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                                       en el mundo de la abogacía. 

CONVOCADA LA SEGUNDA PRUEBA DE 2020 DE ACCESO A LA ABOGACÍA

Publicado el 21/9/2020

El BOE del sábado 19 de septiembre ha publicado una Orden conjunta del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Universidades, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía que, al igual que la primera, se celebrará de forma online de manera síncrona a través de la plataforma AVEX de la UNED.

 

 

Lefebvre dispone del Manual Preguntas Test Examen Acceso a la Abogacía 2021

La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples, cuyo contenido se ajustará a la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado y tendrá una duración de 3 horas.

La solicitud de inscripción deberá presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es), utilizando Cl@ve como sistema de identificación electrónica por parte de los aspirantes. El plazo de presentación de solicitudes de inscripción en la evaluación será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (la convocatoria se ha publicado en el BOE del 19 de septiembre de 2020).

Para ayudar en la preparación de la prueba Lefebvre dispone del Manual Preguntas Test Examen Acceso a la Abogacía 2021, una herramienta eminentemente práctica que ayudará a superar el Grado en Derecho y los nuevos requisitos exigidos para ser abogado y comenzar a ejercer. También puede consultarse el Memento Ejercicio Profesional de la Abogacía, que puede adquirirse conjuntamente al anterior o por separado.

 

Fuente: elderecho.com

https://elderecho.com/convocada-la-segunda-prueba-2020-acceso-la-abogacia

 

VIDEO ACTO DE APERTURA DEL NUEVO AÑO JUDICIAL 2020-2021

Publicado el 09/11/2020

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reclamado hoy a las Administraciones, en el acto de apertura del Año Judicial que ha presidido el rey, “un esfuerzo importante para prestar a la Justicia la atención que merece” y acometer una reforma organizativa “de carácter integral”.

 

 

Durante su intervención, Lesmes ha señalado que es necesario “invertir con prontitud dinero y talento para implantar un nuevo modelo territorial y organizativo de la Justicia”, que debe ser dotada de los medios materiales y personales de que precisa “no como una reivindicación corporativa o interesada de quienes formamos parte de ella, sino como uno de los ejes que han de permitir que nuestro Estado de Derecho quede definitivamente vertebrado”.

 

Fuente: Poder Judicial

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Canal-Judicial/CGPJ/Video-Acto-de-apertura-Ano-judicial-2019-2020

Video: Agencia Efe

DIEGO COMENDADOR (ASPAC): LOS CAMBIOS EN LA LEY CONCURSAL “NO AYUDARÁN A DESCONGESTIONAR LOS JUZGADOS DE LA PREVISIBLE AVALANCHA”.

Publicado el 04/09/2020

J. M. Barjola. – El pasado 1 de septiembre entró en vigor la nueva Ley Concursal. Se trata de una reforma ambiciosa, que triplica el número de artículos hasta ahora vigentes. Su objetivo es, por un lado, incorporar modificaciones en materia de normativa europea; por otro, refundir y reorganizar los preceptos legales de un régimen especialmente complejo.

Diego Comendador es presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC). Explica a Noticias Jurídicas por qué esta reforma es insuficiente y no solucionará la saturación en los juzgados. En especial por la avalancha de concursos que se avecina.

 

Diego Comendador-Presidente de Aspac                                                       Fuente: Expansion

 

¿Por qué consideran que la nueva Ley Concursal no es suficiente?

Porque el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) en realidad no es una nueva norma, sino que el mandato que los autores recibieron del Gobierno era regularizar, aclarar y armonizar una Ley Concursal que desde su entrada en vigor en 2004 había sufrido 28 reformas, algunas de las cuales eran verdaderos parches, desubicados en el texto, y con contradicciones entre algunos artículos con otros, lo que condujeron a una Ley difícil de entender e interpretar.

 

¿Cuáles son, a vuestro parecer, los cambios más relevantes que introduce el texto?

 

Se ha pasado de 242 artículos en la Ley Concursal a 752 en el TRLC, pero cambios relevantes no debería haber por exceder del mandato legal. Se han producido cambios, pero no la reforma que necesita la Ley Concursal.

 

¿Qué medidas específicas por la crisis Covid-19 recoge la normativa? ¿Cómo las valora la ASPAC?

 

El TRLC convive con el RD 16 de 28 de abril que estableció una serie de medidas para paliar los efectos de la pandemia, tales como, la prórroga del plazo para presentar concurso hasta el 31 de diciembre de 2020, protegiéndose así del concurso necesario, posibilidad de modificación de los convenios, etc.Estas medidas las consideramos insuficientes; creemos que no van a ayudar a descongestionar los juzgados de la previsible avalancha que parece que se va a producir.

 

¿Cómo valoráis que la nueva legislación entre en vigor en pleno pico por la pandemia? ¿Han tenido los jueces, administradores y abogados tiempo para ponerse al día de las novedades?

 

Lo valoramos de manera muy negativa. Ya lo dijimos cuando presentamos nuestras propuestas para agilizar la justicia. El TRLC debería tener una “vacatio legis” de, como mínimo, hasta enero de 2021, sobre todo teniendo en cuenta que en breve plazo este TR se va a modificar de forma importante como consecuencia de la transposición de la Directiva 2019/1023 de junio de 2020

Así, el tiempo para estudiar el nuevo TR ha sido insuficiente, coincidiendo además con periodo vacacional del mes de agosto.

 

A su juicio, uno de los grandes errores de la nueva normativa es que no regula el acceso a la profesión de administrador concursal ni obliga a la especialización y profesionalización del colectivo. ¿Por qué lo consideran tan importante?

 

No cabe duda de que el administrador concursal es la figura, junto con el juez, más importante de un procedimiento concursal. Sobre él pivota todo el procedimiento y sus decisiones influyen de manera muy directa en el devenir del concurso.

Por ello es absolutamente necesario que se profesionalice la figura del administrador concursal; es necesario que se regule el acceso a la profesión de manera que todos sean verdaderos profesionales especialistas, formados y con experiencia tal que influyan directamente en salvaguardar aquellas empresas viables contribuyendo de esta manera a mejorar el tejido económico de nuestro país.

 

¿Será esta la reforma de la Ley Concursal definitiva?

 

Nunca se puede dar nada como definitivo. Pero sí podemos afirmar que esta reforma, consecuencia de la transposición de la Directiva, debe suponer un espaldarazo a la Ley Concursal, dotándola de un cuerpo legal y profesionalizado de la administración concursal y de mecanismos, que como decíamos antes, contribuyan a sanear las empresas viables que se encuentren en situación de insolvencia, devolviéndolas al mercado saneadas y contribuyendo de esta manera a reforzar la economía, evitando la destrucción del empleo que el cierre de las mismas conlleva.

 

 

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15508-diego-comendador-aspac:-los-cambios-en-la-ley-concursal-quot;no-ayudaran-a-descongestionar-los-juzgados-de-la-previsible-avalancha-quot;/

EL CGAE Y BLOCKCHAIN INTELLIGENCE LAW INSTITUTE CONSOLIDAN SU APUESTA POR LA FORMACIÓN ONLINE

Publicado el 27/08/2020

  • La nueva edición online de los Cursos Certificados en Blockchain para abogados y Compliance se celebrarán entre los días 28 de septiembre y 6 de octubre de 2020
  • Prepararán a los profesionales para atender las necesidades legales y de cumplimiento normativo de los crecientes desarrollos blockchain de empresas, start-ups, sector público y despachos (Legaltech), disparados tras COVID19
  • Se incrementan las horas de formación de los Cursos y se ha añadido un módulo de Blockchain en administración de Justicia
  • Los grupos son reducidos, para garantizar la interactuación directa con los profesores, también en la versión online

El Consejo General de la Abogacía Española y Blockchain Intelligence Law organizan la 14ª edición de los Cursos Certificado Experto Legal & Compliance en Blockchain, Smart Contracts Tokenización y Criptoactivos, que se celebrarán a partir del 28 de septiembre en su versión online. Además, a partir de este día también tendrá lugar la 5ª edición del Curso Certificado Experto/a Compliance en Blockchain y Criptoactivos.

Respecto a ediciones anteriores, en esta ocasión se incrementan las horas tanto en el Curso Certificado Experto/a Legal en Blockchain, Smart Contracts, Tokenización y Criptoactivos (pasando de 15 a 24 horas) como en el Curso Certificado Experto/a Legal & Compliance en Blockchain, Smart Contracts, Tokenización y Criptoactivos (pasando de 15 a 32 horas). Además, se ha añadido un módulo de Blockchain en administración de Justicia, debido a la importancia del blockchain como medio de prueba. También se ha incluido la evolución regulatoria europea de la identidad digital en blockchain y los labs de GDPR y de Compliance.

La última edición de estos cursos, impartida online, obtuvo una valoración muy positiva entre los participantes, con un 100% de satisfacción y una apreciación máxima de profesores, estructura, contenidos…

 

 

Más información e inscripción

Formación en tiempos de COVID: mayor inclusión e interacción

 

La situación de pandemia por el Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de automatizar procesos y ha subrayado el poder transformador de la tecnología y su capacidad para generar oportunidades de inclusión y desarrollo social. Asimismo, la modalidad de formación online ha demostrado su gran valor y sus múltiples posibilidades. No solo es flexible y personalizada, sino que también ofrece mayor inclusión e interacción.

Durante la primera oleada de la pandemia, Blockchain Intelligence implementó con agilidad una plataforma online para ofrecer los cursos que tenía previstos de forma presencial. Gracias a una interfaz intuitiva, a su accesibilidad desde cualquier dispositivo y a una metodología dinámica, práctica y colaborativa, los participantes han premiado con excelentes valoraciones la experiencia de usuario y la calidad de sus completos programas; destacando su carácter innovador, la calidad y oportunidad de los contenidos y el alto nivel de los ponentes, todos ellos juristas con experiencia práctica en blockchain y especialistas en el ámbito tecnológico y legal.

La tecnología de la comunicación hizo posible que profesionales y empresas de Europa y América Latina se reunieran en una misma ‘sala’ y compartieran experiencias y opiniones. De esta forma, la interacción y sinergia resultante no tuvo nada que envidiar a la que ofrecen las clases presenciales.

En los cursos, partiendo de la comprensión profunda de la tecnología blockchain y sus potenciales usos, se estudia la identidad digital en blockchain, el funcionamiento y regulación de los smart contracts, la tokenización de bienes muebles e inmuebles y la regulación de criptoactivos, STOS/ICOS. Es clave el uso de blockchain en el marco del derecho mercantil, su uso en el ámbito del derecho inmobiliario y la aplicación de la regulación de valores. También se analiza la normativa financiera, de blanqueo de capitales y derecho tributario.

La formación se complementa con laboratorios prácticos que versan sobre estos mismos temas. Los alumnos programan un smart contract de compraventa de un inmueble, reciben criptomoneda en su wallet, registran documentos en blockchain, etc.

El equipo docente está compuesto de los mejores juristas expertos con experiencia práctica en blockchain, profundidad académica y todos referente en el entorno de esta tecnología. Los interesados pueden consultar aquí los programas y la ficha de inscripción. Más información en info@blockchainintelligence.es

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-consejo-general-de-la-abogacia-y-blockchain-intelligence-law-institute-consolidan-su-apuesta-por-la-formacion-online/

TELETRABAJO EN EL SECTOR LEGAL: ABOGADOS INHOUSE Y DESPACHOS

Publicado el 27/07/2020

Ante una situación como la originada a raíz de la crisis sanitaria, los departamentos legales de las empresas y los despachos de abogados se han visto en la necesidad de implementar mecanismos que garanticen la continuidad del servicio y la conciliación entre la vida profesional y personal de sus trabajadores.

 

La respuesta a esta necesidad la están encontrando en la tecnología, ya que las herramientas de nueva generación les permiten ahorrar tiempo y gastos y a aumentar su eficiencia. En el presente ejercicio 2020, el trabajo a distancia se ha establecido como una medida de prevención preferente al trabajo presencial en el centro de trabajo hasta transcurridos 3 meses desde el cese del estado de alarma, esto es, hasta el 21 de septiembre de 2020, siempre y cuando el sistema productivo y organizativo empresarial así lo permita.

 

Como consecuencia de lo anterior, en multitud de empresas nacionales se viene desarrollando por la mayoría de los trabajadores esta modalidad de teletrabajo desde el Decreto 463/2020  del Estado de Alarma en marzo de 2020, y todas las compañías, y en concreto despachos de abogados y departamentos jurídicos in house han comenzado a plantearse la implantación permanente del teletrabajo una vez finalice el escenario actual, en su mayor parte con carácter parcial (combinando trabajo presencial y teletrabajo) y en la medida en que las áreas o puestos de trabajo lo permitan.

 

 

Una completa guía de análisis de esta modalidad laboral

 

Thomson Reuters te ofrece el dossier Teletrabajo en el sector legal: abogados in house y despachos. Esta completa guía analiza el teletrabajo como alternativa a la modalidad presencial y, en concreto, el estudio de la mínima normativa que lo regula en la actualidad y los cambios regulatorios previstos a tal respecto con carácter inminente y su afectación a despachos de abogados y asesorías jurídicas in house, que deberán llevar a cabo un proceso de adaptación a las nuevas tecnologías que faciliten y optimicen los nuevos sistemas de trabajo.

 

  1. Introducción.
  2. Normativa actual sobre el teletrabajo.
  3. Posible desarrollo normativo del teletrabajo en el futuro.
  4. Otras áreas legales afectadas por el teletrabajo.
  5. Tecnología en los despachos de abogados y las asesorías jurídicas de empresa.
  6. La adaptación del abogado al teletrabajo.

 

Solicita el dossier como abogado in house

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Fuente: LegalToday

https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/teletrabajo-en-el-sector-legal-abogados-in-house-y-despachos-2020-07-27/

MALESTAR EN LA ABOGACÍA POR LA HABILITACIÓN PARCIAL DEL MES DE AGOSTO

Publicado el 17/08/2020

 

La habilitación parcial del mes de agosto para la celebración de vistas y el transcurso de plazos procesales entre los días 11 y 31, como parte del plan para recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento en pleno estado de alarma -incluida en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de abril-, ha causado un gran malestar entre abogados y procuradores, que mostraron desde el principio su oposición al considerar que se estaba vulnerando su derecho al descanso. El inicio de ese periodo hábil la pasada semana ha generado además las críticas tanto del Consejo General de la Abogacía como de diferentes Colegios de Abogados al constatar que la medida, lejos de resolver los problemas, está causando perjuicios a los profesionales de la Abogacía.

 

La Abogacía se opuso desde el principio a esta medida y propuso en ese momento concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la justicia en este mes, salvo siempre las actuaciones urgentes, de modo que pudiera desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre. La reclamación de agosto inhábil fue aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso pero no se tramitó porque se marcharon de vacaciones dejando sin descanso a abogados y procuradores. Por tanto, ha quedado en un hecho testimonial que no llegará al Senado hasta el mes de septiembre, cuando ya no tenga remedio.

 

Los Colegios de Abogados también se han manifestado en este sentido, expresando su frontal oposición y su profundo malestar ante esta decisión del Ministerio de Justicia porque, a efectos prácticos, los abogados y abogadas se han quedado sin posibilidad de descansar en el mes de agosto, un mes que tradicionalmente ha sido inhábil. También critican los Colegios la poca efectividad de la medida, puesto que en los juzgados gran parte del personal, así como jueces y letrados, disfrutan de días de descanso, por lo que la mayoría de los escritos no se tramitarán hasta septiembre.

 

Desde los Colegios de Abogados se denuncia la falta de sensibilidad con los profesionales de la Abogacía, puesto que esta situación genera desigualdades y una situación muy injusta para los mismos, afectando a su derecho a la conciliación y al descanso. Igualmente, los Colegios se muestran convencidos de que los problemas de la Administración de Justicia no se resuelven habilitando agosto, sino que se trata de un problema estructural, cuya resolución pasa por habilitar más personal, medios, inversiones y refuerzos.

 

Además, otra queja reiterada de los Colegios es que no se ha respetado el compromiso de los órganos de gobierno del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia de que no se iban a practicar notificaciones en agosto, añadiendo que se están recibiendo notificaciones de asuntos que no son urgentes.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/malestar-en-la-abogacia-por-la-habilitacion-parcial-del-mes-de-agosto/

RESILIENCIA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL: CLAVES PARA AFRONTAR LA NUEVA NORMALIDAD EN EL SECTOR LEGAL

Publicado el 30/07/2020

El Foro Tecnológico del Colegio de Abogados de Madrid ‘Abogacía 4.0’ ha reunido de forma telemática a expertos del sector legal y tecnológico y representantes de la Administración de Justicia para abordar la nueva normalidad del Legaltech tras la crisis de la pandemia.

 

Moderado por los diputados de Nuevas Tecnologías de los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona, Esther Montalvá y Rodolfo Tesone, en el acto han participado el Director General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo; el diputado de la Junta de Gobierno y presidente de la Comisión de Deontología del ICAM, Manuel Martín; la abogada y socia fundadora de Iurisfy, Carmen Cabalga; el Jefe de Producto de Lefebvre, Víctor Martínez; y la socia directora del Instituto de Innovación Legal, María Jesús González Espejo.

En sus palabras de bienvenida, Montalvá ha recordado que en los tiempos de extrema dificultad e inestabilidad en que vivimos, la abogacía es una de las profesiones más perjudicadas por sus problemas históricos para adaptarse a las nuevas tecnologías. “En los últimos años ha habido un despegue absoluto de las legaltech, hay un montón de startups que están arrancando, y para nosotros es fundamental acercar a los colegiados las herramientas, las últimas tendencias y todas las funcionalidades que pueden ofrecer”, ha explicado.

Por eso, y a pesar de que ya existen numerosas herramientas enfocadas a la inteligencia artificial, que permiten entre otras cosas la formalización de contratos a través de blockchain, la diputada del ICAM ha subrayado que es el momento de “dar un pasito atrás y centrarnos en aquellos servicios que nos van a ser más útiles y que son de primera necesidad, en aquellos servicios que se van a demandar más” tras la crisis del COVID-19 en ámbitos como el derecho de familia, sucesiones o insolvencias.

 

Resiliencia

 

Para Tesone, el momento de “absoluta excepcionalidad” en que nos encontramos requiere un “importante esfuerzo de resiliencia y de adaptabilidad” tras haber superado la primera ola del tsunami, “la sanitaria”, estar a punto de afrontar la segunda oleada, “la económica”, y a la espera de una previsible tercera gran ola de “conflictividad social” que será disipada en la medida en que “sepamos hacer bien las cosas”.

En el contexto de la transformación digital, el también presidente de ENATIC rescata dos grandes titulares de la crisis del coronavirus: “hemos avanzado más en transformación digital en los últimos cuatro meses que en los últimos quince años” y “la transformación digital no solo ha venido para quedarse, sino que ha venido para desarrollarse y para crecer”.

En ese sentido, Tesone considera que los profesionales que se desenvuelven en el mundo del Derecho Digital han de ser capaces de transformar los retos en oportunidades: “ahora más que nunca es el momento de orientarnos porque hay un campo tremendamente amplio de oportunidades para la abogacía. No va a superar la crisis ni el más fuerte, ni el más grande ni el más veloz. Superará la crisis quien mejor se adapte al cambio y al nuevo paradigma que está a punto de venir.”

No obstante, como ha recordado Montalvá, de nada serviría que los despachos invirtieran grandes cantidades de dinero en optimizar sus procesos a través de la tecnología aplicada al sector jurídico si al llegar a la Administración de Justicia “encontramos un muro hecho de montañas de papel abarrotando el Juzgado”.

 

Transformación digital

 

Desde el Ministerio de Justicia, Aitor Cubo ha precisado que para este organismo el concepto de transformación digital va más allá de la administración electrónica o de la eliminación del soporte papel: “estamos hablando de trabajar hacia una administración proactiva y automatizada”. En ese sentido, el ponente ha querido destacar la apuesta de este organismo por la transformación digital al articular esta materia en torno a una dirección general, cuando lo habitual es que el máximo rango para la parte de digitalización sea una subdirección general. “Esto es realmente importante porque permite participar dentro de las cuestiones relacionadas con el Comité de Dirección del Ministerio y poder recoger las distintas cuestiones estratégicas para tener sistemas de información que estén listos según se vayan planteando modificaciones, ampliaciones o cambios legislativos, normativos o estratégicos”, ha señalado.

Respecto al proyecto de transformación digital, Cubo ha explicado que se encuadra en el programa estratégico Justicia 2030 y que se centra en tres grandes ejes: reformas normativas, herramientas tecnológicas efectivas y eficientes y cooperación tanto con el sector público puro como con actores relevantes de la Administración de Justicia. Estos tres ejes se desarrollan en cinco bloques con una serie de proyectos estratégicos como son los servicios digitales para la ciudadanía, empresas y colectivos; eficiencia e interoperabilidad de las infraestructuras de Justicia; expediente judicial electrónico sostenible; inteligencia artificial e impulso a la oficina del dato orientado a toda la Justicia.

 

Deontología profesional

 

A continuación, tras la presentación de diversas herramientas concretas desarrolladas por Lefebvre, Iurisfy y el Instituto de Innovación Legal, el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM Manuel Martín ha abordado la responsabilidad deontológica derivada del uso de herramientas tecnológicas que ayudan a prestar el asesoramiento jurídico al cliente final.

Así, más allá de las escasas referencias incluidas en el Código Deontológico de la Abogacía de 2019, que habla entre otras cosas de la necesidad de hacer un uso responsable y diligente de las tecnologías con vistas a garantizar el secreto profesional y la confidencialidad, Martín ha recordado que “la actuación profesional del abogado, utilice o no utilice herramientas tecnológicas está sujeto a la normativa deontológica”. Por tanto, a la vista de lo que hoy entendemos por “tech”, el presidente de la Comisión de Deontología del ICAM no considera necesario ir más allá en lo que es el planteamiento del código deontológico.

“Siempre que hablamos de lo tech, ahora hablamos de herramientas que ayudan a prestar el asesoramiento jurídico al cliente final. Pero en pocos casos estamos hablando de tecnología que vaya a reemplazar al abogado en el servicio final al cliente. Otra cosa muy distinta son los chatbots o los asistentes virtuales de tipo jurídico, porque ahí sí que van dirigidos al cliente final y eso plantea una problemática”, ha advertido Martín.

Tanto el artículo 502 de la Ley Orgánica del Poder judicial como el artículo 6 del Estatuto General de la Abogacía dicen que “dirección y defensa de toda clase de procesos, así como la defensa y el asesoramiento jurídico corresponde en exclusiva a los abogados”, ha subrayado Martín. “Y abogados y abogadas son solo los que están incorporados a un Colegio en calidad de ejerciente. Es decir, ni un graduado, ni un licenciado, ni el titular de un máster de acceso, ni un no ejerciente pueden prestar asesoramiento jurídico si no están colegiados como ejercientes”, ha precisado.

En ese sentido, y en referencia a los chatbots, el diputado de la ICAM ha señalado que si detrás no hay abogados que garanticen un asesoramiento jurídico conforme a los estándares deontológicos, podríamos estar ante un potencial delito de intrusismo profesional. “Evidentemente no le podríamos aplicar las normas deontológicas porque no son abogados, así que entraríamos dentro de la esfera penal”, ha aclarado.

No obstante, en sus consideraciones finales Manuel Martín ha explicado que en el ámbito de la Comisión de Deontología del ICAM en estos últimos años se han generado alrededor de 8.000 quejas, de las cuales cerca de 800 se han traducido en expedientes disciplinarios y ninguno de ellos, de manera directa o indirecta, está relacionado con la utilización de herramientas tecnológicas. “Dicho esto: no dudo que llegue el momento en que se van a empezar a recibir quejas, pero todavía no”, ha concluido.

Por último, y de cara al futuro, Rodolfo Tesone ha deseado que cuando la transformación digital de la justicia del sector legal ya sea un hecho, “dentro de cinco o diez años”, el gran volumen de negocio que está por venir siga estando en manos de la abogacía. Algo que no será posible en su opinión “si no hacemos todo lo que tenemos que hacer, nos unimos y nos basamos en estos soportes donde queda claramente delimitado que cualquier tipo de asesoramiento legal nos corresponde a nosotros porque si no es intrusismo profesional.”

Fuente: Abogacía Española

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/resiliencia-transformacion-digital-y-deontologia-profesional-claves-para-afrontar-la-nueva-normalidad-en-el-sector-legal/

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS PUBLICA UN COMUNICADO SOBRE LA RECOGIDA DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Publicado el 31/07/2020

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado un comunidado sobre las iniciativas regionales para fomentar el regisro de los clientes que acuden a los locales de ocio conj el fin de controlar los rebrotes del coronavirus. A continuación reproducimos este comunicado por su interés y actualidad:

 

La Agencia Española de Protección de Datos ha tenido constancia de la proliferación de diversas iniciativas públicas que tratan de fomentar una reacción rápida ante posibles nuevos brotes de COVID–19, como registrar determinados datos de los clientes que acuden a locales de ocio.

A este respecto, es necesario puntualizar que los datos que se recogen, aunque estén relacionados con el control de la pandemia y su tratamiento sea al objeto de poder identificar posibles infectados, no son datos catalogados en el RGPD como “categorías especiales”.

Para poner en marcha el registro de clientes que acuden a locales de ocio, tratándose de una medida para la contención del coronavirus, debe acreditarse su necesidad por las autoridades sanitarias y tiene que ser obligatoria, ya que si fuera voluntaria perdería efectividad. Adicionalmente, si se acudiera a la base jurídica del consentimiento, para poder apreciar un consentimiento libre, sería necesario que no se derivara ninguna consecuencia negativa, es decir, que no se impidiera la entrada al establecimiento.

Teniendo en cuenta que ya no está vigente el estado de alarma, la obligatoriedad de tomar datos por parte de los establecimientos tiene que establecerse por una norma con rango de ley. En tal caso, la base jurídica sería el 6.1.c) (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”).

En todo caso, debe señalarse que el hacer un seguimiento adecuado de la evolución de los contagios y de la obligación de tomar datos y cederlos a las autoridades sanitarias tiene su fundamento en la garantía de un interés público de controlar la pandemia, por lo que la base jurídica sería, con carácter preferente, el artículo 6.1.e) del RGPD (“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”).

 

 

A estos efectos, debe hacerse especial incidencia en la necesidad de justificar que no existan otras medidas más moderadas para la consecución del propósito perseguido con igual eficacia. Por ello deberían identificarse bien y limitarse a aquellos sitios en los que exista una mayor dificultad para el cumplimiento de estas medidas (no es lo mismo una discoteca, en la que las personas quieren estar cerca, que un museo, en el que se pueden habilitar espacios adecuados para que circule la gente y limitar mucho los contactos). A tal efecto, deberían ser las autoridades sanitarias quienes valoren motivadamente en qué lugares sería obligatorio identificarse.

Por otro lado, la recogida y la cesión de datos debería organizarse de una forma que el registro permita identificar los posibles contactos (es decir, que exista una probabilidad de que hayan coincidido, al estar en la misma hora, en el mismo sitio, etcétera). En otro caso, como podría suceder en un museo, si hay un infectado y se avisa a las miles de personas que ese día lo pudieron haber visitado, aparte de ser un tratamiento excesivo, podrían producirse dificultades o incluso un colapso en la asistencia sanitaria. Cuestión que también tienen que valorar las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas.

Adicionalmente, debe cumplirse con el principio de minimización, en virtud del cual podría ser suficiente con obtener un número de teléfono, junto con los datos del día y la hora de asistencia al lugar. Este criterio, junto con el de la anonimización de los titulares del dispositivo, ha sido el asumido por el Comité Europeo de Protección de Datos en la Recomendación sobre el uso de datos de localización y aplicaciones de seguimiento de contactos en el contexto de la pandemia; criterio que puede extrapolarse a esta situación con las adaptaciones pertinentes.

En consecuencia, no sería necesario solicitar el nombre y los apellidos, que serían innecesarios para la finalidad de avisar a los posibles contactos, y en ningún caso es necesaria la identificación mediante el DNI por ser desproporcionada.

Asimismo, debe aplicarse estrictamente el principio de limitación de la finalidad, de forma que los datos sólo deben poder utilizarse para la finalidad de lucha contra el virus, excluyendo cualquier otra, así como el principio de limitación del plazo de conservación.

De acuerdo con estos criterios, los establecimientos serían responsables de la recogida de datos en virtud de una obligación legal establecida por una norma con rango de ley y la administración autonómica sería la cesionaria de esos datos por razones de interés público previstos en la ley. La administración autonómica deberá establecer criterios sobre la forma en la que se recogen y comunican esos datos personales a la Administración sanitaria.

Por su parte, los ciudadanos deben recibir una información clara, sencilla y accesible sobre el tratamiento antes de la recogida de los datos personales. En todo caso, la información debe tratarse con las medidas de seguridad adecuadas.

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15476-la-agencia-espanola-de-proteccion-de-datos-publica-un-comunicado-sobre-la-recogida-de-datos-personales-por-parte-de-los-establecimientos/

EL CGPJ APRUEBA UN PLAN FORMATIVO EXTRAORDINARIO EN LAS MATERIAS MÁS AFECTADAS POR EL CORONAVIRUS

Publicado el 23/07/2020

En la elaboración del programa han participado el Servicio de Formación Continua del CGPJ, el grupo de expertos integrado por los presidentes de sala del Tribunal Supremo, así como la Comisión Pedagógica y las asociaciones judiciales.

 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado un plan de formación extraordinario para la carrera judicial centrado en las materias que se han visto más afectadas por la crisis sanitaria como la suspensión de los desahucios, los ERTE o la gestión sanitaria.

El objetivo de este proyecto, que se desarrollará de forma telemática hasta el 31 de diciembre, será proporcionar a los magistrados formación especial con la intención de mejorar la eficiencia y la calidad de la respuesta judicial, así como ayudar a la unificación de criterios ante los nuevos procedimientos que puedan plantearse.

El CGPJ también ha acordado suspender todas las actividades de carácter presencial programadas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre dentro del Plan Estatal 2020 del Servicio de Formación Continua, sustituyéndolas por las previstas en el plan extraordinario, sin perjuicio de que las primeras puedan ser recuperadas y realizadas más adelante.

La decisión se ha tomado después de valorar la evolución de la crisis sanitaria y la posibilidad de rebrotes en todo el territorio nacional.

Por su parte, la programación del plan extraordinario tratará, entre otras cuestiones, las novedades legislativas introducidas en materia de suspensión de los desahucios en trámite, la prórroga de los contratos y moratorias en el pago de la renta, así como los criterios para afrontar la previsible litigiosidad que generarán la gestión de la pandemia por parte de los servicios sanitarios.

Además se estudiarán asuntos como la violencia de género durante la vigencia de las medidas de confinamiento; la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas o la alteración de las condiciones de trabajo tras la pandemia.

La metodología de este plan será fundamentalmente práctica para facilitar interacción entre los participantes a través de foros de debate y del trabajo en grupo.

Asimismo, se ha priorizado la designación de magistrados del Tribunal Supremo como directores o coordinadores de las actividades, por su alta cualificación profesional.

En la elaboración del programa han participado el Servicio de Formación Continua del CGPJ, que realizó una detección previa de las nuevas necesidades formativas, el Grupo de expertos integrado por los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, así como la Comisión Pedagógica y las asociaciones judiciales que han remitido sus propuestas.

 

Fuente: Expansión

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/07/23/5f19a767e5fdea004e8b458d.html

EL FONDO DE AYUDAS PARA COLEGIADOS Y COLEGIADAS AFECTADOS POR EL COVID PODRÁ PEDIRSE DESDE EL 22 DE JULIO

Publicado el 10/07/2020

El fondo de ayudas de carácter extraordinario está dotado con un millón de euros

 

A partir del del 22 de julio los colegiados y colegiadas que se hayan visto perjudicados con motivo de la pandemia Covid-19 y el estado de alarma acordado por el Real Decreto 463/2020 podrán solicitar la concesión de una ayuda extraordinaria del Fondo de Ayudas puesto en marcha por el Consejo General de la Abogacía Española, que tiene una dotación económica de un millón de euros.

El plazo de envío de solicitudes será del 22 de julio al 22 de agosto de 2020. Las solicitudes se realizarán a través de un formulario web que incluirá la posibilidad de adjuntar la documentación a presentar en cumplimiento de los requisitos.

A partir del próximo lunes 20 de julio, los interesados podrán consultar en la página web de la Abogacía Española las bases de la ayuda y la declaración de aceptación de condiciones para acceder a esta prestación.

 

El plazo de envío de solicitudes será del 22 de julio al 22 de agosto de 2020

 

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó el viernes 10 de julio las bases para la distribución de un fondo de ayudas a los colegiados más duramente castigados por la epidemia de coronavirus que estará dotado con un millón de euros.

 

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobó el viernes 10 de julio esta prestación económica

 

Los consejeros han considerado importante que el Consejo, como órgano que agrupa y representa a la totalidad de los Colegios de la Abogacía Española, ponga en marcha este programa en un momento en que el conjunto de la profesión está todavía seriamente afectado por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-pleno-de-la-abogacia-aprueba-un-fondo-de-ayudas-dotado-con-un-millon-de-euros/

 

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