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                                          en el mundo de la abogacía. 

EL CGPJ CONSIDERA POR MAYORÍA QUE DOLORES DELGADO REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA SER NOMBRADA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Publicado el 17/01/2020

 

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado por 12 votos a 7 que la fiscal de la Audiencia Nacional y exministra de Justicia Dolores Delgado García reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrada fiscal general del Estado, cargo para el que fue propuesta el pasado martes por el Consejo de Ministros.

El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Dolores Delgado se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y, según la certificación remitida por la Fiscalía General del Estado, tiene acreditados más de 28 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, desde su ingreso en febrero de 1990 hasta su nombramiento como ministra de Justicia en julio de 2018.

Su primer destino fue la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Barcelona, donde permaneció hasta 1993, fecha en la que fue destinada a la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.

Entre abril de 2004 y septiembre de 2005 estuvo destacada temporalmente en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de junio a diciembre de 2006 en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En enero de 2007 pasó a ocupar plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde ejerció sus funciones hasta que fue nombrada ministra.

 

Dolores Delgado, propuesta como Fiscal General del Estado.

 

Entre la documentación remitida al Consejo General del Poder Judicial figuran también la renuncia al escaño de diputada al Congreso por Madrid y la solicitud de reingreso a la Carrera Fiscal.

“A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señala el acuerdo adoptado según la propuesta presentada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales Ángeles Carmona, Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Rafael Fernández Valverde.

Han votado en contra los vocales Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart.

La vocal Nuria Díaz ha anunciado la formulación de un voto particular discrepante, al que se han adherido el resto de los vocales que han votado en el mismo sentido que ella, al considerar que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea para desempeñar el cargo y que las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía.

Además, han anunciado voto particular concurrente los vocales Concepción Sáez y Rafael Fernández Valverde –al que se adherirá Ángeles Carmona-.

Los vocales Vicente Guilarte y Wenceslao Olea no han asistido al Pleno. Pilar Sepúlveda ha intervenido por videoconferencia.

 

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14806-el-cgpj-considera-por-mayoria-que-dolores-delgado-reune-los-requisitos-legales-exigidos-para-ser-nombrada-fiscal-general-del-estado/

ESPAÑA ES EL QUINTO PAÍS CON MÁS PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA FORMADOS EN DERECHO DE LA UE

Publicado el 08/01/2020

La Comisión Europea ha publicado recientemente el informe sobre Formación judicial europea, incluyendo datos sobre la formación de los abogados en Derecho europeo. Se trata del primer informe presentado por el nuevo Comisario de Justicia, Didier Reynders, que en su prólogo “confirma la necesidad de alcanzar mejor algunas categorías de profesionales de la justicia, en particular los abogados, el personal de los tribunales, y de fomentar centrar la formación en temas como el estado de derecho y los derechos fundamentales”.

La CE se había marcado como objetivo para 2020 formar a la mitad de los profesionales del Derecho sobre la legislación de la UE, es decir 5% por año entre 2011 y 2020. Aunque la mayoría de los Estados miembros que han enviado respuestas alcanzaron su objetivo del 5%, la situación todavía no es satisfactoria.

 

Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE.

 

Este octavo informe confirma la tendencia creciente del número de profesionales del Derecho que participan en la formación sobre el Derecho de la UE y de las actividades de formación organizadas. Junto con el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de la estrategia europea de formación judicial para 2011-2020, también muestra que los resultados difieren entre las profesiones y los Estados miembros y que todavía quedan retos por delante, en particular para la formación de los abogados, el personal de los tribunales y las fiscalías y los agentes judiciales. Las lecciones aprendidas alimentarán la reflexión de la Comisión Europea sobre la estrategia post 2020 para la formación judicial europea.

Respecto a la formación de abogados, de manera específica, el informe sugiere que la falta de datos de los proveedores privados de formación de abogados indica una imagen parcial. Muy pocos de entre los proveedores privados de formación (no relacionados con la Abogacía institucional) proporcionaron datos, aunque en algunos Estados miembros los abogados confían en ellos de manera significativa. Según el estudio, España es el quinto país con más profesionales de la Abogacía formados en Derecho de la UE.

La  Comisión Europea agradece en su informe tanto al Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) como a las Abogacías nacionales, entre ellas la española, la contribución y la cooperación en la evaluación de la estrategia europea de formación judicial.

 

Accede al informe completo a través del siguiente enlace.

 

Fuente: Noticias Jurídicas.

http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14758-espana-es-el-quinto-pais-con-mas-profesionales-de-la-abogacia-formados-en-derecho-de-la-ue/

OCHO CANDIDATURAS OPTAN A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Publicado el 03/01/2020

 

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española, reunida el viernes 3 de enero en Madrid, ha proclamado oficialmente a los ocho candidatos y candidatas que el próximo 17 de enero optarán a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española.

Optarán a la elección Manuela Andreu Llorens, colegiada en el Colegio de Abogados de Valencia; Jaime Benito Hernández, colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid; Juan Blanco Muñoz, colegiado en el Colegio de Abogados de Huesca; Javier García Pascual, anterior decano del Colegio de la Abogacía Alavesa; Vanessa González Fornas, colegiada en el Colegio de la Abogacía de Barcelona; Manolo Hernández Martín, actual decano del Colegio de la Abogacía de Sabadell; Victoria Ortega Benito, actual presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; y David Peña Nofuentes, colegiado en el Colegio de la Abogacía de Reus.

El Consejo General de la Abogacía Española celebrará elecciones el próximo día 17 de enero de 2020 en el Salón de Plenos de la sede institucional (Paseo de Recoletos 13 Madrid).

 

De izquierda a derecha:

Victoria Ortega Benito, actual presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Jaime Benito Hernández, colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid.

Juan Blanco Muñoz, colegiado en el Colegio de Abogados de Huesca.

Vanessa González Fornas, colegiada en el Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Manolo Hernández Martín, actual decano del Colegio de la Abogacía de Sabadell.

Javier García Pascual, anterior decano del Colegio de la Abogacía Alavesa.

David Peña Nofuentes, colegiado en el Colegio de la Abogacía de Reus.

 

VOTACIÓN Y ESCRUTINIO

Conforme determina el artículo 72.2 del vigente texto estatutario, en la elección de presidente votarán solo los/as decanos/as, previo llamamiento por orden alfabético, siendo el voto secreto e indelegable conforme determinan los artículos 3 y 6.3 del Reglamento de Régimen Interior.

Al término de la votación se procederá al recuento de los votos. Resultará elegido quien obtenga el mayor número de votos. En caso de empate será elegido el candidato de mayor antigüedad colegial.

Fuente: Abogacía Española

https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/ocho-candidaturas-optan-a-la-presidencia-del-consejo-general-de-la-abogacia-espanola/

JUSTICIA PUBLICA PLAZO Y DETALLES DEL PRÓXIMO EXAMEN PARA EL ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO/A 2020

Publicado el 30/12/2019

 

El Ministerio de Justicia ha anunciado la apertura del plazo para los juristas que deseen inscribirse en la primera prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado/a del año 2020. 

Los detalles de la convocatoria han sido publicados por Orden Ministerial PCI/1261/2019, de 26 de diciembre, que recoge cuestiones como el idioma del test, los plazos, el lugar, el sistema de elección de Comunidad Autónoma, o el temario.

 

¿Qué plazo tengo para presentarme?

Según la nota informativa lanzada por el ministerio, los aspirantes que deseen acceder a la profesión en esta convocatoria tendrán para formalizar su inscripción desde el 29 de diciembre de 2019 hasta el 21 de enero del 2020, ambos inclusive.

¿Cómo se presenta la solicitud?

La solicitud deberá presentarse de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, utilizando como sistema de autentificación el sistema Cl@ve.

La convocatoria será gratuita y se podrá elegir un lugar de examen preferente. Justicia informa que las sedes con lengua cooficial el aspirante podrá optar por realizar la prueba en castellano o en la lengua cooficial. Todo ello conforme a la Base 10 de la Orden.

 

¿Dónde y cuándo será el examen?

El ministerio puntualiza que el lugar, la fecha y la hora de los exámenes no será comunicado hasta finalizado el plazo de subsanación y se publique la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

 

¿En qué consistirá el examen?

No hay sorpresa a este respecto: los aspirantes se les entregará un cuaderno de examen para la realización de un tipo test multirrespuesta, que durará cuatro horas. El cuadernillo contendrá:

a) 50 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado A «Materias comunes al ejercicio de la profesión de la Abogacía».

b) 25 preguntas sobre una especialidad jurídica a elegir entre cuatro «Materias específicas»: civil y mercantil, penal, administrativo o laboral.

El cuestionario incluirá seis preguntas de reserva para el apartado A «Materias comunes ejercicio de la profesión de la Abogacía» del anexo de la presente convocatoria, y dos, por cada especialidad jurídica del apartado B, «Materias específicas» del citado anexo.

 

 

Fuente: Noticias Jurídicas.

http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14747-justicia-publica-plazo-y-detalles-del-proximo-examen-para-el-acceso-a-la-profesion-de-abogado-a-2020/

EL CONSEJO DE LA ABOGACIA RECLAMARÁ AL MINISTERIO DE JUSTICIA EN LOS TRIBUNALES EL PAGO DE TODO EL TURNO DE OFICIO

Publicado el 18/12/2019

 

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha decidido en su reunión de esta mañana emprender acciones legales contra el Ministerio de Justicia por el anunciado impago de los servicios que el Turno de Oficio prestó por designación judicial el pasado mes de octubre sin estar reconocidos posteriormente como Justicia Gratuita en la denominada zona Ministerio (que comprende las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Illes Balears, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a los tribunales con jurisdicción estatal, Ceuta y Melilla). Los consejeros y consejeras han respaldado de forma unánime llevar hasta sus últimas consecuencias la reclamación judicial ante una decisión que han calificado como incomprensible, tanto por el momento de interinidad en que se produce como por el carácter unilateral con el que se aplica.

 

 

 

 

Asimismo, el Consejo General de la Abogacía solicita públicamente la dimisión de la ministra Dolores Delgado por su “enfrentamiento con el conjunto de la Abogacía”. Los consejeros y consejeras han puesto de manifiesto la importancia de que el candidato a la investidura a la Presidencia del Gobierno sepa que cuenta en su Gabinete en funciones con una de las peores ministras de Justicia que se recuerdan.

En el transcurso del debate, los consejeros y consejeras han considerado oportuno que los Servicios Jurídicos del Consejo estudien si la reclamación al Ministerio de Justicia por lo que considera ajeno al sistema de Justicia Gratuita debe hacerse atendiendo a ese baremo o si, por el contrario, deben requerirse los honorarios de libre mercado de los abogados que han recibido una designación judicial para intervenir en un proceso. En todo caso, la reclamación exigirá la liquidación de los intereses generados hasta que se resuelva el pleito y abre la puerta a que aquellos Colegios de Abogados que por cualquier causa no hubieran pasado al cobro este tipo de actuaciones, lo hagan con las correspondientes a los cuatro últimos años.

El Pleno del Consejo se ha mostrado confiado en que la Justicia resolverá más pronto que tarde en favor de los abogados y abogadas pues está fuera de toda duda la responsabilidad patrimonial del Estado en la prestación de sus servicios por designación de un juez. “El Gobierno no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un agujero legislativo que nadie ha visto en los últimos 40 años”, han expresado los consejeros resumiendo el sentido de la decisión adoptada hoy por el pleno.

 

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14713-el-consejo-de-la-abogacia-reclamara-al-ministerio-de-justicia-en-los-tribunales-el-pago-de-todo-el-turno-de-oficio/

JUSTICIA RECIBE DE LA ABOGACÍA LAS CERTIFICACIONES DE LA ASISTENCA JURÍDICA GRATUITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME A LOS REQUISITOS LEGALES

Publicado el 13/12/2019

El Ministerio de Justicia ha recibido de los colegios de abogados de los territorios que gestiona -todos aquellos que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia- las certificaciones de la asistencia jurídica gratuita correspondientes al pasado octubre conforme a los criterios que establece la ley y el reglamento que regulan ese derecho. Una vez recabada la documentación y tras las correspondientes comprobaciones, en los próximos días se procederá al pago de 4.028.858,50€ para sufragar ese servicio.

El departamento que dirige Dolores Delgado informó al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) el pasado 21 de octubre de que, en adelante, las certificaciones de los servicios prestados por los abogados que garantizan el derecho de defensa de los más desfavorecidos debían acreditar que la persona defendida tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, tal y como establece la normativa aplicable.

Justicia envió este oficio al CGAE tras ser informado por la Abogacía del Estado de que no se pueden destinar los fondos públicos presupuestados para sufragar ese servicio con el fin de abonar actuaciones de abogados cuyos clientes no tenían reconocido el derecho a litigar con cargo al Estado, ya que no está contemplado por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ni por su Reglamento.

Dolores Delgado García, ministra de Justicia del Gobierno de España desde 2018.

 

En base a ese informe, la Intervención delegada de Justicia reclamó que, a partir de octubre, las certificaciones enviadas por los colegios al ministerio para el pago acreditaran que a cada ciudadano asesorado por estos letrados se le había reconocido este derecho a través de la comisión de asistencia jurídica gratuita correspondiente, el único órgano que, según la ley, puede hacerlo.

Conforme a la documentación recibida, el ministerio abonará 4.028.858,50€, lo que corresponde al 95% de lo reclamado inicialmente por los colegios. Solo un 5% del total, 228.499,11€, dejará de abonarse por no corresponder a servicios prestados a clientes con la asistencia jurídica gratuita reconocida, según la normativa que la regula. 14 de los 24 colegios de abogados del territorio que gestiona el ministerio recibirán el mismo importe que habían solicitado anteriormente.

Solo uno de esos 24 colegios, el de Burgos, no ha presentado la documentación requerida, por lo que, por el momento, no recibirá importe alguno correspondiente al mes de octubre. El colegio de Cuenca sí ha enviado la documentación requerida pero respecto de julio, agosto y septiembre, meses cuyas certificaciones aún no había remitido.

La Intervención delegada, el organismo que supervisa la legalidad de todos los gastos del departamento, ha solicitado además a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que incluya en su plan de auditoría para 2020 los pagos realizados a la Abogacía por este servicio con anterioridad a que estas supuestas irregularidades fueran detectadas.

El ministerio ha trasladado al CGAE su total disposición para estudiar conjuntamente la situación de aquellas actuaciones del turno de oficio que garantizan el derecho de defensa y la asistencia de letrado reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución pero que no están amparadas por el régimen de subvenciones previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14698-justicia-recibe-de-la-abogacia-las-certificaciones-de-la-asistencia-juridica-gratuita-correspondientes-al-mes-de-octubre-conforme-a-los-requisitos-legales/

MOISÉS BARRIO: “LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA LEGAL TECH REMODELARÁN MASIVAMENTE LA FORMA DE TRABAJAR DE TODAS LAS PROFESIONES JURÍDICAS”

Publicado el 05/12/2019

Carlos B Fernández. Las herramientas al servicio de los profesionales del Derecho, cobijadas bajo la genérica denominación de Legal Tech, constituyen uno de los fenómenos más pujantes del sector jurídico. Y su importancia se describe perfectamente en esta frase “La transformación digital y la Legal Tech remodelarán masivamente la forma de trabajar de todas las profesiones jurídicas”.

Moisés Barrio es Letrado del Consejo de Estado.

 

El autor de la misma es Moisés Barrio, Letrado del Consejo de Estado, uno de los más acreditados expertos de nuestro país en derecho digital y director de “Legal Tech. La transformación tecnológica de la abogacía”, la primera obra en español sobre esta materia, publicada por Wolters Kluwer y que acaba de ser presentada en la sede de la Academia Matritense del notariado, por medio de una mesa redonda en la que intervinieron varios relevantes coautores del libro.

¿La amenaza de la tecnología?

 

El moderador Manuel González-Meneses, notario y reconocido experto en Blockchain, quien comenzó preguntando por la diferencia entre dos conceptos muy similares y mal identificados: Legal Tech y Law Tech.

Moisés Barrio explicó que la primera, la Legal Tech, es un conjunto de software y otras herramientas para automatizar tareas y facilitar el trabajo jurídico, mientras que la Law Tech, un concepto más reciente, se refiere a las herramientas destinadas a sustituir el trabajo del jurista.

Barrio advirtió en este sentido que las técnicas de inteligencia artificial orientadas al aprendizaje automático de máquinas, o machine learning, que analizan grandes conjuntos de datos, elaboran patrones e indican la posibilidad de que se produzca un suceso, pero no explican la causalidad de los hechos. Esta es una tarea de los humanos que por ahora no parece probable que vaya a ser resuelta por las máquinas.

Por ello, añadió González-Meneses, no parece probable que un juez cibernético vaya a sustituir al humano, pues el pensamiento del jurista es continuo y analógico, no discreto (en el sentido de trabajar con valores distintos y separados).

En todo caso, continuó Moisés Barrio, el principal potencial disruptivo de estas tecnologías es que permiten diseccionar las tareas, dividiéndolas. Dicho lo cual, añadió, no se puede saber que deparará un mañana en que la computación cuántica puede modificar sustancialmente muchos conceptos computacionales hoy arraigados.

Por otra parte el ritmo de evolución de estas tecnologías impone, según Barrio, la necesidad de una regulación sobre la responsabilidad por el uso de la IA, porque las pautas éticas que se están elaborando por diferentes entidades y organizaciones solo vinculan a los sujetos en el ámbito interno. Por tanto es necesario un nivel jurídico, con mecanismos de supervisión. La nueva Comisión Europea está trabajando en ello, pero todavía no se dispone de un borrador de propuesta.

 

Ante el cambio tecnológico, la única garantía son las personas

 

A continuación, Paula Fuentes Bueso, Head Hunter especializada en talento legal y coautora de la obra, subrayó la importancia del papel de las personas en este escenario de transformación digital. Esa revolución está cambiando la forma de entender la sociedad, y ante ese contexto en continuo cambio tecnológico, la única garantía de innovación son las personas, porque la tecnología se puede copiar pero la creatividad humana, no.

Últimamente, añadió, se está difundiendo el concepto de knowledge workers (trabajadores del conocimiento), basado en el  hecho de que la actual intoxicación informativa que padecemos requiere de expertos capaces de gestionar ese gran volumen de información. El knowledge worker sabe qué información tiene que extraer y aplicarlo con un enfoque crítico.

Pero la realidad, en el ámbito jurídico, advirtió, es que muchos despachos están buscando perfiles profesionales de abogados con conocimientos de informática que hoy por hoy escasean.

¿Una actitud defensiva?

 

Ante la pregunta si debido a esa situación, juristas como los notarios están adoptando una actitud esencialmente defensiva ante tecnologías como Blockchain, Luis Fernández-Bravo Francés, notario y Decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha y coautor de la obra, explicó que el problema de la cadena de bloques es que esta es básicamente un libro de contabilidad distribuido entre un conjunto de partícipes, en el que no es posible alterar un registro de forma aislada (es decir, se trata de una técnica de archivo colectivo, como lo ha definido Enrique Brancós). El problema se plantea con la calidad de los datos que se introducen en el sistema. Si en el sistema se introduce basura, entendiendo como tal datos erróneos o incorrectos, lo que el sistema devolverá es igualmente basura. Es el fenómeno conocido como GiGo (Garbage In, Garbage out).

La cuestión, concretó, es que no se trata de que la persona se adapte más a la máquina, sino que debe ser la máquina la que se adapte más a la persona. En caso contrario, si se plantea una alternativa disruptiva y adanista para el notariado, la reacción de este será claramente defensiva.

En su opinión, Blockchain es una tecnología en busca de uso. Será utilizable en determinadas áreas, pero no es necesario para todo.

Y es que, añadió por su parte, José Carmelo Llopis Benlloch, notario, Delegado de nuevas tecnologías del Consejo General del Notariado y también coautor de la obra, no cabe esperar que un sistema como Blockchain aprenda por sí mismo para corregir sus errores. De ahí la importancia de que exista un tercero que verifique la certeza de los datos.

Por otra parte, añadió Llopis, Blockchain tiene una característica de tipo anarquista, de rechazo a los sistemas centralizados y controlados y de desconfianza en los gobiernos. Sin embargo, si se convierte en un mecanismo generalizado, probablemente va a requerir una regulación que le haga perder parte de su esencia. Su filosofía puede llegar a morir de éxito.

Seguridad jurídica y firma electrónica notarial

 

Hablando de tecnología aplicada al mundo del Derecho y celebrándose el acto en la sede de los notarios madrileños, y en un contexto en el que, como indicó González-Meneses, el usuario querría poder llevar el poder de representación en su móvil e interactuar con la notaría de forma remota, resultaba obligada una pregunta por su parte sobre las implicaciones que sobre la firma electrónica supuso el Reglamento Europeo 910/2014, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, conocido como Reglamento eIDAS.

A este respecto Fernández-Bravo indicó que los notarios y registradores se habían acostumbrado a trabajar con una ley nacional, como la 24/2001, de firma electrónica, en un entorno cómodo y seguro.

El Reglamento eIDAS traslada el certificado de identificación desde el chip con doble factor de identificación incluido en el DNI electrónico, a un servidor seguro. Un mecanismo mucho más eficaz y seguro que el actual, que los notarios van a comenzar a utilizar en breve.

Carmelo Llopis añadió a este respecto que una vez que se transponga a nuestro ordenamiento la Directiva (UE) 2019/1151, sobre digitalización de sociedades, cuyo plazo concluyo el 1 de agosto de 2021, sí hará falta la identificación electrónica de los intervinientes, que además deberá ser acorde con el Reglamento eIDAS, lo que puede dar lugar a un posible caso de uso para Blockchain.

Legal Tech. La transformación digital de la abogacía

 

¿Quieres hacerte con el libro? Disponible en el siguiente enlace.

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14677–moises-barrio:-ldquo;la-transformacion-digital-y-la-legal-tech-remodelaran-masivamente-la-forma-de-trabajar-de-todas-las-profesiones-juridicasrdquo;/

EL CGPJ NOMBRA NUEVOS MAGISTRADOS DE LAS SALAS CUARTA Y QUINTA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Publicado el 28/11/2019

Ignacio García-Perrote Escartín, Sala Cuarta

El Consejo General del Poder Judicial, en su sesión plenaria de hoy, ha nombrado al jurista Ignacio García-Perrote Escartín nuevo magistrado de la Sala Cuarta (Social) del Tribunal Supremo, quien ocupará la vacante producida tras la jubilación del anterior titular, Miguel Ángel Luelmo Millán.

García-Perrote ha obtenido el apoyo de 14 de los 21 miembros del Pleno. Los siete restantes apoyos han sido para el jurista Jesús Cruz Villalón.

El nuevo magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde febrero de 1993, inicialmente en la Universidad de Cantabria y posteriormente en las Universidades de Castilla-La Mancha y de Educación Nacional a Distancia, en donde lo es en la actualidad y desde diciembre de 2008.

Con anterioridad a ser catedrático, García-Perrote fue profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que se doctoró en julio de 1986 con la calificación de sobresaliente cum laude y premio extraordinario.

 

Ignacio García-Perrote Escartín

 

Asimismo, desde febrero de 1999, ejerce ininterrumpidamente la abogacía y es director del departamento de Derecho Labora de despacho Uría Menéndez Abogados.

El nuevo magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo fue Letrado del Tribunal Constitucional en dos períodos: desde el 3 de abril de 1989 hasta el 31 de octubre de 1991 y desde el 23 de octubre de 1995 hasta el 1 de enero de 1999, atendiendo de manera destacada los numerosos asuntos (especialmente recursos de amparo) que provenían del orden jurisdiccional social.

Es autor del Manual de Derecho del Trabajo (2011), editado por Tirant Lo Blanch, y que en septiembre de este año ha visto publicada su novena edición.

Asimismo coordinó con el catedrático Jesús R. Mercader un manual de Derecho de la Seguridad Social, con cuatro ediciones publicadas y coodirigió los Comentarios a la Ley General de la Seguridad Social, editado por Lex Nova Thomson Reuters, cuya segunda edición se publicó en el año 2016.

Aparte del mencionado Manual de derecho del Trabajo, Ignacio García-Perrote Escartín ha publicado otros cinco libros, como autor único, habiendo colaborado en diversas publicaciones y manuales jurídicos.

 

Ricardo Cuesta del Castillo, Sala Quinta

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a Ricardo Cuesta del Castillo magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo con el respaldo de 17 vocales. Cuesta del Castillo, que actualmente desempeña el cargo de asesor jurídico general de la Defensa, ocupará la plaza vacante por la jubilación de Javier Juliani.

El segundo candidato al puesto, Carlos Melón, ha obtenido el apoyo de tres vocales. Ha habido también un voto en blanco.

El general consejero togado Ricardo Cuesta del Castillo ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar en 1979. En 1980 fue nombrado secretario de Justicia del Mando y Zona Aérea de Canarias, cargo que desempeñó hasta que en 1988 tomó posesión del Juzgado Togado Militar Territorial nº 53 de Las Palmas. Entre 1981 y hasta su nombramiento como juez togado, estuvo colegiado como abogado en ejercicio en el Colegio de abogados de Las Palmas.

 

Ricardo Cuesta del Castillo

 

Tras su paso por el Juzgado Togado Militar Territorial nº 52 de la misma localidad, en 2007 fue nombrado presidente del Tribunal Militar Territorial nº 5 de Santa Cruz de Tenerife; en 2013, asesor jurídico del Cuartel General del Aire; en abril de 2017, asesor del subsecretario de Defensa y, un mes más tarde, asesor jurídico general de la Defensa, puesto que ocupa en la actualidad.

Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, en 2019 intervino en la presentación de la obra “Derecho militar y defensa nacional. Historia y perspectivas”. Ponente en numerosos cursos y conferencias, es autor, entre otras, de publicaciones sobre el Código Penal Militar, la concurrencia entre lo disciplinario militar y judicial, el régimen disciplinario en el ámbito militar y de la Guardia Civil o el marco jurídico de las operaciones de las Fuerzas Armadas fuera de España.

Está en posesión, entre otras distinciones, de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y de la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco.

Fernando Marín Castán

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado a Fernando Marín Castán magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo con el apoyo de 18 vocales. La plaza que ocupará, correspondiente al turno jurídico militar, quedó vacante tras la jubilación de Francisco Menchén.

El segundo candidato que aspiraba al puesto, Emilio Fernández-Pyñeiro y Hernández, ha obtenido dos votos. Ha habido un voto en blanco.

Fernando Marín Castán ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar en 1980, siendo su empleo actual el de general consejero togado. La Fiscalía jurídico militar de Canarias fue su primer destino y allí permaneció hasta 1983, año en el que tomó posesión como asesor jurídico del sector naval en Baleares y juez marítimo permanente número 9.

 

Fernando Marín Castán

 

Entre otros destinos, ha prestado servicio en las asesorías jurídicas de los Ejércitos del Aire, de Tierra y de la Armada; ha sido director general de Costas, jefe de la asesoría jurídica del Estado Mayor de la Defensa, jefe de la asesoría jurídica de la Armada y, desde 2014 hasta la actualidad, fiscal togado jefe de la Fiscalía de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

Es autor de diversas publicaciones científicas sobre seguridad marítima, la piratería como crimen internacional, el Derecho del Mar, la jurisdicción militar, el estatuto del buque de guerra o la detención en la mar, entre otras. Ha participado en la obra colectiva “Doble instancia penal y Jurisdicción Militar”, en homenaje a José Manuel Maza, y ha intervenido en numerosos cursos y ponencias.

Vocal de la sección de Derecho Militar de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, está en posesión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y de la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo Blanco, entre otras distinciones.

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14656-el-cgpj-nombra-nuevos-magistrados-de-las-salas-cuarta-y-quinta-del-tribunal-supremo/

EL CGPJ CONVOCA LOS IX PREMIOS CALIDAD DE LA JUSTICIA

Publicado el 22/11/2019

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy convocar la novena edición de los Premios Calidad de la Justicia que cada año, desde su instauración en 2009, reconocen y distinguen a órganos y oficinas judiciales y a otros organismos relacionados con la Administración de Justicia que hayan destacado por sus actividades de mejora de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión.

Los premios se otorgan en tres modalidades, que reconocen la labor realizada para conseguir una justicia más eficaz, una justicia más transparente y una justicia más accesible.

Cada una de esas modalidades tiene, a su vez, dos categorías: una dedicada a órganos u oficinas judiciales y otra, que comprende las demás entidades u organismos públicos o privados, con o sin personalidad jurídica, que estén relacionados con la Administración de Justicia.

Los interesados en presentarse a la convocatoria tendrán de plazo hasta el 31 de enero de 2020 para presentar en formato digital una memoria justificativa en la que se identifique el órgano, oficina o entidad aspirante así como a un máximo de tres representantes por candidatura; se indique la modalidad y categoría del premio al que se opta; se describa el proyecto, se expongan sus resultados y se explique la innovación que supone.

La memoria podrá remitirse por correo ordinario a la calle Marqués de la Ensenada, 8, 28071 de Madrid, o por correo electrónico a la dirección premioscalidadjusticia@cgpj.es.

El jurado estará compuesto por los vocales Gerardo Martínez Tristán –que lo preside-, Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya y por un representante de las siguientes profesiones jurídicas: fiscal, abogado, procurador, letrado de la Administración de Justicia y graduado social.

En la VIII edición de los Premios Calidad de la Justicia, recibieron el reconocimiento a la justicia más eficaz el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo, especializado en cláusulas abusivas, y el equipo técnico de la Fiscalía y el Juzgado de Menores de Castellón, en colaboración con profesoras del Departamento de Psicología de la Universidad Jaume I.

El premio a la justicia más transparente recayó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante y en el servicio de actos de comunicación de Amposta (Tarragona); y, por último, el galardón a la justicia más accesible fue para el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba y para el grupo de trabajo de la Administración de Justicia y registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana.

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14630-el-cgpj-convoca-los-ix-premios-calidad-de-la-justicia/

GREAT PLACE TO WORK LANZA, EN COLABORACIÓN CON WOLTERS KLUWER, EL RANKING DE LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR DEL SECTOR LEGAL

Publicado el 05/11/2019

En el actual escenario de digitalización, innovación y competencia por el talento, los despachos de abogados se enfrentan hoy con un reto ineludible: ganar atractivo como empleadores y contar con los mejores. En este contexto una profesión como la Abogacía, con siglos de recorrido, no puede permanecer ajena al proceso de transformación cultural, base para afrontar importantes desafíos en cuanto a modelos de negocio más disruptivos, inteligencia artificial, o la marcada tendencia a la especialización. A la necesaria adaptación al cambio se une la competencia en el mercado por la atracción del mejor talento, que irá en aumento debido a la globalización de los negocios a la que los despachos tampoco son ajenos.

Por ello, Great Place to Work®, referente internacional en consultoría de Alta Dirección y Transformación Cultural, presenta, junto con Wolters Kluwer, proveedor global de soluciones expertas de información y formación para profesionales, el nuevo Ranking Best Workplaces Legal 2020 dirigido a los despachos de abogados ubicados en España para impulsar a las firmas legales como mejores marcas empleadoras y reconocer cómo su gestión integral de personas impacta en los resultados del negocio.

Great Place to Work®, que trabaja desde hace 30 años en más de 60 países y con más de 12.000 empresas en todo el mundo, ha constatado que apostar por mejorar la experiencia laboral de los empleados revierte siempre en la consecución de mejores resultados.

Los criterios de valoración de este nuevo Ranking Legal, que se ha presentado hoy en el Hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII, son un diagnóstico adaptado a la percepción de los empleados a través de la medición Trust Index© y una evaluación específica de la cultura de gestión de personas (Cuture Brief©).

 

 

El lanzamiento del Ranking se circunscribirá exclusivamente a despachos de abogados. Las firmas legales participantes en el Ranking Best Workplaces Legal 2020 han de tener como mínimo 20 empleados y al menos 2 años de antigüedad.

Según Nicolás Ramilo, director general de Great Place to Work® España: “Creemos que este nuevo ranking dirigido a los despachos de abogados es una excelente oportunidad para acompañar e impulsar al sector legal en la creación de Grandes Lugares de Trabajo, y alcanzar con ello mejores resultados de negocio y un equipo más comprometido y satisfecho”.

Cristina Sancho, directora de Comunicación, Branding y RSC de Wolters Kluwer España LR, ha destacado que “para nosotros es prioritario ayudar a nuestros clientes, los despachos, a tener éxito en su negocio y en ese sentido este ranking nos parece una herramienta de probada eficacia para destacar las mejores prácticas tanto a nivel particular de cada firma participante como a nivel general del sector, que necesita ganar atractivo para captar el talento más comprometido y preparado”.

El plazo de inscripción está ya abierto hasta el 30 de abril de 2020 y el resultado se publicará en junio de 2020. Los participantes del ranking tendrán acceso a un informe de análisis sobre las mejores prácticas.

Para poder recibir más información de cómo participar, los despachos se pueden poner en contacto con Great Place to Work® a través de Ranking Best Workplaces Legal.

Fuente: Noticias Jurídicas:

http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14566–great-place-to-work-lanza-en-colaboracion-con-wolters-kluwer-el-ranking-de-los-mejores-lugares-para-trabajar-del-sector-legal/

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