Si algo caracteriza al XIII Congreso de la Abogacía, que se celebrará del 3 al 5 de mayo, es su carácter participativo. Todos los colegiados tienen la oportunidad de intervenir ante el pleno del Congreso y contribuir con su propuesta al debate sobre el futuro de la profesión.
Para ello es necesario presentar previamente una propuesta de comunicación sobre uno de los cuatro grandes ejes temáticos o ponencias deliberativas (la defensa de derechos y libertades, los avances y desafíos de la regulación deontólogica, la intermediación y los nuevos modelos de negocio, y, por último, la especialización y la formación legal continua). El plazo de entrega será hasta el 14 de abril a través de la web del Congreso.
El proceso es muy sencillo, en este video tutorial te decimos cómo hacerlo.
“Entre todos y todas vamos a definir nuestro futuro. Enviad comunicaciones, decid qué os parece, lo que os cambiarías, porque desde ahí en el Congreso vamos a sacar unas conclusiones que definirán como vamos a actuar en el futuro”, afirma Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, que organiza el Congreso.
A finales abril se anunciará cuáles han sido las comunicaciones seleccionadas, que podrán ser presentadas por sus autores en el mismo Congreso, dentro de esas cuatro ponencias deliberativas de las que se extraerán una serie de conclusiones que orientarán el futuro de la profesión.
El Congreso, organizado por el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Tarragona, Reus y Tortosa, se celebrará en el centro de convenciones de Port Aventura.
Hasta el 19 de abril de abril hay una inscripción reducida por valor de 380 euros, que incluye los tres días de Congreso, el cóctel de inauguración y dos comidas. Hay precios especiales para profesionales con menos de cinco años de ejercicio y para estudiantes de máster. El Colegio de Castellón ha anunciado que subvencionará la inscripción de aquellos colegiados que presenten comunicaciones.
Tres nuevos decanos y dos nuevas decanas han tomado posesión como consejeros de la Abogacía Española en el pleno celebrado el 17 de marzo en Madrid.
Se trata de los representantes de los abogados de Elche, Madrid, Segovia, Figueres y Sant Feliú de Llobregat.
Diego García García fue elegido en Elche el 16 de diciembre y releva en el cargo a Vicente Pascual durante los próximos cinco años.
Eugenio Ribón Seisdedos fue proclamado el 20 de diciembre en Madrid y estará al frente de la entidad colegial, sustituyendo a José María Alonso.
Por su parte, Emilio Fuentetaja Sanz resultó elegido decano en Segovia tras las elecciones celebradas el 22 de diciembre.
Además, María Hilari Sucarrat es desde el 20 de diciembre la representante de los abogados de Figueres-Alt Empordà y será la segunda decana del Colegio en sus 181 años de historia.
Por último, Esther López Ferreras fue proclamada electa el 7 de diciembre en Sant Feliu. Hasta ahora ejercía como tesorera del Colegio y estará al frente de la entidad colegial durante los próximos cuatro años.
Los decanos salientes de todos estos Colegios pronunciaron unas palabras de despedida para los miembros de la Abogacía.
Antes de dar comienzo al pleno, el exdecano del Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela, Evaristo Nogueira Pol, recibió de manos de la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía en reconocimiento a toda su trayectoria profesional y su labor como decano desde 2002 hasta 2017, así como a su desempeño como Presidente del Consello de la Abogacía Gallega y por su participación y responsabilidad con la Abogacía Española.
El número de víctimas así como el de denuncias presentadas por violencia de género volvieron a mostrar en 2022 un importante aumento, del 10,7 % y del 11,8 %, respectivamente, con respecto a 2021.
Debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, los datos son provisionales al haber sido necesario estimar los correspondientes a 4 juzgados de los que no se ha obtenido respuesta y al estar en revisión de errores otros 10.
El pasado año, los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de guardia) acordaron 32.842 órdenes de protección, un 5,2 % más que en 2021, y dictaron 57.059 sentencias, un 5 % más que el año anterior. El 77,45 % de esas resoluciones contenían un fallo condenatorio, el máximo porcentaje anual de la serie histórica.
Las medidas civiles consistentes en la suspensión del régimen de visitas, dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer para proteger a los hijos e hijas de las víctimas, mantuvieron la tendencia al alza mostrada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Así, durante 2022, los órganos judiciales adoptaron 4.100 medidas de este tipo, un 104 % más que en 2021, año en el que sumaron 2.008.
Durante 2022, los juzgados españoles recibieron un total de 182.073 denuncias, un 11,8 % más que el año anterior, en el que se registraron 162.848. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 176.380, un 10,7 % más que en 2021, año en el que se contabilizaron 159.352. Dos de cada tres mujeres víctimas (65,65 %) eran españolas.
La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 72,9 en toda España, casi siete puntos más alta que en 2021. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 110,3; Murcia, con 103,4; Comunidad Valenciana, con 95,6; Canarias, con 88,2; Andalucía, con 86,3 y Madrid, con 75,8. Las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 46,8 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 49,6; el País Vasco, con 53,5; La Rioja, con 53,6 y Asturias, con 53,9.
El porcentaje de mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar se mantuvo muy similar al de 2021. Un total de 16.839 víctimas, el 9,5 % del total (frente al 9,86 % de 2021), renunciaron a prestar declaración contra sus agresores. De ellas, 9.540 eran españolas y 7.299 de otras nacionalidades.
“Nómadas digitales, teletrabajo internacional y otras modalidades de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” será el tema de debate en una Jornada que tendrá lugar el próximo 8 de marzo en la sede del Consejo General de la Abogacía Española.
En ella se analizarán los cambios introducidos por la Ley 28/2022, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, también llamada “de nómadas digitales”.
Uno de los ponentes de la sesión será David Querol, vocal de la Subcomisión de Extranjería de la Abogacía Española. “A raíz de este cambio legislativo, se ha derivado a la unidad de grandes empresas, que recoge la ley 14/2013, las competencias de teletrabajo, gestión de visados, residencias y otras autorizaciones en el sector audiovisual y de la publicidad para la movilidad profesional internacional. Esta situación ofrece un nicho de trabajo para los abogados”, adelanta Querol.
Junto a él participarán Luis Esteban Manzanares, subdirector adjunto y responsable de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos S.G. Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Jordi García, director de Fomento de Ecosistema Emprendedor de ENISA y Mar Cid, abogada experta en Derecho de Extranjería.
Ellos expondrán el uso de los certificados electrónicos de empresa en la firma de las solicitudes, los criterios y requerimientos para los informes en aplicación de la ley de Start-Ups y, en definitiva, las principales novedades relevantes después de la reciente reforma.
El evento está enmarcado dentro del ciclo de actividades de formación organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española y tendrá lugar de 09:45 a 13:30 horas.
Si algo caracteriza al XIII Congreso de la Abogacía, que se celebrará del 3 al 5 de mayo, es su carácter participativo. Todos los colegiados tienen la oportunidad de intervenir ante el pleno del Congreso y contribuir con su propuesta al debate sobre el futuro de la profesión.
Para ello es necesario presentar previamente una propuesta de comunicación sobre uno de los cuatro grandes ejes temáticos o ponencias deliberativas (la defensa de derechos y libertades, los avances y desafíos de la regulación deontólogica, la intermediación y los nuevos modelos de negocio, y, por último, la especialización y la formación legal continua). El plazo de entrega será del 1 al 31 de marzo a través de la web del Congreso.
“Animo a todas las personas que ejercen la abogacía a que manifiesten su opinión y coadyuven a enriquecer las distintas ponencias. Cuantas más miradas sobre un asunto, más sabremos sobre él”, asegura el ex ministro de justicia Francisco Caamaño, que está al frente de la ponencia sobre intermediación y nuevos modelos de negocio.
Jesús Remón, socio presidente de Uría Menéndez, estará al frente de la defensa de derechos y libertades; el magistrado José Ramón Chaves de los avances y desafíos de la regulación deontológica y Maria Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo, de la especialización y la formación legal continua.
“El Congreso es más que la suma de las partes o asistentes, pues se vierten experiencias, afloran ideas y tratándose del interés común de la profesión, se aparcan la autocomplacencia y el localismo para conseguir mejoras reales”, asegura el magistrado José Ramón Chaves.
En abril se anunciará cuáles han sido las comunicaciones seleccionadas, que podrán ser presentadas por sus autores en el mismo Congreso, dentro de esas cuatro ponencias deliberativas de las que se extraerán una serie de conclusiones que orientarán el futuro de la profesión.
El Congreso, organizado por el Consejo General de la Abogacía y los Colegios de Tarragona, Reus y Tortosa, se celebrará en el centro de convenciones de Port Aventura bajo el lema “Juntos hacia la excelencia”.
Hasta el 5 de abril hay una inscripción reducida por valor de 380 euros, que incluye los tres días de Congreso, el cóctel de inauguración y dos comidas. Hay precios especiales para profesionales con menos de cinco años de ejercicio y para estudiantes de máster.
