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LOS JUECES DECANOS PIDEN MEJORAS PROFUNDAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Publicado el 18/10/2019

Acaban de finalizar las XXIX Jornadas Nacionales de Jueces Decanos de España. Durante estos tres días de debates, que arrancaron en Huelva el pasado miércoles, los magistrados han abordado asuntos como el expediente digital o la humanización y la modernización de la Justicia.

Casa Colón, donde se han celebrado las XXIX Jornadas Nacionales de Jueces Decanos de España.

 

Ahora acaban de hacer públicas sus principales conclusiones en las que indican los cambios que se deberían realizar dentro de la Administración Justicia. Estos son algunos de los principales asuntos tratados:

MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA JUDICIAL.

Los Jueces Decanos de España demandamos la promulgación de una nueva Ley de Planta y Demarcación que sustituya a la vigente de 1988 que ha quedado obsoleta pese a los últimos parches que ha sufrido a lo largo de estos años.

Urge instar reformas procesales para afrontar los pleitos masa: sentencias in voce sin necesidad de redacción posterior porque quedan grabadas, pleito testigo, extensión de efectos, intereses a las entidades bancarias similares a los previstos en la Ley de Contrato de Seguro. En relación con los juzgados especializados en cláusulas suelo esta junta nacional de jueces decanos quiere llamar la atención sobre la precariedad de esos juzgados y la carga insoportable de asuntos que mantienen.

En este sentido y dado que se prevé el mantenimiento de estos juzgados, exigimos que se dé cumplimiento a la palabra que empeñaron tanto el Ministro de Justicia como el presidente del CGPJ, en el sentido de asignar o designar un juez de refuerzo más por cada 800 nuevos asuntos, incluso recurriendo a los sustitutos externos en caso de ausencia de titulares; así como los medios materiales y personales necesarios.

ESTATUTO PERSONAL DE JUECES Y MAGISTRADOS. MEJORAS EN RELACIÓN CON LA FUNCIÓN PÚBLICA

Pese a que en 2010 se nos efectuó un recorte superior a la media de los funcionarios que se puede cifrar en una pérdida de poder adquisitivo del 14%, un año más se nos han aplicado las mismas condiciones, incrementándose un 2,50% a principios de año, y desde el 1 de julio un 0,25 adicional. Por ello, seguimos reclamando que la carrera judicial recupere los derechos económicos perdidos, una vez superada la grave crisis económica, como ya lo han hecho otros sectores.

Sigue incumpliendo el Consejo General del Poder Judicial su obligación de fijar las cargas de trabajo conforme a los artículos 560.1.21 LOPJ y 7 y siguientes de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, y con el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial. Está pendiente la demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Reiteramos, por ello, la petición de que fijen, de una vez, nuestras cargas de trabajo, en la doble perspectiva de la salud de los jueces y en la de posibilitar una calidad en las resoluciones judiciales, superando el criterio cuantitativo.

 

EL DESCONCIERTO DEL EXPEDIENTE DIGITAL

La implantación del expediente judicial electrónico tiene diferentes velocidades y diversidad de medios según los territorios, y esto no es admisible para un Poder del Estado. La situación es

desconcertante porque es diferente según territorios (en algunos sitios está muy avanzado, y en otros es un desastre o inexistente), de manera que se están ocasionando diferentes respuestas procesales dependiendo de la comunidad autónoma donde se tramite el procedimiento. Es imprescindible acabar con estas distorsiones cuanto antes, sin que la Instrucción haya servido de mecanismo para conseguir unificar los diferentes sistemas.

REGLAMENTO DE ÓRGANOS DE GOBIERNO. PROPUESTAS DE REFORMA

Solicitamos del CGPJ que proceda a la modificación de los preceptos del reglamento de órganos de Gobierno que hacen referencia a las funciones y competencias de los jueces/juezas Decanos/as, conforme a la propuesta que se elaborará por la Comisión de decanos constituida a tal efecto, tras el visto bueno de la Comisión Nacional de jueces/juezas decanos. Dada la trascendencia de la cuestión, solicitamos del CGPJ que convoque un encuentro específico para la discusión y aprobación de este reglamento.

HUMANIZACIÓN DE LA JUSTICIA: UNA JUSTICIA FIRME Y AMABLE ES POSIBLE

Necesidad de contar con oficinas de carácter social y de atención a las víctimas en todos los partidos judiciales o al menos en los de capital de provincia, dotados con medios personales y materiales suficientes para dar una debida atención y asesoramiento.

Es esencial, acercar la Justicia a personas con discapacidad con sistemas como la lectura fácil con objeto facilitar la comprensión de las sentencias y otros documentos a personas con discapacidad intelectual y desarrollar la incorporación de un magistrado en los gabinetes de prensa de modo que en todos aquellos casos que por su trascendencia, relevancia o por ser especialmente mediáticos o complejos lo hagan aconsejable, pueda dar las explicaciones necesarias a nivel exclusivamente pedagógico, es decir, de explicación de conceptos o figuras jurídicas sin entrar a realizar otro tipo de valoraciones. Todo ello con la finalidad de acercar la justicia a la ciudadanía y buscar una imagen más próxima y transparente de nuestro trabajo.

 

Fuente: Expansión

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/10/18/5da999cfe5fdeaa5758b4704.html

ESPAÑA DEFIENDE EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA DE TODOS LOS CIUDADANOS EN EL NUEVO ESCENARIO DIGITAL

Publicado el 15/10/2019

Ministerio de Justicia. -España ha respaldado hoy al Consejo de Europa en el uso de la inteligencia artificial para una mayor eficiencia de la Justicia desde valores éticos y el respeto a los derechos fundamentales. En su intervención en la Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa celebrado en Estrasburgo, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, se ha referido a la responsabilidad que tienen los poderes públicos de velar por las necesarias garantías procesales y asegurar que se mantenga el acceso efectivo de todos los ciudadanos a la Justicia en el actual escenario de transformación digital.

Manuel Jesús Dolz, Secretario de Estado de Justicia.

Dolz ha apostado por el impulso del desarrollo tecnológico desde un enfoque centrado en el ser humano que vigile los principios de no discriminación, calidad y seguridad en el tratamiento de las decisiones y los datos judiciales, así como de transparencia, imparcialidad y equidad. Un planteamiento en línea con la postura expresada por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia en la ‘Carta ética sobre el uso de la inteligencia artificial en la Justicia y su entorno’ que ofrece a los responsables políticos, legisladores y profesionales un marco de actuación ante el auge de la inteligencia artificial.

 

En este sentido, Dolz ha abogado porque tanto las instituciones públicas como las privadas cuenten con un Comité Ético que vele por los aspectos éticos, legales y humanos que se deriven del desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial en la Justicia. Asimismo, ha llamado a la reflexión para dar respuesta a los interrogantes que plantean la revolución digital y la inteligencia artificial, dos de los ejes de la nueva agenda estratégica de la Unión Europea para el periodo 2019-2024.

Tribunal de Estrasburgo, donde se ha celebrado la Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa.

Bajo presidencia francesa, la Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa que se celebra en Estrasburgo se estructura en dos sesiones: la jornada de hoy, dedicada al acceso al derecho y la Justicia en la era digital, y la sesión de mañana, enfocada a los impactos de la tecnología digital en la Justicia penal.

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14494-espana-defiende-el-acceso-efectivo-a-la-justicia-de-todos-los-ciudadanos-en-el-nuevo-escenario-digital/

JUSTICIA PONE EN MARCHA UNA NUEVA VERSIÓN DE LEXNET QUE REFUERZA SU SEGURIDAD Y AGILIDAD

Publicado el 30/09/2019

Ministerio de Justicia. –El Ministerio de Justicia ha desarrollado una nueva versión del sistema de notificaciones electrónicas LexNET que incorpora mejoras de seguridad y otras funcionalidades demandadas por sus usuarios para incrementar la agilidad del servicio.

La actualización de la aplicación incluye, entre otras novedades, una revisión de seguridad relativa a los formularios para evitar posibles entradas de datos maliciosos. Además, se mejora la facilidad de uso del sistema para simplificar la interacción con la aplicación y evitar errores de utilización. Así, se posibilita la incorporación de caracteres especiales en los nombres de los archivos, la localización permanente en pantalla de los menús de acceso a las funcionalidades principales de LexNET, una selección más ágil del órgano de destino, y la inclusión, en la página resumen de las notificaciones recibidas, de un enlace a los documentos adjuntos y su descripción, lo que facilitará a los profesionales determinar el contenido de los documentos notificados antes de su apertura.

La nueva versión incluye también mejoras técnicas para reducir los tiempos de envío y descarga de documentos para las aplicaciones que se integran con LexNET y la automatización del acuse de exceso de cabida.

En la web de LexnetJusticia se puede consultar el detalle de estas funcionalidades, así como recomendaciones de uso sobre las aplicaciones que se conectan con LexNET.
Además, Justicia pone a disposición de los usuarios los canales de información y soporte habituales para la remisión de dudas y consultas, como el perfil en Twitter @lexnetjusticia, el correo cau@justicia.es y el teléfono del Centro de Atención al Usuario (CAU) 913 859 800

Justicia expedirá al usuario que así lo solicite el correspondiente justificante o certificado de interrupción del servicio en aquellos supuestos en los que un plazo de presentación de escritos y documentos pueda vencer durante el periodo de paro programado.

 

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14437-justicia-pone-en-marcha-una-nueva-version-de-lexnet-que-refuerza-su-seguridad-y-agilidad-/

EL CGPJ EXPONE ANTE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE ESTAMBUL LAS MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO

Publicado el 26/09/2019

Consejo General del Poder Judicial. -El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha recibido hoy en la sede del órgano de gobierno de los jueces a una delegación del grupo de expertos encargado del seguimiento de la aplicación del Convenio de Estambul por los países firmantes.

Durante la visita, los miembros del denominado Grevio se han reunido con la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, con el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar y con representantes de diversos órganos técnicos del CGPJ, quienes les han explicado los avances de la jurisprudencia así como las iniciativas y las medidas adoptadas por el órgano de gobierno de los jueces en el ámbito de sus competencias para hacer frente a la violencia machista.

Ángeles Carmona Vergara, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

 

El encuentro se ha centrado en los asuntos sobre los que Grevio había mostrado previamente interés, como es la capacitación de los profesionales de la Administración de Justicia en relación con las distintas formas de violencia a las que se refiere el Convenio de Estambul.

En el ámbito de la formación de los jueces y magistrados, se han expuesto las distintas medidas puestas en marcha por el CGPJ en cumplimiento del Convenio de Estambul y del Pacto de Estado contra la violencia doméstica y de género de 2017, y que se incorporaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial tras su última reforma.

La explicación se ha centrado en la formación específica en perspectiva de género, en la creación de la especialidad en violencia sobre la mujer, así como la elaboración de estudios y la recopilación de datos estadísticos de la actividad judicial (condenas y absoluciones desglosados por tipo de violencia, sexo, edad, relación entre la víctima y el autor, entre otros indicadores) con la finalidad de conocer en profundidad el fenómeno de la violencia machista y adoptar las medidas necesarias para mejorar la prevención y lucha contra la misma.

Violencia fuera del ámbito de la pareja

Asimismo, de acuerdo con el Convenio de Estambul y con el Pacto de Estado de 2017, el Observatorio ya contabiliza como violencia machista los casos en los que el autor no es pareja o ex pareja de la víctima. En este punto sería necesaria una reforma legal que atribuya a ese tipo de agresiones la consideración de violencia de género.

La formación de los profesionales de la Justicia es una de las obligaciones asumidas por los países firmantes del Convenio del Consejo de Europa. En España, donde desde hace años los jueces y juezas pueden realizar cursos en violencia doméstica y de género, se ha añadido, con carácter transversal, formación en perspectiva de género. Y ello, a distintos niveles: en la oposición de ingreso a las carreras judicial y fiscal; en los temarios impartidos a las nuevas promociones de jueces en la Escuela Judicial y en cursos de formación que deberán superar todos los magistrados que aspiren a una especialización, cualquiera que sea.

 

Desde la oposición de ingreso a la carrera

El temario de las oposiciones a juez y fiscal –aprobado por la Comisión de Selección prevista en la LOPJ- ya incluyó en las pruebas de 2019 materias como la superación de estereotipos de género y el enjuiciamiento con perspectiva de género; lucha contra la violencia de género, contra el acoso sexual y contra el acoso discriminatorio y moral en el trabajo; lucha contra la trata de seres humanos; protección de mujeres en situación de vulnerabilidad; utilización de lenguaje no sexista y derecho de la Unión Europea sobre la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades.

Por otra parte, la creación por el CGPJ de la especialidad en violencia doméstica y de género supone un paso más, pues garantiza la adquisición de conocimientos que acerquen a jueces y juezas a un fenómeno complejo como el de la violencia sobre la mujer y a la realidad social en la que ésta se produce. Todos los aspirantes a obtener plaza en un juzgado de violencia sobre la mujer o en una sección especializada de una audiencia provincial deberán superar pruebas específicas, como ya ocurre en otras áreas como mercantil o menores. Estas plazas, por tanto, se adjudicarán de forma preferente a aquellos que hayan superado las pruebas de especialización.

La formación alcanza también al personal responsable de la tramitación de las quejas presentadas por los ciudadanos en la Unidad de Atención Ciudadana en relación con la violencia de género, para lo que se ha especializado a dos funcionarios. Se garantiza de este modo la unidad de criterio y un mayor rigor en la resolución de las quejas.

En respuesta al interés mostrado por el Grevio en relación con las decisiones judiciales sobre derechos de custodia, visita y puntos de encuentro familiar, entre otros aspectos, Carmona y representantes de distintos órganos técnicos del CGPJ han expuesto con detalle la actividad desarrollada por los 106 juzgados con competencia exclusiva en violencia sobre la mujer y los 355 que también asumen esta materia, aunque no de forma exclusiva. Asimismo, han señalado la importancia de que un único órgano judicial -el juzgado de violencia sobre la mujer- tenga competencias tanto para instruir los procedimientos por malos tratos como para adoptar, dentro de la orden de protección, las citadas cuestiones civiles. Se evita así a la víctima litigar en dos causas judiciales diferentes.

Matrimonios forzosos

El convenio de Estambul insta a los Estados firmantes a facilitar los trámites dirigidos a obtener la nulidad de los matrimonios forzosos con el fin de que las víctimas no se vean obligadas a acudir a la vía civil después de haber pasado por la penal. En España, la ley no prevé que el juez penal pueda declarar la nulidad de ese matrimonio pero permite que las víctimas se beneficien de la justicia gratuita para abrir el procedimiento civil con el fin de anular el matrimonio forzoso. El Pacto de Estado, siguiendo las directrices del Convenio del Consejo de Europa, incluyó entre sus medidas la inclusión de este tipo de matrimonios en el ámbito de la violencia de género, una medida que unificaría la respuesta judicial.

Jurisprudencia del Tribunal Supremo

Finalmente, el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha explicado a la delegación del Grevio la evolución de la jurisprudencia en materia de violencia machista, destacando el hecho de que las decisiones de los tribunales tienen en cuenta desde hace tiempo, y por mandato legal, la perspectiva de género. Asimismo, se han cumplido las exigencias del Convenio de Estambul dotando de especial protección a las víctimas con la aprobación del Estatuto de la víctima del delito.

Entre las sentencias clave, la que estableció la posibilidad de aplicar a la vez las agravantes de género y de parentesco. Entiende el Supremo que su fundamento es diferente al tener la primera carácter subjetivo (basado en la intención de dominar a la mujer) y la segunda, carácter objetivo (basado en la convivencia). Y también la que consideró agresión sexual (y no abuso) una violación grupal por “la intimidación ambiental” a la que fue sometida la víctima por los cinco autores de los hechos.

 

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14424-el-cgpj-expone-ante-la-comision-de-seguimiento-del-convenio-de-estambul-las-medidas-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/

ABOGACÍA ESPAÑOLA RECIBE EL PREMIO FINANCIAL TIMES DE INNOVACIÓN JURÍDICA POR SU CENTRALITA DE GUARDIAS

Publicado el 13/09/2019

El servicio de RedAbogacía, elegido entre más de 90 candidaturas seleccionadas, gestiona el ciclo completo de localización de un abogado de guardia para la asignación de una asistencia del Turno de Oficio

 

El Consejo General de la Abogacía Española ha recibido en Londres el Premio Financial Times de Innovación Jurídica en el apartado de Acceso a la Justicia y Estado de Derecho por su servicio tecnológico Centralita de Guardias.

Rafael Bonmatí y Carmen Pérez Andújar.

La concesión de los prestigiosos premios tuvo lugar durante la cena de gala que se ha celebrado en Londres la noche del jueves 12 de septiembre. El premio concedido a la Abogacía Española fue recogido por Rafael Bonmatí, tesorero del Consejo General de la Abogacía Española, y Carmen Pérez Andújar, vicesecretaria de Medios Materiales y Tecnológicos de la Abogacía.

Esta XIV Edición del FT Innovative Lawyers Report se ha convertido en uno de los mejores rankings legales en Europa y los premios que se entregan tienen un amplio reconocimiento internacional. Durante la última década, estos premios han evaluado la innovación legal en más de 50 países diferentes, más de 500 bufetes y más de 550 departamentos legales. La Centralita de Guardias es el proyecto de Abogacía Española que con el nombre de Legal Aid Switchboard se encontraba en la lista de más de 90 candidatos que pasaron la selección de propuestas.

La Centralita de Guardias es un renovado servicio de RedAbogacía que a través de llamadas de teléfono automatizadas permite al Colegio gestionar el ciclo completo de localización de un abogado de guardia para la asignación de una asistencia del Turno de Oficio.

Este servicio surgió como iniciativa del Colegio de Abogados de Badajoz y se trata de un único sistema que funciona como punto de conexión entre los centros de detención, los letrados y el Colegio.

 

El Colegio introduce en el sistema los listados de guardias, configura parámetros de localización de abogados y puede posteriormente revisar todas las llamadas y asistencias realizadas a través de la propia aplicación.

Entre las ventajas de este servicio, cabe destacar que se reducen las incidencias gracias a un sistema de gestión de incidentes automatizado: sustituciones, indisponibilidades, urgencia, etc.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • El Consejo de Europa concedió en octubre de 2014 el Premio Balanza de Cristal de la Justicia al Consejo General de la Abogacía Española por el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita. Este servicio también fue galardonado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el Premio a la Calidad de la Justicia 2011.
  • El proyecto para dotar de firma electrónica reconocida ACA a los abogados escoceses, implantado por la Law Society of Scotland y en el que participa la Abogacía Española, resultó finalista en los premios Association Excellence Awards 2016.
  • Asímismo, el proyecto conjunto Agenda de Conformidades con Fiscalía, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fiscalía General del Estado, recibió -en la modalidad de Justicia más eficaz- el Premio ‘Calidad de la Justicia’ otorgado por el CGPJ.
  • RedAbogacía, recibió el Premio e-Gestión 2008 que anualmente convoca el semanario tecnológico Computing. RedAbogacía fue galardonada por su labor en el desarrollo e implantación de la firma digital entre la abogacía española.

 

Fuente: Abogacia Española.

https://www.abogacia.es/2019/09/13/abogacia-espanola-recibe-el-premio-financial-times-de-innovacion-juridica-por-su-centralita-de-guardias/

APERTURA DEL AÑO JUDICIAL: CARLOS LESMES RECLAMA UN “ESFUERZO IMPORTANTE” PARA UNA REFORMA DE LA JUSTICIA

Publicado el 09/09/2019

El rey Felipe VI junto al presidente del CGPJ Carlos Lesmes y la fiscal general María José Segarra

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reclamado hoy a las Administraciones, en el acto de apertura del Año Judicial que ha presidido el rey, “un esfuerzo importante para prestar a la Justicia la atención que merece” y acometer una reforma organizativa “de carácter integral”. Durante su intervención, Lesmes ha señalado que es necesario “invertir con prontitud dinero y talento para implantar un nuevo modelo territorial y organizativo de la Justicia”, que debe ser dotada de los medios materiales y personales de que precisa “no como una reivindicación corporativa o interesada de quienes formamos parte de ella, sino como uno de los ejes que han de permitir que nuestro Estado de Derecho quede definitivamente vertebrado”.

El presidente del Poder Judicial ha advertido, no obstante, de que esa necesaria reforma de la Justicia, por su envergadura y complejidad, “solo puede ser abordada desde un amplio acuerdo político”, y ha añadido que mientras eso no se produzca “difícilmente se podrá rentabilizar de manera real el esfuerzo inversor que se haga por parte de las Administraciones Públicas competentes y difícilmente podremos superar las actuales ineficiencias”. Entre éstas, ha destacado las altas tasas de litigiosidad y el reducido nivel de gasto en políticas de Justicia, que se traducen en una excesiva carga de trabajo en los órganos judiciales, “difícilmente asumible con los recursos disponibles” y en unos tiempos de respuesta de los tribunales que, pese a ir mejorando, “aún no son satisfactorios”.

Lesmes también se ha referido al “importante problema organizativo”, derivado sobre todo de un mapa territorial de la Justicia que es hoy el mismo que se estableció en 1834, y ha recordado que distintos Gobiernos, de distinto signo político, y el propio Consejo General del Poder Judicial, han coincidido en la necesidad de reformar ese modelo y apostar “por la concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales”. Además, ha reclamado que también se preste atención a factores “como el elemento tecnológico, la mejora del funcionamiento interno de las oficinas judiciales, la modernización de los métodos de trabajo y, claro está, la definitiva actualización de nuestras normas procesales, especialmente en lo relativo a la siempre aplazada, pero nunca menos necesaria, reforma integral del proceso penal, con el dictado de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

El presidente del Supremo ha agregado que, en cualquier caso, la Justicia española también presenta importantes fortalezas, ya que nuestro sistema “cumple sobradamente con los requerimientos más exigentes del Estado de Derecho”, garantizando plenamente los derechos de los justiciables; y cuenta con una Carrera Judicial “de gran calidad, integrada por mujeres y hombres altamente cualificados, con un elevadísimo nivel de formación y plenamente comprometidos con su trascendental tarea”. La importancia de la Justicia Durante su discurso, el presidente del TS y del CGPJ ha recalcado la importancia que en nuestro Estado debe tener la Justicia no sólo como valor, sino también como servicio público al servicio de los ciudadanos, por lo que es necesario conjugar en ella “calidad y celeridad”.

La Justicia –ha dicho- es un “pilar fundamental del Estado de Derecho y de la propia democracia”, pues ésta “no existe sin reglas que ordenen el  funcionamiento de sus instituciones y normas que garanticen los derechos civiles y políticos y preserven la propia libertad”. Ha añadido que la Justicia es “la principal herramienta de la que se sirve la sociedad para garantizar la supremacía de la ley y la tutela de los derechos individuales y colectivos”, y que son los jueces, a través de su trabajo, quienes con independencia y responsabilidad garantizan “la sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución y a la ley” y constituyen el “bastión último y definitivo” en la protección y defensa de los derechos y libertades públicas. El presidente del Poder Judicial ha señalado también que la Justicia es esencial para la convivencia social, en la medida en que es “un instrumento independiente y neutral para la resolución de sus conflictos”; y para el desarrollo económico, pues una justicia “ágil” y “con criterios claros y comprensibles” garantiza el nivel de seguridad jurídica que un país necesita para atraer inversiones y generar empleo. Corrupción y violencia de género Lesmes se ha referido asimismo a la función esencial de la Justicia en la lucha contra las más graves formas de delincuencia, “especialmente aquellas que minan la confianza de la sociedad en sus instituciones, como es el caso de la corrupción, o aquellas que nos resultan especialmente execrables, como la violencia de género”.

Tras decir que la Justicia no es ni puede ser el único freno frente a la corrupción, y que se precisan otras vías de intervención, particularmente las preventivas, el presidente del TS y del CGPJ ha subrayado no obstante que la Justicia “es una herramienta necesaria e imprescindible” en la lucha contra este fenómeno delictivo. Tampoco el problema de la violencia de género “puede ser solucionado únicamente desde la respuesta penal”, ha dicho Lesmes, que ha señalado que sólo desde la educación en igualdad y la modificación de estereotipos sociales será posible erradicar esta lacra, “pero entre tanto el sistema judicial ha de estar preparado y dotado de mecanismos eficaces para reaccionar con la firmeza requerida, generando así confianza y seguridad tanto en las víctimas como en la sociedad”.

El juicio del ‘procés’, paradigma del trabajo de los tribunales

Durante su intervención, el presidente del Tribunal Supremo ha dedicado palabras de reconocimiento y gratitud a los magistrados de la Sala Segunda que en el llamado juicio del “procés” han puesto de manifiesto “una vez más, el compromiso de nuestros jueces con la defensa de los valores del Estado de Derecho proclamados por la Constitución”. Lesmes ha hecho extensivo su agradecimiento a todas las personas que, desde sus respectivas áreas de responsabilidad, “hicieron posible el normal desarrollo de la vista oral”, entre las que ha incluido a las partes en el proceso, tanto acusaciones como defensas, “por el desarrollo de su trabajo, en el que ha primado la profesionalidad y el rigor”.

El juicio que quedó vista para sentencia el pasado 12 de junio, ha afirmado, “es el paradigma de esos miles de procesos que se celebran todos los días en nuestro país, dirigidos por jueces anónimos, y que se construyen sobre los pilares de la responsabilidad, dedicación, profesionalidad y búsqueda constante de la protección de los derechos de los ciudadanos, sin distinguir entre grandes y pequeños pleitos”.

Preservar las instituciones

Carlos Lesmes ha finalizado su intervención recordando que el mandato del Consejo General del Poder Judicial que preside expiró el pasado mes de diciembre, sin que las Cortes Generales hayan acometido su renovación. “Este retraso constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones y, si se prolonga, puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces. Por ello, conviene recordar que todos los poderes públicos tienen la obligación de preservar las instituciones como base de nuestra convivencia en paz y libertad, velando por su constante legitimidad”, ha dicho. Lesmes ha añadido que el CGPJ “tiene asignada como crucial tarea la de velar por la independencia de jueces y magistrados, por lo que no debe verse debilitado por causas que le son completamente ajenas” y ha agradecido a los vocales del órgano que preside el compromiso y sentido del deber mostrado durante este periodo “para que nuestra institución no deje de cumplir en ningún momento la misión que constitucionalmente le ha sido asignada”.

Fuente: Noticias Jurídicas

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14362-apertura-del-ano-judicial:-carlos-lesmes-reclama-un-quot;esfuerzo-importantequot;-para-una-reforma-de-la-justicia/

 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CGPJ SEÑALA QUE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA CONTRIBUYE AL PROGRESO ECONÓMICO DE UN PAÍS

Publicado el 26-07-2019

 

Carlos Lesmes clausura en El Escorial un curso de verano organizado por la Asociación Profesional de la Magistratura sobre “Justicia y desarrollo económico”

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha subrayado la decisiva incidencia que el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia tiene en la competitividad económica de cualquier país. “Economía y justicia funcionan como un binomio indisoluble”, ha afirmado.

Lesmes ha pronunciado estas palabras durante el acto de clausura de las jornadas que, bajo el título ”Justicia y desarrollo económico”, ha organizado la Asociación Profesional de la Magistratura en el ámbito de los cursos de verano que la Universidad Complutense organiza cada año en El Escorial.

La Administración de Justicia, un “servicio público”

 

El presidente del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces ha defendido que la Administración de Justicia es un “servicio público” que ciudadanos y empresas deben percibir como “eficaz” y “capaz de dar respuesta, en un tiempo razonable, a los conflictos que en ella se dirimen.

El correcto funcionamiento de la Justicia, ha explicado, tiene un “indiscutible impacto en la economía y es garantía de la paz social y del progreso del país”. Esto es así en la medida en que un marco legal claro y una actuación de los tribunales mínimamente predecible son garantía de seguridad jurídica y ésta, a su vez, es “clave” para crear un marco económico estable que atraiga la inversión empresarial. “Un sistema judicial eficaz sirve de incentivo a los empresarios para desplegar su capacidad innovadora para mejorar la productividad y potenciar el crecimiento económico”, ha señalado Lesmes.

Para el presidente del Tribunal Supremo resulta evidente que “economía y justicia funcionan como un binomio indisoluble” puesto que “la existencia de un sistema judicial eficiente influye directamente en el mejor funcionamiento del mercado de crédito, lo que claramente favorece el crecimiento”.

 

Carlos Lesmes Serrano. Presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial.

 

Existe, además, otro factor determinante del impacto que el correcto funcionamiento de la justicia tiene en la economía: las cantidades económicas “inmovilizadas” en los órganos judiciales a la espera de una resolución. Se trata de un importante montante de dinero que no revierte en el circuito económico de nuestro país: más de 4.500 millones de euros en 2018, según datos facilitados por Ministerio de Justicia e incluidos por el CGPJ en el informe “Justicia dato a dato” (*)

Por esta razón, ha añadido el presidente del CGPJ, “la reducción de tiempos y el aumento de la seguridad jurídica” deberían tener efectos positivos en la economía, ya que unos procedimientos judiciales más reducidos en el tiempo “comportarán una más pronta puesta a disposición de las partes de cantidades tan importantes de dinero”.

 

Fuente:

Poder Judicial España

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-presidente-del-Tribunal-Supremo-y-del-CGPJ-senala-que-el-correcto-funcionamiento-de-la-Justicia-contribuye-al-progreso-economico-de-un-pais

EL ABOGADO DEL ESTADO VE ILEGAL EL DESBLOQUEO DE FONDOS A LAS AUTONOMÍAS

Publicado el 28/08/2019

Consuelo Castro Rey, Abogada General del Estado.

Un Gobierno en funciones no puede aprobar los Presupuestos. Ni siquiera los anticipos a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas, que han levantado una polvareda política este verano entre el Ejecutivo y las comunidades. El abogado del Estado ha enviado este martes al Ministerio de Hacienda un rotundo informe de 13 páginas, al que ha tenido acceso este diario, en el que ve ilegal desbloquear unos fondos que ascienden a 5.000 millones de euros. Pese a las reclamaciones de Cataluña y las exigencias del PP, el dictamen rechaza que el Ejecutivo en funciones pueda actualizar el importe de las entregas a cuenta. La Abogacía “limita la facultad de servirse de los principales instrumentos de orientación política” para no “condicionar la actuación del nuevo Gobierno”.

Pese a las reclamaciones de Cataluña y las exigencias del PP, el dictamen rechaza que el Ejecutivo en funciones

pueda actualizar el importe de las entregas a cuenta.

 

La Generalitat hizo realidad este martes sus amenazas y aprobó llevar a los tribunales al Estado por el bloqueo de los anticipos a cuenta del sistema de financiación. Varios Gobiernos autónomos han alzado la voz contra esa situación, que les obliga a recortar gasto público. El PP se sumó el lunes a esas reivindicaciones y aseguró que los fondos procedentes de la financiación autonómica no pueden ser “discrecionales”. El partido de Pablo Casado conminó a Hacienda a publicar el informe de la Abogacía del Estado y advirtió de una situación “alarmante” en las autonomías, que aboca a varios Gobiernos regionales a “una situación insostenible”. Ese informe apareció este martes, en plena polémica, tras una consulta urgente enviada el pasado 22 de agosto por el ministerio. Y valida los argumentos de Hacienda de forma tajante, citando una batería de sentencias del Supremo.

“El Gobierno en funciones ha de ejercer sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya”, decía el Alto Tribunal en diciembre de 2005. La Abogacía del Estado hace suyo ese argumentario y asegura que entre las “orientaciones políticas” que tiene vedadas un Ejecutivo en funciones está la aprobación de los Presupuestos, pero también “la revisión de las entregas a cuenta a las comunidades” por “su fuerte trascendencia cuantitativa y cualitativa”. La cifra bloqueada asciende a unos 5.000 millones, a los que hay que añadir 2.500 más procedentes de un cambio en la contabilidad del IVA.

Ese agujero conjunto de 7.500 millones ha provocado una tormenta política, protagonizada en primer lugar por Cataluña, con una batalla legal de baja intensidad con el Estado. El resto de autonomías ha evitado sumarse a las escaramuzas legales del Govern, pero a la vez incluso los Ejecutivos regionales liderados del PSOE —como el valenciano de Ximo Puig— critican con dureza esa situación. El PP ha lanzado esta semana a sus autonomías contra Pedro Sánchez por los anticipos a cuenta. El pago de esos 7.500 millones “no es una facultad discrecional del Estado”, sino que “constituye un deber obligatorio”, según el PP. La Abogacía del Estado se alinea ahora con la ministra María Jesús Montero y defiende exactamente lo contrario.

 

Pedro Sánchez y la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

 

La financiación es un asunto de una complejidad endemoniada, pero a su vez resulta clave en el diseño del Estado autonómico (y una de las reivindicaciones de los independentistas). El sistema es poco más o menos como sigue: Hacienda es quien recauda, y transfiere a las autonomías parte del IRPF, IVA y los impuestos especiales en función de la estimación de ingresos del año siguiente. Si la recaudación es finalmente más elevada que esas estimaciones, el Estado debe abonar la diferencia. Con los Presupuestos prorrogados es más difícil. Pero un Gobierno en funciones tiene vedada esa posibilidad, según la Abogacía del Estado.

Montero se carga de argumentos con el informe, que facilita su posición en un momento delicado por la negociación de la investidura. Varias comunidades acusan a Hacienda de usar ese bloqueo como mecanismo de presión para que los partidos apoyen a Sánchez. Pero el problema tampoco va a desaparecer: cuatro autonomías han anunciado ya recortes, y varias más estarán obligadas a usar la tijera en los próximos meses si no se desbloquean esos fondos. Hacienda estudia desde julio una fórmula legal ante la asfixia financiera de varios territorios. De momento, sin éxito.

El PP ha exigido esta semana un debate urgente sobre financiación autonómica en el Senado: ese será uno de los asuntos mollares de la próxima legislatura, por su impronta sobre el modelo territorial y porque el sistema actual caducó en 2014. El PSOE impuso este martes su mayoría en el Senado y rechazó esa petición. “Estamos ante un escenario de incertidumbre y si el Gobierno sigue en funciones estaríamos ante una posición de debilidad de las autonomías que tendrían que hacer recortes cuando el Gobierno tiene en su bolsillo las cantidades”, criticó Javier Maroto (PP). Ander Gil, del PSOE, rechazó la solicitud por “falta total de oportunidad” al carecer el Gobierno en funciones “de capacidad normativa”. El abogado del Estado le da la razón. Pero la polémica sigue ahí.

 

Fuente: El País

https://elpais.com/politica/2019/08/27/actualidad/1566932064_866331.html

ABOGACÍA ESPAÑOLA, NOMINADA AL PREMIO FINANCIAL TIMES DE INNOVACIÓN JURÍDICA POR SU CENTRALITA DE GUARDIAS

Publicado el 08/08/2019

El Consejo General de la Abogacía Española ha sido nominado para el Premio Financial Times de Innovación Jurídica en el apartado de acceso a la justicia y estado de derecho.

La Centralita de Guardias es el proyecto de Abogacía Española que con el nombre de Legal Aid Switchboard se encuentra en la lista de candidatos que han pasado la selección de propuestas.

La publicación de los ganadores tendrá lugar en Londres durante la cena de gala del 12 de septiembre.

 

Más Información: https://live.ft.com/Events/2019/FT-Innovative-Lawyers-Awards-Europe-2019

 

La Centralita de Guardias es un renovado servicio de RedAbogacía que, a partir de 2019, y a través de llamadas de teléfono automatizadas permite al Colegio gestionar el ciclo completo de asignación de un abogado a una asistencia.

Este servicio surgió como iniciativa del Colegio de Abogados de Badajoz y se trata de un único sistema que funciona como punto de conexión entre los centros de detención, los letrados y el Colegio.

El Colegio introduce en el sistema los listados de guardias, configura parámetros de localización de abogados y puede posteriormente revisar todas las llamadas y asistencias realizadas a través de la propia aplicación.

Entre las ventajas de este servicio, cabe destacar que se reducen las incidencias gracias a un sistema de gestión de incidentes automatizado: sustituciones, indisponibilidades, urgencia, etc.

Esta XIV Edición del FT Innovative Lawyers Report se ha convertido en uno de los mejores rankings legales en Europa y los premios que se entregan tienen un amplio reconocimiento internacional. Durante la última década, estos premios han evaluado la innovación legal en más de  50 países diferentes, más de  500 bufetes y más de  550 departamentos legales.

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

  • El Consejo de Europa concedió octubre de 2014 el Premio ‘Balanza de Cristal de la Justicia’ al Consejo General de la Abogacía Española por el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita. Este servicio también fue galardonado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el ‘Premio a la Calidad de la Justicia 2011’.
  • El proyecto para dotar de firma electrónica reconocida ACA a los abogados escoceses, implantado por la Law Society of Scotland y en el que participa la Abogacía Española, resultó finalista en los premios Association Excellence Awards 2016.
  • Así mismo, el proyecto conjunto Agenda de Conformidades con Fiscalía, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fiscalía General del Estado, recibió -en la modalidad de Justicia más eficaz- el Premio ‘Calidad de la Justicia’ otorgado por el CGPJ.
  • RedAbogacía, recibió el Premio e-Gestión 2008 que anualmente convoca el semanario tecnológico Computing. RedAbogacía fue galardonada por su labor en el desarrollo e implantación de la firma digital entre la abogacía española.

 

Fuente:

https://www.abogacia.es/2019/08/07/abogacia-espanola-nominada-al-premio-financial-times-de-innovacion-juridica-por-su-centralita-de-guardias/

JUSTICIA ANUNCIA LA APROBACIÓN DE UNA NORMA QUE REGULARÁ LA COMPOSICIÓN DEL GABINETE TÉCNICO DEL TRIBUNAL SUPREMO

Publicado el 08/04/2019

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en presencia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y de los componentes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, ha impuesto hoy la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a cuatro funcionarias procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y del Tribunal Supremo.

                                                                    Dolores Delgado. Ministra de Justicia.

Durante su intervención, Delgado ha destacado el papel fundamental del Tribunal Supremo como máximo responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España y el incremento exponencial de su carga de trabajo año a año, lo que obliga a mejorar las condiciones del desempeño de sus funciones. Por ello la ministra ha anunciado que en los próximos días se aprobará una orden ministerial para fijar la composición y la plantilla del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, ya que desde hace 13 años sus deficiencias se solucionaban puntualmente mediante planes de refuerzo anuales que en la actualidad ya han superado las limitaciones establecidas por la Ley de Demarcación y de Planta Judicial (Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y de Planta judicial).

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