Publicado el 31/05/2023

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha recomendado a España que mejore la asistencia legal a las víctimas de violencia de género, sobre todo en el caso de las que han caído en redes de tráfico de personas o de las solicitantes de asilo.

En su revisión periódica del país, publicada este martes, el Comité de la ONU ha señalado que el acceso de las mujeres a la justicia es otra de las cuestiones preocupantes. A pesar de la existencia de tribunales especializados, el procesamiento penal de los perpetradores de violencia de género es ineficiente debido a la falta de una cultura judicial que se ajuste a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

El órgano especializado ha mostrado su preocupación por la alta tasa de feminicidios ocurridos en España y por la violencia de género que prevalece en el país pese a los esfuerzos de legislativos para crear una política de prevención y protección de las mujeres y las niñas en su territorio.

El Comité reconoce el trabajo de España para combatir la violencia contra las mujeres- y cita como ejemplo la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que elimina la carga de la prueba de la víctima-. Sin embargo, aclara que la normativa sólo resulta en unas pocas condenas cortas y excarcelaciones de detenidos por violencia de género.

El informe también denuncia la ciberviolencia generalizada contra mujeres y niñas. Y pide a España que tome en cuenta las nuevas manifestaciones de esos ataques, como el acoso y los discursos de odio, al igual que los embates contra las mujeres de colectivos minoritarios que son objeto de discriminación, como los migrantes.

Para enfrentar esas formas de violencia, pidió a España comprometerse con la Unión Europea para la adopción de un proyecto de ley sobre inteligencia artificial que incluya medidas para mitigar y prevenir los riesgos de violencia contra las mujeres a través de internet.

Y el Comité también recomienda que se consoliden las políticas de prevención de la violencia contra la mujer, en particular reforzando la identificación de las situaciones de vulnerabilidad y la prevención de la reincidencia, además de adoptar medidas legislativas para reconocer en la ley los asesinatos sexistas y de establecer con celeridad el Observatorio del Feminicidio.

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-onu-recomienda-a-espana-que-mejore-la-asistencia-legal-a-las-victimas-de-violencia-de-genero/

Publicado el 28/05/2023

“La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero genera una mayor asimetría entre las entidades financieras y sus clientes, deja a los reclamantes sin asesoramiento jurídico y, por tanto, en la indefensión más notable”. Así de contundente ha mostrado la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, su rechazo a este proyecto de ley en tramitación en la inauguración del III Congreso de Derecho Bancario organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid.

“Los bancos seguirán contando con su potente maquinaria de defensa jurídica, mientras el ciudadano quedará en clara situación de inferioridad. Todo ello desde un dibujo de la figura de abogados como obstáculo para el efectivo ejercicio de los derechos de reclamación y para el funcionamiento de la sociedad”, ha recordado.

Ortega también ha denunciado que los denominados “pleitos–masa” se han convertido en un campo de batalla jurídica de diversos sectores, especialmente en el bancario-financiero, “en el que la línea roja en el ámbito de la deontología resulta muy fácil de transgredir debido a las operativas utilizadas por determinadas sociedades de intermediación que, indebidamente, encubren su actividad de prestación de servicios jurídicos al margen de la supervisión de los Colegios y Consejos de la Abogacía”.

“Esa forma de encauzar las controversias de los consumidores y usuarios ha podido provocar la judicialización de incontables asuntos que han saturado el sistema judicial, por no haber utilizado otros cauces que han sido despreciados”, ha apuntado.

Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón ha afirmado que “ante la transformación del sector legal financiero, la constante evolución normativa y el panorama económico nacional e internacional, el ICAM sigue apostando por tercera vez por este encuentro”.

En la inauguración han participado Mábel Klimt, diputada del Colegio de Madrid y responsable de Innovación, Tecnología y Cultura; y José Ramón Couso, diputado del ICAM y presidente de la Sección de Derecho Bancario y la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Amparo López Senovilla, quien fue la encargada de inaugurar oficialmente el encuentro.

El Congreso contará hoy y mañana con más de 50 especialistas del ámbito financiero y legal que, en 7 mesas redondas y diversas conferencias, debatirán sobre cuestiones como las monedas digitales, la seguridad jurídica y los oportunidades Blockchain, los criterios ESG, el gobierno corporativo, los activos adjudicados o la venta de carteras de NPL’s.

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-la-autoridad-de-defensa-del-cliente-financiero-deja-en-la-indefension-mas-notable-a-la-ciudadania/

Publicado el 17/05/2023

Un hombre del Puerto de Santa María (Cádiz) lleva esperando casi dos años la celebración de su juicio en el que impugna su paternidad tras conocer que el hijo que tenía con su expareja no era suyo. El juicio se iba a celebrar en febrero de 2023, pero se suspendió por la huelga de los letrados de Administración de Justicia, señalándolo para diez meses después.

Según su letrado José Antonio Sires, la suspensión del juicio y las huelgas de funcionarios de justicia, a la que podrían sumarse la de jueces y fiscales, están sumiendo a su cliente en una situación de desesperación, la cual aumenta al tener que seguir cumpliendo con las obligaciones de padre del menor porque así lo estableció una sentencia de 2019.

“Sigue abonando la pensión mensual de alimentos y los gastos que el menor necesita para su vida diaria y tememos que el juicio no llegue a celebrarse este año”, afirma Sires. “Cuando se celebre el juicio, pediremos la reclamación de las cantidades abonadas en otro procedimiento civil por daños morales”, agrega.

A raíz de unas pruebas médicas, el afectado supo que no podía ser padre, por lo que en abril de 2021 presentó la demanda para impugnar la filiación, para que se declarase que no era el progenitor y para que se anulase la inscripción en el Registro Civil.

Y explica que, ante esta nueva huelga con impacto en el sector de la Justicia, le preocupa el posible “desplome del derecho consagrado a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y el futuro colapso, como consecuencia de las dos huelgas que va a soportar nuestro sistema judicial, dejando un escenario de incertidumbre a corto y medio plazo”.

El letrado asegura que en su despacho se han suspendido numerosos juicios y declaraciones a consecuencia de la primera huelga de los LAJ sin saber todavía cuándo se van a volver a señalar y asegura que esta segunda huelga va a tener un impacto en un retraso posterior de los señalamientos a juicios de los meses posteriores. “Se consideran servicios mínimos los juicios por violencia de género, causas con presos y asuntos relacionados con menores, pero después hay particularidades en cada juzgado. Los justiciables son los que están pagando las consecuencias”.

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/las-huelgas-de-justicia-provocan-la-suspension-de-un-juicio-por-impugnacion-de-paternidad-que-lleva-dos-anos-pendiente/

Publicado el 12/05/2023

El Consejo General de la Abogacía remitió ayer a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un paquete de 14 enmiendas para mejorar y completar el proyecto de ley orgánica del Derecho de Defensa, que está en plena tramitación parlamentaria. Abogadas y abogados de toda España han podido deliberar, realizar y votar propuestas de mejora a esta norma orgánica en el marco del XIII Congreso de la Abogacía Española celebrado el 3 al 5 de mayo en Tarragona, Reus y Tortosa.

Estas propuestas de enmiendas elaboradas en sesiones deliberativas abiertas a todos los profesionales, y basadas en un sistema de ponencias y comunicaciones en el que han participado más de mil 1.500 abogados, han sido trasladadas ahora a los grupos parlamentarios.

Las propuestas resultantes del XIII Congreso de la Abogacía Española reclaman, entre otros puntos, un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido y una regulación pormenorizada del secreto profesional, con la inclusión expresa de la abogacía de empresa.

Igualmente, se ha propuesto una modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita que recoge las conclusiones adoptadas en el Plenario Deliberativo celebrado dentro de las sesiones del Congreso y que se refieren fundamentalmente a la cobertura en asistencia jurídica gratuita en los supuestos de designación judicial para asistencia a personas jurídicas en el orden jurisdiccional personal así como en la cobertura de todas las actuaciones llevadas a cabo por designación en el turno de oficio.

La gran mayoría de las 44 conclusiones aprobadas por el Congreso tienen por objeto realizar propuestas de mejora de este importante proyecto de Ley que, tras 45 años de Constitución Española, cerrará el círculo de garantías constitucionales del derecho de defensa, por medio de un desarrollo orgánico del derecho de defensa de la ciudadanía.

La Abogacía Española ha venido reivindicando y liderando desde hace más de una década el proceso de elaboración de esta norma que mejora los derechos de la ciudadanía y tiene especial incidencia en el trabajo de los abogados. El proyecto de ley recoge ya algunas de sus peticiones en asuntos tales como la regulación del secreto profesional, el acceso de la ciudadanía a los tribunales, y la ampliación de sus derechos como usuaria del servicio público de justicia, entre otros.

Sin embargo, la abogacía considera que la ley debe ser más concreta en asuntos como el secreto profesional del abogado de empresa, la garantía de las comunicaciones abogado-cliente, el amparo colegial o las sanciones del intrusismo, así como sobre los nuevos modelos de negocio.

Las propuestas contemplan asimismo la inclusión del establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales, así como la adopción de un protocolo de amparo por todos los Colegios de la Abogacía, entre otras cuestiones relevantes para el derecho de defensa de la ciudadanía.

El proyecto de ley supone un paso adelante en materia de derechos de ciudadanía, al consolidar en un único texto con rango de ley orgánica todas las garantías vinculadas a la defensa y el asesoramiento legal.

Puedes consultar las conclusiones del XIII Congreso de la Abogacía Española y el índice de las propuestas de enmiendas presentadas a los grupos parlamentarios en los siguientes enlaces:

Conclusiones del XIII Congreso de la Abogacía

Índice de propuestas de enmiendas

Fuente Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-entrega-en-el-congreso-14-propuestas-de-enmiendas-para-mejorar-el-proyecto-de-ley-del-derecho-de-defensa/

Publicado el 05/05/2023

La Abogacía Española ha cerrado su XIII Congreso nacional con una ambiciosa hoja de ruta que marcará sus objetivos de los próximos años. Las conclusiones de esta cita celebrada en el centro de convenciones de Port Aventura incluyen un paquete de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley del Derecho de Defensa.

Entre esas enmiendas, que abordan aspectos muy diversos, se incluye un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido, una mayor concreción acerca de las garantías del secreto profesional y el establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales, entre otras.

Las conclusiones de la ponencia de Derechos y libertades hoy también se incluye un refuerzo del procedimiento de amparo colegial, establecido para proteger la dignidad del abogado en el ejercicio de su profesión.

Las 44 conclusiones fueron votadas al término de cinco sesiones deliberativas, en las que los más de un millar de participantes debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la profesión actualmente.

Sobre intermediación y nuevos modelos de negocio, se aprobó, entre otras conclusiones, determinar el alcance del secreto profesional para los abogados de empresas, y pedir al legislador que establezca una acción de clase específica para los daños ocasionados en el ámbito del derecho de competencia, sin necesidad de la participación obligatoria de las asociaciones de consumidores y usuarios.

También se votó la necesidad de regular el uso de sistemas de Inteligencia Artificial para la prestación de servicios jurídicos y el ejercicio de derecho de defensa online, así como para la selección de profesionales de la abogacía. Y se decidió que desde la abogacía institucional se establezcan programas de formación orientados a facilitar el acceso de los profesionales a las tecnologías y herramientas digitales.

Las conclusiones también incluyen varias sobre la necesidad de regular la formación continua y especializada, con certificaciones periódicas de la actualización de conocimientos, así como un programa formativo al alcance de todos los profesionales, que garantice la igualdad de oportunidades. Y se aprobó la obligatoriedad de la formación continua en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, formación que debe ser gratuita para el profesional y subvencionada por las administraciones públicas.

Las conclusiones también piden que el Consejo General de la Abogacía establezca los requisitos para las diferentes especialidades, pero también que la especialización no tenga carácter obligatorio, ni suponga una reserva de actividad.

Y en lo relacionado con los desafíos deontológicos, se aprobó, entre otros temas, establecer deberes de custodia y control de datos sometidos a tratamiento automatizado o su tráfico en dispositivos, velando por la protección de datos personales, confidencialidad y garantía del secreto profesional; la creación de un Observatorio de ciberseguridad de la Abogacía en el seno del Consejo General de la Abogacía, o la adopción de criterios deontológicos específicos en las nuevas áreas extraprocesales de la profesión, particularmente en mediación, protección de datos y compliance en empresas.

En relación a la justicia gratuita, se pidió a los poderes públicos que “sin dilación promuevan una nueva Ley reguladora de la materia”. Pero, en tanto y en cuanto no se apruebe esta ley, se instó a la inclusión de una disposición final en el texto del proyecto de ley del Derecho de Defensa, para que “se incluyan como acreedores del beneficio de justicia gratuita las personas jurídicas enjuiciadas penalmente”, y para que se establezca que “La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita será indemnizada en todo caso, incluso en aquellos supuestos en que no exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita”.

En las conclusiones se pidió además que se establezcan de manera clara y homogénea los criterios para la concesión del beneficio de la justicia gratuita, y que se revaloricen anualmente y se equiparen las compensaciones económicas, de manera que sean iguales en todas las comunidades.

Lee Aquí todas las conclusiones del congreso

Publicado el 27/04/2023

El ejercicio de la abogacía exige actualizarse constantemente para mantenerse al día sobre diferentes materias. Por eso el XIII Congreso de la Abogacía ofrecerá un completo programa formativo con seis itinerarios paralelos impartidos por destacados expertos.

Los asistentes podrán ponerse al día sobre práctica jurídica procesal, las últimas reformas legales, cultura del acuerdo, habilidades profesionales, tecnología y buenas prácticas de despacho.

En el itinerario de práctica jurídica procesal, el magistrado jubilado Julio Picatoste Bobillo explicará cómo interrogar a los testigos. Sobre ese tema profundizará Almudena Lastra de Inés, fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, que hablará de testigos protegidos y víctimas: “Hay que garantizar su seguridad sin menoscabo del derecho de defensa del acusado o acusados, lo que no siempre es sencillo. Y aquí es crucial la intervención del abogado defensor”.

Francisco Marín Castán, Presidente del Tribunal Supremo, detallará los aspectos claves del recurso de casación civil, mientras que César Tolosa, magistrado del Tribunal Constitucional, lo hará sobre el recurso de casación contencioso-administrativo.

El pleito testigo será de análisis por parte de Juan Pedro Quintana Carretero, Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y Teresa Peramato, Teresa Peramato Martín, Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, hablará sobre el escrito de acusación de la víctima de violencia de género.

También se explicará cómo realizar la prueba preconstituida, en una conferencia a cargo de María Jesús Hernández Elvira, socia directora del área penal, compliance y prevención de blanqueo de capitales de RSM.

El abogado Juan José Lavilla Rubira, letrado de las Cortes Generales, contará cómo formular una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado. Y sobre herencias y derecho foral hablará el abogado Avelino Ochoa Gondar. Y no se podía terminar sin hablar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sonsoles Centeno, socia directora de la Oficina de Pérez-Llorca en Bruselas, desgranará las claves del éxito en la protección de derechos ante el TJUE.

De manera paralela en otra sala se explicarán algunas de las últimas reformas legales. Jacobo Fernández Álvarez, secretario General técnico del Ministerio de Justicia, explicará cómo ha cambiado el nuevo reglamento de la administración concursal. África Pinillos, jefa del Área del Supervisión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la propuesta de reglamento europeo en materia de prevención de blanqueo de capitales. Manuel Olmedo Palacios, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, profundizará en la Ley de Eficiencia Organizativa.

Idoia Azpeitia Alonso, miembro de la Subcomisión mercantil y concursal del Consejo General de la Abogacía, y Cayetana Lado Castro Rial, directora de Asesoría Jurídica y Secretaría del Consejo General de ICO, hablarán de la segunda oportunidad como una herramienta al servicio del ciudadano. Santiago Antonio Yerga Cobos, Director General de Migraciones, dará una charla sobre la aplicación práctica del nuevo Reglamento de Extranjería. La abogada y mediadora Silvia Giménez-Salinas Colomer sobre el derecho de menores y las últimas reformas legislativas.

El impacto de la tecnología en la Justicia, y concretamente sobre la Ley de Eficiencia Digital, será analizado por Aitor Cubo Contreras, director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia.

Y dada la importancia cada vez mayor de la tecnología, habrá un itinerario dedicado a explicar diferentes aspectos de su uso para el ejercicio de la abogacía. El abogado penalista Andreu Van den Eynde i Adroer, profesor de derecho penal y cibercriminalidad en la Universitat de Barcelona, explicará cómo obtener las pruebas digitales. Eloy Velasco Núñez, Magistrado de la Audiencia Nacional, hablará sobre diligencias de investigación tecnológica y trascendencia internacional en el ámbito penal. José Antonio Sanz Cerra, secretario General del Colegio de Abogados de Zaragoza, sobre el acceso al expediente judicial electrónico.

Jorge Fernández Sanz, miembro de la Subcomisión de Mercantil y Concursal del Consejo General de la Abogacía, explicará el procedimiento especial para microempresas que ha entrado en vigor en enero de este año. Y Javier Hernández Díez, subdirector general de Impulso e Innovación de Servicios Digitales de Justicia, cómo realizar la liquidación sin administración concursal a través de la plataforma online.

El abogado Jaime Lapaz Castillo, diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Sabadell, dará pistas para avanzar hacia unos procesos más sostenibles de papel cero.

Sobre secreto profesional hablará el abogado Dionisio Escuredo Hogan. Alfredo Sánchez-Rubio Triviño, socio en Brexia Legal, sobre las principales herramientas tecnológicas para un profesional de la abogacía. Y Benjamín Losada Ibáñez, responsable comercial España & suscriptor senior cyber riesgos, sobre ciberseguridad.

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/todo-un-maraton-formativo-para-ponerse-al-dia-sobre-las-materias-mas-importantes/

Publicado el 19/04/2023

El Consejo General de la Abogacía Española ha abierto la convocatoria para la participación en cinco cursos de formación en formato online y presencial a través de la plataforma HELP.

Se trata de curso gratuitos dirigidos a profesionales del derecho, organizados por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía en colaboración con el Consejo de Europa y la Fiscalía General del Estado.

Detalle de los cursos:

1. Derecho de familia. 26 de mayo de formato online desde la Escuela Judicial de Barcelona.
2. Medicrime. 20 de junio con formato presencial en la Escuela Judicial de Madrid.
3. Cybercrime. 6 de noviembre de forma presencial en la Escuela Judicial de Madrid.
4. Trata de seres humanos. 27 de noviembre de manera presencial en la Escuela Judicial de Barcelona.
5. Introducción al Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH). 28 de noviembre de forma presencial en la Escuela Judicial de Barcelona.

RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS

Las candidaturas deberán remitirse al correo: proyectos-ue@abogacia.es

En el asunto del correo electrónico debe indicarse:
“HELP CURSO ELEGIDO: APELLIDO1 APELLIDO2 Nombre”
Ejemplo: “HELP MEDICRIME: GARCÍA GONZÁLEZ María”

La candidatura deberá constar de:

1. Currículum vitae
2. Carta de adecuación a la candidatura
3. Colegio de la Abogacía de adscripción y número de colegiado
4. Correo electrónico
5. Teléfono de contacto

La fecha límite de recepción de candidaturas finaliza el 31 de mayo. Excepto para el curso de Derecho de familia que finaliza el 7 de mayo.

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-espanola-abre-convocatoria-para-cinco-cursos-de-formacion-gratuita-help/

Publicado el 13/04/2023

La mesa del XIII Congreso de la Abogacía Española ha decidido en la tarde de hoy prorrogar durante seis días más el plazo de entrega de comunicaciones destinadas a las distintas sesiones deliberativas que se realizarán durante su celebración, entre los días 3 y 5 de mayo. El órgano rector del congreso ha tomado esta decisión, la de establecer como nueva fecha para el envío de comunicaciones el 19 de abril, tras haber recibido varias solicitudes en tal sentido desde que el pasado día 5 de este mismo mes el Congreso de los Diputados publicase en su boletín oficial el Proyecto de Ley de Derecho de Defensa.

La premura de tiempo entre la publicación de este texto y el plazo inicialmente establecido ha llevado a la mesa a ofrecer una breve prórroga de 6 días con el ánimo de otorgar a quienes lo han solicitado el tiempo suficiente para formular sus propuestas a través de las aludidas comunicaciones. La aprobación del Proyecto de Ley de Derecho de Defensa, de enorme trascendencia para la consolidación de los derechos y obligaciones de los profesionales de la abogacía, puede tener un impacto muy relevante en las condiciones en que los abogados realizan su trabajo.

Desde el diseño del programa, siempre estuvo en el ánimo del Consejo General que el congreso se constituyese como el foro más adecuado para el debate y la deliberación sobre los derechos de la ciudadanía. La reciente aprobación del citado Proyecto de Ley del Derecho de Defensa ha venido a consolidar la oportunidad de ese debate, pues las conclusiones del congreso servirán para enriquecer las propuestas al trámite parlamentario y dotar de mayor fuerza a las que formule el conjunto de la abogacía reunido en su XIII congreso nacional.

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-mesa-del-xiii-congreso-de-la-abogacia-prorroga-el-plazo-para-presentar-comunicaciones/

Publicado el 05/04/2023

La difícil situación que vive el sistema judicial en España se ha agravado a consecuencia de la crisis pandémica, unido a la crónica desatención dispensada por los poderes públicos. A una mayor saturación de la Justicia se le suma el deterioro constante de las condiciones en las que trabaja un colectivo clave para garantizar el derecho de defensa de la población más vulnerable, como es la abogacía que ejerce en el Turno de Oficio y Justicia Gratuita, que hace plenamente eficaz el mandato constitucional del art. 24 de la Constitución Española.

Por lo anterior, desde el Consejo General de la Abogacía Española, órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de la Abogacía de España, y en representación de los más de 150.000 abogados y abogadas de nuestro país, creemos necesario que las Administraciones Públicas, instituciones y formaciones políticas impulsen un Pacto para mejorar la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio.

Los ejes esenciales de tal acuerdo deberían avanzar en los siguientes aspectos:

1.- Dignificación, accesibilidad, transparencia y atención para una mejor calidad de la Justicia: establecer instrumentos que protejan de manera efectiva la calidad en el trato a los profesionales y a la ciudadanía en las actuaciones ante el sistema judicial.

2.- Retribución digna de las actuaciones realizadas por los profesionales de la abogacía que prestan los servicios de la Justicia Gratuita a través del Turno de Oficio, y su actualización conforme el IPC.

3.- Reconocimiento, y consecuente compensación, de todas las actuaciones de los profesionales de la abogacía en las intervenciones derivadas del Turno de Oficio.

4.- Promover los acuerdos extrajudiciales en detrimento de la litigiosidad en la regulación de la Justicia Gratuita, e incluso incentivando económicamente lo anterior.

5.- Garantizar, en todo caso, que las actuaciones de los profesionales de la abogacía que hayan de ser asumidas por imperativo legal o judicial, a través del Turno de Oficio, obtendrán la correspondiente compensación económica.

6.- Garantizar el acceso de los ciudadanos al sistema de Justicia Gratuita y, para ello, establecer como criterio el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en sustitución del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita.

7.- Conseguir que las Comisiones de la Administración responsables de la concesión del beneficio de justicia gratuita actúen con criterios equiparables entre ellas, evitando disparidades e incluso contradicciones.

8.- Modernización de la Justicia: finalizar la implantación de los medios telemáticos a nivel policial y judicial en todas las jurisdicciones e instancias.

9.- Creación de turnos de oficio especializados en materia de protección internacional en aquellos territorios con mayor número de solicitudes (entre otros, zonas de llegadas marítimas, aeropuertos internacionales y CIES). Una vez creados, deberá promoverse entre la abogacía formación obligatoria y gratuita para acceder a los turnos de oficio de extranjería y protección internacional exigible a través de su normativa reguladora.

10.- Reducción de las cargas burocráticas para los profesionales de la abogacía y para las organizaciones colegiales en orden a la justificación de las actuaciones derivadas del Turno de Oficio y Justicia Gratuita, así como exigir a las Administraciones territoriales y órganos judiciales su corresponsabilidad en las tareas de la gestión.

Estas reivindicaciones, necesarias para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, son fruto de la preocupación de los Colegios de la Abogacía, los Consejos Autonómicos y su Consejo General por la situación que afrontan día a día los profesionales del Turno de Oficio y Justicia Gratuita, y serán abordadas en las sesiones deliberativas del XIII Congreso Nacional de la Abogacía, que tendrá lugar los días 3 y 5 de mayo en Tarragona.

Desde la abogacía española instamos a las administraciones públicas con competencia en materia de justicia, al resto de instituciones y a los partidos políticos a trabajar para alcanzar un Pacto que responda a las necesidades del servicio público de Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, y de los profesionales que prestan este servicio.

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/por-un-pacto-para-mejorar-la-justicia-gratuita-y-el-turno-de-oficio/

Publicado el 30/03/2023

El Consejo General de la Abogacía Española, la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) firmaron este jueves un convenio para seguir colaborando en la protección legal de la ciudadanía con discapacidad.

En concreto, el acuerdo lo rubricaron Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía Española; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI, quienes coincidieron en señalar que, si bien se ha avanzado mucho en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, hay que seguir trabajando para mejorar aún más y conseguir su inserción efectiva en todos los ámbitos de la vida.

Ortega ha insistido “en el compromiso de la Abogacía en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, la necesidad de adaptar este convenio a las exigencias de la sociedad actual, de fomentar el desarrollo tecnológico de la profesión en la sociedad y, en definitiva, consolidar la cooperación transversal que ha venido rigiendo nuestra relación desde el año 2004”.

El acuerdo suscrito este jueves da continuidad al trabajo conjunto que vienen desarrollando las tres entidades desde hace años y pretende promover iniciativas que favorezcan el ejercicio de los derechos, la protección y la no discriminación de las personas con discapacidad y sus familias.

De esta forma, el convenio busca mejorar el acceso a la justicia, la accesibilidad universal y el fomento del empleo de las personas con discapacidad con medidas como la formación y sensibilización de los profesionales de la abogacía en materia de derechos humanos y discapacidad, así como en relación con las necesidades y demandas de los letrados con discapacidad.

Se propone, igualmente, el Impulso y asesoramiento en la promoción de la accesibilidad universal y el diseño para todos, tanto en el medio físico como en el ámbito de las nuevas tecnologías, incluidos los espacios virtuales (páginas web, etc.).

Del mismo modo, el documento indica que los firmantes llevarán a cabo una labor de coordinación y apoyo mutuo en todas las acciones que favorezcan la inclusión laboral directa e indirecta de las personas con discapacidad y que estudiarán, en este sentido, el establecimiento de actuaciones conjuntas.

Finalmente, el convenio señala que dada la experiencia de Fundación ONCE y su campo de especialización, podrá contribuir al desarrollo del objeto del Convenio mediante la orientación y el asesoramiento a la abogacía en temas enfocados a la intermediación, formación e inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-consejo-general-de-la-abogacia-la-fundacion-once-y-el-cermi-juntos-por-la-proteccion-legal-de-las-personas-con-discapacidad/