm, la herramienta más extendida para esta finalidad dentro de las Administraciones Públicas, que es también interoperable en el ámbito europeo.

Igualmente, se amplia hasta 30Mb el tamaño de las notificaciones de los escritos y se introducen mejoras relacionadas con la usabilidad, como la posibilidad de adjuntar archivos de manera más ágil e intuitiva.

También permitirá operar al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con su certificado de pseudónimo y se optimizará el formato de los documentos PDF generados por la aplicación.

LexNET en cifras

 

El sistema de comunicaciones electrónicas LexNET cuenta con más de 312.000 usuarios. Gestiona a diario un volumen medio de 420.000 notificaciones, llegando a cifras superiores a 500.000 en periodos de alta demanda. En la actualidad, dispone de 264.000 buzones personales de usuarios y más de 20.400 buzones de carácter colectivo.

Desde su puesta en funcionamiento, en enero de 2015, el sistema LexNET ha intercambiado más 630 millones de actos de comunicación. Entre ellos, 537 millones de notificaciones y 93 millones de escritos, de los que 77 eran de trámite y los restantes 15 millones escritos iniciadores de procedimiento.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-nueva-version-de-lexnet-comienza-a-funcionar-el-9-de-mayo/

LAS I JORNADAS TÉCNICAS DE COLEGIOS DAN COMIENZO EN BURGOS

Publicado el 28/04/2022

Las I Jornadas técnicas de Colegios de la Abogacía han dado comienzo en Burgos, donde durante jueves y viernes se analizarán las cuestiones más relevantes para la profesión y el funcionamiento de los Colegios y Consejos de la Abogacía.

“Estas jornadas suponen un desafío, que responde a la exigencia y responsabilidad de todos, tanto por lo que representamos como por lo que hacemos. Esto nos exige una labor de reciclaje continua”, ha afirmado Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía en la inauguración, quien ha animado “al intercambio de experiencias para aprovechar el trabajo de los Colegios y Consejos con el objetivo de mejorar los servicios que prestamos a través de sus herramientas y profesionales”.

 

Victoria Ortega y Guillermo Plaza

 

A través de tres itinerarios,- Comunicación y Marketing, Servicios Jurídicos y Gerencia y Tesorería-, los técnicos de la Abogacía y los miembros de juntas pondrán en común las diferentes buenas prácticas llevadas a cabo en su trabajo diario.

“Es fundamental que nos coordinemos para aprender de lo que se viene haciendo en otros Colegios, porque se trata de una corresponsabilidad de todos y porque nuestra labor trasciende no solo a todos los colegiados sino a la sociedad en su conjunto”, ha apuntado Ortega ante los 200 participantes.

En Servicios Jurídicos, se abordará la adaptación al nuevo Estatuto General, la deontología profesional, la fidelización de los colegiados, la internacionalización de la abogacía o los objetivos de desarrollo sostenible.

En el itinerario de gerencia y tesorería se reflexionará sobre gestión de cobros, control de presupuestos, generación de recursos, responsabilidad civil o tributación de los Colegios.

Y en Comunicación y Marketing, se debatirá sobre casos de éxito en la comunicación colegial, cómo hacer una buena estrategia comunicativa, cómo usar las redes sociales para difundir las noticias del Colegio, la planificación de eventos o la crisis reputacional.

Junto a Victoria Ortega, intervino en la sesión inaugural Guillermo Plaza, decano del Colegio de Abogados de Burgos, que agradeció a todos los asistentes su presencia y animó a la puesta en común de conocimientos.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/las-i-jornadas-tecnicas-de-colegios-dan-comienzo-en-burgos/

LA ABOGACIA SOLICITA AL PARLAMENTO EUROPEO QUE ACTÚE CONTRA LAS OCUPACIONES ILEGALES DE INMUEBLES EN ESPAÑA

Publicado el 22/04/2022

La Abogacía Española participó ayer en una audiencia del comité de Peticiones del Parlamento Europeo para instar a las instituciones europeas a que actúen para frenar el fenómeno “okupa” y solucionar la desprotección de la ciudadanía evitando la vulneración de sus derechos fundamentales, en particular, del derecho de propiedad.

La decana del Colegio de la Abogacía de Mataró, María Pastor, expuso ante el Parlamento Europeo que estas actuaciones suponen una vulneración de la protección de la propiedad, derecho recogido en el título I de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en el artículo 17, apartado 1: «toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general».

 

La decana del Colegio de la Abogacía de Mataró, María Pastor, durante su exposición ante el Parlamento Europeo.

 

La decana y consejera del Consejo General de la Abogacía Española resaltó que la ocupación ilegal de inmuebles parte de una causa muy clara: la ausencia de un título válido para ocupar un inmueble de otra persona, física o jurídica, ya sea viviendas de propietarios, de arrendatarios u otras personas con título válido que quedan totalmente desprotegidas por problemas legislativos y procesales.

María Pastor explicó que la ocupación se realiza por individuos o grupos de delincuencia organizada, que actúan de forma planificada y por encargo, con una finalidad lucrativa y, aprovechándose de personas en situación de vulnerabilidad económica a las que se les ofrecen “derechos” sobre el uso de la vivienda, a cambio de dinero o la distribución y tráfico de drogas en esas viviendas, generando un gravísimo problema para las comunidades de vecinos que sufren el deterioro de convivencia que ello comporta. Los ocupantes llegan incluso a extorsionar a los propietarios para que paguen sumas importantes de dinero por la recuperación de su vivienda o que las emplean para cometer delitos muy graves como la trata de personas. Igualmente, destacó que el problema, aún cuando afecta principalmente al ejercicio del derecho de propiedad en España, también se padece por nacionales de otros Estados miembros en su condición de titulares de bienes en nuestro país.

Por ello, en nombre de la Abogacía, de varias plataformas ciudadanas y de un grupo de juristas que representan un sentir mayoritario de la ciudadanía, solicitó la investigación para constatar vulneraciones de estos Derechos Fundamentales, una visita al Estado Miembro y las Comunidades Autónomas con la finalidad de entrevistarse con cuantas personas, organizaciones civiles y profesionales necesarias, un estudio de los hechos que genere un debate Parlamentario aquí en Bruselas, emitan recomendaciones e informes con el objetivo de contribuir a la adopción de una estrategia a una posible reforma conforme al derecho comunitario que incluya medidas más eficaces, y en definitiva iniciar cuantas acciones correctoras se estimen oportunas.

Todas las eurodiputadas y los eurodiputados intervinientes, miembros de la comisión que preside Dolors Montserrat, de tres grupos políticos distintos, compartieron unánimemente la preocupación por la vulneración de este derecho, indicando que además el daño incorpora una dimensión humana (se priva del acceso al resto de bienes, incluidos aquellos con valor sentimental), una dimensión jurídica (que implica la necesidad de mejorar la legislación -especialmente las medidas cautelares-) y una dimensión política por la escasez de presupuesto dedicado a vivienda social en España (2,5% del gasto público en vivienda, muy inferior al de otros Estados miembros).

La Comisión del Parlamento aprobó realizar diversas actuaciones, incluyendo recabar información de las Administraciones públicas competentes a escala nacional y autonómica (41% de los casos afectan especialmente a Cataluña) y de organismos profesionales y organizaciones de la sociedad civil que incluiría, posteriormente, una visita específica para conocer la realidad sobre el terreno.

Más información sobre la petición:

https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2022/04-abril/la-comision-de-peticiones-vota-el-informe-final-sobre-la-visita-para-investigar-los-crimenes-de-eta-y-analiza-peticiones-sobre-do-ana-ocupacion-ilegal-de-viviendas-y-fondos-de-la-pac-en-castilla-y-leon.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PETI-CM-697786_ES.pdf

 

Fuente:

Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-solicita-al-parlamento-europeo-que-actue-contra-las-ocupaciones-ilegales-de-inmuebles-en-espana/

APROBADOS LOS PROYECTOS DE LEY DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA Y EFICIENCIA PROCESAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

Publicado el 13/04/2022

 

  • El Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa contempla tres figuras clave que impulsan la territorialidad y el acceso igualitario a la Justicia: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios.

 

  • Por su parte, el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal introduce los MASC, propiciando la cohesión social, y reforma las leyes procesales para aumentar la celeridad en la tramitación de procedimientos judiciales.

 

  • Junto a la ley de eficiencia digital, constituyen la base legislativa del plan Justicia 2030, el proyecto del Ministerio de Justicia para hacer más eficiente, ágil y sostenible la Justicia.

 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia y el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Estas normas, junto a la ley de eficiencia digital, constituyen la base legislativa del plan Justicia 2030, el proyecto del Ministerio de Justicia “para pasar de un modelo propio del siglo XIX a un modelo moderno y transformador del siglo XXI”, según ha señalado la ministra de Justicia, Pilar Llop.

La aprobación de estas normas supone un impulso crucial a los pilares del plan Justicia 2030, ha asegurado Llop. “Seguimos dando pasos firmes hacia una Justicia más eficiente, ágil y sostenible”, ha añadido.

La nueva ley de eficiencia organizativa transforma el modelo actual de la Justicia y contribuye a superar brechas de acceso a este servicio público, a la vez que refuerza la tutela judicial efectiva.

Se sustenta en tres figuras fundamentales -los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios- que impulsan la territorialidad, la digitalización y el acceso igualitario a la Justicia.

Estas nuevas figuras son un elemento de acompañamiento para la ciudadanía: “Los ciudadanos y ciudadanas ya no se sentirán solos ante situaciones que, en ocasiones, disuaden de acercarse a las instituciones, algo que es muy peligroso”, ha explicado la ministra de Justicia.

Habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial con sede en la capital, de la que tomará el nombre. Se configura su organización por Secciones, variable en función del volumen de asuntos y actividad que se concentra en el partido judicial.

Con ellos, se simplifica el acceso de la ciudadanía a la Justicia, al haber solo un tribunal y no juzgados diferentes; favorece la especialización; y dota de mayor flexibilidad a la planta judicial, por lo que le permite adaptarse a las necesidades reales de cada momento.

Por otro lado, se completará el proceso de implantación de la Oficina Judicial en todo el territorio nacional. Será una ventanilla de acceso único a la Justicia para la ciudadanía.

La Oficina Judicial mejora el servicio a los usuarios y a los propios profesionales, al conseguir una mayor agilidad y responder de forma homogénea a situaciones iguales. A su vez, la transformación digital favorecerá el trabajo deslocalizado, lo que permitirá reducir la huella ecológica, además de evitar la concentración de personas en el mismo edificio.

Asimismo, con la nueva norma, los juzgados de paz se transforman en Oficinas de Justicia en los municipios, fortaleciendo la presencia de la Justicia en todo el territorio, luchando contra la despoblación en zonas rurales y acercando el servicio público de Justicia a la ciudadanía.

En las Oficinas de Justicia se podrán celebrar juicios telemáticos, diligencias judiciales o conexiones por videoconferencia con los colegios profesionales, entre otras diligencias administrativas, ahondando en la reducción de los desplazamientos y, en última instancia, reduciendo el impacto medioambiental.

En su integración con el nuevo modelo organizativo de Tribunales de Instancia y Oficina Judicial, las nuevas Oficinas de Justicia en los municipios aprovecharán los recursos humanos que actualmente trabajan en los juzgados de paz, incrementando el personal en los casos que sea necesario y poniendo todos los instrumentos que brindan las nuevas tecnologías para ofrecer nuevos servicios.

 

Eficiencia Procesal

 

Por su parte, la ley de eficiencia procesal tiene como objetivo agilizar la actividad de la Justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a un sistema de Justicia más sostenible, según ha explicado Llop. Para ello, introduce los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y reforma las leyes procesales.

Con los MASC se pretende reducir la litigiosidad, avanzando hacia la cohesión social -uno de los retos del Ministerio, alineado con los marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-, e impulsar la participación de la ciudadanía en el sistema de Justicia, devolviendo a las partes su capacidad negociadora. Los MASC ayudarán también a reducir la sobrecarga de los tribunales, impulsando un servicio público de Justicia sostenible.

La norma establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles, que exige haber intentado una solución consensuada con carácter previo a la interposición de la demanda. Las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa entre las partes, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial.

También contempla la figura de los servicios de medios adecuados de resolución de conflictos, para informar a la ciudadanía y operadores jurídicos sobre su naturaleza, contenido, efectos de su utilización y recursos existentes, así como auxiliar a los diferentes órganos judiciales respecto a la conveniencia de la derivación de un determinado caso a una actividad negociadora.

Los MASC van a permitir “garantizar mejor los derechos de la ciudadanía por vías menos costosas y que llevan menos tiempo; se trata de un cambio de la cultura del litigio hacia la cultura del acuerdo”, según ha expuesto la ministra de Justicia.

Este proyecto de ley regula también las medidas imprescindibles para la digitalización, adaptando la legislación española a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que la regulación completa se desarrolla en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia.

En relación a la modificación de las leyes procesales, la nueva norma introduce reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El objetivo es dotar de mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos judiciales.

Así, la reforma de la LEC introduce de forma generalizada el uso de las nuevas tecnologías, reforzando al mismo tiempo las garantías de su aplicación. También se establecen medidas para adaptar el proceso a las necesidades actuales de conciliación de la vida familiar y personal, como la declaración de inhábiles a efectos procesales del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive; o la interrupción de los plazos o la suspensión de los procedimientos, debiendo ser tenido en cuenta para nuevos señalamientos, por causas objetivas de fuerza mayor que afecten a los profesionales de la procura o abogacía, tales como nacimiento y cuidado de menor, enfermedad grave y accidente, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o baja laboral.

Con la reforma de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa se introducen mejoras técnicas en la regulación de falta de jurisdicción y de competencias, con el fin de evitar dilaciones innecesarias; se establece el deber de los funcionarios de relacionarse con la Administración de Justicia por medios telemáticos o electrónicos; se agiliza el procedimiento abreviado y se acortan los plazos de trámites intermedios.

La nueva ley de eficiencia procesal introduce “el paradigma de la adecuación, de la eficiencia y la sostenibilidad del sistema, y que la Justicia funcione como un motor de cohesión social”, ha dicho Llop. En definitiva, “contribuye a la calidad democrática y a aportar las soluciones más ajustadas y flexibles”, ha concluido.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/aprobados-los-proyectos-de-ley-de-eficiencia-organizativa-y-eficiencia-procesal-del-servicio-publico-de-justicia/

 

 

LOS CURSOS CERTIFICADOS EN BLOCKCHAIN PARA ABOGADOS ALCANZAN LA 23ª EDICIÓN

Publicado el 07/04/2022

El Consejo General de la Abogacía Española y el Blockchain Intelligence Law Institute organizan la 23ª edición de los Cursos Certificados Expert@ Legal&Compliance en Blockchain, Smart contracts, Tokenización y Criptoactivos, que se celebrarán entre el 23 de mayo y el 2 de junio. Los cursos se desarrollan en versión online interactivo.

 

 

Estos son los cursos disponibles en esta nueva edición:

Estos cursos son una oportunidad para adquirir conocimientos que permiten el abordaje jurídico de proyectos Blockchain, tecnología permite el desarrollo de nuevos modelos de negocio y aplicaciones. El acompañamiento jurídico de estos desarrollos es fundamental y cada vez se requiere más por parte de empresas, startups y el sector público. En las ediciones organizadas hasta el momento la satisfacción del alumnado ha sido del 100%.

 

CONTENIDO DE LOS CURSOS

 

Partiendo de la comprensión de esta tecnología y de sus potenciales usos, en estos cursos se estudia la identidad digital en blockchain, el funcionamiento y regulación de los Smart Contracts, su aplicación en el ámbito mercantil y procesal, así como la tokenización de bienes muebles e inmuebles y la regulación de criptoactivos. También se analiza la normativa de blanqueo de capitales y derecho tributario.

En el módulo dedicado a Cumplimiento normativo se analizan los potenciales usos de la tecnología en la actividad de compliance y la aplicación de la regulación para asegurar los niveles de cumplimiento normativo de las aplicaciones blockchain (gobernanza, protección de datos, blanqueo y tributación, entre otros).

La formación teórica se complementa con Laboratorios prácticos que permiten a los alumnos experimentar la tecnología con usos prácticos a través de la programación de un Smart Contract de compraventa, uso de wallets, acceso a blockchains, intercambio de criptomoneda, etc.

El equipo docente está compuesto por los mejores juristas expertos en Blockchain, ingenieros informáticos, macroeconomistas y business developers, entre otros. Todos tienen experiencia práctica en esta materia, profundidad académica y son referentes en el ecosistema blockchain.

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ABOGACÍA

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/los-cursos-certificados-en-blockchain-para-abogados-y-compliance-alcanzan-la-23a-edicion/

 

 

LA ABOGACÍA LANZA EL I CURSO DE GESTIÓN DE DESPACHOS

Publicado el 01/04/2022

Para montar un bufete no es suficiente el conocimiento jurídico. Es imprescindible también estar al corriente sobre herramientas de gestión, honorarios, marketing y hasta ciberseguridad. Esto es especialmente importante para quienes ejerzan en un despacho unipersonal o compartido con pocos compañeros.

 

 

Por ello el Consejo General de la Abogacía Española organiza la I edición del Curso de Gestión de Despachos Santander-La Ley, que comienza el 19 de abril. Con una duración total de 60 horas, la formación se impartirá online los martes, miércoles y jueves de 16.30 a 19.30 horas y tiene un coste de 200 euros (IVA incluido).

El curso está estructurado en cinco módulos: Estrategia, gestión, organización interna, desarrollo y transformación digital. Se abordarán materias como las señas de identidad del despacho, las formas jurídicas para el ejercicio de la actividad profesional, fidelización de clientes, recursos humanos, gestión documental, robótica e inteligencia artificial, gestión económica-financiera, socios, protección de datos o legaltech.

Los profesores son abogados y expertos. José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid, y Mario Alonso Ayala, presidente y fundador de Auren son los coordinadores del curso.

 

PROGRAMA

 

INSCRIPCIÓN

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-lanza-el-i-curso-de-gestion-de-despachos/

PRESENTACIÓN DEL KIT DIGITAL EN LA SEDE DE LA ABOGACÍA

Publicado el 25/03/2022

El Kit Digital es una iniciativa del Gobierno para subvencionar la implantación de soluciones digitales por pymes y autónomos de todos los sectores. Actualmente está abierto el plazo de solicitudes para las empresas de entre 10 y 49 empleados. En las próximas semanas se abrirá el plazo para empresas con menor número de trabajadores.

Son muchos los abogados y las abogadas concienciados sobre la necesidad de avanzar tecnológicamente en el ejercicio de la profesión. Pero al mismo tiempo, “gran número de compañeros y compañeras señalan que no tienen el avance tecnológico en su despacho que hubieran deseado por una cuestión de recursos económicos. En este sentido, es importantísimo lo que se presenta hoy”, ha subrayado Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, en la presentación de este Kit ante el Pleno de la Abogacía.

 

KIT DIGITAL

 

El proyecto del Kit Digital está dotado con 3.000 millones de euros en total, provenientes del plan de recuperación europeo. La previsión es atender en total entre 800.000 y un millón de pymes. La convocatoria actual, para empresas de entre 10 y 49 trabajadores, cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros y se distribuirá en bonos digitales de 12.000 euros. Las ayudas se otorgarán por orden de llegada de las solicitudes, siempre que haya crédito suficiente.

Para solicitar las ayudas no será necesario aportar ninguna documentación, será suficiente con que el empresario autorice a Red.es a consultar de oficio los requisitos y obligaciones. El sistema diseñado agiliza el proceso usando herramientas de robotización e inteligencia artificial.

Las ayudas se conceden para soluciones de software, con el objetivo de mejorar el nivel de madurez digital. Las soluciones se engloban en diez campos: sitio web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, inteligencia artificial y analítica, servicios y herramientas de oficina virtual, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras y ciberseguridad. Toda la tramitación se realiza a través de la web acelerapyme.

Junto a Victoria Ortega, en la presentación del Kit Digital en la sede de la Abogacía han participado Alberto Martínez Lacambra y David Francisco Bravo, director general y secretario general respectivamente de Red.es. Ortega ha destacado algunos hitos de la Abogacía en materia tecnológica, como la firma ACA, la inclusión de este tema en el nuevo Estatuto, el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita o el Registro de Impagados Judiciales.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/presentacion-del-kit-digital-en-la-sede-de-la-abogacia/

LA ABOGACÍA TAMBIÉN QUIERE CONCILIAR

Publicado el 18/03/2022

Patricia Campomar, abogada de Baleares, tuvo un bebé prematuro hace tres años. El día anterior al ingreso hospitalario imploró, sin éxito, al secretario judicial que le suspendiera el plazo para recurrir el archivo de una querella. “Estuve en el hospital hasta las 4 de la mañana inyectándome cortisona y redactando mi escrito”.

Esa escena ejemplifica las dificultades a las que se tienen que enfrentar muchos profesionales de la abogacía a los que deniegan la suspensión de juicios y plazos y con ello el derecho a disfrutar del permiso de maternidad o de paternidad que tienen reconocidos los demás trabajadores.

Como Patricia son muchos los letrados que se ven obligados a acudir a una vista nada más tener un hijo, o a punto de dar a luz o haber sufrido un accidente porque son situaciones que no están contempladas como un supuesto para suspender los plazos procesales. Y por ello, al no estar regulado, la situación depende de la discrecionalidad, y buena voluntad, de los jueces o los letrados de la administración de justicia.

 

 

Esta situación podría cambiar pronto si entra en vigor el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía, que lleva tiempo exigiendo un cambio legislativo para regular esta cuestión. Y parece que por fin se ha logrado, gracias a unas medidas que se recogerán en la nueva Ley de Eficiencia Procesal, cuya tramitación parlamentaria se espera para este año.

En dicho acuerdo se establece la suspensión de plazos procesales en caso de permiso de maternidad, paternidad y otras situaciones personales como enfermedad grave o fallecimiento de un familiar. También se declaran inhábiles a efectos procesales los días entre el 24 de diciembre y el 6 de enero.

Lourdes Carballo, presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía y decana del Colegio de Vigo, celebra esta reforma legislativa, aunque exige más medidas. “Queremos que se recoja también la suspensión de procedimientos por enfermedad, accidente u hospitalización del profesional de la abogacía que esté llevando la defensa”.

“Obligar a trabajar en estas situaciones a abogados y abogadas supone un absoluto desprecio no solo a su derecho a conciliar la actividad profesional con la vida personal, sino también al derecho de la ciudadanía a una defensa de calidad”, afirma Carballo. “No cabe duda de que la imposibilidad de conciliar puede afectar al modo de hacer el trabajo”.

Para Mónica Gil, abogada de Madrid a quien el año pasado denegaron la suspensión de un señalamiento que tenía fijado pocos días después de dar a luz, la reforma también se queda corta.  “Ante la fecha probable de parto, hay que fijar un plazo en el cual dejar ya todo paralizado antes de que se produzca el hecho. En esa situación, tenemos que desconectar y pensar en nuestro hijo”, reclama.

Conscientes de los problemas que genera esta situación, en algunas comunidades autónomas los Tribunales Superiores de Justicia han aprobado protocolos con unas recomendaciones a los órganos judiciales para que atiendan estos supuestos y accedan a las suspensiones. Es el caso de Baleares.

“Se están suspendiendo todas las vistas y los plazos en casos de maternidad y de plazos para la paternidad. Por lo tanto, los jueces sí están aplicando en Mallorca este protocolo”, cuenta Patricia Campomar, que es también la presidenta de la Comisión de Igualdad del Colegio. Ella misma sufrió esos problemas para conciliar hace unos años cuando estuvo meses desplazándose cada tres horas de los juzgados al hospital para alimentar a su bebé. “Teniendo a mi hija en la incubadora, no me aplazaron ni concedieron nada porque la ingresada era la niña, no yo”.

Y se siguen dando hoy situaciones similares.  Antonio Jiménez, abogado de Cáceres, que saltó a los medios hace un año cuando su mujer, María Benito, también abogada, dio a luz a su primer hijo un 16 de enero y un juez la obligó a ir a juicio al 1 de febrero siguiente, cuenta el caso de una compañera en Cantabria.  “Tiene un embarazo de riesgo y ha solicitado varias veces la suspensión de juicios. En nuestra profesión no puedes enfermar”, lamenta. “Tenemos que rebelarnos y hacer públicas las injusticias que se cometen contra nosotros porque el principal perjudicado es el justiciable”, añade.

Muchas veces la única alternativa que se da, en vez de la suspensión, es la sustitución por un compañero. Pero eso va en contra de una defensa de calidad, recuerda la decana de Vigo, quien señala que el propio cliente no quiere cambiar de abogado: “El cliente tiene confianza en el profesional conocedor del asunto desde el inicio”.

Además de la regulación normativa, se hace necesaria también, señalan todos los letrados entrevistados, una mayor sensibilización sobre temas de igualdad y formación de todos los operadores jurídicos en perspectiva de género. También lo cree así la jueza Gloria Poyatos, quien denuncia que “tenemos un mercado de trabajo que se ha esculpido de espaldas a la maternidad y a los cuidados y, no solo no reconoce estos cuidados, sino que discrimina a las personas que los ejercen”.

Por ello, como explica la decana de Vigo, “conciliar no es un capricho, sino una necesidad y algo beneficioso para toda la sociedad”. Además, “no afecta al servicio de calidad que se le da al justiciable”. Está convencida de que la entrada en vigor de las medidas acordadas con el Ministerio supondrá “un paso de gigante hacia la igualdad real”.

 

La Abogacía pone en marcha la campaña #DerechoAConciliar

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-tambien-quiere-conciliar/

 

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