El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales que garantiza la subsistencia de los 83 Colegios de Abogados actualmente existentes

Pese a contener indudables mejoras con respecto al anterior borrador, como son la
 
permanencia de los Colegios de ámbito territorial inferior al provincial, el Consejo General
 
de la Abogacía Española ha manifestado su rechazo al anteproyecto de ley de Colegios
 
y Servicios Profesionales aprobado el pasado 2 de agosto, porque lo considera un
 
intento de dividir la profesión entre abogado y asesor jurídico, figura que no necesita una
 
colegiación obligatoria.
 
El CGAE alerta del perjuicio a los ciudadanos y a la calidad de los servicios ofrecidos,
 
ya que los asesores jurídicos no tienen la garantía que aporta el Colegio de Abogados.
 
Más allá de las exigencias formativas que ofrece el Colegio de Abogados, este organismo
 
también controla las normas deontológicas y profesionales para ejercer como letrado.
 
Asimismo, denuncia la falta de diálogo entre el Ministerio de Economía y Competitividad
 
y las instituciones colegiales para la elaboración del anteproyecto de Ley de Colegios y
 
Servicios Profesionales.
 
Aparte de los servicios al ciudadano, la nueva ley genera problemas al devolver el poder
 
de intervención a la administración central, lo que invade competencias autonómicas y
 
recorta grave e innecesariamente la autonomía e independencia de las organizaciones
 
colegiales, con un régimen de tutela y control propio.
 
Otra de las novedades que más polémica han causado es la supresión de la
 
incompatibilidad del ejercicio como abogado y procurador, y la eliminación de los
 
aranceles de los procuradores.
 
Asimismo es de destacar que frente a la regulación que se preveía en el anterior borrador
 
elaborado por el gobierno, se ha optado por mantener el examen previsto en la ley de
 
acceso a la profesión. Como novedad, también cabe destacar la previsión de que cuando
 
una profesión de colegiación obligatoria se organice por colegios territoriales, bastará la
 
incorporación en uno de ellos para ejercer en todo el territorio español, sin necesidad de
 
que la incorporación sea en el territorio del despacho único o principal.

Pese a contener indudables mejoras con respecto al anterior borrador, como son la permanencia de los Colegios de ámbito territorial inferior al provincial, el Consejo General de la Abogacía Española ha manifestado su rechazo al anteproyecto de ley de Colegios y Servicios Profesionales aprobado el pasado 2 de agosto, porque lo considera un intento de dividir la profesión entre abogado y asesor jurídico, figura que no necesita una colegiación obligatoria.

El CGAE alerta del perjuicio a los ciudadanos y a la calidad de los servicios ofrecidos, ya que los asesores jurídicos no tienen la garantía que aporta el Colegio de Abogados. 

Más allá de las exigencias formativas que ofrece el Colegio de Abogados, este organismo también controla las normas deontológicas y profesionales para ejercer como letrado.

Asimismo, denuncia la falta de diálogo entre el Ministerio de Economía y Competitividad y las instituciones colegiales para la elaboración del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales.


Aparte de los servicios al ciudadano, la nueva ley genera problemas al devolver el poder de intervención a la administración central, lo que invade competencias autonómicas y recorta grave e innecesariamente la autonomía e independencia de las organizaciones colegiales, con un régimen de tutela y control propio.

Otra de las novedades que más polémica ha causado es la supresión de la incompatibilidad del ejercicio como abogado y procurador, y la eliminación de los aranceles de los procuradores.

Asimismo es de destacar que frente a la regulación que se preveía en el anterior borrador elaborado por el gobierno, se ha optado por mantener el examen previsto en la ley de acceso a la profesión. Como novedad, también cabe destacar la previsión de que cuando una profesión de colegiación obligatoria se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación en uno de ellos para ejercer en todo el territorio español, sin necesidad de que la incorporación sea en el territorio del despacho único o principal.

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