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                                       en el mundo de la abogacía. 

NUEVAS MEDIDAS FISCALES PRINCIPALES Y SU IMPACTO POTENCIAL EN LA ECONOMÍA EN 2021

Publicado el 14/01/2021

El comienzo del año 2021 trae consigo una batería de nuevas medidas impositivas aprobadas por el Gobierno o en vías de tramitación, reflejadas en los nuevos Presupuestos Generales del Estado, como respuesta a la situación de pandemia y la crisis económica que vivimos. Según las previsiones del Ministerio de Hacienda, solo este año se espera que la recaudación de estas medidas suponga más de 5.500 millones a las arcas públicas.

 

 

A tal efecto, desde Unión Profesional se ofrece un recopilatorio de las principales medidas fiscales que serán aplicadas, y un breve apunte de aproximación sobre cómo podría impactar en la actividad económica.

 

IMPACTO GENERAL SOBRE LAS PROFESIONES

 

En el caso de las profesiones, cualquiera que sea el modo de ejercicio, la entrada en vigor de estas medidas afectará, en mayor o menor grado según su ámbito y recursos disponibles, a la gestión interna de su actividad, e incluso al volumen de la demanda de sus servicios. Especialmente y, a priori, en el ámbito jurídico y económico por razón de la materia. Si bien, el subsector de servicios profesionales no presenta capítulos de impacto genuino significativo, sino más general, como el resto de sectores económicos.

Con todo, no sería descartable un ligero incremento de la demanda de servicios jurídicos y económicos a corto plazo ante la confusión y necesidad de gestión que pueda surgir en las empresas y los hogares ante los cambios, y un relativo ajuste posterior para todos los ámbitos de actividad del subsector en función de la adaptación de los agentes socioeconómicos al nuevo escenario fiscal y la evolución de la pandemia.

En cualquier caso, aún quedan otras muchas variables por despejar sobre el alcance de este impacto que podrían amortiguarlo o incentivar la actividad o transformación sectorial de la economía, y que tendrían ver, fundamentalmente, con la distribución y aplicación de los fondos europeos para la recuperación.

Si seguimos un orden de exposición de lo específico a lo general podemos referir lo siguiente:

 

> NUEVAS FIGURAS IMPOSITIVAS: TASA GOOGLE Y TASA TOBIN

 

El 16 de enero entrará en vigor el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la denominada Tasa Google, que se aplicará sobre las compañías cuyo volumen de facturación en un año natural supere los 750 millones de euros a nivel mundial, y además el importe de los ingresos que obtengan por la prestación de servicios digitales sujetas al impuesto esté por encima de los 3 de millones de euros en España. Así, se les gravará con el 3% los servicios de transmisión de datos de usuarios, la intermediación en línea entre usuarios que facilite la entrega de bienes o prestaciones de servicios subyacentes, y los servicios de publicidad en línea. Un impuesto que prevé recaudar 968 millones de euros en el 2021.

Aunque parezca lejano, uno de los posibles efectos se derivaría de cómo asuman estas compañías este incremento fiscal puesto que podría afectar a su ocupación directa y vinculada si se tambalea el equilibrio de costes en dichas compañías. Y tampoco sería descartable un incremento de la factura de servicios digitales de las empresas y los hogares a medio y largo plazo.

Otro de los nuevos impuestos que también entrará en vigor el 16 de enero es el Impuesto sobre Transacciones financieras, la conocida Tasa Tobin, que gravará al 0,2% la compraventa de acciones de aquellas empresas españolas que superen la capitalización bursátil de 1.000 millones. Una medida que espera recaudar 850 millones. Aunque su impacto es más impredecible, no sería descartable un cierto traslado a costes hacia los usuarios de las empresas que soporten este impuesto.

 

> FISCALIDAD VERDE: IMPUESTOS SOBRE LOS RESIDUOS Y LOS ENVASES PLÁSTICOS

 

Tampoco se ha de olvidar que el Gobierno, dentro del nuevo marco de la fiscalidad verde, perfila un Impuesto sobre Residuos para penalizar la gestión de los menos sostenibles, y un Impuesto sobre Envases de Plástico (no reutilizables). Entre ambos recaudarían 861 y 491 millones de euros, respectivamente.

Por ello, las empresas de todo el tejido nacional acusarían estos nuevos tributos y, quizás, les obligue a replantearse su política de utilización de determinados materiales en el desempeño de su actividad de fabricación de bienes o prestación de servicios.

 

> CRECE LA EXTENSIÓN DEL IMPUESTO DE MATRICULACIÓN

 

Por otro lado, aunque finalmente no se subió el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos al diésel, sí lo hará el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el conocido Impuesto de Matriculación, en virtud de la adaptación del ordenamiento español a la normativa europea de emisiones Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) que se aplica a cada vehículo según su tasa de emisiones por kilómetro recorrido. Así, crecen las horquillas de emisión y ahora se pagará el 4,75% del precio de fábrica del vehículo en aquellos que emitan entre 144 y 192 gramos de CO2 por kilómetro cuadrado. Los que emitan entre 192 y 240 gramos de CO2 por kilómetro pagarán el 9,75% y aquellos que emitan más de 240 gramos, un 14,5%.

Todo ello, podría dar lugar, como ha referido Faconauto, la patronal que integra asociaciones de concesionarios oficiales, a que el precio de los automóviles se encarezca alrededor de un 5% y que afecte, aproximadamente, al 50% de los vehículos actuales del mercado.

 

> EL IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO SUBE DEL 6% AL 8%

 

Otra de las subidas más relevantes es la que experimenta el Impuesto sobre las Primas de Seguro que pasa del 6% al 8%, la primera subida desde el año 1998 con la que se espera recaudar 507 millones de euros más entre el 2021 y el 2022.

En este sentido, la asociación empresarial del seguro, Unespa, ya señaló que esta subida podría resultar en una disminución de las protecciones que contratan las personas y las empresas. Una situación que podría tensionar más su actividad e incluso llevar a reducir coberturas en algunas o el conjunto pólizas que afecten a su desempeño económico y cotidiano. Especialmente, si su economía o volumen de actividad ha sufrido más por la crisis actual, pues se trata de un aumento cuyo carácter es regresivo y podría profundizar en el fenómeno de la precarización.

 

> AUTONÓMOS: SUBE LA COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y CESE DE ACTIVIDAD

 

En cuanto a la cuota de autónomos, en el 2021 volverá a subir el tipo de cotización por contingencias profesionales al 0,9% y el tipo de cotización por cese de actividad al 1,3%. Un alza que se añade a la que se aplicó en octubre del 2020 del 0,7% al 0,8% por contingencias profesionales, y del 0,9% al 1,1% por cese de actividad, y que debía haber entrado en vigor en enero del 2020. Si bien, debido a la pandemia se decidió retrasarlo.

Hay que recordar que estos incrementos estaban previstos en el Real Decreto Ley del 28 de diciembre de 2018 para la revalorización de las pensiones públicas, y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, con subidas entre el 2019 y el 2021. De este modo, durante este año los autónomos experimentarán un incremento de entre 3 y 12 euros al mes en función de si el autónomo cotiza por la base mínima o máxima. A ello habría que añadir el pago de la deuda pendiente derivada de los meses del 2020 en los que no se aplicó la subida establecida y que dependerá de la fórmula aplicada por el Gobierno.

En consecuencia, ello reduciría en un cierto porcentaje la liquidez con la que cuentan también los autónomos sujetos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante el año, y que se une a las posibles caídas de actividad que hayan experimentado, las inversiones realizadas para adaptar su espacio de trabajo, o la subida del volumen de deuda si han solicitado algún préstamo o crédito adicional, entre otras cuestiones.

 

ALGUNAS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

 

Otra línea de aplicación es el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, conocido en octubre, y cuya tramitación se pretende culminar en el 2021 con objeto de recaudar 828 millones de euros. Entre los cambios que introduce, destaca la aplicación de un nuevo valor de referencia que será establecido por la Dirección General del Catastro para los bienes inmuebles, cuyo cálculo será «resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las compraventas inmobiliarias efectuadas» y publicado anualmente. Esto es, el valor mínimo al que se tendrían que declarar estos bienes independientemente de su estado, precio de adquisición o valor catastral.

En otras palabras, es el valor aproximado por el cual podría venderse en el mercado. De este modo, será tomado para el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

En consecuencia, este cambio podría desincentivar, por el momento, ciertas operaciones puesto que el contribuyente tendría que tributar más en muchos casos y recaerá en él la carga de la prueba para demostrar que el valor de mercado real es inferior a este valor de referencia.

Otro cambio de interés que recoge es la limitación de los pagos que se realicen en efectivo en una transacción cuando una de las partes sea profesional o empresario que se reducirá de los 2.500 euros a los 1.000 euros y que estará sujeto a sanción en caso de incumplimiento. Un cambio que modifica la Ley 7/2012 de 29 de octubre de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

En cuanto al resto de medidas contempladas de lucha contra el fraude se encuentra la reducción a 600.000 euros del importe de deudas y sanciones tributarias con Hacienda cuya superación se traducirá en la inclusión en los listados de deudores, o morosos, cuando antes era un millón de euros. También mayor control sobre las monedas virtuales y lo que impliquen otros avances tecnológicos en materia de fraude, o mayor identificación de los paraísos fiscales.

 

SUBIDAS DE IMPACTO GENERAL: EN IRPF, SOCIEDADES, PATRIMONIO, IVA Y OTROS

 

En las siguientes medidas, el carácter de su impacto es aún más general sobre los agentes socioeconómicos. Por ello, no es posible calibrar con precisión cuál sería el resultado sobre la actividad sectorial específica.

Entre las medidas más generales y conocidas se encuentra la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de dos puntos porcentuales cuando los ingresos anuales superen los 300.000 euros. Si bien, el impacto sobre los contribuyentes, alrededor del 0,7% del total, dependerá en buena medida de los distintos tipos autonómicos actuales. Mientras, las rentas del capital por venta de vivienda o acciones, las plusvalías, que se obtengan a partir de los 200.000 euros se gravarán al 26% frente al 23% anterior en la base del ahorro. Unas modificaciones que juntas reportarían 490 millones más de ingresos al Estado.

Igualmente, la reducción aplicable en la base imponible del IRPF por aportaciones y contribuciones individuales a los sistemas de previsión social, o lo que es lo mismo, los planes de pensiones privados, se limita de 8.000 a 2.000 euros. No obstante, se favorecen las contribuciones empresariales para el ahorro de los trabajadores cuyo límite se amplía de 8.000 a 10.000 euros. Con esta medida, se recaudarán 580 millones de euros más.

Otro aspecto que no ha de olvidarse en relación con el IRPF es que aquellos que hayan recibido prestaciones vinculadas a estar en situación de ERTE computarán como rentas del trabajo y, en la práctica, no tienen retención. En este sentido, cabe recordar que esta prestación es considerada proveniente de un segundo pagador, por lo que si los ingresos de este segundo o resto de pagadores no superan los 1.500 euros y la suma total de nuestros ingresos permanece por debajo de los 22.000 euros anuales no estaremos obligados a presentar declaración.

No obstante, si dicha cuantía supera los 1.500 euros, el límite para no presentar declaración se reduce a percibir menos de 14.000 euros anuales.

En el Impuesto sobre Sociedades se reduce del 100% al 95% la exención de los dividendos y las plusvalías de las participaciones de las empresas españolas en filiales en cualquier país. Sin embargo, excluye durante tres años a las empresas que facturen menos de 40 millones de euros para no desincentivar sus procesos de internacionalización. Con todo, esta exención no será aplicable cuando la participación en la empresa filial no sea de, al menos, un 5%. Con estas medidas se espera ingresar 1.520 millones de euros más.

El Impuesto sobre el Patrimonio vuelve para subir un punto porcentual, del 2,5% al 3,5%, a las fortunas de más de 10 millones de euros. Si se aplicara a todos los patrimonios superiores a 10 millones de euros, la recaudación estimada ascendería a 339 de millones de euros.

Mientras, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), experimentará un alza del 10% al 21% en las bebidas edulcoradas y azucaradas que se vendan en comercio, aunque no en hostelería. Ello daría lugar a 400 millones de euros más en la recaudación.

En cuanto a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) se pretende gravar al 15% los beneficios no distribuidos, y en relación con las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) se exigirá una participación mínima de 2.500 euros para tener beneficios fiscales.

Respecto al conjunto de estas modificaciones fiscales, el Registro de Economistas y Asesores Fsicales (REAF) perteneciente al Consejo General de Economistas también ha ido dando cuenta de ellas y sobre otras más generales y específicas, que pueden consultarse en su página web

 

Fuente: Abogacía.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/nuevas-medidas-fiscales-principales-y-su-impacto-potencial-en-la-economia-en-el-2021/

INSTITUTO DE INNOVACIÓN LEGAL: GUÍA SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LEGAL TECH

Publicado el 06/01/2021

El Instituto de Innovación Legal regala, a partir del día 6 de Enero, la primera Guía Transformación Digital y LegalTech para expertos en Derecho Fiscal y Tributario para asesores fiscales y tributarios, que se puede descargar pinchando sobre el enlace anterior.

 

 

Esta guía práctica servirá de apoyo a la transformación digital de los despachos especializados en Derecho Fiscal.

La Guía introduce al fiscalista en el apasionante mundo de la transformación digital y de las tecnologías que mejor pueden ayudarle a hacer mejor su trabajo e incluso a reemplazarle en determinadas funciones, permitiéndole dedicar su tiempo a otras tareas que le resulten más interesantes y satisfactorias.

La Guía de LegalTech para abogados y asesores expertos en derecho fiscal y tributario incluye un análisis de las necesidades que tienen estos profesionales para hacer su trabajo (entre otras, búsqueda de información, formación, gestión documental y del conocimiento, realización de cálculos y simulaciones, atención al cliente, envíos de documentación, generación de evidencias certificadas, promoción de su marca e imagen en internet, etc.) y una reflexión sobre cómo la tecnología puede ayudarle a cubrirlas.

Además, incluye un listado de las principales categorías de herramientas LegalTech, que pueden ser útiles para los fiscalistas y las fichas con información básica sobre cada una de ellas.

Todas las herramientas están incluidas en www.comparador-legaltech.com, donde puede encontrarse información adicional. Finalmente, contiene una serie de entrevistas a expertos en LegalTech que han compartido sus experiencias en transformación digital y compra o desarrollo de LegalTech.

Quien desee recibir alertas de la publicación de las siguientes guías puede solicitarlo a través se esa misma página.

 

Fuente: Confilegal

https://confilegal.com/20210106-los-reyes-magos-del-instituto-de-innovacion-legal-han-dejado-para-descargar-una-guia-sobre-transformacion-digital-y-legal-tech/

LLEGA EL TREN DE LOS FONDOS EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN

Publicado el 04/01/2020

La crisis sanitaria que nos acompaña desde hace más de 9 meses ha puesto en la cuerda floja a nuestra economía. Ante esta situación, la Unión Europea ha reaccionado con la movilización inicial de un paquete de emergencia de 540.000 millones de euros, ampliado posteriormente, a través del programa de recuperación “Next Generation EU” hasta 750.000 millones, de los cuales 390.000 se prevé sean a través de subvenciones y 360.000 por medio de préstamos.

Se estima que a España le pudieran corresponder 140.000 millones (hasta 2026) de los que 72.000 serán ayudas no reembolsables que se irán materializando durante 2021-2023.

Está previsto que la primera inyección de 34.000 millones de euros entre a nuestro país el próximo año, de ellos 27.000 se canalizarán a través de los Presupuesto 2021, y el resto será dirigido directamente a las arcas de las comunidades autónomas. Llegarán como mínimo a finales de marzo o principios de abril, aunque es muy probable que las primeras convocatorias de ayudas no puedan cerrarse hasta el verano.

El 45 % de las empresas españolas asegura que quiere optar a los fondos del Plan Europeo de Recuperación. Así lo pone de relieve un sondeo realizado por KPMG, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Según este informe, hay un cierto desconocimiento en relación al funcionamiento de los fondos, ya que casi la mitad de las empresas encuestadas desconoce si dispone de proyectos elegibles, es decir, susceptibles de ser ayudados, porcentaje que se eleva en el caso de las pymes, mientras que entre las grandes empresas son cuatro de cada diez las que siguen teniendo dudas sobre las oportunidades disponibles.

Con la aprobación del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, en vigor desde el 1 de enero, se reduce la burocracia y los plazos, se simplifican los procesos y se cambia en gran medida relación entre las empresas y la Administración mediante una mayor colaboración público-privada.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española se estructura en torno a tres pilares que el Gobierno ha situado en el centro de la Estrategia de su Política Económica:

• La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis.

• La regulación de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades.

• El refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.

La magnitud de estos retos y el marco temporal para su desarrollo ha requerido la adopción de medidas urgentes encaminadas a articular un modelo de gobernanza para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos proyectos y programas de inversión. Este es el principal objetivo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Entre las novedades aprobadas, destacamos:

– La creación de una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que dirigirá el Presidente del Gobierno. Asimismo, se instituye un Comité Técnico que dará apoyo a esta Comisión, una Unidad de Seguimiento del Plan y una Conferencia Sectorial con las comunidades y ciudades autónomas, que presidirá el titular del Ministerio de Hacienda.

El Comité estará formado por “un máximo de 20 miembros” que serán elegidos por la Comisión atendiendo a criterios técnicos, en función de su experiencia en la gestión de fondos europeos “siempre que tengan la condición de empleado u órgano directivo de la Administración General del Estado”.

– La definición de la autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que recae en el centro directivo del Ministerio de Hacienda. Este organismo será “el responsable ante las instituciones europeas” de los planes de recuperación y resiliencia, actuará de coordinador entre los distintos ministerios y organismos públicos concernidos en el plan diseñado por el Gobierno, al tiempo que supervisará sus progresos y dirigirá el Comité Técnico Para ello, la norma prevé que se dote a este departamento de “los recursos personales y materiales necesarios”.

– La búsqueda de proyectos de carácter estratégico (tractores) con un potencial de arrastre para el resto de la economía, que exijan, además, la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación.

Los principales proyectos estratégicos seguramente estarán alineados con los objetivos adelantados por Europa, particularmente la orientación hacia la transición ecológica y hacia la transformación digital.

Se desconocen las condiciones a cumplir, tan solo podemos adelantar que en el modelo de proyectos tractores diseñado por el Ministerio de Industria se exige la concurrencia de cinco empresas como mínimo, de las que el 40% deben ser pymes, un volumen de la inversión de, al menos, 40 millones de euros y la implicación de más de una comunidad autónoma.

– La constitución de una “ventanilla única” online, a la que podrán dirigirse empresas y administraciones públicas para facilitar la presentación de proyectos y la resolución de dudas tanto de las distintas administraciones públicas como de las empresas privadas interesadas en participar en el plan de reconstrucción.

A día de hoy parece descartada la idea de una ‘ventanilla única’ que organice el acceso a los fondos. El Gobierno utilizará todos los resortes de la Administración convirtiendo en ventanillas abiertas para los empresarios los 8.131 ayuntamientos, las 17 comunidades autónomas y los 22 ministerios que hay en España. Se desarrollará un nuevo portal web, pero será para agrupar la información “de manera didáctica” para que los interesados se dirijan a la Administración correspondiente.

– La imposición de un límite temporal para la aprobación o rechazo de iniciativas. La resolución de solicitudes se debe realizar en el plazo máximo de cinco días hábiles con la garantía de la intervención de General de la Administración del Estado (IGAE). Al mismo tiempo los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto se reducen a la mitad por exceso, salvo el de presentación de proposiciones, que será de 15 días naturales contados.

El protocolo exige a los beneficiarios de subvenciones acreditar que se encuentran al corriente de pagos con la Seguridad Social y Hacienda.

– El establecimiento de agrupaciones y consorcios público-privado, el impulso de las sociedades de economía mixtas, bajo las que el Estado contará con mayoría de capital, y los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, “PERTE” y de su correspondiente registro estatal. Con esta nueva figura, se trata de reforzar a aquellos proyectos que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de nuestro país, corrigiendo el fallo de mercado de infrainversión cuando las iniciativas privadas no se materializan debido a los riesgos significativos y a la necesaria colaboración público-privada que conllevan.

 

¿Qué proyectos pueden recibir la ayuda?

 

Los criterios a valorar para declarar a un proyecto como PERTE serán, entre otros, los siguientes:

• Que represente una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la industria y la economía española, habida cuenta de sus efectos de arrastre positivos en el mercado interior y la sociedad.

• Que permita combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos, con el fin de remediar importantes deficiencias del mercado o sistémicas y retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera.

• Que tenga un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de I+D+i, por ejemplo, posibilitando el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos de producción.

• Que sea importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance particularmente grandes, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado.

• Que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos.

• Que, en su caso, contribuya de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en particular en lo que se refiere a los objetivos marcados a nivel europeo.

Parece que el Ejecutivo está sondeando el mercado para identificar las áreas donde existen proyectos relevantes y de volumen, con intención de agruparlos.

Recuerde que Bruselas ha sido siempre más proclive a financiar proyectos en consorcio.

 

Más novedades

 

– La recuperación de la figura de las agencias estatales como organismo público, permitiendo reintroducir en la Administración una fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, con mecanismos de control de eficacia, y promoción de una cultura de responsabilización por resultados.

– La aplicación del régimen excepcional de tramitación urgente, con la consiguiente reducción de plazos y agilización del procedimiento a todos los contratos financiados con los Fondos percibidos por España en el marco del plan de recuperación.

Se eliminan requisitos de informes y autorizaciones preceptivas, si bien para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será necesario el acuerdo del Consejo de Ministros.

– La simplificación de la tramitación de convenios administrativos eliminando las autorizaciones por el Consejo de Ministros y reduciendo plazos para la emisión de aquellos informes que resulten preceptivos. Se permite la tramitación anticipada de los expedientes de convenios que vayan a ejecutarse en el ejercicio siguiente o posteriores. El plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una duración superior a la legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a diez años, con posibilidad de una prórroga de siete años.

– El incremento de los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado, de modo que resulten aplicables a un mayor número de contratos.

– La posibilidad de anticipo por parte de Gobierno del 50% de los fondos asociados a cada uno de los proyectos a financiar antes del inicio de su ejecución. Esto es, una vez que la dirección del Plan de Recuperación apruebe su impulso.

– El pago de complementos salariales a los funcionarios que gestionen los proyectos en función del cumplimiento de objetivos y la oportunidad de contratar a personal laboral específico de ser necesario para impulsar el plan.

Revise los objetivos de su empresa y sea realista porque Europa va a mirar con lupa en qué se gasta su dinero. Es muy probable que nuestro hermano mayor exija que las memorias que acompañen las solicitudes deban ir “escoltadas” de indicadores de seguimiento y si no se justifica debidamente la inversión recibida tendrá que devolverse.

 

Fuente: Noticias Jurídicas.

https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15889-llega-el-tren-de-los-fondos-europeos-para-la-recuperacion/

 

 

WOLTERS KLUWER TE OFRECE ESTA NAVIDAD DOS REGALOS MUY ESPECIALES

Publicado el 23/12/2020

Wolters Kluwer celebra la Navidad regalando dos contenidos muy especiales: su ya clásico Anuario jurídico y una colección de webinars sobre temas que han sido actualidad este año.

 

 

Como cierre de este complicado 2020, Wolters Kluwer ofrece dos regalos muy especiales:

–    Una selección de los más de 200 Webinars que ha realizado a lo largo de este año y a los que han asistido cerca de 20.000 profesionales. Un repaso de reputados expertos a algunos de los temas de actualidad que nos ha dejado este año que termina.

–    Y el «ANUARIO 2020. Crónica jurídica del año de la “nueva normalidad”». Un recorrido por la actualidad legislativa, jurisprudencial y doctrinal del 2020 con acceso al texto íntegro de todos los documentos citados.
Accede a este enlace y descarga los regalos.

 

Fuente: Noticias Jurídicas / Wolters Kluwer

https://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/15869-wolters-kluwer-te-ofrece-esta-navidad-dos-regalos-muy-especiales-/

MÁS DE 1.800 ASPIRANTES SE HAN PRESENTADO ESTE SÁBADO A LA SEGUNDA PRUEBA DEL EXAMEN DE ACCESO A LA ABOGACÍA.

Publicado el 19/12/2020

Más de 1.800 aspirantes se han presentado este sábado a las 9:00 horas a la segunda prueba de evaluación de acceso a la Abogacía correspondiente al año 2020. El examen servirá para comprobar que los aspirantes cuentan con la formación suficiente y conocen debidamente la normas deontológicas y profesionales.

La primera prueba de este examen tuvo lugar el pasado 4 de julio y se presentaron más de 6.600 aspirantes y se desarrolló en formato ‘online’. Inicialmente estaba prevista el 28 de marzo de 2020 pero tuvo que aplazarse como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

El Ministerio de Justicia y la Universidad de Educación a Distancia (UNED), tras varias negociaciones en las que también participó el Consejo General de la Abogacía Española, llegaron a un acuerdo para poder usar la experiencia del centro educativo en pruebas masivas a distancia.

La prueba de aptitud es requisito previo para el ejercicio de la actividad desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

 

EXAMEN ONLINE

 

 

El examen se ha realizado de forma online debido a las restricciones por el Covid-19

 

 

Para la realización de esta segunda prueba se han admitido un total de 1.883 aspirantes, que desarrollarán el examen online de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Los aspirantes han solicitado el examen únicamente en dos idiomas: castellano y catalán, y 12 personas han solicitado adaptación por capacidades diferentes.

Según ha informado el Ministerio de Justicia, los aspirantes realizaron el pasado 2 de diciembre un simulacro de los tiempos reales del examen. Durante los dos días siguientes se facilitó la apertura de la plataforma para que los aspirantes se familiarizaran con la misma.

En la página web del Ministerio de Justicia se publicó, con previa antelación, el manual de la prueba de evaluación con los requisitos e instrucciones para el acceso a la plataforma AVEX y la realización del examen, así como la ayuda técnica.

El examen ha dado comienzo a las 09.00 horas de este sábado, 19 de diciembre, con una duración prevista de tres horas, si bien su finalización será a las 15.30 horas, debido a las ampliaciones de tiempo para las adaptaciones.

 

PREGUNTAS CON RESPUESTAS MÚLTIPLES

 

Se trata de una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples para contestar a un total de 75 preguntas, divididas en dos partes.

La primera parte de la prueba, compuesta de 50 preguntas, versa sobre materias comunes referidas a la deontología profesional, organización y ejercicio de la profesión. La segunda parte, con 25 preguntas, trata de materias específicas de los ámbitos civil y mercantil; penal; administrativo y contencioso-administrativo; y laboral.

El 21 de diciembre estará disponible en la plataforma de la UNED la plantilla de las preguntas con las respuestas provisionales, que también se harán públicas en la web del Ministerio de Justicia, donde posteriormente se podrá consultar, por los cauces habituales, los resultados de la prueba.

 

Fuente: Abogacía Española

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/mas-de-1-800-aspirantes-se-han-presentado-este-sabado-a-la-segunda-prueba-del-examen-de-acceso-a-la-abogacia/

OBJETOS CONECTADOS Y ABOGACÍA: CONOCE LOS RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA PROFESIÓN

Publicado el 09/12/2020

El denominado Internet de las Cosas (IoT, en sus siglas en inglés) es una de las tecnologías que mayor nivel de desarrollo está teniendo en los últimos años. El número de dispositivos conectados crece cada año y se espera que en el periodo 2020-2024 se duplique su número, pasando de los 30.000 millones de dispositivos actuales a más de 62.000 millones al final de este periodo. España no es ajena a la realidad y está en el quinto puesto de la UE en cuanto a cuota de mercado. En España cada vez son más las empresas y entidades públicas que apuestan por la implantación de tecnologías “conectadas” y lo hacen por dos motivos principales: la automatización de procesos (26%) y la reducción de costes operacionales (24%).

 

 

 

El desarrollo tecnológico de este tipo de dispositivos está suponiendo que se multipliquen los riesgos relativos al almacenamiento y uso de los datos que se generan. Además, un gran problema de buena parte de estos dispositivos son los fallos de seguridad. Por ello, los retos para la abogacía en este ámbito tienen una doble vertiente: garantizar la privacidad de las personas por un lado y conseguir que los fabricantes se responsabilicen en el desarrollo de soluciones seguras.

Para conocer los retos y oportunidades de la Abogacía en relación con esta nueva tecnología, el Consejo General de la Abogacía organiza una conferencia online sobre “Objetos conectados y Abogacía”, moderada por Eduardo Iscar, decano del Colegio de Abogados de Salamanca, y en la que participan Moisés Barrio, director del diploma Legal Tech y Transformación Digital y de la obra “Legal Tech. La transformación digital de la abogacía”, y José Luis Ruiz López, socio de Braintrust.

La cita tendrá lugar el próximo 15 de diciembre. Inscríbete en este enlace.

El Internet de las Cosas es uno de los capítulos del informe ‘Abogacía Futura 2021: Prospectiva de negocio emergente’, elaborado por la Abogacía Española, en colaboración con Braintrust, la Mutualidad de la Abogacía y Wolters Kluwer que puedes descargarte gratuitamente en este enlace. Este documento aborda las principales áreas de futuro en el negocio jurídico y supone una actualización del Informe presentado en el XII Congreso Nacional de la Abogacía en 2019.

 

Fuente: Noticias Jurídicas.

https://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/15822-objetos-conectados-y-abogacia:-conoce-los-retos-y-oportunidades-para-la-profesion/

 

 

VII CONGRESO ANUAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA FUNDACIÓN ABOGACÍA

Publicado el 04/12/2020

El VII Congreso Anual de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía se centrará este año en el acceso universal a la salud desde el prisma de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 que está afectando a todo el planeta. Por ello, temas como la distribución de la vacuna contra este virus, el marco jurídico del derecho a la salud en España, o cómo se está tratando a las personas mayores en una situación en la que son especialmente vulnerables, serán algunos de los temas que tratará esta nueva edición del Congreso.

 

 

Este año, debido precisamente a la situación sanitaria, el Congreso tendrá un formato híbrido, presencial y online, y se celebrará los días 9 y 10 de diciembre en la sede del Consejo General de la Abogacía, con ponentes de primer nivel, como María Neira González directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estará presente en la bienvenida del Congreso, junto a Raquel Yotti Álvarez, directora del Instituto de Salud Carlos III, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía y su Fundación, Victoria Ortega; Luis López Guerra, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Juan Carlos Zapata, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo; María Jesús Lamas Díaz, directora de la Unidad de Coordinación del Plan Resistencias Antimicrobianas (PRAM) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; César Cierco Seira, profesor de Derecho Administrativo y doctor en Derecho; Fernando Ariza, Director General Adjunto de Mutualidad de la Abogacía y Director de la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad Abogacía; Mª José Abraham Buades, directora general de la Fundación Edad & Vida; o César Antón Beltrán, consejero de salud de Castilla y León y ex director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO); entre otros.

En cuanto a los temas tratados, habrá ponencias sobre el marco jurídico del Derecho a la salud en España y su funcionamiento durante la pandemia de la Covid-19; la distribución de la vacuna y si España está preparada para su distribución; el empleo de nuevas tecnologías en el acceso universal a la salud; el impacto del modelo sanitario en el acceso a la salud; o la pandemia Covid-19 y la alerta que ha provocado en relación con la población de más edad: ¿cuidamos a las personas mayores en España?

Finalmente, para terminar el Congreso, está prevista la celebración de un taller y la presentación de “Decálogo de la Abogacía Española para la protección de los Derechos Humanos en pandemias”, coordinado por Francisca Sauquillo, presidenta de Movimiento por la Paz y Premio Derechos Humanos de la Abogacía en 2015, y que contará con la colaboración de importantes figuras académicas, del derecho y de organizaciones de la sociedad civil entre sus autores.

 

 

El Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española se celebra anualmente en conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, -aprobada el 10 de diciembre de 1948-, y precede al acto de entrega de premios de derechos humanos que también en este marco otorga anualmente la Abogacía Española a destacadas figuras del ámbito de la protección y la promoción de los derechos humanos.

Toda la información sobre el Congreso puede consultarse en la página https://www.abogacia.es/site/conferencia-anual-de-la-abogacia-2020/vii-congreso-derechos-humanos/ Desde esta página se podrá acceder a su retransmisión en streaming el día de su celebración.

Fuente e imágenes: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-el-acceso-universal-a-la-salud-en-tiempos-de-pandemia-en-el-vii-congreso-anual-de-derechos-humanos-de-la-fundacion-abogacia/

EL DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LUCENA, NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS.

Publicado el 28/11/2020

Elegido por los integrantes del Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, celebrado el pasado viernes 27 de noviembre, en su sede, en Antequera, Diego Juan Chacón Morales, Decano del Colegio de Abogados de Lucena, es el nuevo Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, tomando el relevo en el cargo, de manos de Pascual Valiente Aparicio, Decano del Colegio de la Abogacía gaditana.

 

 

Diego Juan Chacón Morales. Decano del Colegio de Abogados de Lucena y nuevo Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

 

 

La composición de la ejecutiva del Consejo, queda completada con una también nueva Vicepresidencia, la del Decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera Mercado. En los cargos de Secretario General y Tesorero, continúa, por reelección, José Manuel González Quintana, Decano del Colegio de Abogados de Antequera.

 

Nueva etapa, con renovación de su ejecutiva, para los dos próximos años, en el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, constituido por los decanos de los 11 Colegios de Abogados que lo integran, Consejeros no decanos que correspondan estatutariamente y que son designados por las respectivas Juntas de Gobierno y hasta un máximo de tres consejeros más que elige el Pleno entre juristas de reconocido prestigio, que ejerzan o hayan ejercido la profesión de abogado.

 

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados tiene como principal finalidad agrupar y coordinar a los Colegios de Abogados integrados en él, asumiendo su representación en las cuestiones de interés común, ante la Junta de Andalucía y ante cualquier organismo e institución, persona física o jurídica, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus fines, sin perjuicio de la autonomía y competencia de cada Colegio de Abogados que lo componen.

 

 

Fuente: Ilustre Colegio de Abogados de Lucena.

CREACIÓN DE UNA UE DE LA SALUD: REFUERZO DE LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A LAS CRISIS EN EUROPA

Publicado 17/11/2020

La Comisión Europea está dando los primeros pasos hacia la creación de la Unión Europea de la Salud, anunciada por la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión. Así, la Comisión Europea ha presentado una serie de propuestas para fortalecer el marco de seguridad sanitaria de la UE y reforzar la preparación frente a las crisis y la capacidad de respuesta de las principales agencias de la UE. A fin de intensificar la lucha contra la pandemia de COVID-19 y las futuras emergencias sanitarias, es necesaria una mayor coordinación a escala de la UE. Aprovechando las lecciones aprendidas de la crisis actual, las propuestas de hoy garantizarán una preparación y una respuesta más sólidas durante las crisis sanitarias actuales y futuras.

Las propuestas se centran en la renovación del marco jurídico vigente para abordar las amenazas transfronterizas graves para la salud, así como en el refuerzo de la preparación frente a las crisis y la capacidad de respuesta de las principales agencias de la UE, tales como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

 

 

Para crear un mandato más sólido de coordinación entre la Comisión y las agencias de la UE, la Comisión propone hoy un nuevo Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud. El nuevo marco:

 

Reforzará la preparación: se elaborarán planes y recomendaciones de preparación ante las crisis sanitarias y las pandemias a escala de la UE para la adopción de planes a nivel nacional, junto con marcos globales y transparentes para la presentación de informes y auditorías. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y otras agencias de la UE apoyarían la preparación de dichos planes nacionales. Los planes serían auditados y sometidos a pruebas de resistencia por parte de la Comisión y las agencias de la UE.

Fortalecerá la vigilancia: se creará un sistema de vigilancia reforzado e integrado a escala de la UE, utilizando la inteligencia artificial y otros medios tecnológicos avanzados.

Mejorará la notificación de datos: se pedirá a los Estados miembros que intensifiquen la notificación de los indicadores de sus sistemas sanitarios (por ejemplo, la disponibilidad de camas hospitalarias, la capacidad de tratamiento especializado y de cuidados intensivos, la cantidad de personal con formación médica, etc.).

La declaración de una situación de emergencia en la UE desencadenaría una mayor coordinación y permitiría el desarrollo, almacenamiento y adquisición de productos necesarios ante la crisis.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Medicamentos han estado a la vanguardia de la labor de la UE para hacer frente a la COVID-19 desde el estallido de la pandemia. Sin embargo, la COVID-19 ha demostrado que ambas agencias deben reforzarse y dotarse de mandatos más sólidos para proteger mejor a los ciudadanos de la UE y hacer frente a las amenazas transfronterizas graves para la salud.

 

Se reforzará el mandato del ECDC para que pueda apoyar a la Comisión y a los Estados miembros en los siguientes ámbitos:

  • La vigilancia epidemiológica a través de sistemas integrados que permitan la vigilancia en tiempo real
  • La planificación, presentación de informes y auditoría de la preparación y respuesta
  • La formulación de recomendaciones y opciones no vinculantes para la gestión de riesgos
  • La capacidad para movilizar y desplegar el grupo de trabajo de la UE sobre la salud para respaldar la respuesta local en los Estados miembros
  • La creación de una red de laboratorios de referencia de la UE y una red para la gestión de sustancias de origen humano

Se reforzará el mandato de la Agencia Europea de Medicamentos para que pueda facilitar una respuesta coordinada ante las crisis sanitarias a escala de la Unión. A tal fin:

  • Investigará y mitigará el riesgo de escasez de medicamentos y productos sanitarios fundamentales
  • Proporcionará asesoramiento científico sobre medicamentos que puedan ser capaces de tratar, prevenir o diagnosticar las enfermedades que causan esas crisis
  • Coordinará los estudios de control de la eficacia y seguridad de las vacunas
  • Coordinará ensayos clínicos

La Comisión Europea también ha presentado los principales elementos de la futura Autoridad para la Respuesta Sanitaria de Emergencia (ARSE), que se propondrá antes de que concluya 2021. Esta estructura supondrá un nuevo elemento importante para favorecer una mejor respuesta a escala de la UE ante las amenazas transfronterizas para la salud.

 

Fuente: abogacia española

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/creacion-de-una-union-europea-de-la-salud-refuerzo-de-la-preparacion-y-respuesta-frente-a-las-crisis-en-europa/

Fuente original:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_2041

MÁS DE 10.000 ABOGADOS YA HAN PARTICIPADO EN LA ENCUESTA SOBRE CÓMO ESTÁ AFECTANDO EL COVID-19 A SU TRABAJO

Publicado el 13/11/2020

 

 

La encuesta del Consejo General de la Abogacía que trata de identificar y abordar los principales problemas que los abogados y abogadas están afrontando este complicado año debido a la pandemia por el Covid-19 está teniendo una estupena acogida entre los profesionales. Tan es así, que más de 10.000 colegiados han participado ya en ella, respondiendo el cuestionario y dejando sus opiniones.

No obstante, para conseguir que la encuesta ofrezca una imagen lo más precisa posible de la situación, así como de las opiniones y sugerencias de quienes ejercen la abogacía en nuestro país y poder poner en marcha iniciativas para ayudarles en el ejercicio profesional, seguirá abierta todavía algunos días más.

 

>Participa en la encuesta

 

Gracias a estas respuestas, tendremos una radiografía de la situación de la profesión en este 2020, con datos como el porcentaje en que los despachos han visto reducida su actividad, cómo ha afectado esta reducción a sus ingresos y qué medidas están tomando los despachos para afrontar la reducción de ingresos.

No está de más recordar que entre quienes respondan a la encuesta y quieran participar, sortearemos 10 obras de ‘Historia de la Abogacía Española’, de Santiago Muñoz Machado (dir). Cada una de ellas consiste en dos tomos que recorren lo más destacado de la historia de la profesión a la que nos sentimos orgullosos de pertenecer.

 

Fuente e imagen: Abogacía Española

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/mas-de-10-000-abogados-ya-han-participado-en-la-encuesta-sobre-como-esta-afectando-el-covid-19-a-su-trabajo/

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