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LA ONU RECOMIENDA A ESPAÑA QUE MEJORE LA ASISTENCIA LEGAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Publicado el 31/05/2023

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha recomendado a España que mejore la asistencia legal a las víctimas de violencia de género, sobre todo en el caso de las que han caído en redes de tráfico de personas o de las solicitantes de asilo.

En su revisión periódica del país, publicada este martes, el Comité de la ONU ha señalado que el acceso de las mujeres a la justicia es otra de las cuestiones preocupantes. A pesar de la existencia de tribunales especializados, el procesamiento penal de los perpetradores de violencia de género es ineficiente debido a la falta de una cultura judicial que se ajuste a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

El órgano especializado ha mostrado su preocupación por la alta tasa de feminicidios ocurridos en España y por la violencia de género que prevalece en el país pese a los esfuerzos de legislativos para crear una política de prevención y protección de las mujeres y las niñas en su territorio.

El Comité reconoce el trabajo de España para combatir la violencia contra las mujeres- y cita como ejemplo la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que elimina la carga de la prueba de la víctima-. Sin embargo, aclara que la normativa sólo resulta en unas pocas condenas cortas y excarcelaciones de detenidos por violencia de género.

El informe también denuncia la ciberviolencia generalizada contra mujeres y niñas. Y pide a España que tome en cuenta las nuevas manifestaciones de esos ataques, como el acoso y los discursos de odio, al igual que los embates contra las mujeres de colectivos minoritarios que son objeto de discriminación, como los migrantes.

Para enfrentar esas formas de violencia, pidió a España comprometerse con la Unión Europea para la adopción de un proyecto de ley sobre inteligencia artificial que incluya medidas para mitigar y prevenir los riesgos de violencia contra las mujeres a través de internet.

Y el Comité también recomienda que se consoliden las políticas de prevención de la violencia contra la mujer, en particular reforzando la identificación de las situaciones de vulnerabilidad y la prevención de la reincidencia, además de adoptar medidas legislativas para reconocer en la ley los asesinatos sexistas y de establecer con celeridad el Observatorio del Feminicidio.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-onu-recomienda-a-espana-que-mejore-la-asistencia-legal-a-las-victimas-de-violencia-de-genero/

VICTORIA ORTEGA: «LA AUTORIDAD DE DEFENSA DEL CLIENTE FINANCIERO DEJA EN LA INDEFENSIÓN MÁS NOTABLE A LA CIUDADANÍA»

Publicado el 28/05/2023

“La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero genera una mayor asimetría entre las entidades financieras y sus clientes, deja a los reclamantes sin asesoramiento jurídico y, por tanto, en la indefensión más notable”. Así de contundente ha mostrado la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, su rechazo a este proyecto de ley en tramitación en la inauguración del III Congreso de Derecho Bancario organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid.

“Los bancos seguirán contando con su potente maquinaria de defensa jurídica, mientras el ciudadano quedará en clara situación de inferioridad. Todo ello desde un dibujo de la figura de abogados como obstáculo para el efectivo ejercicio de los derechos de reclamación y para el funcionamiento de la sociedad”, ha recordado.

Ortega también ha denunciado que los denominados “pleitos–masa” se han convertido en un campo de batalla jurídica de diversos sectores, especialmente en el bancario-financiero, “en el que la línea roja en el ámbito de la deontología resulta muy fácil de transgredir debido a las operativas utilizadas por determinadas sociedades de intermediación que, indebidamente, encubren su actividad de prestación de servicios jurídicos al margen de la supervisión de los Colegios y Consejos de la Abogacía”.

“Esa forma de encauzar las controversias de los consumidores y usuarios ha podido provocar la judicialización de incontables asuntos que han saturado el sistema judicial, por no haber utilizado otros cauces que han sido despreciados”, ha apuntado.

Por su parte, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón ha afirmado que “ante la transformación del sector legal financiero, la constante evolución normativa y el panorama económico nacional e internacional, el ICAM sigue apostando por tercera vez por este encuentro”.

En la inauguración han participado Mábel Klimt, diputada del Colegio de Madrid y responsable de Innovación, Tecnología y Cultura; y José Ramón Couso, diputado del ICAM y presidente de la Sección de Derecho Bancario y la subsecretaria del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Amparo López Senovilla, quien fue la encargada de inaugurar oficialmente el encuentro.

El Congreso contará hoy y mañana con más de 50 especialistas del ámbito financiero y legal que, en 7 mesas redondas y diversas conferencias, debatirán sobre cuestiones como las monedas digitales, la seguridad jurídica y los oportunidades Blockchain, los criterios ESG, el gobierno corporativo, los activos adjudicados o la venta de carteras de NPL’s.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-la-autoridad-de-defensa-del-cliente-financiero-deja-en-la-indefension-mas-notable-a-la-ciudadania/

LAS HUELGAS DE JUSTICIA PROVOCAN LA SUSPENSIÓN DE UN JUICIO POR IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD QUE LLEVA DOS AÑOS PENDIENTE

Publicado el 17/05/2023

Un hombre del Puerto de Santa María (Cádiz) lleva esperando casi dos años la celebración de su juicio en el que impugna su paternidad tras conocer que el hijo que tenía con su expareja no era suyo. El juicio se iba a celebrar en febrero de 2023, pero se suspendió por la huelga de los letrados de Administración de Justicia, señalándolo para diez meses después.

Según su letrado José Antonio Sires, la suspensión del juicio y las huelgas de funcionarios de justicia, a la que podrían sumarse la de jueces y fiscales, están sumiendo a su cliente en una situación de desesperación, la cual aumenta al tener que seguir cumpliendo con las obligaciones de padre del menor porque así lo estableció una sentencia de 2019.

“Sigue abonando la pensión mensual de alimentos y los gastos que el menor necesita para su vida diaria y tememos que el juicio no llegue a celebrarse este año”, afirma Sires. “Cuando se celebre el juicio, pediremos la reclamación de las cantidades abonadas en otro procedimiento civil por daños morales”, agrega.

A raíz de unas pruebas médicas, el afectado supo que no podía ser padre, por lo que en abril de 2021 presentó la demanda para impugnar la filiación, para que se declarase que no era el progenitor y para que se anulase la inscripción en el Registro Civil.

Y explica que, ante esta nueva huelga con impacto en el sector de la Justicia, le preocupa el posible “desplome del derecho consagrado a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y el futuro colapso, como consecuencia de las dos huelgas que va a soportar nuestro sistema judicial, dejando un escenario de incertidumbre a corto y medio plazo”.

El letrado asegura que en su despacho se han suspendido numerosos juicios y declaraciones a consecuencia de la primera huelga de los LAJ sin saber todavía cuándo se van a volver a señalar y asegura que esta segunda huelga va a tener un impacto en un retraso posterior de los señalamientos a juicios de los meses posteriores. “Se consideran servicios mínimos los juicios por violencia de género, causas con presos y asuntos relacionados con menores, pero después hay particularidades en cada juzgado. Los justiciables son los que están pagando las consecuencias”.

 

Fuente: Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/las-huelgas-de-justicia-provocan-la-suspension-de-un-juicio-por-impugnacion-de-paternidad-que-lleva-dos-anos-pendiente/

LA ABOGACIA ENTREGA EN EL CONGRESO 14 PROPUESTAS DE ENMIENDAS PARA MEJORAR EL PROYECTO DE LEY DEL DERECHO DE DEFENSA

Publicado el 12/05/2023

El Consejo General de la Abogacía remitió ayer a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un paquete de 14 enmiendas para mejorar y completar el proyecto de ley orgánica del Derecho de Defensa, que está en plena tramitación parlamentaria. Abogadas y abogados de toda España han podido deliberar, realizar y votar propuestas de mejora a esta norma orgánica en el marco del XIII Congreso de la Abogacía Española celebrado el 3 al 5 de mayo en Tarragona, Reus y Tortosa.

Estas propuestas de enmiendas elaboradas en sesiones deliberativas abiertas a todos los profesionales, y basadas en un sistema de ponencias y comunicaciones en el que han participado más de mil 1.500 abogados, han sido trasladadas ahora a los grupos parlamentarios.

Las propuestas resultantes del XIII Congreso de la Abogacía Española reclaman, entre otros puntos, un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido y una regulación pormenorizada del secreto profesional, con la inclusión expresa de la abogacía de empresa.

Igualmente, se ha propuesto una modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita que recoge las conclusiones adoptadas en el Plenario Deliberativo celebrado dentro de las sesiones del Congreso y que se refieren fundamentalmente a la cobertura en asistencia jurídica gratuita en los supuestos de designación judicial para asistencia a personas jurídicas en el orden jurisdiccional personal así como en la cobertura de todas las actuaciones llevadas a cabo por designación en el turno de oficio.

La gran mayoría de las 44 conclusiones aprobadas por el Congreso tienen por objeto realizar propuestas de mejora de este importante proyecto de Ley que, tras 45 años de Constitución Española, cerrará el círculo de garantías constitucionales del derecho de defensa, por medio de un desarrollo orgánico del derecho de defensa de la ciudadanía.

La Abogacía Española ha venido reivindicando y liderando desde hace más de una década el proceso de elaboración de esta norma que mejora los derechos de la ciudadanía y tiene especial incidencia en el trabajo de los abogados. El proyecto de ley recoge ya algunas de sus peticiones en asuntos tales como la regulación del secreto profesional, el acceso de la ciudadanía a los tribunales, y la ampliación de sus derechos como usuaria del servicio público de justicia, entre otros.

Sin embargo, la abogacía considera que la ley debe ser más concreta en asuntos como el secreto profesional del abogado de empresa, la garantía de las comunicaciones abogado-cliente, el amparo colegial o las sanciones del intrusismo, así como sobre los nuevos modelos de negocio.

Las propuestas contemplan asimismo la inclusión del establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales, así como la adopción de un protocolo de amparo por todos los Colegios de la Abogacía, entre otras cuestiones relevantes para el derecho de defensa de la ciudadanía.

El proyecto de ley supone un paso adelante en materia de derechos de ciudadanía, al consolidar en un único texto con rango de ley orgánica todas las garantías vinculadas a la defensa y el asesoramiento legal.

Puedes consultar las conclusiones del XIII Congreso de la Abogacía Española y el índice de las propuestas de enmiendas presentadas a los grupos parlamentarios en los siguientes enlaces:

 

Conclusiones del XIII Congreso de la Abogacía

 

Índice de propuestas de enmiendas

 

Fuente Abogacia.es

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-entrega-en-el-congreso-14-propuestas-de-enmiendas-para-mejorar-el-proyecto-de-ley-del-derecho-de-defensa/

LA ABOGACIA MARCA UNA AMBICIOSA HOJA DE RUTA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS EN SU XIII CONGRESO

Publicado el 05/05/2023

La Abogacía Española ha cerrado su XIII Congreso nacional con una ambiciosa hoja de ruta que marcará sus objetivos de los próximos años. Las conclusiones de esta cita celebrada en el centro de convenciones de Port Aventura incluyen un paquete de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley del Derecho de Defensa.

Entre esas enmiendas, que abordan aspectos muy diversos, se incluye un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido, una mayor concreción acerca de las garantías del secreto profesional y el establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales, entre otras.

Las conclusiones de la ponencia de Derechos y libertades hoy también se incluye un refuerzo del procedimiento de amparo colegial, establecido para proteger la dignidad del abogado en el ejercicio de su profesión.

Las 44 conclusiones fueron votadas al término de cinco sesiones deliberativas, en las que los más de un millar de participantes debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta la profesión actualmente.

Sobre intermediación y nuevos modelos de negocio, se aprobó, entre otras conclusiones, determinar el alcance del secreto profesional para los abogados de empresas, y pedir al legislador que establezca una acción de clase específica para los daños ocasionados en el ámbito del derecho de competencia, sin necesidad de la participación obligatoria de las asociaciones de consumidores y usuarios.

También se votó la necesidad de regular el uso de sistemas de Inteligencia Artificial para la prestación de servicios jurídicos y el ejercicio de derecho de defensa online, así como para la selección de profesionales de la abogacía. Y se decidió que desde la abogacía institucional se establezcan programas de formación orientados a facilitar el acceso de los profesionales a las tecnologías y herramientas digitales.

Las conclusiones también incluyen varias sobre la necesidad de regular la formación continua y especializada, con certificaciones periódicas de la actualización de conocimientos, así como un programa formativo al alcance de todos los profesionales, que garantice la igualdad de oportunidades. Y se aprobó la obligatoriedad de la formación continua en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, formación que debe ser gratuita para el profesional y subvencionada por las administraciones públicas.

Las conclusiones también piden que el Consejo General de la Abogacía establezca los requisitos para las diferentes especialidades, pero también que la especialización no tenga carácter obligatorio, ni suponga una reserva de actividad.

Y en lo relacionado con los desafíos deontológicos, se aprobó, entre otros temas, establecer deberes de custodia y control de datos sometidos a tratamiento automatizado o su tráfico en dispositivos, velando por la protección de datos personales, confidencialidad y garantía del secreto profesional; la creación de un Observatorio de ciberseguridad de la Abogacía en el seno del Consejo General de la Abogacía, o la adopción de criterios deontológicos específicos en las nuevas áreas extraprocesales de la profesión, particularmente en mediación, protección de datos y compliance en empresas.

En relación a la justicia gratuita, se pidió a los poderes públicos que “sin dilación promuevan una nueva Ley reguladora de la materia”. Pero, en tanto y en cuanto no se apruebe esta ley, se instó a la inclusión de una disposición final en el texto del proyecto de ley del Derecho de Defensa, para que “se incluyan como acreedores del beneficio de justicia gratuita las personas jurídicas enjuiciadas penalmente”, y para que se establezca que “La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita será indemnizada en todo caso, incluso en aquellos supuestos en que no exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita”.

En las conclusiones se pidió además que se establezcan de manera clara y homogénea los criterios para la concesión del beneficio de la justicia gratuita, y que se revaloricen anualmente y se equiparen las compensaciones económicas, de manera que sean iguales en todas las comunidades.

 

Lee Aquí todas las conclusiones del congreso