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ACCESO A LA ASISTENCIA SANITARIA PUBLICA

El BOE del pasado 4 de agosto recogía el Real Decreto 119/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. En esta norma se aborda el desarrollo de la Disposición Adicional sexta de la Ley 33/2011, que contempla la progresiva extensión del derecho de acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en el territorio nacional, lo que da acceso por fin a los profesionales de la Abogacía a la sanidad pública.


Los interesados pueden descargarse aquí el formulario de solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria pública.

 



Según el Real Decreto, los profesionales afiliados a una mutualidad alternativa al RETA que no tengan ingresos superiores en cómputo anual a 100.000 euros, tendrán la consideración de asegurado a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. 

Ahora bien, el reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, previa solicitud del interesado, por lo que es necesario que todos aquellos letrados que no dispongan de tarjeta sanitaria remitan a la dirección provincial de la Seguridad Social la solicitud de reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, aportando además del DNI, certificado de empadronamiento, declaración de no tener cobertura obligatoria por otra vía y para los beneficiarios, libro de familia o certificado de inscripción de matrimonio o pareja de hecho.

Para los profesionales que ya dispongan de tarjeta sanitaria, igualmente el reconocimiento se efectuará por el INSS, siendo necesario acudir a la Dirección Provincial del INSS con la tarjeta y solicitar el cambio de modalidad de asistencia sanitaria. Una vez reconocido dicho cambio, los asegurados deberán cursar la baja en el convenio suscrito con la Mutualidad y acudir a su ambulatorio a efectos de que procedan a modificar sus códigos internos, ya que estos varían al cambiar de modalidad.

En cuanto al límite de ingresos de 100.000 euros anuales, según indica el Real Decreto, se tendrán en cuenta los ingresos íntegros del trabajo, del capital, de actividades económicas y por ganancias patrimoniales. 

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