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LA CONDENA A LA SANIDAD VALENCIANA ABRE LA PUERTA A UN ALUD DE RECLAMACIONES DE PROFESIONALES

Publicado el 14/01/2022

La condena a la Sanidad valenciana para que indemnice a más de un centenar de médicos por falta de protección contra el coronavirus abre la puerta a muchas más demandas, tanto de otros colectivos que se vieron expuestos al virus en el desempeño de su trabajo como por responsabilidad patrimonial de la Administración, según expertos en Derecho Administrativo.

El Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante condenó a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana a indemnizar a 154 médicos con importes que oscilan entre los 5.000 y los 49.000 euros por no proveerles de suficientes equipos de protección individual durante la primera ola de la pandemia. La Generalitat ha anunciado ya que recurrirá esta resolución, que tuvo su origen en una demanda presentada por el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV.

“Esta sentencia sienta un precedente a tener muy en cuenta en casos similares. En primer lugar, la condena es a una consejería autonómica, por lo que vendrán muchas más como ésta”, explica Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados .

“En segundo lugar, los sanitarios no han sido los únicos que han estado ‘en primera línea de combate’, también aquellos que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se vieron expuestos al virus en el desempeño de su trabajo; o el personal de las residencias de ancianos de ámbito público… ”, añade Benítez, que señala que cualquier Administración Pública está obligada a cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Guillermo Llago Navarro, el abogado de CESM-CV que presentó la demanda, destaca que esta sentencia es la primera que establece cuantías económicas concretas y adelanta que van “a presentar muchas demandas más”. Eso sí, concreta que han de ser “individualizadas”, no colectivas, y acreditar “la ausencia de material sanitario en cualquier ola de la pandemia”.

Antonio Benítez augura “una avalancha de reclamaciones judiciales en defensa de la salud y seguridad de los trabajadores al servicio de la Administración Pública que han estado expuestos y sin medios, ante la mayor pandemia vivida hasta el momento”. Pero la avalancha no se producirá solo en ese ámbito: “esta sentencia puede tener también un impacto importante en la infinidad de reclamaciones patrimoniales en curso”.

“Pese a que la Covid sea un supuesto de fuerza mayor, circunstancia que de por sí no genera indemnización alguna, sí que da lugar a responsabilidad el modo en que nuestras autoridades y la Administración haya gestionado la misma. Esta circunstancia, es perfectamente extrapolable a infinidad de supuestos que pueden quedar perfectamente encuadrados en una incorrecta gestión de las situaciones que estamos viviendo. Y por tanto, generadoras de responsabilidad patrimonial”, asegura Benítez.

En diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria cuestionó las limitaciones impuestas por las autonomías a la hostelería y al ocio nocturno en agosto de 2020, estimando los recursos interpuestos por dos asociaciones y abriendo así la puerta a posibles reclamaciones patrimoniales.

De forma paralela a los recursos contenciosos, varios despachos de abogados interpusieron reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente al Estado en búsqueda de indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados por las dos declaraciones del estado de alarma. La mayoría aún están pendientes de resolución.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite reclamaciones al Gobierno por valor de 300 millones a causa de los cierres de empresas decretados durante la pandemia, según informó el mes pasado la Plataforma de Empresarios Afectados por el cierre de negocios durante la pandemia (PEACovid-19), que engloba todo tipo de negocios, desde hoteles a peluquerías.

 

Fuente:Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-condena-a-la-sanidad-valenciana-abre-la-puerta-a-mas-reclamaciones-e-indemnizaciones/

COLEGIOS DE LA ABOGACÍA ENTREGAN SUS AYUDAS SOCIALES

Publicado el 28/12/2021

Los Colegios de Alicante, Ciudad Real, Córdoba, Jaén y Tenerife han entregado en estos últimos días ayudas económicas a diferentes colectivos sociales de sus provincias que trabajan con colectivos que sufren diferentes enfermedades, exclusión o que trabajan en la integración social.

El Colegio de la Abogacía de Alicante ha dado las ayudas sociales correspondientes al segundo semestre del año a seis asociaciones: Asociación de Vecinos Barrio José Antonio Sol d’Alacant, Amunt Contra el Cáncer, Lola busca nueva imagen, Asociación padres autismo Comunidad Valenciana; Asociación provincial alicantina de ayuda al drogodependiente (APRALAD) y Comunidad Obra Social Santa Luisa Marillac.

 

Entrega de las ayuda en el Colegio de la Abogacía de Alicante.

 

Por su parte, el Colegio de Abogados de Ciudad Real ha entregado 14.135€ para acciones solidarias. De esta cifra, 8.326€ han sido donados a Cáritas en el marco del Proyecto Euro Solidario, iniciativa puesta en marcha por el Colegio en 2012 y por la que todos aquellos colegiados que lo desean, aportan un euro mensual. Los otros 5.809€, con cargo a la partida presupuestaria del 0’7 % que el Colegio destina anualmente a acciones solidarias, se entregaron a: SOLMAN, Banco de Alimentos, Familias necesitadas de Ciudad Real, Asociación Española contra el Cáncer, UNICEF, Asociación “IDEA LIBRE, Infancia, Desarrollo, Ayuda”, Cáritas de Los Llanos de Aridane (isla de La Palma), Cruz Roja para la Campaña de juguetes para niños sin medios económicos, Cruz Roja provincial y Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES).

 

Sede del Colegio de Abogados de Ciudad Real.

 

El Colegio de Abogados de Córdoba ha destinado 11.100 euros, el 0,7% de su presupuesto anual, al apoyo de proyectos sociales de ocho asociaciones y organizaciones no gubernamentales: Córdoba Acoge, Asociaciones Nacional de Hogares Para Niños privados de Ambiente Familiar “Nuevo Futuro”, Asociación San Rafael de Alzheimer y otras Demencias, ADEVIDA, Asociación de Familias de Acogida MÍRAME, Proyecto Hombre Córdoba, Fundación Prolibertas y Asociación Ixmucané Córdoba. Además, la Abogacía de Córdoba mantiene su apoyo a Cruz Roja Córdoba.

 

Entrega de ayudas en Córdoba.

 

El Colegio de Abogados de Jaén ha entregado 19.000 euros a 19 asociaciones jiennenses dentro de la campaña del Euro Solidario. Esta iniciativa social, que ya ha cumplido diez ediciones, ha repartido desde sus inicios más de 160.000 euros entre distintas entidades sociales. En esta ocasión, las asociaciones beneficiadas han sido la Asociación de Alzheimer y Demencias Afines Conde García, Manos Unidas de Jaén, Asociación para la Lucha contra Enfermedades Renales de la Provincia de Jaén (Alcer), Cavias Asociación de Fatiga Crónica y Fibromialgia, Asociación Vuela Alto, Muévete por el Párkinson Jaén y Provincia, Proyecto Candela, Proyecto Rajab, Asociación ALES de Niños con Cáncer, Asociación Familia Vicenciana de Andújar, Fundación Banco de Alimentos de Jaén, Cáritas Interparroquial, Asociación de Pacientes Cardiacos de Jaén, Asociación Provincial de Parkinson de Linares, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer “La Estrella”, Asociación Lupus Jaén (Aluja), Asociación “Edad Dorada” Mensajeros de la Paz, Hermanitas de los Pobres de Jaén y Asociación de Dislexia de Jaén.

 

Entrega del Euro Solidario en Jaén.

 

Por último, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife ha dado dos cheques de 800 euros cada uno a los niños de la capital chicharrera, resultado de la venta de Lotería de Navidad. El dinero, que se recauda con la venta de lotería colegial, se destina a dos organizaciones, este año se ha elegido a Cáritas Diocesana de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz, quien, a su vez, ha seleccionado a AMATE (Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife) como destinatario final. La entrega tuvo lugar en la sede colegial y contó con la presencia de Esther Medina Castilla y Eloísa Merino Morillas, la secretaria y la diputada 2ª de la Junta de Gobierno respectivamente, José Manuel Bermúdez, alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, María Loreto NEgi Carreño, técnica de Cáritas, y María del Carmen Bonfante, en representación de AMATE, quienes recogieron los talones en nombre de sus respectivas organizaciones.

 

Entrega de las ayudas en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

 

 

Fuente:Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/colegios-de-la-abogacia-entregan-sus-ayudas-sociales/

LA REFORMA LABORAL YA ES LEY

Publicado el 30/12/2021

El Real Decreto-ley de reforma laboral, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado. Esta legislación entrará en vigor el 31 de diciembre, salvo el nuevo marco de contratación, que lo hará dentro de tres meses para dar tiempo a las empresas a adaptarse.

Una de las principales novedades de la reforma es la eliminación del contrato por obra o servicio, ya que a partir de ahora el contrato ordinario será el indefinido. La contratación temporal queda reducida a circunstancias muy concretas de producción o por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo. Los trabajadores que en un plazo de 24 meses permanezcan 18 de ellos en la misma empresa contratados por circunstancias de producción pasarán a ser considerados como indefinidos.

 

Yolanda Díaz. Ministra de Trabajo y Economía Social de España y Vicepresidenta segunda del Gobierno de España.

 

Los contratos de obra en la construcción pasarán a ser indefinidos y cuando finalicen las obras en las que esté empleado el trabajador, la empresa debe recolocarle o formarle. Los sectores que recurrían hasta ahora a contratos temporales estacionales deberán utilizar los contratos fijos-discontinuos, que tendrán los mismos derechos que los indefinidos.

Si una empresa incumple las nuevas normas sobre contratación temporal, el trabajador pasará a ser indefinido. Las sanciones a las que se enfrentan los empleadores por el uso indebido de la temporalidad van de 8.000 a 10.000 euros por cada situación fraudulenta que se detecte.

También estará penalizado el abuso de contrataciones temporales inferiores a 30 días. Las empresas que lo hagan, tendrán que pagar 26 euros adicionales en la cotización a la Seguridad Social por cada contrato de estas características dado de baja.

La reforma también refuerza los contratos formativos, y distingue entre formación en alternancia, para compaginar trabajo y formación, y el contrato para la adquisición de la práctica profesional. Para los primeros, de una duración máxima de dos años, la jornada laboral no podrá ser superior al 65% en el primer año, y al 85% en el segundo y recibirán una retribución adaptada al convenio como mínimo del 60% el primer año y del 75% el segundo. Los segundos tendrán entre seis meses y un año de duración y estarán retribuidos según establezca el convenio para el puesto ocupado.

En cuanto a la negociación colectiva, se recupera la ultraactividad de los convenios colectivos, que vuelven a prorrogarse sin límite temporal hasta que sean sustituidos por otro. Las contratas y subcontratas se regirán también por los convenios del sector para el que hayan sido contratadas, o por los de la empresa si estos recogen mejores condiciones salariales.

Los ERTE quedan también reforzados para evitar despidos colectivos, y se utilizarán los mismos mecanismos usados durante la pandemia, pero con más facilidades de tramitación para las pymes. Los aplicados por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, tendrán exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social del 20%, condicionadas a la realización de acciones formativas. En cuanto a los ERTE de fuerza mayor, se añade a las causas para su aplicación el impedimento o limitaciones a la actividad por decisiones de la autoridad gubernativa. Para esta tipología, las exoneraciones serán del 90%.

También se establece una nueva herramienta, el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, para hacer frente a crisis cíclicas o sectoriales.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-reforma-laboral-ya-es-ley/

EL CGPJ ENTREGA LOS IX PREMIOS A LA CALIDAD DE LA JUSTICIA

Publicado el 15/12/2021

El Colegio de Abogados de Madrid; el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Alicante; los juzgados de lo Social 3, 7 y 10 de Las Palmas de Gran Canaria; la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia; la Secretaría de Coordinación Provincial de Girona; los juzgados decanos de los partidos judiciales de Sabadell y de Las Palmas de Gran Canaria y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, han recibido este miércoles los Premios a la Calidad de la Justicia. El fallo de esta novena edición se produjo en noviembre de 2020, pero la entrega se pospuso con motivo de la pandemia de Covid-19.

 

 

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha presidido el acto de entrega, durante el que ha asegurado que la eficacia, la accesibilidad y la transparencia son tres cualidades imprescindibles de este servicio público. De hecho, ha concluido, “la Justicia, si no es de calidad, no es una verdadera Justicia”.

Tras dar la enhorabuena a los premiados y expresarles su reconocimiento, Carlos Lesmes ha recalcado que las tres categorías del galardón -eficacia, transparencia y accesibilidad- convergen en una única idea, que no es otra que “la del buen servicio público”. Un servicio público que debe ir mejorando de forma continua y que debe ir adaptándose a las transformaciones sociales y tecnológicas, lo que exige a los poderes públicos “el deber de estar siempre alerta, siempre aprendiendo y anticipándonos a las necesidades cambiantes de nuestros ciudadanos”.

La consecución de esos tres objetivos, que en opinión del presidente del Tribunal Supremo son “factores imprescindibles del necesario y continuo proceso de modernización de la Administración de Justicia”, tiene con fin último “conseguir la excelencia del servicio que los ciudadanos, a quienes nos debemos, tienen el derecho de recibir”.

Carlos Lesmes ha invitado a todos los actores implicados en la Administración de Justicia a seguir trabajando para lograr una Justicia “más cercana a los ciudadanos, que les resulte más comprensible y más reconocible como propia” porque sólo así se logra una mayor confianza en el sistema y se garantiza el “verdadero cumplimiento del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”.

Los Premios Calidad de la Justicia reconocen y distinguen la labor de órganos y oficinas judiciales y de otros organismos relacionados con la Administración de Justicia en la mejora de la calidad del servicio público y en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión. A la ceremonia de entrega ha asistido el vicepresidente del Consejo General de la Abogacía y decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, Carlos Fuentenebro.

Estos son los premiados en las distintas modalidades y categorías:

 

Justicia más eficaz

 

Modalidad “órgano judicial”.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante por su proyecto “Resolución de recursos abreviados: tiempo aproximado 3 meses”, con el que, gracias a los criterios de ordenación del trabajo y de las actuaciones procesales aplicados, ha conseguido dar una respuesta eficaz y rápida en un tiempo medio de tres meses. Durante 2019, el órgano judicial finalizó 600 asuntos mediante sentencia y redujo la pendencia a final de año a 353.

Los Juzgados de lo Social 3, 7 y 10 de Las Palmas de Gran Canaria por su proyecto “Optimización de recursos e integración de las nuevas tecnologías. Experiencia desde el año 2017”. La coordinación y colaboración entre los tres órganos judiciales ha permitido fijar unos criterios básicos de gestión para la tramitación de asuntos y crear un nuevo sistema de automatización de resoluciones. Se ha facilitado así la tarea del juez y se ha conseguido una mayor eficacia, situándose los tres juzgados en un nivel de pendencia inferior a la media nacional y a la de los otros órganos judiciales de igual clase del partido judicial.

Modalidad “Entidades u organismos relacionados con la Administración de Justicia”.

La Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia por su proyecto “Soluciones tecnológicas para una justicia más eficaz”. Se ha dotado a jueces y magistrados de herramientas como la “Bandeja del Juez”, que les permite controlar en todo momento las actuaciones y tareas pendientes de cada procedimiento; la “Calculadora 988”, con la que pueden automatizar el cálculo de la acumulación de condenas; y la “Textualización de medios visuales”, que genera textos de forma automática a partir de los audios de los videos grabados durante las vistas y declaraciones.

 

Justicia más transparente

 

Modalidad “órgano judicial”.

La Secretaría de Coordinación provincial de Girona por su proyecto “Creación unidad compartida M”, gracias al que dicha secretaría y los distintos letrados de la Administración de Justicia de la provincia pueden compartir, agrupar y disponer toda la información y documentación relevante. El sistema dota de mayor transparencia interna a la información y estado de cada órgano judicial y evita quejas y consultas.

Modalidad “Entidades u organismos relacionados con la Administración de Justicia”.

El Colegio de Abogados de Madrid por su proyecto “Impulsar medidas que contribuyan a una justicia de calidad y a la plena implantación de la carta de derechos de los ciudadanos”. Se trata de un sistema de recepción multicanal de todo tipo de información relativa a actuaciones judiciales de los abogados. También cuenta con una aplicación para la recepción rápida de información sobre incidencias ocurridas en juzgados, tribunales o centros de detención y para la difusión de las buenas prácticas desarrolladas en los mismos. El decano del Colegio y vicepresidente del Consejo de la Abogacía, José María Alonso, ha sido el encargado de recoger el galardón.

 

Justicia más accesible

 

Modalidad “órgano judicial”.

El Juzgado Decano del partido judicial de Sabadell por su proyecto “La cara amable de las sedes judiciales: facilidad de acceso de las personas más vulnerables y necesitadas de protección ante la Administración de Justicia”. En colaboración con la unidad canina de la Policía Local de Sabadell, se ha desarrollado un sistema original y sensible que permite a menores y a personas especialmente vulnerables acudir a las actuaciones judiciales acompañadas de pequeños canes adiestrados para ello. Se genera así un ambiente de confianza en el personal de la Administración de Justicia y se reduce la ansiedad de estos usuarios.

El Juzgado Decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria por su proyecto “Eficacia para resolver con rapidez y calidad las demandas de los justiciables”, con el que se ha establecido un protocolo de actuación para facilitar el acceso a la Justicia de menores o personas vulnerables, generando espacios de tranquilidad, confianza y seguridad y evitando la victimización secundaria.

Modalidad “Entidades u organismos relacionados con la Administración de Justicia”.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía por su “Proyecto de conversión de sentencias a lenguaje fácil”. Se ha encomendado a la institución Plena Inclusión la conversión de los textos de sentencias y resoluciones con el fin de facilitar la comprensión de su significado y consecuencias a personas con discapacidad intelectual, garantizando el derecho a la igualdad y la inclusión social de este colectivo.

El jurado ha estado integrado por los vocales Gerardo Martínez Tristán –que lo presidió- y Juan Martínez Moya; el fiscal Raúl Martínez Moreno, de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado; Javier Casado Román, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Juan Carlos Estévez, presidente del Colegio de Procuradores de España; y Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo de Graduados Sociales.

 

Fuente:Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-cgpj-entrega-los-ix-premios-a-la-calidad-de-la-justicia/

ABOGACÍA Y PYMES DESTACAN EL VALOR DE LAS ALIANZAS PARA AVANZAR EN SOSTENIBILIDAD

Publicado el 09/12/2021

La abogacía y las Pymes son fundamentales para avanzar hacia un desarrollo sostenible, pero para conseguir un verdadero impacto es imprescindible establecer alianzas con el resto de actores sociales. Esa fue la principal conclusión del debate “Sostenibilidad y ODS: la aportación de la Abogacía y las Pymes”, organizado por el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de la Abogacía de Barcelona.

En la mesa redonda, moderada por la decana de Barcelona Maria Eugenia Gay, participaron Begoña Gómez,  directora de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid , José Mª Torres, presidente de CONPYMES y Cristina Ruiz Pérez, abogada, consejera de IASE España y consultora en sostenibilidad.

 

De izda. a derecha: Cristina Ruiz, Begoña Gómez, Mª Eugènia Gay y José María Torres

 

Begoña Gómez destacó la urgencia de avanzar en sostenibilidad, y recordó que esta “tiene un impacto para la sociedad pero también un retorno económico para la empresa”. Y afirmó que “desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ser, siempre, en alianza. Solo podemos alcanzar grandes objetivos si remamos todos a la vez: empleados, instituciones, gobiernos, tercer sector y universidades. No se trata de llegar más rápido, sino de ir más lejos”. “Somos más fuertes si nos aliamos”, enfatizó.

La Abogacía institucional “tiene el deber de fomentar el sentido de la responsabilidad y asumir compromisos con el ejemplo encaminados al desarrollo económico y social. Y para garantizarlos, debe cerrar filas en su cumplimiento junto al resto de actores sociales”, afirmó en la apertura del acto Carlos Fuentenebro, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, quien hizo una mención especial al ODS 16, dirigido a “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”.

Fuentenebro también apuntó que la abogacía está “plenamente comprometida con el fomento de la convivencia y la cohesión social, por la consolidación de un modelo de justicia garantista, sólido e inclusivo y tiene entre sus prioridades el fomento de la transparencia y el buen gobierno”.

Cristina Ruiz se refirió también a ese papel fundamental de la Abogacía, como verdadera palanca de cambio, en esta transformación, por su doble papel “de agentes del cambio y garantes de los derechos de las personas”. Y enfatizó el compromiso del Consejo General de la Abogacía con la Agenda 2030. También se refirió a la importancia del ODS 16 para garantizar sociedades inclusivas.

José María Torres, por su parte, se refirió al importante papel que juegan las Pymes, “que suponen el 99,8% del tejido empresarial español” y mencionó la necesidad de actuar por sectores, para generar un “impacto para la sociedad”.

También se habló del ODS 5 y la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades. “Es una cuestión de justicia social pero también de impacto económico”, destacó Cristina Ruiz, mientras que Begoña Gómez, quien alertó de que se están dando pasos atrás, llamó a “diseñar estrategias de negocio con perspectiva de género” y a fijar objetivos concretos, medibles, con plazos, para “poder saber cómo se está impactando realmente”.

También se alertó contra el edadismo, la discriminación por edad. Y en este sentido Begoña Gómez señaló que “en las organizaciones tenemos que generar diversidad, inclusión y fidelizar a los trabajadores”. Los ponentes destacaron la importancia de la formación continua. “Pedimos a la sociedad hacer campañas para hablar de la discriminación por edad y las consecuencias que tiene. Obliguemos a los reclutadores de empresas a contratar a seniors para que el sistema sea sostenible y sus hijos tengan futuro. La diversidad suma”, apuntó José María Torres.

Ruiz explicó que los clientes cada vez más “nos piden evidencias de este compromiso con la sostenibilidad, por lo que tenemos que definir nuestros propósitos para conseguir impacto. El progreso económico y bienestar social van unidos”, recordó.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/abogacia-y-pymes-destacan-el-valor-de-las-alianzas-para-avanzar-en-sostenibilidad/

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: INCERTIDUMBRE SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 8/2021

Publicado el 03/12/2021

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra hoy, en un año importante para este colectivo en España, gracias a la entrada en vigor de la Ley 8/2021 que busca promover el apoyo a estas personas en el ejercicio de su capacidad jurídica.

“Cuando se apliquen al 100 % todas las herramientas necesarias, se garantizará el acceso a la justicia, a la libertad y el derecho a vivir una vida plena y lo más autónoma posible”, afirma Eva Ribó Fenollós, coordinadora del Grupo de Trabajo de Discapacidad del Consejo General de la Abogacía Española

Sin embargo, todos los abogados consultados afirman que existe incertidumbre y desconcierto sobre su aplicación y falta de recursos para que la nueva Ley sea efectiva. “Hay muy poca casuística. Los ajustes de procedimientos carecen de la partida presupuestaria correspondiente y no se están realizando revisiones de las medidas anteriores por parte de la Fiscalía, ni tampoco de oficio por parte del juzgado. Es evidente que va a haber un colapso final cuando se vaya acabando el plazo de los tres años que les han otorgado”.

“Si a todo esto le añadimos que, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, no es preceptiva la intervención de letrado, nos encontramos con un gran sector poblacional que desconoce cómo interponer el procedimiento y, además, se está quedando solo, sin asistencia jurídica”, matiza Ribó.

A la abogada Josefa García Lorente le preocupa también “la escasa presencia que la ley confiere al colectivo de la abogacía. La mayoría de estas personas son vulnerables y acuden a la justicia gratuita”. Por tanto, otro de los retos para la abogacía es crear turnos de oficio especializados.

 

Necesidad de un cambio de mentalidad

 

Ribó señala que la aplicación de la ley irá creciendo a medida que se produzca una transformación de la mentalidad social. “No solo tenemos que decirlo, sino que tenemos que creer que las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica. Para eso están los procedimientos de apoyo”, manifiesta.

“Todavía entienden que la discapacidad implica directamente falta de capacidad para decidir, error profundo del que hay que salir”, puntualiza la abogada García Lorente, para quien esa nueva perspectiva “sólo puede conseguirse a través de formación e información en profundidad sobre el respeto a la voluntad de las preferencias de la persona”.

Precisamente para mejorar esa formación, el Consejo General de la Abogacía, organizó el Curso de Protección Jurídica de las Personas con Discapacidad, que ofrece los conocimientos mínimos para poder formar parte de los Turnos de Asistencia Jurídica Gratuita. Lleva ya tres ediciones y en la última hubo una asistencia de medio millar de abogados. El interés es tan grande que ya se prevén dos nuevas ediciones para el año 2022.

Ignacio Rivero Amavisca, uno de los profesores del curso y director de Recursos Humanos de la Asociación Cántabra En Favor de las Personas Con Discapacidad Intelectual afirma que no se acaba de entender muy bien la desaparición de la incapacitación. “Lo asemejan a dejarles `desprotegidos´ en lugar de a prestarles apoyo sólo en los aspectos que lo necesitan, manteniendo su total capacidad de obrar”.

 

Primera sentencia que aplica la Ley

 

La Sentencia nº 589/2021 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo supuso el primer fallo que suprime la incapacitación judicial de un hombre y acordó la designación de curador para el ejercicio de las medidas de apoyo. “Sí está justificada la adopción de dichas medidas, aun en contra de la voluntad del interesado, cuando el trastorno que provoca la situación de necesidad impide conciencia clara de su situación”, comenta Carmen Julia Azpeitia Grande, abogada área Civil de AGM Abogados.

Como en tantas otras materias, será la doctrina jurisprudencial la encargada de dibujar los perfiles de esta nueva regulación y orientar la labor de los jueces y tribunales.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-hacia-una-vida-mas-plena/

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN, UN DEBATE INAGOTABLE

Publicado el 22/11/2021

¿Tiene límites la libertad de expresión? ¿Cuáles son los peligros que esconde Internet para los derechos de los ciudadanos? ¿Existe una censura real en las redes sociales? ¿Se pueden combatir eficazmente las noticias falsas o es una batalla perdida?

Todas estas preguntas intentarán encontrar una respuesta en el VIII Congreso de Derechos Humanos que celebra la Fundación Abogacía Española el próximo 1 de diciembre, en una jornada en la que expertos de diversos ámbitos analizarán las amenazas que existen para el derecho a expresarse en libertad y también las consecuencias de establecer unos límites que en ocasiones pueden vulnerar otros derechos.

 

La libertad de expresión y sus límites legales

El primero de los temas estará dedicado al marco jurídico de la libertad de expresión y sus límites legales. El eterno debate entre la protección de un derecho fundamental y su colisión con otros tendrá cabida en esta mesa con perspectiva jurídica, a cargo de Jacobo Dopico, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid y creador de LibEX.es y de Marta Timón Herrero, letrada coordinadora del área de lo contencioso-administrativo del Gabinete Técnico de la Sala 3ª en el Tribunal Supremo.

 

De la teoría a la práctica: casos concretos de vulneraciones

Los abogados Endika Zulueta, defensor de Willy Toledo entre otros mediáticos casos relacionados con la libertad de expresión, y Cristina Peña Carles, especialista en defender casos que afectan a la prensa –como el que afectó a Federico Jiménez-Losantos-, pondrán nombre a la segunda mesa, que tratará casos conocidos y ayudará así a arrojar algo de luz sobre este dilema.

 

La red de Internet, ¿terreno seguro o arenas movedizas?

Aunque apenas nos demos cuenta, Internet esconde muchos peligros para los que lo utilizan cada día, entre ellos el uso de algoritmos que perfilan a los usuarios para acercarse a sus preferencias y ofrecer una navegación personalizada, pero que pueden no respetar la protección de datos personales, o la posibilidad de sufrir un ciberataque. Para hablar de todo ello, intervendrán en esta mesa Idoia Salazar, presidenta OdiseIA; José Perals, fiscal de criminalidad informática de la Audiencia Nacional y David Javier Santos Sánchez, Abogado del Estado y jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española Protección de Datos.

 

Redes sociales y censura, ¿quién decide?

¿Hay censura en las redes sociales? ¿Por qué algunos tuits o cuentas de personas conocidas son eliminados y otros no? ¿Quién toma estas decisiones? Dos grandes conocedores de los entresijos de estos instrumentos que tan metidos están en nuestras vidas, Edu Galán, escritor, guionista y creador de la revista satírica Mongolia y Cristina Monge Lasierra, doctora en Ciencias Políticas, máster en Comunicación Política y profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza, hablarán sobre ello y mucho más

 

Noticias falsas y posverdad, en busca de un antídoto

Finalmente, el Congreso cerrará con un análisis de otro fenómeno preocupante para la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz, las “fake news” a las que cada día estamos expuestos en redes o en los medios tradicionales. Sobre su auge y sobre si existe o no un remedio para frenarlas debatirán Carlos Hernández-Echevarría, coordinador de Políticas públicas y desarrollo institucional de Maldita.es; Raúl Magallón Rosa, investigador y profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, autor del libro “Desinformación y pandemia: la nueva realidad” y Lucía Méndez Prada, periodista y redactora jefe de Opinión en El Mundo.

La inscripción del Congreso tiene un coste de 20€, aunque los estudiantes tienen un 50% de descuento.

 

Inscripción al Congreso

Programa del Congreso

 

PROGRAMA CON LOS TEMAS DEL CONGRESO:

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN

 

9:30 – 10:00     PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

– Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

– Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo. PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN.

 

10:00 – 10:45    EL MARCO JURÍDICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: ¿DÓNDE ESTÁN LOS LÍMITES?

– Jacobo Dopico, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid y creador de LibEX.es

– Marta Timón, letrada coordinadora del área de lo contencioso-administrativo del Gabinete Técnico de la Sala 3ª en el Tribunal Supremo

– Modera: Carlos Brito, presidente de la Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Madrid.

 

10:45 – 11:15 DESCANSO CAFÉ

 

11.15 – 12.30         DEBATE JUDICIAL Y ESTUDIO DE CASOS

– Endika Zulueta, abogado del caso Willy Toledo

– Cristina Peña, abogada del caso Jiménez-Losantos

– ModeraCarlos Brito, presidente de la Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Madrid.

 

12:30 – 14:00         LAS TRAMPAS DE INTERNET A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

– Idoia Salazar, presidenta de OdiseIA

– José Perals, fiscal de criminalidad informática de la Audiencia Nacional

– David Javier Santos, Abogado del Estado, Jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española Protección de Datos.

– Modera: Laura Fra, abogada especializada en TIC

 

14:00 – 16:00 COMIDA

 

16:00 – 17:15         LA “CENSURA” EN LAS REDES SOCIALES

– Edu Galán, escritor, guionista y creador de la revista satírica Mongolia

– Cristina Monge, doctora en Ciencias Políticas, máster en Comunicación Política y profesora de sociología en la Universidad de Zaragoza

– Modera: Gonzalo Fanjul, director del Área de Investigación de porCausa

 

17:15 – 18:30         LA LUCHA CONTRA LA DESINFORMACIÓN Y LA POSVERDAD

– Carlos Hernández-Echevarría, Coordinador de Políticas públicas y desarrollo institucional de Maldita.es

– Raúl Magallón, investigador y profesor del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, autor del libro “Desinformación y pandemia: la nueva realidad”

– Lucía Méndez, periodista y redactora jefe de Opinión en El Mundo

– Modera: Alfonso Armada, presidente de honor de Reporteros Sin Fronteras España

 

18:30                     CLAUSURA DEL CONGRESO

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/derecho-a-la-informacion-y-libertad-de-expresion-un-debate-inagotable/

 

EL CONGRESO SOBRE SEGUNDA OPORTUNIDAD ARRANCA CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER MEJOR ESTE MECANISMO

Publicado el 17/11/2021

“Impulsar la difusión y el conocimiento del mecanismo de segunda oportunidad para responder al reto de ofrecer una salida a las personas que de forma repentina e involuntaria se han visto en una situación de endeudamiento y lo han perdido todo menos sus deudas”. De esta forma resumió la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugenia Gay el objetivo principal del Primer Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad.

“Para que una herramienta como esta sea efectiva y despliegue sus ventajas debe ser conocida por todas la personas que participan”, de manera que se puedan superar las bajas cifras de uso que aún se registran en España, al contrario de los que ocurre en países de nuestro entorno, insistió Gay en la inauguración de este Congreso que se celebra en Barcelona y que pretende también “crear un espacio de debate y reflexión del que salgan propuestas para la mejora del ordenamiento jurídico”.

 

 

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, subrayó la preocupación de la Abogacía por una materia “tan sensible y actual”. “Estamos hablando de un problema que afecta al mismo corazón de las sociedades, de las familias, y a los legítimos deseos de emprendimiento de las personas”, aseguró.

Ortega recordó que la Abogacía presentó una serie de alegaciones en la audiencia pública al anteproyecto de ley de reforma de la Ley Concursal, donde “se pusieron de manifiesto determinadas carencias”, entre otras la limitación del derecho de defensa por no considerase preceptiva la asistencia letrada para determinados procesos, lo que supone un perjuicio “para los deudores menos formados y más vulnerables”. En esas alegaciones también se solicitó que se defina “con mayor claridad” el concepto de buena fe, que en el anteproyecto está restringido por incorporarse nuevos requisitos. Asimismo, se hicieron apuntes sobre la exoneración del crédito público, “uno de los grandes debates que se está teniendo, sobre si vulnera o no la directiva europea” que se quiere trasponer.

“Estamos ante un asunto de máxima trascendencia por su tremendo impacto económico, pero también social, legal, jurídico, personal y emocional. El tratarlo con profundidad en este Congreso es una muestra más del grado de implicación de la Abogacía en lo que incumbe a las sociedades y a los derechos de las personas”, concluyó.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño también intervino en la inauguración, recordando que tras la pandemia “tenemos un buen plan de recuperación para impulsar reformas estructurales de aquí a 2026”. Y dentro de estos planes “tan importante como apoyar a emprendedores es tener un entorno que facilite la reestructuración, agilice los procesos concursales y oriente todo a proteger el valor de las empresas y la segunda oportunidad”.

Finalmente, el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders recordó que tras la pandemia, en toda Europa “muchos ciudadanos están preocupados en cómo pagar sus facturas el mes a mes” y “por eso es tan importante esta cita sobre la segunda oportunidad”. “En la UE estamos trabajando para conocer mejor los orígenes de este problema”, y subrayó que “es importante que los estados miembros contemplen estos mecanismos en sus legislaciones nacionales”.

El Primer Congreso Europeo sobre Segunda Oportunidad se celebra los días 17 y 18 de noviembre a través de mesas redondas jurídicas, socioeconómicas y talleres prácticos, con una mirada a la tramitación del Anteproyecto de Ley de Transposición de la Directiva Europea 2019/1023 de reestructuración, y también a la insolvencia, sus causas, consecuencias y soluciones desde una perspectiva amplia.

Más Información y Programa

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-congreso-sobre-segunda-oportunidad-arranca-con-el-objetivo-de-dar-a-conocer-mejor-este-mecanismo/

EL GOBIERNO ACEPTA QUE TODO EL PERIODO NAVIDEÑOS SEA INHÁBIL JUDICIALMENTE

Publicado el 05/11/2021

  • Además, durante el permiso de maternidad y de paternidad se podrá solicitar la suspensión de los plazos procesales.
  • Estos avances en conciliación se materializarán a través de la Ley de Eficiencia Procesal, que podría llegar al Congreso en enero

 

Los días de Navidad que transcurren entre el 24 de diciembre y el 6 de enero serán inhábiles a todos los efectos en la Justicia española cuando se materialice el acuerdo alcanzado el pasado martes entre el Ministerio de Justicia y todos las profesiones jurídicas representadas en el grupo de trabajo sobre conciliación que fue solicitado por el Consejo General de la Abogacía Española.

Este grupo de trabajo, que cuenta con representantes no solo de la Abogacía, sino también de Procuradores y Graduados Sociales, ha alcanzado una postura común entre ellos y con el Ministerio, incorporando sus peticiones al texto del anteproyecto de ley de eficiencia procesal.

Este texto se trasladará ahora al Consejo de Estado, que emitirá su correspondiente informe en un plazo máximo de dos meses, por lo que el anteproyecto de ley podría llegar al Congreso en enero de 2022, para su tramitación definitiva en Cortes.

Entre sus principales incorporaciones, el texto recoge también que, para los casos de nacimiento y cuidado de menor, las personas profesionales de la abogacía intervinientes que dispongan de la baja por maternidad o paternidad podrán solicitar la suspensión del procedimiento -y por tanto de todos los actos y plazos procesales en curso- para el período de descanso laboral obligatorio establecido según la legislación laboral y de seguridad social. Esta suspensión afectará a todos los procedimientos en los que intervenga.

Además, se amplía al periodo navideño la inhabilidad del mes de agosto, al modificarse la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su art. 130.2, que establecería que “son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad».

Finalmente, en los casos de enfermedad grave y/o fallecimiento de un familiar del profesional de la abogacía, se incluye ahora la suspensión de 3 a 5 días (según necesidades de desplazamiento).

La Abogacía ha visto así como la gran mayoría de sus reclamaciones sobre conciliación eran tenidas en cuenta. No obstante, durante la tramitación del anteproyecto seguirá solicitando que cuando concurra enfermedad grave del profesional de la abogacía se planteé un periodo de suspensión de los procedimientos suficiente para trasladar, con las debidas garantías, los detalles del asunto a otro profesional.

El Consejo General de la Abogacía Española se muestra además satisfecho con la mecánica de búsqueda de consensos previos establecida en este grupo de trabajo entre el Ministerio de Justicia y los profesionales que trabajan ante la administración de Justicia, esperando que pueda extenderse a futuros proyectos legislativos.

Se trata de un texto que permite fortalecer la administración de Justicia del siglo XXI, dentro de una sociedad democrática, avanzada e igualitaria, en sintonía con las necesidades de los profesionales, y que demuestra el compromiso y capacidad de acuerdo entre los actores intervinientes.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-gobierno-acepta-que-la-navidad-sea-inhabil-a-todos-los-efectos-entre-el-24-de-diciembre-y-el-6-de-enero/

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